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Inicia elaboración de examen para concurso de notarios

Con estrictas medidas de transparencia y con transmisión en vivo, se inició este martes el proceso de elaboración del examen correspondiente al 17.º Concurso de Méritos y Oposición para Notarios y Escribanos Públicos. La prueba será desde las 16:00 por 1.605 postulantes y tendrá una duración máxima de dos horas.

El Tribunal Examinador ingresó esta mañana a la sala destinada a la elaboración del examen, dando inicio a una de las etapas centrales del concurso convocado para la selección de nuevos notarios y escribanos públicos.

Como medida destinada a reforzar la transparencia y garantizar la integridad del proceso, los integrantes del Tribunal dejaron sus respectivos teléfonos celulares en el acceso al recinto antes de ingresar a la sala donde se prepara la prueba.

La actividad es transmitida en vivo a través de las plataformas oficiales de la Corte Suprema de Justicia, permitiendo el seguimiento público del procedimiento.

El Tribunal Examinador está integrado por los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Joaquín Martínez Simón, Eugenio Jiménez Roló, César Antonio Garay; el miembro del Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Giusseppe Fossati López; el catedrático, Carlos González Alfonso; la gerente superior del Registro Unificado Nacional (RUN), Lourdes González; la directora general del Registro de Automotores, Julia Cardozo; la directora general de Catastro y Registro de Inmuebles, Mercedes Vera Ibarra; y la directora de Registros Especiales, Viviana Giménez de Castillo.

1.605 postulantes rendirán la prueba

De acuerdo con los datos proporcionados por la organización, 1.605 personas están habilitadas para presentarse al examen correspondiente al 17.º Concurso de Méritos y Oposición para Notarios y Escribanos Públicos.

El ingreso de los postulantes al recinto estará habilitado entre las 13:00 y las 15:00. Una vez cumplido ese horario, los accesos serán cerrados y no se permitirá el ingreso de ningún postulante.

La prueba comenzará puntualmente a las 16:00 y tendrá una duración máxima de dos horas.

Uno de los aspectos de mayor expectativa de la jornada será el momento en que se den a conocer los resultados. Conforme a lo informado por la organización, los resultados de la evaluación serán conocidos este mismo martes, una vez concluido el proceso de corrección y procesamiento correspondiente.

La jornada concentra así la atención de cientos de postulantes y del ámbito jurídico, en un proceso que busca garantizar igualdad de condiciones, rigurosidad y transparencia en la selección de quienes aspiran a acceder a registros notariales y ejercer como notarios y escribanos públicos.

El examen será desarrollado en las instalaciones del SND Arena, donde los 1.605 postulantes deberán presentarse dentro del horario establecido para el ingreso.

Las cárceles paraguayas “potencializan” la criminalidad, afirman

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El criminólogo Juan Martens lanzó una fuerte advertencia sobre la situación del sistema penitenciario paraguayo y sostuvo que las cárceles, lejos de cumplir una función de protección y reinserción, actualmente pueden convertirse en espacios que propician y potencian la criminalidad.

Durante su exposición en la Jornada 2, denominada “Nuevos Desafíos del Sistema Penitenciario”, Martens calificó al sistema penitenciario paraguayo como “criminógeno” y cuestionó las condiciones que permiten que miles de personas permanezcan privadas de libertad en establecimientos que, según su análisis, no están cumpliendo adecuadamente con su finalidad.

“Estos son espacios institucionales donde se potencializa el delito porque hay un sistema institucional que lo alienta. La cárcel hoy no está funcionando como un sistema de protección sino como un sistema de riesgo, es criminógena la cárcel que nosotros tenemos en este momento”, afirmó.

El especialista también puso el foco en el perfil de la población penitenciaria y señaló que una importante cantidad de los internos proviene de sectores vulnerables. “Quiénes habitan hoy las cárceles paraguayas, vemos a pobres, hombres de barrios periféricos”, manifestó.

Sin embargo, advirtió que el escenario se vuelve más complejo por la presencia de personas vinculadas al crimen organizado, así como de presos con influencia y relevancia política o social.

Cuestiona el abuso de la prisión

Uno de los principales cuestionamientos de Martens apunta al creciente aumento de la población penitenciaria y a la responsabilidad que, según sostuvo, también debe ser analizada desde el sistema de justicia.

“La cárcel no solo debe ser abordada por el sistema penal. Preferimos mirar las cárceles donde hoy 7.000 personas superan la plaza y no miramos a los jueces que envían a prisión a esas personas que son los responsables de estas cárceles estén cada vez más llenas”, expresó.

En ese sentido, planteó la necesidad de analizar la problemática desde una perspectiva interdisciplinaria e interinstitucional, en lugar de concentrar toda la discusión exclusivamente en las condiciones de los establecimientos penitenciarios.

Para el criminólogo, uno de los principales problemas del sistema es la dificultad para recuperar la libertad una vez que una persona ingresa a prisión.

“Lo central en Paraguay es más fácil entrar en la cárcel y mucho más difícil salir, es el Poder Judicial que no te permite salir”, sostuvo.

