El abogado defensor de Rafael Filizzola sostiene que la mora judicial no puede convertirse en una justificación para prolongar procesos más allá de los límites legales. Advierte que la interpretación de los llamados “tiempos muertos” compromete la seguridad jurídica y puede afectar a cualquier ciudadano sometido a un proceso penal.

El abogado penalista Guillermo Duarte Cacavelos, defensor de Rafael Filizzola, cuestionó los criterios de interpretación judicial que, según sostiene, permiten prolongar artificialmente los plazos de prescripción de las causas penales mediante la figura de los denominados “tiempos muertos”. El profesional advierte que esta práctica desnaturaliza el instituto de la prescripción y termina trasladando al procesado las consecuencias de la mora del propio sistema de justicia.

El planteamiento adquiere relevancia en el proceso que involucra a Filizzola por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, en el que los camaristas Público Escobar, Jesús Riera y Adriana Giagni resolvieron anular el sobreseimiento definitivo por prescripción que había sido decretado anteriormente y ordenar la continuación de la causa.

Para la defensa, la acción penal ya prescribió por el transcurso del tiempo y no corresponde que el procesado soporte las consecuencias de las demoras en la tramitación del expediente. La controversia, sin embargo, trasciende la situación particular de Filizzola y abre una discusión sobre los límites temporales del poder punitivo del Estado y la responsabilidad de los órganos judiciales en la duración de los procesos.

La prescripción como límite al poder del Estado

Duarte Cacavelos sostiene que la prescripción no puede interpretarse como una cuestión meramente procesal ni quedar subordinada a criterios discrecionales de los magistrados. A su criterio, se trata de una institución de derecho penal de fondo que impone límites al ejercicio del poder estatal para perseguir y sancionar hechos punibles.

“El instituto de la prescripción es de naturaleza material, quiere decir que es de derecho penal de fondo, que hace a la estructura de cada hecho punible”, explicó el abogado.

En esa línea, remarcó que la prescripción constituye una autolimitación del poder punitivo estatal, cuyo fundamento debe orientar cualquier interpretación judicial sobre su aplicación. Cuestionó que, según su análisis, algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, tribunales de apelación y juzgados de primera instancia hayan perdido de vista esa naturaleza jurídica.

“Si partimos de la base que prescripción ya es una limitación del poder punitivo estatal”, señaló, la interpretación del instituto debe considerar sus fundamentos doctrinarios y científicos, así como las garantías que protegen a toda persona sometida a una persecución penal.

El abogado también vinculó la prescripción con el deterioro de la evidencia a medida que transcurre el tiempo. Los testigos pueden olvidar, los documentos desaparecer y otros elementos probatorios perderse, circunstancias que dificultan la reconstrucción de los hechos y pueden incidir en la posibilidad de alcanzar el estándar probatorio requerido para imponer una sanción penal.

Desde esa perspectiva, la prescripción no sería una simple formalidad destinada a beneficiar al acusado, sino una garantía vinculada con la seguridad jurídica, la certeza de la prueba y los límites que debe observar el Estado al ejercer su potestad sancionadora.

“El tiempo es el tiempo”: el cuestionamiento a los llamados tiempos muertos

El núcleo de la crítica de Duarte Cacavelos se dirige a la utilización de la figura de las circunstancias objetivamente insuperables para justificar que determinados períodos no sean computados al analizar la prescripción.

El penalista considera que esa interpretación no puede servir para crear excepciones que la ley no contempla. A su entender, el transcurso del tiempo no puede desconocerse mediante construcciones jurídicas que, en los hechos, extiendan artificialmente el plazo de persecución penal.

“Cuando este plazo llega a su término no se pueden crear ficciones jurídicas que no están previstas en la ley”, afirmó.

En particular, cuestionó el concepto de los “tiempos muertos”, utilizado en determinadas interpretaciones judiciales para sostener que el plazo de prescripción no habría transcurrido durante ciertos períodos del proceso.

“Los tiempos muertos no tienen un fundamento doctrinario, no tienen un fundamento legal, no existe una doctrina que nos explique que hay un tiempo muerto, el tiempo es el tiempo, el tiempo transcurre”, sostuvo.

