Una conversación iniciada a través de la aplicación de citas Tinder habría sido el punto de partida de un presunto robo ocurrido en un departamento de Mariano Roque Alonso. La Fiscalía sostiene que una de las acusadas utilizó un perfil bajo el nombre de “Agustina” para contactar a la víctima y que, tras concretar el encuentro, habría utilizado una sustancia sedante para dejarlo indefenso.
El abogado Rodrigo González Masulli cuestionó la brecha que, a su criterio, existe entre los principios que se estudian en la academia y la forma en que determinadas instituciones del proceso penal son aplicadas en los tribunales. Advirtió que estas diferencias terminan generando incertidumbre entre los litigantes y contribuyen a problemas como la saturación de los tribunales de sentencia.
La jueza Mesalina Fernández resolvió la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo de Yecika Bracho Atacho, luego de que la querella promovida por el empresario Christian Chena por el supuesto hecho punible de calumnia concluyera mediante un acuerdo conciliatorio y el correspondiente desistimiento.
El abogado José Fernández Zacur, defensor del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Jorge Brítez, sostuvo que las decisiones adoptadas durante la administración de su cliente en relación con el pago de servicios y bienes tuvieron como objetivo resguardar el patrimonio de la institución y evitar eventuales litigios judiciales.
El juez Matías Garcete dispuso la prisión preventiva de A.M.V., de 17 años, señalado como uno de los presuntos autores del violento asalto contra un conductor de la plataforma Bolt. El magistrado también declaró en rebeldía y ordenó la captura de I.G.M.I., de 16 años, otro de los adolescentes sindicados como partícipes del hecho.
La fiscal de Derechos Humanos Sonia Sanguinés presentó acusación formal contra la exfiscal Stella Mary Cano por el presunto hecho punible de persecución de inocentes y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral. Según la acusación, Cano habría ordenado la detención arbitraria de un ciudadano italiano y, mientras permanecía privado de su libertad, este habría sido obligado a entregar bienes por un valor superior a G. 778 millones.
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La reunión tuvo como eje ampliar la interoperabilidad entre ambas instituciones y facilitar el acceso de los asistentes fiscales a las plataformas de gestión judicial, con miras a un intercambio de información más eficiente y una tramitación más ágil de los procesos.
Los acuerdos permitirán agilizar el reconocimiento de sentencias y mejorar la respuesta ante casos de restitución internacional de niños, en un contexto marcado por la intensa movilidad de personas, bienes y capitales entre ambos países.
El Ministerio de Justicia y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA-UNA) establecieron una alianza para desarrollar proyectos vinculados con infraestructura penitenciaria, investigación y formación profesional. La iniciativa busca incorporar conocimiento técnico al diseño de espacios destinados a las personas privadas de libertad y fortalecer las políticas de reinserción social.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia trabajan en la definición de un mecanismo que permita garantizar el derecho al voto de las personas privadas de libertad que, de acuerdo con la legislación vigente, mantienen habilitados sus derechos políticos.
Jeova Leandro Da Silva, de 80 años, sostiene que canceló en 2015 un pagaré por USD 35.780. Una resolución judicial posterior reconoció que la obligación estaba extinguida, pero una ejecución iniciada en otro juzgado mantiene latente el riesgo de que su propiedad sea rematada. El caso fue presentado ante la Comisión Especial del Senado que investiga la denominada “Mafia de los Pagarés”.