Penas más largas y una población penitenciaria que envejece

Martens también alertó sobre el impacto que tienen las penas cada vez más extensas en el sistema penitenciario. Según explicó, la población carcelaria está envejeciendo como consecuencia de condenas más prolongadas, lo que genera nuevos desafíos para el Estado.

“La población penitenciaria está envejeciendo y tenemos penas más largas”, señaló, al tiempo de insistir en que las respuestas frente al fenómeno criminal requieren la participación coordinada de distintas instituciones.

Finalmente, sostuvo que las actuaciones deben ser “inter-agenciales” y llamó a reducir la reacción inmediata frente a determinados hechos punibles.

“Tenemos que bajar nuestra ansiedad ante ciertos hechos punibles”, manifestó Martens, planteando así la necesidad de revisar las respuestas del sistema penal y evitar que la privación de libertad sea utilizada de manera desproporcionada frente a determinadas situaciones.

Sus declaraciones se producen en medio de uno de los principales desafíos del sistema penitenciario paraguayo: el hacinamiento, la expansión de la población privada de libertad y la necesidad de que las cárceles dejen de ser espacios que reproducen las condiciones para la criminalidad.

La iniciativa es impulsada por el Centro de Estudios Judiciales, con el financiamiento de la Unión Europea, con el fin de poner en el debate un tema de suma relevancia social, el abuso de la prisión y preventiva y sus consecuencias.

Gremio de abogados repudia agresión a colega

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La Asociación de Abogados Civilistas del Paraguay expresó su “más enérgica condena” y solidaridad con el abogado litigante Ignacio Sánchez, quien fue víctima de una violenta agresión el viernes pasado mientras realizaba una gestión de cobro extrajudicial. El profesional anunció que promoverá acciones legales contra los responsables.

De acuerdo con el comunicado difundido por el gremio, Sánchez habría sido asfixiado y maniatado durante el episodio. La asociación calificó el hecho como un “atentado intolerable” contra un abogado en ejercicio de su profesión y como una vulneración al Estado de Derecho.

El pronunciamiento pone el foco además en los riesgos que, según el gremio, enfrentan de manera cotidiana los abogados que realizan gestiones de cobranza, tanto extrajudiciales como judiciales.

“Los litigantes que realizamos gestiones de cobranza, extrajudiciales y judiciales, enfrentamos cotidianamente violencia, intimidación y vandalismo”, señala el comunicado, en el que también cuestionan a deudores que, según sostienen, se escudan en la denominada “mafia del pagaré” para incumplir sus obligaciones.

Reclaman medidas de seguridad

La organización sostuvo que ninguna diferencia puede justificar actos de violencia contra quienes ejercen legítimamente la profesión y remarcó que el derecho de cobro debe poder ejercerse dentro de un marco de seguridad y respeto a las garantías legales.

En ese sentido, la Asociación de Abogados Civilistas advirtió sobre los “serios riesgos” que enfrentan los profesionales del derecho y reclamó a las autoridades la adopción de medidas concretas para garantizar su seguridad durante el ejercicio de sus funciones.

El gremio también exigió el pronto esclarecimiento de lo ocurrido, la identificación de los responsables y la aplicación de las sanciones correspondientes conforme a la legislación vigente.

Sánchez recurrirá a la Justicia

Tras el episodio registrado el viernes, Ignacio Sánchez anunció que emprenderá acciones legales contra los responsables de la agresión, buscando que el caso sea investigado y que quienes participaron del hecho respondan ante la Justicia.

La asociación advirtió finalmente que la falta de sanción ante este tipo de hechos puede favorecer su repetición y profundizar, a su criterio, la inseguridad que afecta tanto a los profesionales del derecho como a quienes ejercen legítimamente sus derechos como acreedores.

Caso Tía Chela: Tribunal abre juicio oral

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El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel dio inicio al juicio oral y público en la causa conocida como “Tía Chela”, proceso en el que se encuentra acusado el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con exfuncionarios municipales y representantes de empresas vinculadas a la provisión de alimentos durante la pandemia de COVID-19.

La apertura del debate estuvo marcada por la presentación de incidentes planteados por las partes. Uno de los principales puntos de discusión fue el pedido del Ministerio Público para incorporar nuevas diligencias y un testigo al juicio.

El fiscal Silvio Corbeta solicitó la inclusión como testigo del director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, además de requerir la remisión de informes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), relacionados con el proceso de contratación realizado por la Municipalidad de Ciudad del Este para la adquisición de kits de alimentos.

El representante del Ministerio Público sostuvo que las solicitudes deben ser analizadas desde los criterios de legalidad y pertinencia y defendió la incorporación de estos elementos como parte de la búsqueda de la verdad dentro del proceso.

“En primer lugar se debe analizar la legalidad y pertinencia. Esta solicitud no viola ninguno de los derechos de los acusados y, en el caso particular, se basa en la búsqueda de la verdad”, argumentó Corbeta durante la audiencia.