Para el defensor, la cuestión no es solamente terminológica. La discusión tiene consecuencias concretas sobre la duración de la persecución penal y sobre la posibilidad de que una persona permanezca sometida a un proceso pese a que, según el cómputo que plantea su defensa, el plazo legal ya se haya agotado.

La mora judicial no puede convertirse en una excepción

Duarte Cacavelos reconoce que la legislación contempla circunstancias en las que el curso de la prescripción puede verse afectado. Sin embargo, insiste en que estas situaciones deben responder a presupuestos legales específicos y no confundirse con cualquier dificultad o demora registrada durante la tramitación de una causa.

Como ejemplo de una circunstancia objetivamente insuperable, mencionó el caso de los fueros de una persona imputada o acusada, cuando otro poder del Estado impide que el órgano judicial avance en la persecución penal al no autorizar su sometimiento al proceso.

También aludió a la declaración de rebeldía, aunque precisó que esta tiene un tratamiento legal específico como causal de interrupción de la prescripción.

El abogado hizo hincapié en la diferencia entre interrupción y suspensión, dos figuras que no producen los mismos efectos sobre el cómputo del plazo. Mientras la suspensión impide computar determinado período durante la vigencia de la causal correspondiente, la interrupción responde a un régimen jurídico distinto, previsto expresamente por la legislación.

La objeción aparece cuando, según el análisis del defensor, los magistrados atribuyen a recursos, recusaciones y acciones de inconstitucionalidad promovidos por las partes la condición de circunstancias objetivamente insuperables.

Para Duarte Cacavelos, esos planteamientos forman parte de la dinámica de un proceso judicial y deben ser resueltos dentro de los plazos legales. Si no se resuelven oportunamente, argumenta, el problema puede responder a la mora de los propios órganos encargados de administrar justicia, y no necesariamente a un impedimento que resulte objetivamente imposible de superar.

“Entonces, en otras palabras, a la mora judicial se le llama hoy una circunstancia objetivamente insuperable y eso es inaceptable”, manifestó.

Sobrecarga de trabajo y responsabilidad judicial

El penalista también rechazó que la sobrecarga de trabajo de los tribunales pueda invocarse, por sí sola, como una circunstancia que justifique apartarse del cómputo ordinario de la prescripción.

“La sobrecarga de trabajo no es una circunstancia objetivamente insuperable, es esencialmente superable con trabajo y dedicación”, expresó.

Su argumento apunta a una cuestión de fondo: si el Estado dispone de herramientas legales para impulsar las investigaciones, formular acusaciones y evitar que los plazos se agoten, no debería recurrir posteriormente a interpretaciones que trasladen al procesado las consecuencias de las demoras institucionales.

El defensor recordó, además, que la legislación establece límites para la extensión de los plazos de prescripción, incluso con posibilidades de ampliación en los supuestos legalmente previstos. Por eso, considera que las excepciones deben interpretarse dentro de los márgenes de la ley y no utilizarse para neutralizar el vencimiento de los plazos.

“Nosotros tenemos límites absolutos para la prescripción de los hechos punibles”, concluyó.

Un debate que excede el caso Filizzola

La discusión planteada por Duarte Cacavelos enfrenta dos cuestiones centrales del sistema penal: la necesidad de que las causas sean investigadas y juzgadas eficazmente y la obligación del Estado de respetar los límites temporales establecidos por la ley.

En el caso de Filizzola, la controversia se concreta en la anulación del sobreseimiento definitivo por prescripción y la orden de continuar el procedimiento en la etapa preliminar. La defensa sostiene que el plazo ya se cumplió y cuestiona que se utilice la mora judicial para mantener vigente la persecución penal.

El alcance de la discusión, sin embargo, no se limita a la estrategia de defensa de un procesado. La interpretación que adopten los tribunales sobre las circunstancias que suspenden, interrumpen o afectan el cómputo de la prescripción puede tener consecuencias para cualquier ciudadano sometido a una causa penal.

La cuestión de fondo es hasta dónde puede extenderse la persecución penal cuando el tiempo legalmente previsto ha transcurrido y qué responsabilidad corresponde atribuir a los órganos estatales por las demoras acumuladas.

La postura de Duarte Cacavelos es categórica: las dificultades internas del sistema judicial no deberían transformarse, mediante interpretaciones que considera contrarias a la ley, en mecanismos para prolongar la vigencia de una causa.

