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Entre 2018 y abril de 2026, los tribunales del país emitieron 147 sentencias condenatorias por casos de feminicidio y tentativa de feminicidio, según datos difundidos por el Poder Judicial. Del total, 93 condenas corresponden a feminicidios consumados y 54 a tentativas, con una pena promedio de 28 años de privación de libertad para los responsables.

La jueza Diana Carvallo resolvió modificar la calificación jurídica del proceso seguido contra Cristian Narváez, conductor de la plataforma Bolt acusado por la muerte de un pasajero, y dispuso que el caso sea juzgado provisoriamente como homicidio culposo, descartando por el momento la figura de homicidio doloso impulsada por el Ministerio Público.

Las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero solicitaron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el archivo de la investigación abierta en su contra, al sostener que el Ministerio Público actuó conforme a derecho y dentro de los plazos legales en la causa relacionada con el exsenador Hernán David Rivas Román.

La defensora pública María Sol Samaniego presentó una apelación contra la sentencia que condenó al periodista Alfredo Guachiré Medina por los hechos punibles de difamación y calumnia, en el marco de una querella de acción penal privada. La defensa solicita la revocación del fallo al sostener que la resolución presenta graves defectos de fundamentación y vulnera garantías constitucionales y convencionales vinculadas a la libertad de expresión.

Entre enero de 2015 y mayo de 2026, el Ministerio Público registró la atención de 34.001 víctimas de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, según datos de la Plataforma de Datos Abiertos de la institución. A esta cifra se suman 23.463 víctimas de otros hechos punibles vinculados a delitos sexuales y de explotación, como coacción sexual, estupro, pornografía relativa a niños, explotación sexual y explotación laboral, reportados en los últimos años.

La condena impuesta a la extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio, y a su esposo José Costa Perdomo quedó firme, por lo que ambos deberán cumplir las penas de prisión establecidas por la Justicia en el marco de una causa relacionada con hechos de corrupción ocurridos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El exsenador enfrentará un juicio oral y público por supuestamente haber utilizado documentos académicos cuya autenticidad es cuestionada por el Ministerio Público. La causa gira en torno a la obtención y utilización de un título falso de abogado y un certificado de estudios que, según la acusación, carecen de respaldo académico válido.

La declaración del funcionario de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arturo Benítez, constituyó uno de los puntos destacados de la jornada de juicio oral y público que enfrenta el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, de acuerdo con la valoración realizada por la agente fiscal Verónica Valdez.