Fiscalía apunta al cambio de marcas

Uno de los fundamentos expuestos por la Fiscalía para solicitar la declaración de Encina está relacionado con el cambio de las marcas de los productos entregados por Tía Chela luego de la adjudicación de la licitación.

Según explicó Corbeta, esta circunstancia adquirió relevancia para el Ministerio Público durante el desarrollo del proceso y la Fiscalía pudo acceder a determinados elementos vinculados al caso recién en la etapa de audiencia preliminar.

La Fiscalía considera que la declaración del titular de Contrataciones Públicas puede aportar información sobre el procedimiento de contratación y las condiciones bajo las cuales se produjo la sustitución de las marcas de los productos.

Defensa cuestiona incorporación de testigo

Las defensas de los acusados se opusieron al pedido del Ministerio Público. Los abogados sostienen que los elementos cuya incorporación pretende la Fiscalía ya forman parte de la investigación y que, por lo tanto, no existiría justificación para introducirlos nuevamente en la etapa de juicio oral.

Respecto al cambio de marcas, la defensa argumentó que se trata de un hecho asumido y no controvertido entre las partes, por lo que consideró que la solicitud fiscal respondería a una estrategia para incorporar nuevas pruebas al debate. Que, si bien no se oponen a la inclusión de pruebas si se oponen al testimonio de Encina.

La discusión deberá ser resuelta por el Tribunal de Sentencia, que deberá determinar si corresponde admitir las solicitudes formuladas por el Ministerio Público.

La acusación contra Prieto

El proceso se origina en una investigación sobre una presunta irregularidad en la adquisición de alimentos realizada durante la pandemia de COVID-19, específicamente entre marzo y julio de 2020.

De acuerdo con la acusación fiscal, la Municipalidad de Ciudad del Este adjudicó de manera directa la compra de 25.000 kits de alimentos a la empresa Tía Chela SRL. El Ministerio Público sostiene que el procedimiento habría sido direccionado con el objetivo de favorecer irregularmente a la firma proveedora.

La Fiscalía atribuye a Miguel Prieto, en su entonces condición de ordenador de gastos, el supuesto liderazgo de una estructura integrada por funcionarios municipales que habría intervenido en el proceso de contratación y generado un perjuicio a las arcas públicas.

El daño patrimonial atribuido por el Ministerio Público asciende a G. 2.130 millones.

Quiénes enfrentan el juicio oral

Además de Prieto, fueron elevados a juicio oral varios exfuncionarios y colaboradores de la Municipalidad de Ciudad del Este: Maggi Fariña, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC); Sebastián Martínez, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisiciones; Cirle Alcaraz Ramírez y Nelson Segovia, del área financiera; José Félix Cáceres, jefe de Desarrollo Comunitario; y Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes.

También están acusados Fermín Ávalos Britos, representante de Tía Chela SRL, y Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de VANEMI S.A.

Todos los acusados deberán responder a las acusaciones formuladas por el Ministerio Público en el marco del juicio oral, instancia en la que se producirá y debatirá la prueba admitida por el tribunal.

Tribunal convoca a audiencia disciplinaria a abogado

Como una de las primeras medidas adoptadas durante el desarrollo de la causa, el Tribunal de Sentencia convocó al abogado Irán Martín Prieto a una audiencia disciplinaria para el próximo 15 de septiembre, a las 08:00.

La convocatoria se relaciona con un incidente presentado por el profesional y que, según el Tribunal, podría ser considerado una eventual dilación procesal, en atención a las disposiciones contempladas en una acordada de la Corte Suprema de Justicia.

La audiencia disciplinaria deberá determinar si la actuación cuestionada se encuadra o no dentro de una conducta susceptible de sanción.

Mientras tanto, el juicio oral por el caso Tía Chela avanza con la resolución de los incidentes planteados al inicio del debate, en una causa que tiene como eje la presunta manipulación de una contratación pública realizada durante la emergencia sanitaria y el supuesto perjuicio ocasionado al Estado.

Mafia de Pagarés: Aval académico para una tutela colectiva

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La Defensa Pública analiza impulsar una nueva acción de tutela colectiva para suspender embargos y medidas cautelares que afectan a miles de personas. Un reciente dictamen de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica considera que existen fundamentos constitucionales y legales para promover la acción, aunque recomienda previamente elaborar un registro de afectados y expedientes. Al cierre de julio, la Defensa Pública ejerce representación en 1.791 casos, de los cuales 78 corresponden a personas en condición de vulnerabilidad.

La posibilidad de promover una acción de tutela colectiva para proteger a las víctimas de la denominada “mafia de pagarés” tomó un nuevo impulso con el dictamen académico-jurídico solicitado por el defensor, Javier Esquivel, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.

El pronunciamiento, elaborado por la academia y firmado por el decano, el doctor César Ruffinelli Buongermini, concluye que existen fundamentos constitucionales y legales suficientes para evaluar y promover una estrategia de tutela colectiva respecto de las personas comprendidas en la Ley N.º 7614/2025.