La defensa de Marcos Manoel Ribeiro de Assis, ciudadano brasileño de 57 años, denunció que su representado continúa privado de libertad pese a haber cumplido el plazo equivalente a la pena mínima prevista para el delito que le atribuye el Ministerio Público. El hombre permanece detenido desde el 16 de abril de 2026, en el marco de la causa conocida como «Operativo Aurelia”.

La abogada Raquel Talavera, integrante de la defensa junto con Erich Christian Ratzlaff Barreto, cuestionó la decisión del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Segundo Turno, que el pasado 22 de octubre, mediante el Auto Interlocutorio N.º 340, rechazó el pedido de libertad presentado a favor del procesado.

Según los argumentos de la defensa, el plazo de seis meses, equivalente a la pena mínima que correspondería al hecho atribuido, se cumplió el 16 de octubre. Sin embargo, Ribeiro de Assis continúa recluido, mientras el Ministerio Público no ha presentado acusación en su contra y obtuvo una prórroga extraordinaria para continuar con la investigación.

La defensa invoca el límite constitucional de la prisión preventiva

El eje central de la impugnación es el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que la prisión preventiva no podrá prolongarse, “en ningún caso”, por un tiempo mayor al de la pena mínima prevista para el delito imputado. La defensa también invoca el artículo 236 del Código Procesal Penal, que contempla el mismo límite.

Talavera cuestiona que el juzgado haya reconocido la existencia de esa restricción constitucional, pero, aun así, rechazado la libertad al considerar que debía ponderarse con otros criterios, entre ellos la necesidad de garantizar la administración de justicia.

Para la representación legal, esa interpretación desvirtúa el carácter imperativo de la Constitución Nacional y permite prolongar una medida cautelar más allá del límite que, según sostiene, resulta aplicable al caso.

La defensa también discute la calificación jurídica del hecho. Mientras el juzgado habría encuadrado la conducta como contrabando, los abogados consideran que los propios hechos descritos por la Fiscalía se corresponden, a lo sumo, con una tentativa.

De acuerdo con su versión, Ribeiro de Assis dejó su equipaje de mano en el salón de embarque del aeropuerto Silvio Pettirossi y se separó voluntariamente de él. Nunca abordó el avión ni salió del país, y tampoco se habría producido el cruce de frontera de mercadería alguna. El abandono de la maleta habría dado origen al procedimiento.

La defensa sostiene que, tanto bajo la calificación de contrabando como bajo la de tentativa, el hecho atribuido contempla una pena mínima de seis meses y una máxima de hasta cinco años o multa, por lo que considera que la prisión preventiva ya superó el límite legal aplicable.

Cuestionan la falta de arraigo y la exigencia de una garantía real

Otro de los puntos cuestionados es el fundamento utilizado para mantener la prisión preventiva: la falta de vínculos familiares del procesado en Paraguay y su imposibilidad de ofrecer una garantía real.

Según la defensa, esas condiciones terminan convirtiéndose en factores que perjudican a Ribeiro de Assis por su condición de extranjero y por su situación económica. Los abogados afirman que el procesado es insolvente y que, además, padece asma, diabetes e hipertensión.

Talavera sostiene que exigirle una garantía real que no puede ofrecer supone transformar su insolvencia en un motivo para mantenerlo privado de libertad. A ello se suma, según la abogada, que la falta de arraigo familiar en Paraguay está vinculada con su condición de ciudadano extranjero.

La defensa invoca los artículos 46 y 47 de la Constitución Nacional, relativos a la igualdad y a la prohibición de discriminación, así como el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra la igualdad ante la ley.

En ese contexto, cuestiona que la resolución judicial admita que la nacionalidad no constituye, por sí sola, una circunstancia desfavorable y, al mismo tiempo, utilice la falta de arraigo del procesado como argumento para sostener la medida cautelar.

“En Paraguay, el pobre y el extranjero no tienen derecho”

La abogada Raquel Talavera cuestionó duramente los fundamentos de la resolución judicial y afirmó que la decisión coloca al procesado en una situación de desventaja por su origen y sus limitaciones económicas.

