La Corte Suprema de Justicia volvió a poner sobre la mesa la necesidad de aprobar la denominada ley “antichicanas”, una iniciativa que busca evitar que las recusaciones y otros planteamientos procesales sean utilizados para prolongar indefinidamente los juicios.
Durante la sesión plenaria ordinaria, el máximo tribunal resolvió reiterar al Congreso Nacional su interés en que el proyecto sea aprobado, según explicó el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón.
El ministro aclaró que la propuesta fue reformulada a partir de las objeciones que había recibido originalmente. La nueva versión no plantea limitar el derecho de las partes a presentar recusaciones, sino establecer que determinados incidentes procesales tengan un efecto directo sobre el cómputo de los plazos.
“No le privemos a las partes de recusar sin límites, pero incluyamos que todo proceso de inhibición, recusación, de acciones de inconstitucionalidad, excepción de inconstitucionalidad, pare todo plazo del proceso y de duración máximo del proceso”, explicó Martínez Simón.
El planteamiento apunta principalmente a evitar que los procesos judiciales queden paralizados mientras se tramitan recusaciones, inhibiciones o acciones y excepciones de inconstitucionalidad. La intención es que, durante la sustanciación de estos mecanismos, se suspendan automáticamente los plazos procesales y el cómputo relacionado con la duración máxima de los juicios.
Martínez Simón recordó que la Corte ya había remitido notas al Congreso para manifestar su respaldo a la iniciativa y propuso volver a insistir ante el Poder Legislativo.
“Estamos interesados en la sanción de esa ley”, señaló el titular de la máxima instancia judicial.
La Corte considera que la modificación puede contribuir a reducir las denominadas chicanas procesales, sin eliminar el derecho de las partes a ejercer los mecanismos de defensa previstos en la legislación. Ahora, la definición sobre el avance del proyecto queda nuevamente en manos del Congreso.