La importancia del dictamen radica en que plantea una posible herramienta para abordar de manera conjunta una problemática que, por su volumen y características, supera la capacidad de respuesta de los mecanismos estrictamente individuales, así como la presupuestaria. La preocupación central de la Defensa Pública es que el plazo previsto por la denominada ley de transición pueda resultar insuficiente para culminar la atención de todos los casos existentes.

La dimensión del problema queda reflejada en los propios registros institucionales. Al cierre de julio, la Defensa Pública ejerce la representación en 1.791 casos vinculados a esta problemática, de los cuales 78 corresponden a personas identificadas en condición de vulnerabilidad.

Una respuesta colectiva frente a cientos de expedientes

El dictamen sostiene que la intervención de la Defensa Pública no necesariamente debería agotarse en la atención individual de cada expediente cuando exista una problemática común susceptible de recibir un tratamiento colectivo.

La propuesta académica apunta, en ese sentido, a identificar aquellos elementos comunes que permitan construir una pretensión supraindividual, sin desconocer los derechos particulares de cada afectado.

“La tutela colectiva, en este contexto, no debe entenderse como sustitución de los derechos individuales de cada persona afectada”, señala el parecer, sino como un instrumento destinado a obtener una protección eficaz sobre aquellos aspectos comunes de la problemática, manteniendo a salvo las acciones particulares que correspondan.

Este punto resulta particularmente relevante en un fenómeno que involucra una cantidad considerable de procesos judiciales, embargos y medidas cautelares que afectan directamente el patrimonio de personas que denuncian haber sido víctimas del esquema de pagarés.
El artículo 9 de la Ley 7614 y el papel de la Defensa Pública

Uno de los fundamentos destacados por la Universidad Católica es el artículo 9 de la Ley N.º 7614/2025, que establece una atribución específica para el Ministerio de la Defensa Pública.

La norma dispone que, cuando la parte demandada se encuentre en situación de vulnerabilidad conforme a las 100 Reglas de Brasilia y resida fuera del radio del juzgado, la Defensa Pública deberá prestar asistencia jurídica y patrocinio legal, a petición de la persona afectada, sin necesidad de tramitar previamente el beneficio de litigar sin gastos.

Para la academia, esta disposición debe interpretarse conjuntamente con la Ley N.º 4423/2011 y con las garantías constitucionales de acceso a la justicia, igualdad, defensa en juicio, debido proceso y tutela judicial efectiva.

Desde esa perspectiva, el dictamen considera que existe margen jurídico para que la Defensa Pública adopte mecanismos institucionales que permitan identificar patrones comunes, sistematizar los casos y buscar respuestas judiciales que atiendan la dimensión colectiva del conflicto.

Un padrón para determinar quiénes son las víctimas

Antes de avanzar con una eventual acción colectiva, la Universidad Católica recomienda una tarea que podría resultar determinante: la elaboración de un registro, padrón o catastro institucional de las personas y causas comprendidas dentro del ámbito de la Ley N.º 7614/2025.

La intención es contar con información precisa sobre quiénes son los afectados, cuáles son los expedientes involucrados, ante qué juzgado y secretaría se tramitan, qué irregularidad se denuncia y qué medidas cautelares o embargos pesan sobre los bienes de las personas afectadas.

La construcción de ese registro permitiría además determinar con mayor precisión quiénes podrían quedar comprendidos en una eventual tutela colectiva y cuáles serían sus alcances.

La propia ley contempla mecanismos de búsqueda para aquellos expedientes que no puedan ser localizados, incluyendo datos relativos al juzgado, turno, secretaría, carátula, número y año del expediente, además de información sobre el demandado y su representación legal.

Para la Defensa Pública, la sistematización de estos datos podría convertirse así en una herramienta clave para dimensionar el fenómeno y establecer una estrategia jurídica que permita responder al volumen de causas.

La suspensión de embargos, el objetivo más sensible

El punto de mayor impacto de la propuesta académica es la posibilidad de solicitar judicialmente la suspensión inmediata de los embargos y otras medidas cautelares dictadas en procesos o juicios ejecutivos basados en los casos comprendidos por la Ley N.º 7614/2025.

El dictamen sostiene que esa suspensión podría solicitarse hasta tanto se verifique la legalidad y validez de dichas medidas, a la luz de las garantías del debido proceso.

Corte emite últimas pautas para examen de notarios

La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia difundió las disposiciones que deberán observar los postulantes durante el examen del 17.º Concurso de Méritos y Oposición para Notarios y Escribanos Públicos. La evaluación se realizará este martes 1 de setiembre, de 16:00 a 18:00, en el Arena SND de la Secretaría Nacional de Deportes, en Asunción.

A pocos días de la evaluación, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer las últimas instrucciones para el registro y correcto llenado de la hoja de gabarito que utilizarán los postulantes al 17.º Concurso de Méritos y Oposición para Notarios y Escribanos Públicos.

