El exministro del MAG Enzo Cardozo, quien cumple una condena de 10 años de prisión por lesión de confianza, busca ahora reducir el tiempo que deberá permanecer privado de libertad mediante la figura de la redención, un mecanismo que permite computar determinados días de pena a partir de actividades realizadas durante la ejecución de la condena, conforme al régimen penitenciario.

En el marco de este pedido, la Jueza Penal de Ejecución Especializada en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N.º 2 resolvió fijar una audiencia para analizar el incidente de redención planteado a favor de Cardozo.

La audiencia fue establecida para el 8 de octubre de 2026, a las 08:30, y se desarrollará de manera telemática, mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. La convocatoria alcanza al condenado y a las demás partes intervinientes.

La magistrada dispuso además que las partes proporcionen los números telefónicos correspondientes para poder llevar adelante la audiencia y advirtió que, en caso de incumplimiento, la ausencia podría ser considerada como incomparecencia injustificada.

Busca descontar días de su condena

Cardozo se encuentra cumpliendo desde 2023 la pena de 10 años de cárcel que le fue impuesta tras ser hallado responsable de lesión de confianza, en una causa vinculada al manejo de fondos públicos durante su administración al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, junto con el entonces ministro Rody Godoy.

De acuerdo con los antecedentes del caso, durante el juicio oral se acreditó un perjuicio patrimonial al Estado de aproximadamente G. 68.000 millones. Parte central de la acusación estuvo relacionada con recursos que debían llegar a productores, pero que, según quedó expuesto durante el juicio, no fueron recibidos por los beneficiarios previstos.

Los propios productores que declararon durante el juicio oral señalaron que no recibieron los recursos que debían ser destinados a ellos.

Con la condena ya en etapa de ejecución, Cardozo recurre ahora a la figura de la redención, mediante la cual pretende que determinadas actividades desarrolladas durante su permanencia en el sistema penitenciario sean consideradas para el cómputo de días de su pena.

La solicitud no implica, por sí sola, una reducción automática de la condena. Será la Justicia de Ejecución la que deberá analizar la documentación y los requisitos correspondientes y determinar, en su caso, cuántos días pueden ser computados a favor del condenado.

La audiencia será el próximo paso

La resolución judicial señala expresamente que la audiencia tendrá como finalidad “sustanciar el estudio del incidente de redención”, de conformidad con el artículo 305 del Código de Ejecución Penal.

Además de fijar la audiencia, la jueza ordenó comunicar lo resuelto a la Dirección del Servicio de Justicia Militar (Penal Militar de Viñas Cue) y notificar electrónicamente a las partes.

Por lo tanto, el próximo 8 de octubre será clave para el planteamiento de Cardozo: en esa audiencia la Justicia de Ejecución deberá examinar el pedido de redención y los elementos presentados para determinar si corresponde descontar días de la pena de 10 años que actualmente cumple.

En términos concretos, Cardozo no está solicitando que se deje sin efecto su condena, sino que se compute a su favor el beneficio de la redención para acortar el tiempo efectivo que le resta cumplir en prisión.

Un hombre de 70 años fue condenado a 17 años de prisión por abuso sexual en niños, tras ser hallado culpable de someter reiteradamente a su cuñada, quien tenía apenas seis años cuando comenzaron los abusos.

La sentencia fue dictada por un Tribunal de Sentencia, luego de un juicio en el que fueron presentadas las pruebas reunidas durante la investigación fiscal. El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Pedro Acuña.

Según se acreditó durante el proceso, los abusos se habrían producido aproximadamente una vez por semana y durante varios años, desde que la niña tenía seis años hasta que cumplió 12.

El caso salió a la luz el 3 de noviembre de 2020, cuando el ahora condenado ingresó por la tarde a la habitación de la niña y cometió el abuso. El hombre fue sorprendido en el lugar por su esposa, hermana de la víctima.

Tras ser descubierto, según la acusación, amenazó de muerte a su esposa y huyó del lugar. Posteriormente fue detenido y quedó sometido al proceso penal.

Durante el juicio, las pruebas producidas por la Fiscalía permitieron acreditar, según el Tribunal, tanto la responsabilidad del acusado como la reiteración de los abusos cometidos contra la niña durante un periodo de aproximadamente seis años.

Finalmente, los magistrados resolvieron imponerle 17 años de pena privativa de libertad para el hombre.

