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El juez penal de garantías Humberto Otazú decretó medidas alternativas a la prisión para la agente fiscal Gloria Mabel Rojas Cañete, imputada por un presunto pedido de coima de G. 30.000.000 a uno de los procesados por el crimen de la joven María Fernanda, quien fue asesinada y posteriormente quemada en un baldío.

El agente anticorrupción Silvio Corbeta solicitó al Tribunal de Apelaciones que se confirme la sentencia definitiva que condena a ocho años de prisión al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, en el marco de la investigación por lesión de confianza y otros delitos relacionados.

Un conocido líder indígena, identificado como Derlis Fermín López, fue aprehendido en la localidad de San Miguel, distrito de Corpus Christi, en el departamento de Canindeyú, durante un operativo de seguridad coordinado por organismos del Estado. Las autoridades señalan que el detenido estaría relacionado con estructuras del crimen organizado, específicamente con el grupo liderado por Santiago Acosta, alias “Macho”.

Este jueves continuó el juicio oral y público al senador colorado Erico Galeano, acusado por la Fiscalía de mantener vínculos con el crimen organizado. En la fecha, concluyó la producción de la etapa documental y se consultó al acusado si deseaba ejercer su defensa material ante el Tribunal de Sentencia; sin embargo, se abstuvo de declarar.

La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó la extinción de la acción penal en relación con el incidente ocurrido en 2015 en el Colegio Nacional de Lambaré, donde la caída del techo de un aula dejó varios estudiantes y docentes heridos. Con esta resolución, queda firme el sobreseimiento de los tres procesados, incluido el exintendente Roberto Cárdenas, lo que implica que la causa no seguirá adelante.

El juez Humberto Otazú decretó este martes el sobreseimiento provisional de los imputados en el conocido caso de la “mafia de pagarés”, una decisión adoptada a pedido de la fiscalía general y la querella, con ello, deja abierta la posibilidad de que la causa sea reabierta si se producen nuevas diligencias investigativas.

El fallo reconoce la inexistencia de la injuria laboral, dispone el pago de salarios caídos y sienta un precedente relevante para mujeres periodistas que denuncian situaciones de maltrato en el ámbito laboral.

Tres ciudadanos colombianos procesados por un caso de producción de moneda no auténtica se encuentran prófugos de la justicia luego de manipular y retirarse las tobilleras electrónicas que les habían sido impuestas como medida alternativa a la prisión preventiva.