Las indicaciones, difundidas por la Secretaría General de la máxima instancia judicial, buscan garantizar el normal desarrollo del examen y establecer reglas precisas para el registro de las respuestas, además de reforzar las condiciones de seguridad, organización y transparencia durante la jornada.

Bolígrafo negro y plancheta sin marcas

Entre las disposiciones establecidas, la Corte Suprema recuerda que cada postulante deberá presentarse con bolígrafo de tinta negra y una plancheta libre de marcas, inscripciones o escritos.

En caso de no contar con una plancheta, el postulante deberá igualmente rendir el examen, asumiendo las condiciones de incomodidad que eventualmente pudiera generar la falta de este elemento.

La hoja de gabarito deberá ser completada exclusivamente con bolígrafo negro.

La Secretaría General también estableció instrucciones específicas para el registro de los datos personales. En el apartado correspondiente a la cédula de identidad, las marcaciones deberán comenzar desde la primera columna de la izquierda, dejando el espacio correspondiente hacia la derecha.

En el campo destinado a identificar la fila, deberá marcarse el número 1 en la columna correspondiente.

Atención con las marcaciones

La Corte Suprema realizó una advertencia especialmente importante respecto al llenado de la hoja de respuestas: el sistema no procesará marcaciones incorrectas o dobles, rayas, perforaciones ni hojas arrugadas o sucias.

Por ello, los postulantes deberán extremar los cuidados al momento de completar el gabarito, teniendo en cuenta que cualquier alteración que impida su procesamiento puede afectar el registro de las respuestas.

Las autoridades también establecieron que ningún postulante podrá abandonar su lugar sin autorización del encargado de zona.

Antes de entregar la hoja de gabarito, el participante deberá verificar que la misma se encuentre debidamente firmada en el campo habilitado para ese efecto.

El gabarito no podrá ser retirado

Otra de las instrucciones establece que la hoja de respuestas deberá ser depositada obligatoriamente en el recipiente habilitado para ese fin.

El postulante no podrá retirarse del recinto sin haber cumplido con este procedimiento.

Al finalizar la evaluación, los participantes recibirán una hoja de verificación de respuestas oficiales, que será el único documento que podrán conservar.

De esta manera, la organización busca separar el documento utilizado para el procesamiento de las respuestas de la constancia que quedará en poder de cada postulante.

Preguntas y resultados se conocerán el mismo día

La Corte Suprema informó además que las preguntas, las respuestas correctas y los resultados serán publicados el mismo martes 1 de setiembre, a través del sitio web oficial del Poder Judicial.

El examen correspondiente al 17.º Concurso de Méritos y Oposición para Notarios y Escribanos Públicos se desarrollará de 16:00 a 18:00 en el Arena SND de la Secretaría Nacional de Deportes, en Asunción.

Las autoridades judiciales instan a los postulantes a tomar conocimiento de estas disposiciones antes de presentarse a la evaluación, especialmente aquellas relacionadas con el llenado del gabarito, ya que el correcto registro de los datos y respuestas constituye un aspecto esencial del proceso de evaluación.

El reglamento completo del 17.º Concurso de Méritos y Oposición para Notarios y Escribanos Públicos de la República del Paraguay, así como las informaciones oficiales relacionadas con el proceso, se encuentran disponibles en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia.

Urgen a jueces a destruir en la brevedad droga incautada

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La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, instó a los jueces a cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 52 de la Ley 1340 y disponer, en el menor tiempo posible, la destrucción de las sustancias estupefacientes incautadas. Advirtió que mantenerlas durante meses o años en depósitos representa un riesgo ambiental, procesal y de seguridad, debido al alto valor económico que conservan para las redes dedicadas al narcotráfico.

La ministra Carolina Llanes hizo un llamado a los magistrados para que aceleren los procedimientos destinados a la destrucción de drogas incautadas en causas penales, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 1340.

La integrante de la máxima instancia judicial señaló que la normativa establece un plazo de 48 horas para proceder a la destrucción de las sustancias incautadas y remarcó que, si bien el juez debe adoptar las medidas conforme a las posibilidades y recaudos propios de cada proceso, la droga no puede permanecer durante meses o años en depósitos judiciales.

Para Llanes, la permanencia prolongada de estas sustancias genera un “peligro latente”, tanto por los efectos que pueden producir sobre el ambiente como por la posibilidad de que sean sustraídas antes de que se concrete su incineración.

“Estos materiales no solo pueden dañar el medio ambiente, también existe el riesgo de que puedan ser sustraídos antes de que el juez produzca la incineración”, advirtió.

La ministra explicó que recibió consultas de magistrados respecto de la aplicación del plazo previsto por la legislación y sostuvo que, aunque existen circunstancias procesales que deben ser consideradas por los jueces, la demora excesiva no puede convertirse en una práctica habitual.

“Me entero a través de magistrados que llaman que hay algunos tribunales el plazo lo puede de 48 horas el juez lo determinar dentro de sus posibilidades, es cierto, pero eso no pueden estar años o meses”.