“El Juzgado de Delitos Económicos lo mantiene preso porque es extranjero, no tiene familia en Paraguay y no puede ofrecer garantía real: discriminación por pobreza sumada a discriminación por ser extranjero. Y se lo trata como culpable sin juicio: presunción de dolo, como en el antiguo Código de Penal de Teodosio, contra el Art. 17.1 de la Constitución que presume la inocencia. En Paraguay, el pobre y el extranjero no tienen derecho”, expresó Talavera.

La defensa también cuestiona que el juzgado haya considerado la gravedad del hecho y la eventual pena que podría imponerse para justificar la continuidad de la prisión preventiva, pese a que Ribeiro de Assis todavía no ha sido juzgado y, según el planteamiento de sus abogados, ni siquiera cuenta con una acusación fiscal presentada.

En ese sentido, invoca el artículo 17, inciso 1, de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de toda persona a ser presumida inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.

Para los abogados, mantener la prisión preventiva más allá del plazo correspondiente a la pena mínima, sin que exista una condena, desnaturaliza la finalidad cautelar de la medida y la convierte en una sanción anticipada.

Ofrecieron arresto domiciliario como alternativa

Ante la negativa judicial, la defensa apeló el Auto Interlocutorio N.º 340 ante el Tribunal de Apelación en lo Penal. Solicitó la nulidad de la resolución por considerar que vulnera el mandato constitucional y pidió la libertad inmediata de su representado.

Como alternativa, ofreció un domicilio en Asunción para que Ribeiro de Assis pueda cumplir arresto domiciliario, con prohibición de salir del país y otras medidas de control que el juzgado considere pertinentes, incluido el monitoreo electrónico mediante tobilleras.

No obstante, los abogados aclararon que, debido a la insolvencia económica del procesado, este no está en condiciones de asumir los costos del dispositivo electrónico, por lo que solicitaron que sea exonerado de ese pago en caso de disponerse su utilización.

El juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, rechazó el recurso de reposición promovido por el exfiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre, imputado por el supuesto cobro de una coima en un expediente. La defensa cuestionó que se haya admitido la acusación fiscal y convocado a audiencia preliminar antes de la fecha que, según sostiene, correspondía.

Con el rechazo del planteamiento, queda vigente la providencia del 13 de octubre de 2026, que dispuso la convocatoria a la audiencia preliminar para Elizaur y su exfuncionaria. La apelación presentada en subsidio deberá ser estudiada por el Tribunal de Apelación competente.

En su resolución, Estigarribia sostuvo que la convocatoria se ajustó al artículo 352 del Código Procesal Penal, que establece el trámite que corresponde una vez recibida la acusación fiscal. Según explicó, se trata de una decisión de mero trámite que habilita a las partes a ejercer sus facultades procesales y que, por sí misma, no restringe el derecho a la defensa.

La acusación se presentó cinco días antes del plazo

Uno de los principales cuestionamientos de la defensa fue que el Ministerio Público presentó su acusación el 9 de octubre de 2026, cinco días antes del vencimiento del plazo fijado para el requerimiento conclusivo, establecido para el 14 de octubre.

El magistrado recordó que la causa se inició en octubre de 2025 y que, mediante el A.I. N.º 79 del 27 de marzo de 2026, un Tribunal de Apelación concedió una prórroga extraordinaria de seis meses.

Para Estigarribia, la presentación anticipada no vulneró las garantías del acusado, pues el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ministerio Público contempla esa posibilidad. Además, consideró que la defensa no explicó de qué manera esos cinco días afectaron concretamente la realización de diligencias pendientes.

La pericia informática, otro punto de discusión

La defensa también alegó dificultades para acceder a la información extraída en una pericia informática. Sin embargo, el juez señaló que el informe técnico fue presentado el 11 de septiembre y que el juzgado autorizó la expedición de copias y convocó a las partes para acceder a los datos.

Según el acta del 17 de septiembre, la defensa no compareció a esa diligencia, mientras que el Ministerio Público sí lo hizo. Posteriormente, a pedido de la propia defensa, se habilitó otra oportunidad para acceder a la información.

El magistrado concluyó que no se podía atribuir al juzgado una restricción del derecho de defensa, dado que se habían adoptado medidas para facilitar el acceso a los elementos técnicos.

Estigarribia agregó que la etapa intermedia permite al acusado examinar las actuaciones, cuestionar los elementos de cargo y ofrecer pruebas. Por ello, sostuvo que la convocatoria a audiencia preliminar no constituye una vulneración de garantías, sino una instancia para ejercerlas.

