El colegiado dispuso que los procesados preparen sus defensas ante la eventual consideración de nuevos tipos penales, además de lesión de confianza y asociación criminal, por los que fueron llevados a juicio oral. La advertencia podría ampliar el marco penal aplicable.
El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel advirtió a Miguel Prieto y a los demás acusados en el caso Tía Chela sobre la posible aplicación de los tipos penales de estafa y producción de documentos no auténticos, a partir de los hechos que se vienen produciendo durante el juicio oral.
La decisión fue adoptada con base en el artículo 400 del Código Procesal Penal, que contempla la advertencia sobre una posible modificación de la calificación jurídica de los hechos. Con esta disposición, el colegiado otorgó a los acusados y a sus abogados defensores la posibilidad de preparar sus argumentos y ejercer el descargo correspondiente respecto de los nuevos tipos penales señalados.
El Ministerio Público había presentado acusación por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal. Sin embargo, los magistrados consideran que los elementos incorporados durante el debate oral podrían dar lugar a una calificación jurídica distinta o adicional, por lo que realizaron la advertencia legal.
La eventual incorporación de estos tipos penales podría tener incidencia en el marco penal aplicable, aunque ello dependerá de la valoración que realice el tribunal al momento de resolver la causa. La advertencia no implica, por sí misma, que los acusados sean declarados culpables de estos hechos.
La causa investiga la compra de 25.000 kits de alimentos
El caso Tía Chela se originó en una investigación sobre presuntas irregularidades en la adquisición de alimentos por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este durante la pandemia de COVID-19, entre marzo y julio de 2020.
Según la acusación del Ministerio Público, la administración municipal adjudicó directamente a la firma Tía Chela SRL la provisión de 25.000 kits de alimentos destinados a atender las necesidades de la población durante la emergencia sanitaria.
La hipótesis fiscal sostiene que el procedimiento de contratación habría sido direccionado para favorecer irregularmente a la empresa proveedora. Asimismo, la Fiscalía cuestiona las condiciones en las que se concretó la contratación y el posterior desembolso de los recursos municipales.
Fiscalía atribuye un supuesto perjuicio de G. 2.130 millones
El Ministerio Público atribuye a Miguel Prieto, quien se desempeñaba como ordenador de gastos de la comuna al momento de los hechos investigados, el supuesto liderazgo de una estructura integrada por funcionarios municipales que habría intervenido en el proceso de contratación.
De acuerdo con la acusación, las actuaciones de los funcionarios involucrados habrían permitido concretar la adjudicación de los kits de alimentos a Tía Chela SRL, ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones a las arcas municipales.
Los hechos continúan siendo objeto de debate en el juicio oral, en el que el tribunal deberá analizar las pruebas presentadas por las partes y determinar la responsabilidad penal que eventualmente corresponda a cada acusado.