El riesgo de mantener droga en depósitos

Uno de los principales argumentos planteados por Llanes está relacionado con el valor económico que conservan las sustancias incautadas.

La ministra alertó que mientras la droga permanezca almacenada continúa representando un objeto de interés para personas vinculadas al tráfico de estupefacientes y para quienes eventualmente tienen acceso a las sustancias durante las distintas etapas de su custodia.

“Esto también constituye un peligro latente manteniéndolo en los depósitos, no solo por el daño al ambiente, sino por el alto valor económico que sigue siendo materia de codicia de las personas que trafican y de personas que incautan o por cuyas manos pasan estas sustancias”.

Desde esta perspectiva, la destrucción no constituye únicamente el cierre material de un procedimiento de incautación, sino también una medida destinada a neutralizar un riesgo para la seguridad y preservar la integridad de la investigación penal.

Preservar las muestras necesarias para la causa

Llanes aclaró que la urgencia en la destrucción de la droga no implica eliminar elementos que puedan resultar necesarios para el proceso judicial.

Antes de la incineración deben cumplirse los recaudos correspondientes, entre ellos los pesajes y análisis primarios, además del control de pureza de las sustancias.

También debe conservarse la cantidad necesaria para eventuales análisis posteriores o una contrapericia, de manera que la destrucción no afecte el derecho de las partes a controvertir los elementos científicos incorporados a la causa.

“Instamos desde la Sala Penal a realizarlas en el menor tiempo posible teniendo en cuenta los recaudos, pesajes, análisis primarios, control de la pureza y conservar solo las porciones necesarias para una posible contrapericia”.

La ministra explicó que estos procedimientos se realizan en carácter de anticipo jurisdiccional de prueba, precisamente para garantizar que la posterior destrucción de la sustancia no impida utilizar en el proceso los resultados obtenidos mediante los controles y análisis correspondientes.

Neutralizar el peligro

El planteamiento de Llanes apunta a que los órganos jurisdiccionales adopten una respuesta más rápida una vez cumplidas las diligencias indispensables para documentar y preservar la evidencia.

La destrucción de los estupefacientes incautados, en ese sentido, busca evitar que los depósitos judiciales se conviertan en lugares donde permanezca almacenada durante largos períodos una mercancía que continúa teniendo un elevado valor para las organizaciones criminales.

“La urgencia es neutralizar el peligro de la sustancia incautada”, subrayó la ministra.

El llamado desde la Sala Penal de la Corte Suprema se produce así en torno a una cuestión que combina gestión judicial, preservación de la prueba, protección ambiental y seguridad, con el objetivo de que las sustancias incautadas sean destruidas una vez cumplidos los procedimientos necesarios y sin prolongar innecesariamente su permanencia bajo custodia.

Marcado protagonismo de mujeres líderes en Congreso Laboral

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La presencia de mujeres en posiciones de liderazgo académico e institucional fue uno de los rasgos destacados del Congreso Iberoamericano de Derecho Laboral y Seguridad Social. Para la doctora Lorena Segovia, directora del Instituto Paraguayo de la Seguridad Social (IPSS), la participación femenina en igualdad de condiciones con los hombres debe dejar de ser una excepción para convertirse en la realidad habitual de los espacios de debate jurídico.

El Congreso Iberoamericano de Derecho Laboral y Seguridad Social dejó como uno de sus principales rasgos la participación activa de mujeres que ocupan posiciones de relevancia tanto en el ámbito académico como institucional.

Durante el encuentro, referentes femeninas del derecho laboral, la seguridad social y la administración pública compartieron paneles y espacios de debate con reconocidos especialistas, evidenciando una creciente presencia de mujeres en ámbitos tradicionalmente ocupados mayoritariamente por hombres.

En entrevista exclusiva con Judiciales Net, la doctora Lorena Segovia, directora del Instituto Paraguayo de la Seguridad Social (IPSS), valoró especialmente este aspecto del congreso y sostuvo que la sociedad debe acostumbrarse a encontrar a hombres y mujeres en igualdad de condiciones en los espacios académicos y de liderazgo.

“Es algo que nos sorprende porque no es común y sin embargo, esta debería ser la realidad que en forma paritaria mujeres también tengan un liderazgo académico institucional y en este caso en este congreso del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social pudimos encontrar ambas cosas, por un lado hombres versados y con mucho conocimiento, pero, también mujeres en paridad de situaciones de liderazgo”.

Segovia destacó además la posibilidad de compartir el espacio con mujeres que cuentan con una reconocida trayectoria en el ámbito del derecho laboral y la seguridad social.

“Hemos tenido la satisfacción de poder compartir con mujeres líderes de instituciones y académicas muy renombradas en materia de trabajo y seguridad social”.

Mujeres en espacios de decisión

La composición de los principales referentes que participaron del encuentro reflejó esa presencia femenina.

La ministra Carolina Llanes, única mujer integrante de la máxima instancia judicial paraguaya, representó a la Corte Suprema de Justicia en el congreso. A ella se sumó la doctora Rocío Penayo, presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay, quien también forma parte del liderazgo gremial y académico vinculado al derecho laboral.

