El excesivo uso de la prisión preventiva y la necesidad de establecer mayores controles sobre su aplicación fueron algunos de los principales puntos abordados por el penalista argentino Alberto Binder, asesor externo del Centro de Estudios Judiciales, durante su exposición en la Jornada 2, denominada «Nuevos Desafíos del Sistema Penitenciario».

Durante su intervención, Binder planteó la necesidad de generar condiciones más concretas para el litigio de las medidas cautelares, especialmente en lo relacionado con el tiempo de permanencia de una persona en prisión preventiva. En ese sentido, sostuvo que el Ministerio Público debería precisar no solo los fundamentos por los cuales solicita la privación de libertad, sino también el periodo durante el cual considera necesario mantener vigente la medida.

El experto explicó que una alternativa para enfrentar el problema no necesariamente requiere una reforma legislativa, sino un uso más efectivo de las herramientas que ya contempla el sistema procesal. Como ejemplo, mencionó la experiencia argentina, donde el debate sobre la duración de la prisión preventiva permitió desarrollar un litigio específico en torno al tiempo de permanencia en prisión.

“Se aplica un tiempo de prisión preventiva”.

Binder señaló que los plazos establecidos en la legislación procesal constituyen límites máximos, pero no impiden que los jueces determinen periodos concretos de duración de la medida, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

“Los jueces siempre tenían posibilidad de fijar los tiempos”, afirmó al explicar que, en Argentina, el debate sobre la duración de la prisión preventiva se fue consolidando sin necesidad de introducir modificaciones legislativas.

El penalista sostuvo que esta experiencia puede resultar útil para Paraguay, debido a que el Código Procesal Penal paraguayo también establece plazos máximos para la prisión preventiva. A su criterio, el desafío consiste en utilizar esas disposiciones como base para un verdadero litigio sobre la necesidad y duración de la medida cautelar.

Control de la imputación

Otro de los aspectos destacados por Binder fue la necesidad de mejorar lo que denominó el “litigio de admisión del caso”, vinculado al control judicial de la imputación formal presentada por el Ministerio Público.

“En realidad, nos falta acá mejorar lo que llamamos el litigio de admisión del caso; es decir, el control de imputación formal del Ministerio Público”, expresó.

Para el especialista, fortalecer esta instancia permitiría discutir de manera más rigurosa los fundamentos de una imputación antes de que la prisión preventiva termine funcionando, en la práctica, como una respuesta automática frente a una acusación penal.

Binder advirtió además sobre las consecuencias que puede generar el uso excesivo de la prisión preventiva dentro de un sistema penitenciario que ya enfrenta problemas de hacinamiento y criminalidad organizada.

“Convertimos las cárceles en el centro donde se cometen delitos. Ahí se empeora todo”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó que las cárceles puedan terminar funcionando como espacios desde los cuales organizaciones criminales continúan operando. “Si vamos a tener las cárceles de tal manera, entonces se las entregamos a las mafias para que sigan cometiendo delitos, pero más graves; para que sigan manejando el narcotráfico, extorsionando a la gente”, afirmó.

El planteamiento del penalista apunta, en definitiva, a que la prisión preventiva recupere su carácter estrictamente cautelar y deje de convertirse en una pena anticipada. Para ello, consideró fundamental que cada solicitud de privación de libertad sea sometida a un debate efectivo sobre sus fundamentos, necesidad y duración.

La experiencia argentina expuesta por Binder muestra, según su análisis, que los jueces pueden ejercer un mayor control sobre el tiempo de la prisión preventiva dentro del marco legal existente. En Paraguay, el desafío estaría en llevar esa posibilidad al terreno concreto del litigio, obligando a las partes a discutir no solamente si corresponde aplicar la medida, sino también por cuánto tiempo y con qué fundamentos específicos.

La defensa de las víctimas del esquema conocido como la “mafia de pagarés” tiene en la defensora pública Leticia Casaccia a una profesional que no se limita a esperar los tiempos de los expedientes. Con una marcada vocación de servicio y un compromiso que trasciende el trabajo de escritorio, la abogada acude personalmente a los juzgados y acompaña a sus representadas en el seguimiento de cada proceso, impulsando las actuaciones necesarias para obtener respuestas judiciales.

Su desempeño vuelve a quedar reflejado en resultados concretos para las personas afectadas. En esta oportunidad, Casaccia logró levantar cuatro embargos que pesaban sobre Catalina Fleitas, además de conseguir avances favorables para Eulogia Olmedo, en cuyos procesos se obtuvo una orden de pago, mientras que otra se encuentra pendiente.

A estos resultados se suma el avance de la causa luego de que prosperara también el incidente de nulidad planteado por la abogada del Estado, un paso procesal que representa un nuevo impulso dentro de la compleja batalla judicial que enfrentan las víctimas.

El trabajo de Casaccia se caracteriza por una particular forma de ejercer la defensa pública: presencia constante, seguimiento directo y gestión activa ante los órganos jurisdiccionales. Es habitual verla acudir personalmente a los juzgados junto a sus representadas para interiorizarse del estado de los expedientes, promover las actuaciones pendientes y procurar que los procesos no queden paralizados.

