El fiscal general del Estado aseguró que la investigación avanzará sobre todas las aristas de la crisis de Ueno Bank, sin excluir a ningún sospechoso. El Ministerio Público también analiza la posibilidad de solicitar información a Luxemburgo y Estados Unidos, a partir de unos 2.000 documentos digitales incorporados al análisis fiscal.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, aseguró que la investigación sobre las maniobras que rodean la crisis de Ueno Bank apunta a identificar a todos los eventuales responsables, sin exclusiones ni restricciones respecto de las personas que pudieran estar involucradas.
La postura fue expresada tras una reunión con el equipo fiscal encargado de la causa, ocasión en la que Rolón Fernández sostuvo que el objetivo es esclarecer los hechos y determinar la participación de cada uno de los posibles responsables. Afirmó, además, que todas las aristas investigativas están siendo abordadas por los representantes del Ministerio Público.
El equipo está integrado por los fiscales Francisco Cabrera Sanabria, Silvio Corbeta Dinamarca, Jorge Arce Rolandi y Yeimy Adle Monges. La dirección de las investigaciones estará a cargo de Cabrera Sanabria, mientras que la coordinación corresponderá a la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín.
En paralelo al avance de las diligencias, este miércoles los detenidos en el marco de la investigación comparecieron ante el Ministerio Público, para los procedimientos correspondientes.
Analizan cooperación con Luxemburgo y Estados Unidos
La investigación también podría extenderse al ámbito internacional. El fiscal adjunto Manuel Doldán, titular de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa, informó que el fiscal general solicitó el apoyo de esa dependencia para colaborar en la identificación y obtención de elementos probatorios que podrían encontrarse en el extranjero.
Doldán explicó que la unidad especializada acompaña las diligencias mediante el análisis de informes y documentos digitales remitidos a los fiscales intervinientes. La tarea consiste en determinar si el material contiene información que requiera la intervención de autoridades de otros países para completar las pesquisas.
Según precisó, los informes examinados tienen una extensión aproximada de 200 páginas, mientras que los archivos adjuntos, entregados en formato digital, rondan los 2.000 documentos.
El volumen de información obliga a un análisis documental que permitirá establecer qué datos resultan relevantes para la causa y si corresponde gestionar pedidos formales de información o asistencia jurídica internacional.
En una evaluación preliminar, Doldán señaló que podría ser necesario requerir información al Gran Ducado de Luxemburgo y a los Estados Unidos. No obstante, aclaró que los trámites de cooperación se iniciarán una vez que los fiscales responsables de la investigación definan con precisión cuáles son los requerimientos y qué elementos necesitan obtener.
Una investigación con alcance aún por determinar
La eventual intervención de autoridades extranjeras abre una nueva dimensión en la investigación, que ya no se limita al análisis de los documentos y las actuaciones disponibles en el país.
La identificación de posibles elementos probatorios fuera de Paraguay podría resultar determinante para reconstruir las operaciones investigadas, establecer eventuales conexiones internacionales y precisar la participación de las personas involucradas.
Por ahora, el Ministerio Público se encuentra en una etapa de análisis de la documentación y definición de las diligencias necesarias. La promesa de Rolón Fernández de no excluir a ningún sospechoso coloca el alcance de la investigación como uno de los principales aspectos a seguir, especialmente en una causa en la que todavía deben esclarecerse las responsabilidades individuales y el eventual entramado detrás de las maniobras que quebró el banco.
