El juez especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Rodrigo Estigarribia, autorizó la extracción forense de los datos contenidos en el teléfono celular incautado a un funcionario administrativo del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), investigado por la presunta exigencia de dinero para agilizar cirugías.
La diligencia fue solicitada por el Ministerio Público y constituye una nueva medida dentro de la investigación que busca determinar la existencia y el alcance de la presunta conducta irregular atribuida al funcionario Pánfilo Saldívar.
Saldívar fue imputado por el fiscal Luis Lionel Piñánez García por la presunta comisión del hecho punible de tráfico de influencias, en calidad de autor. Además, el Ministerio Público había dispuesto su detención preventiva como parte de las primeras diligencias realizadas tras la denuncia.
Investigación se inició en abril
La causa se originó a partir de una denuncia presentada el 13 de abril de 2026 por la Dirección General de Anticorrupción y Transparencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
La denuncia advertía sobre un supuesto esquema de corrupción que involucraría a funcionarios del INCAN.
De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, una persona habría mantenido una comunicación telefónica con Saldívar el 3 de enero de 2026. En esa conversación, el funcionario presuntamente habría solicitado G. 3 millones para interceder y agilizar una intervención quirúrgica para un paciente.
Ante la imposibilidad de reunir la totalidad del dinero, las partes habrían acordado un pago inicial.
Posteriormente, el 18 de enero, la denunciante habría entregado G. 1 millón en efectivo dentro del predio del INCAN. Al día siguiente se realizó la cirugía.
Tras los estudios posteriores, se determinó que la patología era benigna y que el paciente no requería una segunda intervención quirúrgica en el INCAN, por lo que fue derivado al Hospital de Clínicas para continuar con su tratamiento.
Presunto pedido de dinero continuó por WhatsApp
La investigación señala que el 7 de abril, Saldívar habría retomado el contacto con la denunciante mediante WhatsApp.
Según la denuncia, en esa comunicación habría reclamado el pago de un supuesto saldo pendiente de G. 2 millones y, además, habría elevado a G. 5 millones el monto que supuestamente debía abonarse para gestionar una eventual segunda cirugía en el INCAN.
Estos intercambios forman parte de los elementos que ahora podrían ser sometidos a análisis mediante la extracción forense autorizada por el juzgado.
La medida permitirá preservar y analizar la información contenida en el dispositivo incautado, siempre dentro del marco establecido por la autorización judicial, con el objetivo de determinar si existen comunicaciones, archivos u otros datos relevantes para esclarecer los hechos investigados.
La diligencia constituye un nuevo paso en la investigación fiscal y busca incorporar elementos objetivos que permitan corroborar o descartar las sospechas existentes respecto de la actuación del funcionario.
Por el momento, la causa se encuentra en etapa investigativa.