Esa cercanía le ha valido un amplio reconocimiento entre las víctimas a las que representa. Quienes recurren a su asistencia destacan no solamente su solvencia profesional, sino también su calidad humana, responsabilidad y compromiso al asumir causas especialmente sensibles, en las que detrás de cada expediente existen personas que han sufrido consecuencias económicas y personales.

En el caso de la denominada “mafia de pagarés”, donde numerosas víctimas buscan recuperar bienes, levantar medidas cautelares y obtener respuestas frente a situaciones que consideran injustas, la labor de la defensora pública adquiere especial relevancia.

Más allá de los resultados puntuales, el desempeño de Casaccia muestra el valor de una defensa que acompaña, gestiona y da seguimiento de manera permanente. Su presencia activa en los tribunales y el acompañamiento directo a las víctimas convierten a la profesional en una pieza fundamental para quienes esperan que sus reclamos finalmente encuentren una respuesta en la Justicia.

Los últimos resultados el levantamiento de cuatro embargos para Catalina Fleitas, la orden de pago obtenida para Eulogia Olmedo y el avance de los demás trámites vuelven a poner de manifiesto una característica que sus representadas conocen de cerca: Casaccia es una gestora nata, que asume cada expediente con responsabilidad y no duda en ir personalmente detrás de las respuestas que sus defendidas necesitan.

Un Tribunal de Sentencia condenó a seis años de prisión a un exalumno del Colegio Americano de Asunción (ASA), tras encontrarlo penalmente responsable de un hecho de abuso sexual en personas indefensas.

El colegiado estuvo integrado por la jueza Lourdes Garcete, y sus colegas Juan Francisco Ortiz y Manuel Aguirre, quienes resolvieron mantener el arresto domiciliario con tobillera electrónica que pesa sobre el condenado hasta tanto la sentencia quede firme.

La decisión fue adoptada luego de un juicio oral en el que el Tribunal analizó los elementos probatorios incorporados al proceso y concluyó que quedaron acreditados la existencia del hecho, la participación del acusado y su responsabilidad penal.

Entre los elementos valorados por el colegiado se encuentra el testimonio de la víctima, además de las demás evidencias producidas durante el debate.

El relato fue considerado en conjunto con dos evaluaciones psicológicas, una de las cuales incluyó un análisis de credibilidad del testimonio. El colegiado también identificó un patrón de comportamiento en el acusado, además de otros elementos que fueron considerados para sustentar la decisión adoptada.

El acusado era adolescente al momento del hecho

El proceso presenta una particularidad: el condenado era menor de edad al momento de los hechos, por lo que el caso se tramitó bajo las disposiciones legales especiales destinadas a preservar la identidad, intimidad y privacidad de los adolescentes involucrados.

En consecuencia, el juicio oral no fue de acceso público general y la difusión de nombres, imágenes u otros datos que pudieran permitir la identificación de los adolescentes se encuentra restringida.

Durante el análisis de la responsabilidad penal, el Tribunal concluyó además que, al momento de producirse el hecho, el adolescente contaba con madurez psicosocial suficiente para comprender el carácter prohibido de su conducta y tenía capacidad para actuar conforme a ese conocimiento.

La declaración de responsabilidad había sido adoptada previamente por unanimidad por los integrantes del Tribunal, quienes ahora establecieron la pena de seis años de privación de libertad.

La medida de arresto domiciliario con monitoreo electrónico se mantendrá mientras la condena no adquiera firmeza, conforme a lo resuelto por el colegiado.

La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, puso el foco en uno de los principales problemas que atraviesa actualmente el sistema penal paraguayo que a su vez, impacta en el sistema penitenciario: el uso excesivo de la prisión preventiva, cuya aplicación según sostuvo se ha alejado de su carácter excepcional establecido por la Constitución Nacional y las normas procesales.

Durante la Jornada 2, denominada “Nuevos Desafíos del Sistema Penitenciario”, organizada por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y financiado por la Unión Europea, Llanes habló con particular franqueza sobre las dificultades que enfrenta el sistema y cuestionó la resistencia de parte de la magistratura a aplicar los estándares normativos vigentes.

Para la ministra, el desafío del sistema penal ya no pasa únicamente por modificar las leyes. “El gran desafío fue la transformación del sistema normativo, hoy el gran desafío entre otros es el cumplimiento del sistema normativo vigente”, afirmó, al advertir que Paraguay cuenta con un marco constitucional, procesal y de ejecución penal suficientemente claro respecto de los fines de la prisión y de las condiciones en que puede disponerse el encarcelamiento preventivo.

Llanes recordó que la Constitución establece finalidades concretas para la pena privativa de libertad: la protección de la sociedad y la posterior reinserción social de las personas condenadas. En ese sentido, sostuvo que el Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal desarrollan mecanismos destinados a hacer operativas esas garantías.

Pero la realidad penitenciaria muestra una profunda distancia entre lo que establecen las normas y lo que ocurre en la práctica.

