La camarista Susana Granado recomienda rechazar el proyecto y mantener enero como mes de receso judicial. Sostiene que fraccionar los 30 días no aumentará la productividad y propone incorporar a los juzgados de Paz a la feria, excepto para casos urgentes de violencia y medidas de protección.
La división de la feria judicial no resolverá la mora y podría generar nuevas dificultades en la organización de los tribunales. Así lo sostiene un dictamen firmado por la camarista Susana Granado, coordinadora de la Oficina Técnica de Apoyo a Juzgados de Paz, que recomienda rechazar el proyecto de ley remitido al Congreso y mantener el receso durante todo enero.
El documento cuestiona el argumento de que distribuir los 30 días de feria en dos períodos de 15 días permitirá acelerar los procesos. Según el análisis, la iniciativa mantiene la misma cantidad de días de receso, pero multiplica las tareas de reorganización, los períodos de transición y las interrupciones de la actividad judicial.
La oficina técnica advierte que la mora responde a problemas estructurales, como la insuficiencia de juzgados y cargos, las limitaciones presupuestarias, la falta de personal y las necesidades de digitalización, factores que no se solucionan modificando el calendario.
La experiencia de 2021 y sus lecciones
Uno de los argumentos centrales es la experiencia de enero de 2021, cuando los tribunales funcionaron con normalidad por disposición de la Ley N.º 6.581, en el contexto de las medidas adoptadas para enfrentar el atraso generado por la pandemia.
Según el dictamen, aquella experiencia provocó malestar entre gremios y abogados litigantes, que debieron afrontar dos años de trabajo sin un período cierto de desconexión, con el consiguiente desgaste físico y emocional.
Además, la propia Corte Suprema de Justicia tuvo que suspender plazos procesales en días puntuales de ese mes, lo que, a criterio de la oficina técnica, demuestra que mantener los tribunales abiertos no garantiza una productividad plena.
La feria fue restablecida en enero de 2022 y se mantuvo durante los años siguientes, incluido 2026. Para Granado, una medida excepcional adoptada durante la emergencia sanitaria no constituye evidencia suficiente para justificar un cambio permanente.
Más carga para abogados y operadores judiciales
El documento también cuestiona el supuesto beneficio económico de dividir la feria para los abogados independientes. Sostiene que quienes trabajan solos o en estudios pequeños no siempre cuentan con reemplazos y necesitan un período continuo para descansar sin el riesgo de vencimientos procesales.
Con dos recesos, el tiempo total sin actividad ordinaria seguiría siendo de 30 días, pero los profesionales deberían preparar dos cierres y dos reaperturas de sus causas, con más tareas administrativas y posibilidades de errores en el cómputo de plazos.
La camarista también advierte sobre el impacto en la salud laboral. La actividad judicial implica plazos perentorios, audiencias y una elevada carga de responsabilidad, por lo que considera que 15 días no garantizan una desconexión efectiva, debido a las tareas previas y posteriores a cada receso.
A ello se suman las condiciones climáticas de enero, uno de los períodos de mayor calor en Paraguay. El dictamen señala que numerosas sedes judiciales, especialmente en el interior, carecen de climatización suficiente o respaldo eléctrico, situación que puede afectar la salud y el rendimiento de funcionarios y usuarios.
La alternativa: incluir a los Juzgados de Paz
En lugar de fraccionar la feria, Granado propone incorporar a los Juzgados de Paz al receso de enero en las materias civil, comercial y laboral, manteniendo la atención de los casos urgentes de violencia doméstica, violencia contra las mujeres y medidas de protección de niños, niñas y adolescentes.
El dictamen recuerda que la Ley N.º 6.059/2018 amplió las competencias de estos juzgados, que actualmente intervienen en procesos civiles, comerciales y laborales de hasta 300 jornales mínimos, además de asuntos de niñez, como alimentos y régimen de convivencia.
Sin embargo, al permanecer activos durante enero, los Juzgados de Paz mantienen en movimiento numerosas causas y plazos, lo que impide a los abogados acceder a un descanso completo.
La propuesta consiste en organizar turnos dedicados exclusivamente a las urgencias, garantizando la protección de las personas en situación de riesgo sin sostener toda la actividad ordinaria durante la feria.
Rechazo del proyecto
En su conclusión, la Oficina Técnica recomienda emitir un parecer desfavorable al proyecto de ley y aconsejar su rechazo a la Comisión de Legislación y Codificación, manteniendo vigente el artículo 362 de la Ley N.º 879/1981.
Como alternativa, plantea modificar el artículo 363 del Código de Organización Judicial para incluir a los Juzgados de Paz en la feria, con las excepciones señaladas.
El dictamen no desconoce la necesidad de reducir la mora judicial, pero sostiene que la solución pasa por medidas estructurales: crear juzgados y cargos, fortalecer el presupuesto, avanzar con el expediente electrónico y mejorar la organización de los despachos.
La postura de Granado introduce así una advertencia en el debate legislativo: redistribuir los días de feria no equivale a aumentar la productividad judicial y podría sumar dificultades a un sistema que necesita reformas de fondo.
