El Ministerio Público imputó al expresidente de Petropar por supuesto enriquecimiento ilícito y a su exesposa por presunto lavado de activos. La investigación apunta a depósitos en efectivo, pagos de deudas y otras operaciones cuyo origen, según la hipótesis fiscal, no estaría justificado con los ingresos documentados.
Una diferencia patrimonial de G. 5.399.450.612 es el monto que el Ministerio Público sostiene que el expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, no pudo justificar con sus ingresos lícitos documentados, según los resultados preliminares de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.
La agente fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formuló imputación contra el exdirectivo y contra su exesposa, a quien atribuye un supuesto hecho de lavado de activos.
El caso se centra en el movimiento de millones de guaraníes durante el periodo comprendido entre agosto de 2023 y marzo de 2026, así como en la correspondencia entre esas operaciones, los ingresos declarados y la capacidad económica de los investigados.
Más de G. 5.547 millones en depósitos y operaciones en efectivo
Según la hipótesis fiscal, durante el periodo analizado se identificaron depósitos y aplicaciones de dinero en efectivo por un total de G. 5.547.396.611. La Fiscalía sostiene que la procedencia de esos recursos no habría sido suficientemente respaldada por los ingresos y registros financieros examinados.
Tras considerar la capacidad de ahorro estimada para esos años, los investigadores establecieron una diferencia patrimonial preliminar de G. 5.399.450.612, monto que constituye uno de los principales elementos de la imputación contra Jara.
Para llegar a esa conclusión, la agente fiscal analizó documentos tributarios, declaraciones juradas de bienes y rentas, registros bancarios y otras operaciones financieras atribuidas al exfuncionario.
La investigación también examinó depósitos bancarios, pagos de tarjetas de crédito, cancelaciones de préstamos, compras de vehículos y otras operaciones que incidieron en el patrimonio del ex titular de Petropar.
Deudas y cuotas que habrían superado sus ingresos salariales
Otro aspecto observado por el Ministerio Público es la existencia de obligaciones financieras cuyas cuotas mensuales, en determinados periodos, habrían superado los ingresos salariales que percibía Jara.
La Fiscalía busca establecer si los recursos utilizados para afrontar esas obligaciones, realizar inversiones y concretar otras operaciones patrimoniales guardaban correspondencia con sus ingresos lícitos documentados.
La causa se originó en marzo de 2026, tras una denuncia remitida por la Contraloría General de la República, que realizó un examen de correspondencia de las declaraciones juradas del entonces presidente de Petropar.
A partir de esa presentación, los investigadores avanzaron en la reconstrucción de los movimientos económicos y en la identificación de operaciones cuya justificación constituye el eje de la hipótesis de enriquecimiento ilícito.
Su exesposa también fue imputada por lavado de activos
La investigación alcanza igualmente a la exesposa de Jara, contra quien la Fiscalía formuló imputación por supuesto lavado de activos.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, la mujer habría recibido, transferido y utilizado fondos vinculados a los recursos investigados mediante operaciones que no guardarían correspondencia con su capacidad financiera declarada.
Los investigadores también analizaron préstamos particulares, transferencias entre cuentas bancarias y relaciones comerciales con empresas vinculadas a contrataciones realizadas durante la administración del exfuncionario.
Estas operaciones forman parte de las diligencias destinadas a reconstruir el origen y el destino del dinero, así como a determinar las eventuales conexiones entre los recursos investigados y las transacciones examinadas.
Fiscalía pide medidas sobre cuentas y vehículos
Además de formular las imputaciones, la agente fiscal solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva para los investigados, entre ellas la comparecencia periódica ante el juzgado y la prohibición de salir del país.
También requirió medidas cautelares sobre vehículos y cuentas bancarias, con el objetivo de preservar bienes y fondos que eventualmente podrían quedar sujetos a comiso.
La investigación deberá avanzar para determinar el origen de los recursos cuestionados para confirmar la hipótesis inicial de los indiciados.
