La Asociación de Abogados Civilistas del Paraguay expresó su “más enérgica condena” y solidaridad con el abogado litigante Ignacio Sánchez, quien fue víctima de una violenta agresión el viernes pasado mientras realizaba una gestión de cobro extrajudicial. El profesional anunció que promoverá acciones legales contra los responsables.
De acuerdo con el comunicado difundido por el gremio, Sánchez habría sido asfixiado y maniatado durante el episodio. La asociación calificó el hecho como un “atentado intolerable” contra un abogado en ejercicio de su profesión y como una vulneración al Estado de Derecho.
El pronunciamiento pone el foco además en los riesgos que, según el gremio, enfrentan de manera cotidiana los abogados que realizan gestiones de cobranza, tanto extrajudiciales como judiciales.
“Los litigantes que realizamos gestiones de cobranza, extrajudiciales y judiciales, enfrentamos cotidianamente violencia, intimidación y vandalismo”, señala el comunicado, en el que también cuestionan a deudores que, según sostienen, se escudan en la denominada “mafia del pagaré” para incumplir sus obligaciones.
Reclaman medidas de seguridad
La organización sostuvo que ninguna diferencia puede justificar actos de violencia contra quienes ejercen legítimamente la profesión y remarcó que el derecho de cobro debe poder ejercerse dentro de un marco de seguridad y respeto a las garantías legales.
En ese sentido, la Asociación de Abogados Civilistas advirtió sobre los “serios riesgos” que enfrentan los profesionales del derecho y reclamó a las autoridades la adopción de medidas concretas para garantizar su seguridad durante el ejercicio de sus funciones.
El gremio también exigió el pronto esclarecimiento de lo ocurrido, la identificación de los responsables y la aplicación de las sanciones correspondientes conforme a la legislación vigente.
Sánchez recurrirá a la Justicia
Tras el episodio registrado el viernes, Ignacio Sánchez anunció que emprenderá acciones legales contra los responsables de la agresión, buscando que el caso sea investigado y que quienes participaron del hecho respondan ante la Justicia.
La asociación advirtió finalmente que la falta de sanción ante este tipo de hechos puede favorecer su repetición y profundizar, a su criterio, la inseguridad que afecta tanto a los profesionales del derecho como a quienes ejercen legítimamente sus derechos como acreedores.
