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La defensora pública Leticia Casaccia marcó un precedente judicial al lograr la primera aplicación efectiva de la Ley N.º 7564/2025, normativa promulgada en noviembre del año pasado para frenar los abusos derivados del esquema conocido como la “mafia de pagarés”, que durante años afectó a trabajadores y jubilados mediante embargos y descuentos desproporcionados.

En una decisión considerada inédita dentro del sistema judicial paraguayo, el juzgado de Paz de Luque dictó la primera resolución que aplica los alcances de la denominada ley contra la “mafia de pagarés”, estableciendo límites concretos a los descuentos salariales derivados de embargos ejecutivos.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, en representación de la empresaria Cristina Kress, denunció la existencia de una supuesta asociación criminal integrada por abogados y terceros que, según afirma buscaría despojarla de sus derechos hereditarios y del patrimonio familiar vinculado al Grupo Kress.

La defensora pública Elva Luz Joaquina Silva Ramírez, del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) sede Villa Hayes, consiguió una resolución favorable en un caso vinculado al esquema conocido como “mafia de los pagarés”, asegurando la protección de los derechos fundamentales de la persona afectada y reafirmando el deber institucional de brindar defensa técnica efectiva.

Un total de 30.747 expedientes por denuncias de violencia familiar fueron tramitados el año pasado en los Juzgados de Paz de todo el país, según los registros de la Dirección de Estadística Judicial. La cifra refleja la magnitud de situaciones que llegaron al sistema judicial en el marco de las leyes N.º 1600/00 y N.º 5777/16.

El interno Fernando Ramón González Karjallo, condenado a cinco años de prisión junto a su padre, el conocido usurero Ramón González Karjallo, por delitos de lavado de dinero, comenzó los trámites para evaluar la viabilidad de las salidas transitorias de acuerdo con el Código de Ejecución Penal.

La defensa del legislador Erico Galeano solicitó al Tribunal de Sentencia su absolución, argumentando que el parlamentario no incurrió en ningún hecho punible en el marco del caso que investiga supuestos vínculos del senador con el crimen organizado ya que la fiscalía no logró probar los hechos atribuidos al acusado.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia volvió a ratificar la competencia del juez Miguel Palacios en el marco del caso “Berilo”, al rechazar el incidente promovido por uno de los procesados contra la resolución que había confirmado su intervención en la causa.