La abogada Noelia Núñez logró la suspensión de la subasta de los inmuebles involucrados en un proceso de rendición de cuentas. La profesional denunció ante el Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Corte Suprema de Justicia a la jueza Mafalda Cameron, a quien atribuye una serie de presuntas irregularidades procesales.
La subasta prevista para este viernes 28 de agosto, a las 15:00, de tres inmuebles gananciales entre ellos la denominada “casa del horror” quedó suspendida luego de una presentación realizada por la abogada Noelia Núñez, en representación de María Marlyn Villagra Cantero y Marlyn Beatriz Macchi Villagra.
La profesional había promovido una acción de inconstitucionalidad y, como consecuencia de su presentación, el juzgado dispuso la suspensión de los plazos procesales y del remate que había sido fijado para esta jornada.
La providencia judicial señala: “Atento a la presentación electrónica realizada por la Abg. NOELIA MARÍA NÚÑEZ MARTÍNEZ (…) téngase por comunicada la promoción de la acción de inconstitucionalidad y ordénese la suspensión de los plazos procesales de conformidad a lo que prescribe el artículo 559 del CPC. Ordénase la suspensión de la subasta fijada para el día 28 de agosto de 2026, a las 15:00 horas”.
Denuncia contra la magistrada
En paralelo, Núñez presentó una denuncia ante el Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Corte Suprema de Justicia contra la jueza Mafalda Cameron, en el marco de un proceso de rendición de cuentas relacionado con tres inmuebles de carácter ganancial.
Según sostiene la abogada en sus presentaciones, la magistrada habría incurrido en una serie de actuaciones que, a su criterio, podrían configurar hechos punibles, entre ellos presunto prevaricato, alteración de datos relevantes para la prueba, sabotaje o manipulación de sistemas informáticos y producción de documentos públicos de contenido falso.
La denunciante también solicitó que se investigue la eventual participación de otras personas vinculadas al juzgado, en caso de que hubieran intervenido en los hechos denunciados en calidad de coautores, cómplices o instigadores.
Las acusaciones forman parte de la denuncia presentada por la profesional y deberán ser objeto de investigación y verificación por las autoridades competentes.
Cuestionan reactivación del expediente
Uno de los principales cuestionamientos formulados por Núñez se refiere a la reactivación del proceso en agosto de 2026.
De acuerdo con la versión expuesta en la denuncia, el expediente se encontraba suspendido y dicha suspensión no habría sido levantada mediante una resolución formal ni se habría otorgado el correspondiente traslado a las partes.
Para la abogada, esta situación habría afectado garantías vinculadas al debido proceso y a la seguridad jurídica, al considerar que se habrían producido actuaciones procesales sin que previamente existiera una decisión formal que dejara sin efecto la suspensión.
El planteamiento adquiere especial relevancia debido a que, posteriormente, se había fijado una fecha para la subasta de los inmuebles involucrados en la controversia por una providencia.
La medida que suspendió el remate impide, por el momento, que los bienes sean llevados a subasta en la fecha inicialmente establecida. La situación queda ahora condicionada al trámite de la acción de inconstitucionalidad y a las decisiones que adopten las instancias correspondientes.
La actuación de la abogada Núñez representa, de esta manera, un nuevo capítulo dentro de un litigio que además de involucrar derechos patrimoniales plantea cuestionamientos sobre la actuación judicial y la regularidad del procedimiento.
