El fiscal Luis Piñánez afirmó a Judiciales Net que cuentan con documentos, facturas y registros de circuito cerrado que vincularían a una empresa privada con el supuesto uso de recursos de la Municipalidad de Asunción para trabajos de pavimentación. La firma es considerada por los investigadores como una empresa de “maletín”.

La investigación fiscal sobre el supuesto uso de bienes de la Municipalidad de Asunción para la ejecución de trabajos privados suma nuevos elementos. El agente fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, señaló a Judiciales Net que el Ministerio Público cuenta con diversas evidencias que apuntan a la participación de una empresa privada a la que los investigadores consideran una firma de “maletín”.

La causa, conocida públicamente como “Mafia del Asfalto”, involucra a cinco funcionarios de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, quienes fueron imputados por la presunta comisión del hecho punible de apropiación, en calidad de coautores. Una particular también fue imputada como supuesta cómplice.

La Fiscalía sostiene que los funcionarios habrían utilizado vehículos, maquinarias e insumos pertenecientes al municipio para realizar trabajos de pavimentación en un predio privado, hecho que habría ocurrido el 11 de julio de 2026.

“Tenemos bastantes pruebas”, afirma el fiscal

En conversación con Judiciales Net, el fiscal Piñánez aseguró que la investigación cuenta con elementos documentales y audiovisuales que permitirían reconstruir el movimiento de los recursos municipales y su vinculación con los trabajos realizados en el inmueble privado.

“Tenemos bastantes pruebas, documentales, facturas emitidas, pudimos acceder a circuitos cerrados donde ingresaban estos vehículos”, manifestó el agente fiscal.

“Acá se vincula a una supuesta empresa, ¿por qué digo supuesta? Porque es una empresa que consideramos de maletín, es una empresa formalmente creada, pero inexistente; no tiene local, no tiene domicilio”, cuya propietaria también fue imputada.

La Fiscalía busca determinar cuál fue el papel que habría desempeñado esta firma dentro del esquema investigado y qué relación mantenía con los funcionarios municipales imputados.

Una empresa formal, pero sin presencia física

De acuerdo con la explicación del fiscal, la denominación de empresa de “maletín” utilizada por los investigadores responde a que, pese a figurar formalmente constituida, no habría sido posible encontrar un establecimiento físico o domicilio operativo que se corresponda con la actividad que se le atribuye.

Este aspecto forma parte de las líneas investigativas que deberán ser corroboradas mediante las diligencias fiscales y el análisis de la documentación incorporada a la causa.

Piñánez también mencionó como elementos de interés las facturas emitidas y las imágenes de circuitos cerrados, evidencias que, según sostuvo, permitirían establecer movimientos de vehículos municipales relacionados con los trabajos investigados.

Funcionarios municipales imputados

Los cinco funcionarios de la Dirección de Vialidad imputados como presuntos coautores son Antonio Prieto Cane, Juan Ramón Galván Aponte, Francisco Javier Valenzuela Lugo, Derlis Rubén Largo y Lilian Ramona Benítez Ortiz.

Además, la particular fue imputada en calidad de cómplice.

La investigación está a cargo de los fiscales Luis Piñánez y Christian Benítez Cáceres, quienes deberán determinar la participación que habría tenido cada uno de los investigados y el eventual perjuicio ocasionado a la administración municipal.

La hipótesis del Ministerio Público apunta a que recursos pertenecientes al municipio —entre ellos maquinaria, vehículos e insumos— habrían sido utilizados para obras de carácter privado.

El juez de Ejecución Penal Carlos Mendoza dio cumplimiento al comiso autónomo de bienes vinculados al empresario brasileño Darío Messer y a su hijo, Dan Wolf Messer, cuyo valor supera los USD 150 millones, según lo establecido en la resolución judicial.

La medida alcanza un importante conjunto de activos identificados durante el proceso judicial y representa un nuevo avance en la causa relacionada con la estructura patrimonial atribuida a Messer, investigado durante años en Paraguay y otros países de la región por operaciones financieras vinculadas al lavado de dinero.

El comiso comprende activos empresariales, inmuebles, bienes muebles, cuentas bancarias y otros componentes patrimoniales que fueron individualizados a lo largo del proceso. Entre las sociedades alcanzadas figuran CHAI S.A., Matrix Realty S.A. y Pegasus Inversiones S.A., además de bienes personales atribuidos a Darío Messer y Dan Messer.

La resolución detalla los bienes afectados por la medida y establece el alcance del comiso sobre el patrimonio identificado en territorio paraguayo. Con el cumplimiento dispuesto por el juzgado de Ejecución Penal, los bienes quedan sujetos a los efectos jurídicos derivados de la decisión judicial.

Patrimonio

El valor de los activos involucrados convierte a este procedimiento en uno de los principales comisos autónomos tramitados en el país en una causa vinculada a una estructura patrimonial presuntamente utilizada para operaciones financieras ilícitas.

La investigación permitió identificar bienes y activos registrados tanto a nombre de empresas vinculadas al entorno de Messer como a título personal. La resolución judicial abarca precisamente ese conjunto patrimonial, cuyo valor supera los USD 150 millones.

Entre las sociedades afectadas se encuentran CHAI S.A., Matrix Realty S.A. y Pegasus Inversiones S.A., empresas cuyos activos forman parte del patrimonio alcanzado por la decisión.