La resolución también citó un antecedente del Tribunal de Apelación especializado, que señala que para habilitar la revisión de una decisión judicial debe existir un agravio real y concreto, y no una afectación meramente hipotética.

Con estos argumentos, el juez rechazó el recurso de reposición y descartó que existieran motivos para declarar la nulidad de la providencia o disponer el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa. La apelación subsidiaria queda pendiente de estudio ante el Tribunal de Apelación.

Tribunal de Cuentas anuló una multa impuesta a un funcionario judicial por llegadas tardías al concluir que el sumario administrativo y la resolución sancionatoria incumplieron los plazos reglamentarios. La decisión, adoptada por mayoría, podría sentar un precedente para otros procedimientos disciplinarios con demoras similares. La Corte Suprema deberá afrontar las costas del juicio, salvo que la decisión sea modificada en una eventual apelación.

La Segunda Sala del Tribunal de Cuentas revocó una sanción impuesta por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia al funcionario judicial Diego Ariel Niz Cuenca y condenó a la máxima instancia judicial al pago de las costas del juicio. El fallo hizo lugar a la demanda contencioso-administrativo promovida por el funcionario, quien cuestionó la validez del procedimiento disciplinario que culminó con una multa equivalente a 16 jornales mínimos por reiteradas llegadas tardías.

La mayoría concluyó que el sumario administrativo y la resolución que impuso la sanción se tramitaron fuera de los plazos establecidos en la Acordada N.º 709/2011. El criterio coloca en el centro de la discusión el cumplimiento de las reglas que rigen la potestad disciplinaria de la propia Corte y abre la posibilidad de que decisiones similares sean cuestionadas cuando existan demoras que vulneren los términos previstos para estos procedimientos.

La acordada establece que el sumario debe iniciarse dentro de los dos días de recibida la orden de instrucción y que la etapa sumarial no puede superar los 90 días hábiles.

En este caso, la orden fue dictada el 9 de octubre de 2019, pero la apertura formal del sumario se produjo el 23 de octubre. La etapa sumarial concluyó el 21 de julio de 2020, con el dictamen de la Superintendencia General de Justicia, que recomendó la absolución del funcionario.

La sanción había sido dispuesta el 20 de abril de 2022 por el Consejo de Superintendencia, integrado entonces por el fallecido exministro Antonio Fretes, el actual presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, y el ministro Manuel Ramírez Candia.

El voto mayoritario fue suscrito por los camaristas César Diesel Marín, hijo del ministro de la Corte César Diesel, y María Celeste Jara. En disidencia, Hugo Manuel Diez Pérez sostuvo que correspondía rechazar la demanda y mantener la sanción disciplinaria.

En su demanda, Niz Cuenca argumentó que el procedimiento disciplinario se prolongó durante aproximadamente dos años y medio. También cuestionó que el Consejo de Superintendencia resolviera sancionarlo un año y nueve meses después de que la Superintendencia General de Justicia emitiera un dictamen favorable a su absolución.

La legalidad del procedimiento, por encima de la falta atribuida

El alcance del fallo es relevante porque la revocación no se sustenta en una conclusión de que las llegadas tardías no hayan ocurrido. El eje de la decisión es otro: la Administración debe ejercer su potestad sancionadora dentro de las condiciones y los plazos que establece la normativa aplicable.

En otras palabras, la existencia de una conducta susceptible de sanción no exime a la autoridad de cumplir las reglas del procedimiento disciplinario. La discusión planteada por el Tribunal de Cuentas se concentra en la validez de la actuación administrativa y en las consecuencias jurídicas de haber excedido los plazos reglamentarios.

Si el criterio se mantiene en una eventual revisión, podría servir de argumento para impugnar otros sumarios administrativos del Poder Judicial en los que se hayan registrado demoras semejantes. No obstante, su aplicación a otros expedientes dependerá de las circunstancias de cada caso, de la normativa pertinente y del alcance que finalmente adquiera la decisión.

La condena en costas añade otro elemento al pronunciamiento: la Corte Suprema, como parte demandada, deberá asumir los gastos procesales en los términos establecidos por la sentencia, mientras esta no sea modificada por una instancia superior.