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La jueza penal de garantías de Capital, Clara Ruiz Díaz admitió la imputación presentada contra la exagente fiscal Stella Mary Cano y la convocó a una audiencia de imposición de medidas prevista para el 20 de marzo.

El prófugo de la justicia paraguaya Sebastián Marset fue detenido en Bolivia, según confirmaron autoridades de ese país. El uruguayo es señalado como el principal líder de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y es uno de los principales investigados en el marco del operativo A Ultranza Py.

La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, resolvió por mayoría hacer lugar a una medida cautelar y suspender provisoriamente la aplicación de la Ley N.º 7445/2025 y la Ley N.º 6834/2021, lo que permite a un grupo de militares jubilados continuar percibiendo tanto sus haberes jubilatorios como sus salarios en la función pública de manera simultánea.

Ante el juez Miguel Palacios continúa la audiencia preliminar en el marco del proceso abierto por presuntos hechos de narcotráfico y lavado de activos que involucra a Reinaldo Javier Cabaña Santacruz y a otros acusados.

El Ministerio Público formuló acusación y solicitó la elevación a juicio oral y público el proceso penal abierto contra los directivos de la firma Vicentín Paraguay S.A., José Luis Gianneschi y Máximo Javier Padoan, a quienes se atribuye la comisión del hecho punible de estafa en perjuicio del banco Continental.

El juez Humberto Otazú resolvió enviar a juicio oral y público a otro grupo de procesados dentro del expediente conocido como “mafia de pagarés”, tras la audiencia preliminar que concluyó este miércoles.

El Tribunal de Sentencia que juzgó a Erico Galeano entregará a las 13:00 de este miércoles a las partes la sentencia íntegra que lo condena a 13 años de prisión por hechos vinculados al lavado de dinero y apoyo logístico a una estructura de crimen organizado vinculada al narcotráfico.

La defensa del periodista Carlos Granada, representada por el abogado Álvaro Arias, interpuso un recurso de apelación contra la resolución que mantenía su prisión preventiva a su cliente. El Tribunal de Apelación analizó los argumentos expuestos, centrados principalmente en dos aspectos: el cumplimiento del plazo mínimo de la pena y el presunto peligro de fuga invocado por la instancia inferior.