La dimensión que adquirió el esquema conocido como la “mafia de los pagarés” comienza a reflejarse con mayor claridad en las estadísticas del Ministerio de la Defensa Pública (MDP). Hasta julio de 2026, 1.791 causas judiciales fueron registradas en representación de víctimas, correspondientes a unas 493 personas afectadas. El volumen de expedientes crece mes a mes y genera especial preocupación dentro de la Defensa Pública por la concentración de esta carga de trabajo en un grupo reducido de profesionales.

De acuerdo con los datos de la Dirección de Estadística del MDP, solo 30 defensores públicos del fuero civil intervienen en los 1.791 expedientes relacionados con el esquema. La situación pone bajo la lupa la capacidad operativa de estos funcionarios para atender, de manera adecuada y oportuna, una cantidad de procesos que no deja de aumentar.

El dato adquiere mayor relevancia si se considera que una misma víctima puede enfrentar varias demandas. En promedio, cada una de las 493 personas afectadas registra 3,9 causas judiciales, lo que evidencia la reiteración de acciones de cobro contra un mismo ciudadano y multiplica la carga que deben asumir los defensores encargados de estos casos.

La magnitud del problema también quedó expuesta durante la jornada de atención a víctimas realizada los días 13 y 14 de julio. En apenas dos jornadas, la Defensa Pública registró 102 personas afectadas por demandas de cobro que, en conjunto, alcanzaban G. 4.857 millones.

Mujeres, las principales afectadas

La estadística revela además una marcada diferencia según el género. De las 1.791 causas registradas, 1.316 corresponden a mujeres y 475 a hombres.

El universo está compuesto mayoritariamente por personas adultas: 1.568 casos corresponden a este segmento. De ellos, 1.179 son mujeres y 389 hombres. Entre las personas adultas afectadas figuran además 137 mujeres y 86 hombres adultos mayores, un dato que evidencia que el esquema también alcanza a personas particularmente vulnerables por su edad.

Asunción y Luque concentran el 96% de las causas

La distribución territorial de los expedientes muestra otra característica llamativa: la enorme concentración de las demandas en dos jurisdicciones.

Asunción concentra 1.382 causas y Luque otras 339, sumando entre ambas 1.721 expedientes, equivalentes al 96% del total.

El resto de las causas se distribuye entre San Estanislao, con 23; Coronel Oviedo, con 20; Villa Hayes, con 11; y otras sedes judiciales, que acumulan 16 expedientes.

Los casos se disparan en 2026

La evolución de los registros muestra que el fenómeno está lejos de desacelerarse. El MDP cerró 2025 con 688 causas en trámite, pero la cifra se multiplicó durante los primeros meses de 2026.

Entre enero y mayo se acumularon 1.595 causas. En junio ingresaron otras 101, con lo que el total trepó a 1.696 expedientes. Para julio se incorporaron 196 causas adicionales, alcanzando las 1.791 judicializaciones.

La tendencia ascendente constituye uno de los principales elementos de preocupación, especialmente ante la concentración de los expedientes en apenas 30 defensores públicos.

236 salidas procesales beneficiaron a víctimas

Pese al aumento de la litigiosidad, durante 2026 se registraron 236 salidas procesales favorables a las víctimas, equivalente al 13,2% de las causas ingresadas durante el año.

Del total de personas beneficiadas, 185 fueron mujeres y 49 hombres, mientras que en dos registros no consta el sexo de la persona involucrada.

También hay personas en situación de vulnerabilidad

Los registros del Sistema Indicador de Acceso a la Justicia (SIAJ) identifican además 78 personas que presentan alguna situación de vulnerabilidad.

De este grupo, 48 personas tienen algún tipo de discapacidad, 29 pertenecen a pueblos indígenas y una persona figura con una condición de enfermedad.

Estos datos agregan un componente de especial sensibilidad al trabajo de la Defensa Pública, que debe atender procesos de cobro que, en numerosos casos, involucran a personas que enfrentan condiciones particulares de vulnerabilidad.

Una carga concentrada que genera preocupación

El volumen de expedientes y su crecimiento sostenido ponen en evidencia un desafío para la Defensa Pública: 30 defensores públicos concentran la intervención en los 1.791 procesos judicializados por la denominada “mafia de los pagarés”.

La preocupación no se limita al número de expedientes, sino también a la reiteración de demandas contra una misma persona, a la diversidad de situaciones de vulnerabilidad y a la necesidad de brindar una defensa efectiva en cada uno de los procesos.

