La abogada Noelia Núñez presentó una denuncia ante el Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Corte Suprema de Justicia contra la jueza de Luque Mafalda Cameron, a quien atribuye presuntas irregularidades en un proceso de rendición de cuentas que involucra tres inmuebles gananciales.
La denunciante sostiene que la magistrada habría incurrido en los hechos punibles de prevaricato, alteración de datos relevantes para la prueba, sabotaje o manipulación de sistemas informáticos y producción de documentos públicos de contenido falso, además de solicitar que se investigue la eventual participación de otras personas de su juzgado en calidad de coautores, cómplices o instigadores.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que, según la denuncia, el proceso habría sido reactivado en agosto de 2026, pese a que existía una suspensión que siempre de acuerdo con la presentación no habría sido levantada mediante una resolución formal ni se habría otorgado traslado a las partes. Núñez sostiene que esta actuación habría vulnerado las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica.
Cuestionan orden de remate
La abogada también cuestiona que a través de una simple providencia se hacía lugar a la subasta pública. Afirma que el juicio de rendición de cuentas requiere previamente una sentencia que determine un saldo líquido, cierto y exigible y, posteriormente, una sentencia de remate firme y ejecutoriada.
Sin embargo, según la denuncia, la jueza dispuso el 4 de agosto de 2026, mediante una providencia, llevar adelante la subasta. Tres días después, a través del A.I. N.º 1106, habría ordenado la venta compulsiva del 100% de los tres inmuebles, afectando según la denunciante derechos de terceras personas que no fueron condenadas ni sometidas formalmente a ejecución.
Otro de los puntos centrales de la presentación guarda relación con el sistema Judisoft. Núñez solicita una pericia informática forense y el secuestro y lacrado de los equipos informáticos que pudieran contener información relevante para esclarecer lo ocurrido.
Como elemento que considera relevante, menciona que el 17 de agosto de 2026 la propia parte ejecutante presentó mediante Judisoft un escrito denominado “Solicitar sentencia de remate”. Para la denunciante, esta presentación demostraría que, a esa fecha, no existía una sentencia de remate firme que respalde la subasta prevista para este 28 de agosto.
Ante estos hechos, Núñez solicita al Ministerio Público una investigación urgente, la realización de una pericia sobre los registros del sistema judicial y que se promueva una medida cautelar para suspender inmediatamente el remate.
La denunciante sostiene que la intervención de la Fiscalía debe ser rápida para evitar un eventual daño irreparable a las propietarias de los inmuebles, mientras se determina si las actuaciones denunciadas constituyen o no hechos punibles y quiénes serían eventualmente responsables.
