Los usuarios cuyos juicios se encuentran en los Juzgados de Paz de La Recoleta y Villa Morra, que ya cuentan con expediente electrónico, pueden acudir al Palacio de Justicia de Asunción o escribir al correo institucional asistencia@pj.gov.py.
Óscar Tuma, en representación de la familia del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gómes, presentó este martes en la Cámara de Diputados el proyecto de juicio político contra el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández.
Según la nueva imputación que pesa sobre el juez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, por prevaricato y otros hechos punibles, tanto él como sus funcionarios serían cómplices directos de las casas de crédito que estafaron a funcionarios del SNPP con pagarés fraguados.
El juez Rodrigo Estigarribia resolvió aplicar medidas alternativas a la prisión respecto a la exjueza Liliana González de Bristot, imputada por prevaricato y otros ilícitos dentro del proceso abierto en la causa conocida como la mafia de los pagarés.
El nivel de saturación de los procesos penales en los tribunales de sentencia sigue siendo un problema que no se ha podido resolver con el tiempo. Esta situación mantiene saturadas a dichas instancias y compromete seriamente tanto el tiempo como la calidad de las defensas en juicio.
La Corte Suprema de Justicia ha informado que, desde hoy, lunes 21 de abril del corriente, el sistema de expediente electrónico estará operativo en los Juzgados de Paz de La Recoleta y Villa Morra.
El camarista y catedrático de Derecho de la UNA, Hugo Garcete, señaló que existe un decaimiento en el nivel académico y ético de los estudiantes de esta casa de estudios y que, pese a que la Universidad intenta cambiar esta situación, no ha podido elevar dicho nivel.
El camarista en lo civil Esteban Kriskovich señaló que el magistrado judicial no puede dejarse llevar por datos falsos, ni por datos prefabricados o fraguados, ya que el juez tiene un compromiso con la verdad.
El ministro Eugenio Jiménez Rolón recordó a los abogados particulares que tienen la obligación legal de ejercer la representación gratuita hasta en tres juicios por año.