Asimismo, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, participó del encuentro, aportando la perspectiva institucional desde el organismo encargado de las políticas laborales del país.

A nivel iberoamericano, otro de los nombres destacados fue el de Carolina Morán, de Ecuador, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, quien también tuvo una participación relevante durante el congreso.

Para Segovia, la presencia de estas referentes demuestra que las mujeres no solamente están ocupando espacios de decisión, sino que también cuentan con la formación y trayectoria necesarias para liderar discusiones de alta trascendencia jurídica y social.

La cuestión, en ese sentido, no debería plantearse como una competencia entre hombres y mujeres, sino como la consolidación de espacios donde ambos puedan participar en condiciones de igualdad.

Seguridad social: el desafío de recuperar la confianza

Más allá de la participación femenina, uno de los grandes temas que atraviesa actualmente el debate sobre seguridad social es la confianza de los trabajadores en las instituciones encargadas de administrar sus aportes y garantizar las prestaciones.

Segovia señaló que uno de los principales reclamos de los trabajadores está relacionado precisamente con la gestión de las instituciones estatales responsables de brindar protección frente a contingencias como la vejez, la enfermedad y la maternidad.

A su criterio, cuando existen deficiencias de gestión, se genera desconfianza en la ciudadanía respecto de la posibilidad de acceder efectivamente a los beneficios que le corresponden después de años de aportes.

La preocupación, explicó, no se limita al momento de la jubilación. También alcanza a quienes necesitan que el sistema responda ante una enfermedad u otra contingencia cubierta por la seguridad social, sin que la persona tenga que verse obligada a recurrir a instancias judiciales para obtener una prestación que debería estar garantizada.

En ese contexto, planteó la necesidad de avanzar hacia una gestión profesional, especializada y transparente de las instituciones de seguridad social.

El desafío adquiere especial relevancia cuando se discuten eventuales reformas al sistema, como modificaciones en la edad jubilatoria o en la cantidad de años de aporte requeridos.

Segovia consideró que las medidas de este tipo suelen generar resistencia entre los trabajadores, pero advirtió que es necesario analizar las razones profundas de esa reacción.

La resistencia, sostuvo, no necesariamente se explica únicamente por el impacto que pueda tener una reforma sobre los trabajadores, sino también por la desconfianza acumulada hacia las instituciones a las que las personas realizan sus aportes durante su vida laboral.

Por ello, antes de pedir a la ciudadanía nuevos esfuerzos o modificaciones en las reglas del sistema, resulta fundamental demostrar que los recursos serán administrados de manera eficiente y que las prestaciones estarán efectivamente disponibles cuando llegue el momento de necesitarlas.

En definitiva, el debate sobre la seguridad social no pasa solamente por cuánto se aporta o cuándo una persona puede jubilarse. También involucra una cuestión esencial: la confianza de la ciudadanía en que el sistema será capaz de cumplir su promesa de protección social.

Y en ese debate, el Congreso Iberoamericano mostró también otra realidad: la creciente participación de mujeres en los espacios donde se discuten y construyen las ideas que pueden marcar el futuro del derecho laboral y de la seguridad social en Iberoamérica.

Frenan remate de la “casa del horror”

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La abogada Noelia Núñez logró la suspensión de la subasta de los inmuebles involucrados en un proceso de rendición de cuentas. La profesional denunció ante el Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Corte Suprema de Justicia a la jueza Mafalda Cameron, a quien atribuye una serie de presuntas irregularidades procesales.

La subasta prevista para este viernes 28 de agosto, a las 15:00, de tres inmuebles gananciales entre ellos la denominada “casa del horror” quedó suspendida luego de una presentación realizada por la abogada Noelia Núñez, en representación de María Marlyn Villagra Cantero y Marlyn Beatriz Macchi Villagra.

La profesional había promovido una acción de inconstitucionalidad y, como consecuencia de su presentación, el juzgado dispuso la suspensión de los plazos procesales y del remate que había sido fijado para esta jornada.

La providencia judicial señala: “Atento a la presentación electrónica realizada por la Abg. NOELIA MARÍA NÚÑEZ MARTÍNEZ (…) téngase por comunicada la promoción de la acción de inconstitucionalidad y ordénese la suspensión de los plazos procesales de conformidad a lo que prescribe el artículo 559 del CPC. Ordénase la suspensión de la subasta fijada para el día 28 de agosto de 2026, a las 15:00 horas”.

Denuncia contra la magistrada

En paralelo, Núñez presentó una denuncia ante el Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Corte Suprema de Justicia contra la jueza Mafalda Cameron, en el marco de un proceso de rendición de cuentas relacionado con tres inmuebles de carácter ganancial.

Según sostiene la abogada en sus presentaciones, la magistrada habría incurrido en una serie de actuaciones que, a su criterio, podrían configurar hechos punibles, entre ellos presunto prevaricato, alteración de datos relevantes para la prueba, sabotaje o manipulación de sistemas informáticos y producción de documentos públicos de contenido falso.