El comiso autónomo constituye una herramienta mediante la cual el Estado puede afectar bienes vinculados a actividades ilícitas, aun cuando el procedimiento tenga características distintas a una condena penal tradicional sobre una persona determinada. En este caso, la decisión se concentra en los bienes previamente individualizados en el proceso.

Cierre de una etapa

Con el cumplimiento de la resolución, la Justicia paraguaya concluye el comiso autónomo sobre los bienes identificados en el país y avanza hacia el cierre de una etapa central del proceso relacionado con la estructura económica y patrimonial atribuida a Darío Messer.

Messer fue considerado durante años una figura clave en investigaciones regionales sobre lavado de dinero y operaciones financieras transnacionales. Su nombre apareció vinculado a investigaciones de gran repercusión internacional, entre ellas el esquema conocido como Lava Jato, que involucró complejas operaciones financieras en varios países.

La ejecución del comiso sobre bienes por más de USD 150 millones representa, por tanto, un paso relevante dentro de las acciones judiciales dirigidas a afectar el patrimonio vinculado a aquellas estructuras financieras.

La medida alcanza no solo bienes inmuebles y activos societarios, sino también cuentas bancarias y otros componentes patrimoniales individualizados en la resolución, consolidando así el alcance económico de la decisión judicial.

El cumplimiento ordenado por el juez Mendoza marca de esta manera un punto relevante en una causa que durante años puso bajo la lupa el movimiento de capitales, las sociedades y el patrimonio atribuido a Messer y su entorno en Paraguay.

La ministra integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, volvió a poner la lupa sobre una de las prácticas que, a su criterio, contribuyen directamente a la mora judicial: la falta de una adecuada depuración de las pruebas durante la etapa intermedia de los procesos penales.

Las declaraciones de la magistrada se produjeron luego de que el ministro Víctor Ríos solicitara la auditoría de un expediente por un supuesto hecho de estafa que se encuentra próximo a la prescripción. El caso genera preocupación debido a las reiteradas suspensiones de la audiencia por parte del Tribunal de Sentencia, sin que, aparentemente, exista una justificación suficiente para prolongar el trámite.

Llanes sostuvo que las demoras que se registran durante los juicios orales obedecen, en buena medida, a que no se aplica adecuadamente la metodología propia de un sistema acusatorio. Según explicó, la preparación del juicio debe comenzar desde la etapa investigativa y, fundamentalmente, consolidarse en la audiencia preliminar, donde corresponde determinar cuáles son las pruebas realmente necesarias para el debate.

“Porque se generan estas tardanzas inexplicables y duración de meses de un juicio que puede durar una semana. Es sencillamente porque no se aplica la metodología propia del juicio oral, que debe provenir ya desde la etapa investigativa y fundamentalmente tiene que ser filtrada y ajustada en esa preliminar”, señaló la ministra.

En ese sentido, cuestionó que en determinados procesos se admitan cantidades excesivas de medios probatorios sin una relación proporcional con la complejidad del hecho que debe ser juzgado. Como ejemplo, mencionó la admisión de hasta 80 testigos para un objeto procesal limitado, cuando, según consideró, podrían ser suficientes unos pocos testimonios, documentos y determinadas evidencias para llegar al esclarecimiento de los hechos.

La magistrada apuntó directamente a la actuación de los jueces de Garantías, al considerar que una deficiente selección y depuración de las pruebas en la etapa intermedia termina trasladando el problema al juicio oral.

“Es donde se admiten 80 testigos para un objeto del juicio limitado, donde bastaría unos cuantos testigos, documentales y una que otra evidencia para llegar a la verdad”, afirmó.

Llanes sostuvo que esta situación se vuelve particularmente evidente en causas por hechos punibles que no presentan una elevada complejidad. En ese contexto, se refirió al expediente de estafa mencionado durante la intervención del ministro Ríos.

“El doctor habló de un caso de estafa que no es un hecho punible complejo, tiene técnicas para su demostración. Entonces allí falla también el juez de Garantías al admitir semejante cantidad de testigos y eso se traslada al juicio oral, que sigue la lógica del sistema escrito”, manifestó.

La ministra señaló que el problema no radica únicamente en la duración de una audiencia determinada, sino en una práctica procesal que termina acumulando actuaciones innecesarias y extendiendo artificialmente los procesos.

Llanes recordó además que desde la Corte Suprema de Justicia se viene trabajando desde hace años para modificar este tipo de prácticas y que incluso se emitió una acordada orientada a corregirlas. Sin embargo, las dificultades persisten y vuelven a quedar expuestas en expedientes cuya resolución se demora durante meses.

La advertencia adquiere especial relevancia en el caso que será auditado a pedido de Ríos, atendiendo a que el proceso se encuentra próximo a cumplir el plazo de prescripción. En este escenario, la revisión del expediente busca determinar las causas de las demoras y establecer si las suspensiones y demás actuaciones procesales respondieron a motivos debidamente justificados.

El planteamiento de Llanes vuelve así a poner en debate la responsabilidad que tienen los jueces de Garantías en la etapa intermedia. Para la ministra, esa instancia no debería limitarse a un trámite formal, sino constituirse en un verdadero filtro que permita que al juicio oral lleguen únicamente las pruebas pertinentes y necesarias.

Una adecuada depuración en esa etapa, sostuvo, permitiría reducir considerablemente la duración de los debates, evitar la repetición innecesaria de testimonios y evidencias y, principalmente, impedir que la excesiva extensión de los procesos termine favoreciendo la impunidad por el transcurso del tiempo.