El SIAJ, herramienta informática utilizada por el Ministerio de la Defensa Pública para registrar, cargar y auditar los datos de los servicios misionales y los procesos judiciales, permite dimensionar la magnitud de este fenómeno y, al mismo tiempo, deja expuesta la fuerte concentración de casos en un grupo reducido de defensores.

Con 1.791 causas y una tendencia que continúa en ascenso, la “mafia de los pagarés” representa no solo un problema para las personas afectadas, sino también un desafío creciente para la capacidad de respuesta del sistema de Defensa Pública.

La odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la química farmacéutica Sandra Hermosa, condenadas por la muerte de la joven Sol Chávez, ya se encuentran cumpliendo sus respectivas penas de prisión, luego de presentarse ante las autoridades tras la orden de captura dispuesta por el juez Carlos Mendoza.

Las condenas contra ambas quedaron firmes en julio pasado. A partir de esa situación, el magistrado ordenó la captura de Espinoza y Hermosa con el objetivo de hacer efectiva la ejecución de las penas impuestas por la Justicia.

Espinoza fue condenada a cuatro años de prisión, mientras que Hermosa recibió una pena de tres años, por los hechos relacionados con la muerte de Chávez, en abril de 2021 luego de que la joven ingiriera una dosis letal de flúor.

Tras la disposición judicial, ambas condenadas se presentaron y quedaron a disposición de las autoridades, por lo que actualmente se encuentran cumpliendo sus respectivas condenas.

Una causa que tuvo tres juicios orales

El proceso judicial por la muerte de Sol Chávez tuvo un extenso recorrido y llegó a tres juicios orales antes de alcanzar una resolución definitiva.

Al quedar firme la sentencia tras el tercer juicio oral en julio habilitó la etapa de ejecución de las penas. Posteriormente, el juez Mendoza dispuso la captura de las condenadas quienes ya se pusieron a disposición para hacer efectiva las sanciones que recibieron.

De esta manera, la causa ingresa en su etapa final, con las penas de cuatro y tres años de prisión ya en ejecución.

La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectó que el 40% de las audiencias preliminares programadas entre el 24 y el 28 de agosto de 2026 fueron suspendidas, de acuerdo con el informe de seguimiento realizado en los juzgados de la Capital.

El reporte señala que, de las 114 audiencias preliminares previstas, 68 fueron efectivamente diligenciadas, lo que representa el 60%, mientras que otras 46 no pudieron llevarse a cabo, equivalente al 40%.

El seguimiento abarcó los Juzgados Penales de Garantías, de Delitos Económicos, de la Niñez y la Adolescencia y los especializados en Crimen Organizado de la Capital.

Pedidos de suspensión e incomparecencias, entre las principales causas

El informe de la Auditoría de Gestión Jurisdiccional detalla los motivos que derivaron en la suspensión de las 46 audiencias.

La principal causa fueron los pedidos de suspensión, que sumaron 21 casos. Le siguieron las incomparecencias, con 20 audiencias suspendidas.

Además, se registraron tres suspensiones por interposición de recursos, una por falta de abogado defensor y otra debido a la renuncia de mandato.

Control sobre una etapa clave del proceso penal

El seguimiento de las audiencias preliminares fue implementado por la Corte Suprema de Justicia como un mecanismo de control y monitoreo de la gestión de los juzgados durante una de las etapas determinantes del proceso penal.

La audiencia preliminar constituye un momento decisivo, ya que en esta instancia se analiza la situación procesal de la causa y se determina, entre otros aspectos, si el expediente reúne las condiciones para avanzar a juicio oral y público.

La auditoría busca obtener información concreta sobre el desarrollo de estas audiencias, identificar las causas que generan suspensiones y realizar un seguimiento cercano de la labor de los magistrados que intervienen en esta etapa.

Los datos recopilados permiten además a la máxima instancia judicial contar con un diagnóstico sobre el funcionamiento de los juzgados y detectar eventuales factores que puedan contribuir a la dilación de los procesos penales.

En la práctica, una proporción importante de las causas que llegan a la audiencia preliminar termina siendo elevada a la siguiente etapa procesal, es decir, al juicio oral. Por ello, la Corte considera estratégico monitorear el funcionamiento de esta instancia y las circunstancias que impiden que las audiencias se desarrollen en las fechas inicialmente fijadas.