La denunciante también solicitó que se investigue la eventual participación de otras personas vinculadas al juzgado, en caso de que hubieran intervenido en los hechos denunciados en calidad de coautores, cómplices o instigadores.

Las acusaciones forman parte de la denuncia presentada por la profesional y deberán ser objeto de investigación y verificación por las autoridades competentes.

Cuestionan reactivación del expediente

Uno de los principales cuestionamientos formulados por Núñez se refiere a la reactivación del proceso en agosto de 2026.

De acuerdo con la versión expuesta en la denuncia, el expediente se encontraba suspendido y dicha suspensión no habría sido levantada mediante una resolución formal ni se habría otorgado el correspondiente traslado a las partes.

Para la abogada, esta situación habría afectado garantías vinculadas al debido proceso y a la seguridad jurídica, al considerar que se habrían producido actuaciones procesales sin que previamente existiera una decisión formal que dejara sin efecto la suspensión.

El planteamiento adquiere especial relevancia debido a que, posteriormente, se había fijado una fecha para la subasta de los inmuebles involucrados en la controversia por una providencia.

La medida que suspendió el remate impide, por el momento, que los bienes sean llevados a subasta en la fecha inicialmente establecida. La situación queda ahora condicionada al trámite de la acción de inconstitucionalidad y a las decisiones que adopten las instancias correspondientes.

La actuación de la abogada Núñez representa, de esta manera, un nuevo capítulo dentro de un litigio que además de involucrar derechos patrimoniales plantea cuestionamientos sobre la actuación judicial y la regularidad del procedimiento.

Queda firme la condena de 28 años por el crimen de Javier Ibarra

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó, por mayoría, el recurso de casación planteado por la defensa de Óscar Ariel Caballero Sahlmann. La Fiscalía había sostenido su acusación con distintas evidencias, entre ellas el testimonio de un hombre que estuvo con el condenado antes y después del crimen.

La condena de 28 años de prisión para Óscar Ariel Caballero Sahlmann, por el asesinato del exfiscal Javier Ibarra, quedó firme luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por mayoría, declarara inadmisible el recurso de casación presentado por su defensa.

Los ministros concluyeron que la defensa no fundamentó adecuadamente los agravios planteados en su recurso, por lo que no correspondía avanzar al análisis de fondo. De esta manera, la máxima instancia penal cerró la posibilidad de una revisión extraordinaria de la condena y dejó firme la sentencia dictada contra Caballero Sahlmann.

Una acusación sostenida en varias evidencias

Durante el juicio, el Ministerio Público logró sostener su teoría del caso mediante un conjunto de elementos probatorios que apuntaron a la responsabilidad de Caballero Sahlmann en el homicidio ocurrido entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de noviembre de 2022.

Uno de los elementos considerados determinantes fue la declaración de un testigo que acompañó al condenado hasta las inmediaciones de la vivienda de Ibarra y tuvo contacto con él posteriormente.

El testimonio permitió a la Fiscalía reconstruir aspectos relevantes de la noche del crimen y establecer circunstancias que, según la acusación, vinculaban directamente a Caballero Sahlmann con lo ocurrido en la vivienda del exfiscal.

A esto se sumaron otros elementos incorporados durante el proceso, que fueron utilizados por los fiscales para respaldar la hipótesis de que Caballero Sahlmann fue quien ingresó a la vivienda de Ibarra y efectuó los disparos que terminaron con su vida.

El testimonio adquirió especial relevancia porque permitió aportar información sobre los movimientos del condenado en momentos próximos al homicidio y sobre hechos posteriores que, para la Fiscalía, resultaron compatibles con su teoría del caso.

El crimen ocurrió en San Lorenzo

El homicidio de Javier Ibarra ocurrió en su vivienda, ubicada en la intersección de las calles Santa Carolina y Destacamento Cazal, en el barrio Santa Ana de San Lorenzo.

De acuerdo con los antecedentes del proceso, Caballero Sahlmann llegó al domicilio durante la noche del 24 de noviembre de 2022 y posteriormente se produjeron los disparos que acabaron con la vida del exfiscal.

La investigación fiscal logró llevar el caso a juicio, donde Caballero Sahlmann fue declarado culpable y condenado a 28 años de prisión.

La defensa recurrió posteriormente a las instancias superiores buscando revertir la condena, hasta llegar a la Sala Penal de la Corte Suprema.

La Corte no analizó el fondo del recurso

En su decisión, la Sala Penal con los votos de los ministros Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, entendió que el recurso de casación no cumplía con los requisitos necesarios para habilitar el estudio de los cuestionamientos formulados por la defensa.

La falta de fundamentación de los agravios fue determinante para declarar la inadmisibilidad del recurso. Por mayoría, los ministros resolvieron que no correspondía ingresar al análisis de los argumentos planteados.

Con esta decisión, la condena de 28 años de cárcel queda firme, poniendo punto final a la vía de casación en el proceso por el asesinato del exfiscal Javier Ibarra.

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