La dimensión que adquirió el esquema conocido como la “mafia de los pagarés” comienza a reflejarse con mayor claridad en las estadísticas del Ministerio de la Defensa Pública (MDP). Hasta julio de 2026, 1.791 causas judiciales fueron registradas en representación de víctimas, correspondientes a unas 493 personas afectadas. El volumen de expedientes crece mes a mes y genera especial preocupación dentro de la Defensa Pública por la concentración de esta carga de trabajo en un grupo reducido de profesionales.
De acuerdo con los datos de la Dirección de Estadística del MDP, solo 30 defensores públicos del fuero civil intervienen en los 1.791 expedientes relacionados con el esquema. La situación pone bajo la lupa la capacidad operativa de estos funcionarios para atender, de manera adecuada y oportuna, una cantidad de procesos que no deja de aumentar.
El dato adquiere mayor relevancia si se considera que una misma víctima puede enfrentar varias demandas. En promedio, cada una de las 493 personas afectadas registra 3,9 causas judiciales, lo que evidencia la reiteración de acciones de cobro contra un mismo ciudadano y multiplica la carga que deben asumir los defensores encargados de estos casos.
La magnitud del problema también quedó expuesta durante la jornada de atención a víctimas realizada los días 13 y 14 de julio. En apenas dos jornadas, la Defensa Pública registró 102 personas afectadas por demandas de cobro que, en conjunto, alcanzaban G. 4.857 millones.
Mujeres, las principales afectadas
La estadística revela además una marcada diferencia según el género. De las 1.791 causas registradas, 1.316 corresponden a mujeres y 475 a hombres.
El universo está compuesto mayoritariamente por personas adultas: 1.568 casos corresponden a este segmento. De ellos, 1.179 son mujeres y 389 hombres. Entre las personas adultas afectadas figuran además 137 mujeres y 86 hombres adultos mayores, un dato que evidencia que el esquema también alcanza a personas particularmente vulnerables por su edad.
Asunción y Luque concentran el 96% de las causas
La distribución territorial de los expedientes muestra otra característica llamativa: la enorme concentración de las demandas en dos jurisdicciones.
Asunción concentra 1.382 causas y Luque otras 339, sumando entre ambas 1.721 expedientes, equivalentes al 96% del total.
El resto de las causas se distribuye entre San Estanislao, con 23; Coronel Oviedo, con 20; Villa Hayes, con 11; y otras sedes judiciales, que acumulan 16 expedientes.
Los casos se disparan en 2026
La evolución de los registros muestra que el fenómeno está lejos de desacelerarse. El MDP cerró 2025 con 688 causas en trámite, pero la cifra se multiplicó durante los primeros meses de 2026.
Entre enero y mayo se acumularon 1.595 causas. En junio ingresaron otras 101, con lo que el total trepó a 1.696 expedientes. Para julio se incorporaron 196 causas adicionales, alcanzando las 1.791 judicializaciones.
La tendencia ascendente constituye uno de los principales elementos de preocupación, especialmente ante la concentración de los expedientes en apenas 30 defensores públicos.
236 salidas procesales beneficiaron a víctimas
Pese al aumento de la litigiosidad, durante 2026 se registraron 236 salidas procesales favorables a las víctimas, equivalente al 13,2% de las causas ingresadas durante el año.
Del total de personas beneficiadas, 185 fueron mujeres y 49 hombres, mientras que en dos registros no consta el sexo de la persona involucrada.
También hay personas en situación de vulnerabilidad
Los registros del Sistema Indicador de Acceso a la Justicia (SIAJ) identifican además 78 personas que presentan alguna situación de vulnerabilidad.
De este grupo, 48 personas tienen algún tipo de discapacidad, 29 pertenecen a pueblos indígenas y una persona figura con una condición de enfermedad.
Estos datos agregan un componente de especial sensibilidad al trabajo de la Defensa Pública, que debe atender procesos de cobro que, en numerosos casos, involucran a personas que enfrentan condiciones particulares de vulnerabilidad.
Una carga concentrada que genera preocupación
El volumen de expedientes y su crecimiento sostenido ponen en evidencia un desafío para la Defensa Pública: 30 defensores públicos concentran la intervención en los 1.791 procesos judicializados por la denominada “mafia de los pagarés”.
La preocupación no se limita al número de expedientes, sino también a la reiteración de demandas contra una misma persona, a la diversidad de situaciones de vulnerabilidad y a la necesidad de brindar una defensa efectiva en cada uno de los procesos.
El SIAJ, herramienta informática utilizada por el Ministerio de la Defensa Pública para registrar, cargar y auditar los datos de los servicios misionales y los procesos judiciales, permite dimensionar la magnitud de este fenómeno y, al mismo tiempo, deja expuesta la fuerte concentración de casos en un grupo reducido de defensores.
Con 1.791 causas y una tendencia que continúa en ascenso, la “mafia de los pagarés” representa no solo un problema para las personas afectadas, sino también un desafío creciente para la capacidad de respuesta del sistema de Defensa Pública.