La ministra señaló que alrededor del 60% de la población penitenciaria se encuentra en prisión preventiva, un dato que, a su criterio, debería constituir el punto de partida para diseñar una política criminal de largo plazo, que no dependa de los cambios de gobierno.

“Tenemos que partir de esos datos para trazar una política criminal que dure más allá de los gobiernos”, sostuvo.

Una cárcel que cambió y un Estado que debe adaptarse

Llanes también planteó que el sistema penitenciario enfrenta una realidad diferente a la de décadas atrás. Las cárceles paraguayas ya no están integradas exclusivamente por personas provenientes de sectores vulnerables involucradas en delitos comunes.

“Los tiempos cambiaron, los problemas son otros”, expresó la ministra, quien reconoció que actualmente los establecimientos penitenciarios también albergan a personas vinculadas con organizaciones criminales que, incluso desde prisión, continúan manejando grandes negocios.

“Hoy las cárceles no solo están llenas de pobres, también por personas pertenecientes al crimen organizado que siguen manejando grandes negocios desde sus lugares. Esa es una realidad que debemos reconocer y administrar”, afirmó.

La reflexión introduce una de las mayores complejidades de cualquier política penitenciaria moderna: garantizar los derechos y las garantías constitucionales sin desconocer la capacidad operativa de estructuras criminales que pueden continuar actuando desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Para Llanes, esta problemática no puede ser abordada únicamente desde el Poder Judicial o desde el sistema penitenciario. Requiere una respuesta coordinada de todo el Estado.

“Esta problemática debe encararse de manera conjunta con todas las agencias del Estado”, manifestó, al insistir en la necesidad de una gestión integral y social que permita atacar las causas que llevan a la utilización excesiva de la prisión preventiva.

El temor a dejar en libertad

Uno de los pasajes más contundentes de su intervención estuvo relacionado con los factores que, en la práctica, terminan condicionando las decisiones judiciales.

Llanes cuestionó que, al analizar las razones por las cuales se dispone una prisión preventiva, muchas veces no aparecen fundamentos reales que justifiquen una medida que, conforme al sistema normativo, debería ser excepcional.

La ministra describió un escenario en el que la presión social y mediática puede convertirse en un factor determinante para los jueces.

“De repente, un titular de un medio de Twitter o algún medio que hoy día dominan nuestra comunicación donde se plantea una noticia catástrofe porque un juez aplicó la medida alternativa y el Jurado de Enjuiciamiento inmediatamente ya te inicia una investigación”, relató.

Su planteamiento apunta a una contradicción preocupante: mientras las normas establecen criterios y límites para la prisión preventiva, los operadores judiciales pueden percibir que otorgar una medida alternativa a la prisión genera un riesgo institucional o mediático mayor que disponer el encarcelamiento.

En ese contexto, Llanes fue categórica al describir lo que considera un fenómeno social profundamente arraigado: “Hay como un comportamiento social completamente autoritario en relación a la libertad y el encierro”.

La frase sintetiza buena parte de su preocupación. El problema, desde su perspectiva, no se limita a la decisión individual de un juez, sino que involucra una cultura jurídica y social que tiende a identificar la prisión con justicia y la libertad con impunidad.

El desafío de cumplir la propia ley

Las declaraciones de Llanes dejan planteado un debate que trasciende la coyuntura penitenciaria: ¿qué sentido tiene contar con un sistema normativo que reconoce la excepcionalidad de la prisión preventiva si los propios operadores del sistema encuentran dificultades para aplicarlo?

La ministra no planteó la necesidad de una nueva reforma normativa como respuesta inmediata. Por el contrario, puso el énfasis en cumplir las reglas existentes y en construir una política criminal integral, sostenida en el tiempo y articulada entre las distintas instituciones del Estado.

Su diagnóstico es particularmente relevante porque proviene de una especialista en materia penal y, al mismo tiempo, de una integrante del máximo órgano judicial del país. Desde esa posición, Llanes expuso sin rodeos una de las tensiones centrales del sistema: la distancia entre las garantías consagradas en la Constitución y las leyes y la realidad cotidiana de los tribunales y las cárceles.

La discusión sobre el sistema penitenciario, entonces, no puede reducirse a la falta de infraestructura, al hacinamiento o a la necesidad de construir más establecimientos. El dato de que seis de cada diez personas privadas de libertad se encuentren bajo prisión preventiva obliga a mirar el problema desde otro ángulo.

La pregunta ya no es solamente cuántas cárceles necesita el país, sino por qué tantas personas están encerradas sin una condena firme y qué factores están llevando a los jueces a utilizar una herramienta que el ordenamiento jurídico concibe como excepcional.

El planteamiento de Llanes apunta precisamente hacia allí: reconocer que los tiempos cambiaron, que el crimen organizado presenta nuevos desafíos y que el Estado debe responder con inteligencia y coordinación, pero sin abandonar las garantías que el propio sistema constitucional estableció.

Porque, como dejó entrever la ministra durante el debate, el desafío no es solamente tener buenas leyes. Es animarse a cumplirlas.