La presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay planteó los desafíos que enfrenta el derecho del trabajo ante el avance de la inteligencia artificial, los algoritmos y las nuevas modalidades de empleo.
El mundo del trabajo atraviesa un momento decisivo. La irrupción de la inteligencia artificial, la gestión mediante algoritmos, los sistemas de scoring laboral y la conectividad permanente están modificando de manera acelerada las relaciones entre trabajadores y empleadores. Frente a este escenario, el derecho laboral enfrenta el desafío de garantizar que la innovación tecnológica no termine convirtiéndose en una nueva vía de precarización.
Esta fue una de las principales reflexiones planteadas por la presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay, Rocío Penayo Zarza, durante el Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Guillermo Cabanellas”, desarrollado recientemente en Paraguay.
La profesional sostuvo que la transformación tecnológica ofrece oportunidades importantes, pero también plantea riesgos que no pueden ser ignorados por quienes tienen la responsabilidad de proteger los derechos laborales y la seguridad social.
“Estamos siendo testigos de la transformación tecnológica, con la inteligencia artificial, la gestión mediante algoritmos, el scoring laboral, que prometen eficiencia, y la conectividad ilimitada”, señaló Penayo Zarza.
Sin embargo, advirtió que detrás de esa aparente neutralidad tecnológica pueden reproducirse mecanismos que profundizan la vulnerabilidad de los trabajadores.
“Detrás de la neutralidad matemática de un algoritmo muchas veces se esconden viejas y nuevas formas de precarización, una profunda atomización del empleo y la erosión silenciosa del contrato de trabajo tradicional”, sostuvo.
El algoritmo también puede decidir sobre el trabajador
Uno de los puntos centrales de su reflexión fue la necesidad de analizar críticamente el creciente uso de herramientas tecnológicas en la toma de decisiones laborales.
La utilización de algoritmos para seleccionar trabajadores, evaluar su rendimiento o incluso determinar la continuidad de una relación laboral abre interrogantes sobre la transparencia, la posibilidad de impugnar esas decisiones y las garantías que deben tener los trabajadores frente a sistemas automatizados.
“Como abogados laboralistas y expertos en seguridad social no podemos ser espectadores neutrales de este cambio”, afirmó la presidenta de la organización gremial.
No obstante, aclaró que la posición del sector no implica rechazar el desarrollo tecnológico. Por el contrario, consideró que la innovación puede constituirse en una herramienta de progreso, siempre que tenga como centro a la persona.
“No nos oponemos al avance tecnológico. Por el contrario, reconocemos en él una poderosa herramienta de progreso, pero sostenemos que la tecnología debe estar al servicio del ser humano y no al revés”, enfatizó.
Teletrabajo y fronteras cada vez más difusas
La expansión del teletrabajo constituye otro de los fenómenos que, según la especialista, obliga a revisar las categorías tradicionales del derecho laboral.
La posibilidad de trabajar desde cualquier lugar y mantener una conexión permanente puede generar beneficios en materia de flexibilidad, pero también puede diluir los límites entre la vida laboral y personal, particularmente cuando la disponibilidad del trabajador se extiende más allá de la jornada establecida.
Penayo Zarza planteó este desafío al señalar que “cuando el teletrabajo difumina los límites de la jornada laboral y de la soberanía jurídica”, surgen nuevas preguntas que el derecho debe responder.
La cuestión no se limita únicamente al tiempo de trabajo. También involucra la determinación de la legislación aplicable, la jurisdicción competente y la responsabilidad de las empresas cuando las relaciones laborales trascienden las fronteras físicas.
El riesgo de disfrazar la dependencia
Otro de los fenómenos que genera preocupación es el crecimiento de las modalidades de trabajo vinculadas con plataformas digitales y otras formas de intermediación tecnológica.
La profesional cuestionó que determinadas relaciones laborales puedan ser presentadas formalmente como actividades independientes cuando, en los hechos, existen elementos propios de una relación de dependencia.
En ese sentido, alertó sobre la posibilidad de que la denominada autonomía termine encubriendo situaciones de vulnerabilidad.
“Cuando la informalidad digital disfraza una relación de dependencia bajo el rótulo de un autoempleo forzado”, el derecho laboral enfrenta nuevamente el desafío de identificar la realidad que existe detrás de las formas contractuales.
La advertencia adquiere especial relevancia en un mercado en el que las nuevas tecnologías permiten fragmentar tareas, descentralizar la producción y trasladar determinados riesgos económicos directamente al trabajador.
Una discusión que recién comienza
Las reflexiones de Penayo Zarza colocan en el centro del debate una cuestión que trasciende la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas: qué modelo de trabajo se pretende construir en la era de la inteligencia artificial.
El desafío para el derecho laboral, desde esta perspectiva, no consiste en detener la innovación, sino en establecer límites y garantías para evitar que la tecnología termine debilitando derechos conquistados históricamente.
La discusión involucra cuestiones como la protección de los datos personales de los trabajadores, la transparencia de los algoritmos, la responsabilidad frente a decisiones automatizadas, el derecho a la desconexión, la correcta calificación de las relaciones laborales y el acceso efectivo a la seguridad social.
El Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Guillermo Cabanellas” se convirtió así en un espacio para abordar una transformación que ya está modificando el mercado laboral y que, lejos de ser una cuestión del futuro, plantea desafíos concretos en el presente.
La advertencia de la titular de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay puede resumirse en una premisa: la eficiencia tecnológica no puede medirse únicamente en términos de productividad; también debe evaluarse por su impacto sobre la dignidad, los derechos y la protección social de quienes trabajan.
