El fiscal Julio Ortiz atribuye a Alejandrino Gonzalo Acuña Vázquez supuestas irregularidades en registros académicos entre 2009 y 2015 y la presunta ocultación de esa situación durante la venta de la institución. La Fiscalía también investiga la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
El exrector de la Universidad Sudamericana, Alejandrino Gonzalo Acuña Vázquez, fue imputado por el Ministerio Público por los presuntos hechos punibles de estafa y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. La investigación se centra en supuestas irregularidades académicas registradas durante su gestión y en la información que habría proporcionado al momento de transferir la institución educativa en 2015.
La imputación fue presentada por el agente fiscal Julio Ortiz, quien sostiene que existen elementos de convicción suficientes para atribuir preliminarmente al exrector participación en ambos hechos punibles, previstos en los artículos 187 y 251 del Código Penal, en concordancia con el artículo 29. El representante del Ministerio Público solicitó la notificación de la imputación, la aplicación de medidas cautelares y un plazo de seis meses para desarrollar la investigación.
Registros académicos bajo sospecha
Según la hipótesis fiscal, entre 2009 y 2015, Acuña Vázquez, en su condición de rector y administrador de la Universidad Sudamericana, habría permitido que los registros y documentos académicos de la institución consignaran información que no se correspondía con la realidad.
Entre las presuntas irregularidades se mencionan registros de estudiantes, aprobación de asignaturas y rendición de exámenes. La Fiscalía sostiene que el entonces rector tenía autoridad sobre las dependencias, filiales, carreras y personas encargadas de registrar y certificar la información académica.
El caso tomó relevancia para los actuales responsables de la universidad a partir del juicio oral y público al exsenador Hernán David Rivas Román, cuya condena a ocho años de prisión fue dictada el 24 de septiembre de 2026 por hechos vinculados con documentos públicos de contenido falso. Durante ese proceso se expuso que Rivas figuraba como alumno de la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana entre 2009 y 2015, pese a que, según lo acreditado en el juicio, no habría cursado ni aprobado las asignaturas correspondientes.
De acuerdo con la imputación, la documentación relacionada con el título atribuido a Rivas se habría confeccionado a partir de los antecedentes disponibles y de la información reportada por las filiales de la institución. Estos elementos habrían llevado a los nuevos administradores a revisar la situación académica y documental de la universidad durante la gestión anterior.
La compra de la universidad y el presunto perjuicio
La denuncia fue promovida por los abogados Ricardo Sasiain e Hilda Vallejo, en representación de la Universidad Sudamericana y de José María Manzoni Ramírez y Arturo Joaquín Peralta Vierci, quienes asumieron la administración tras la operación de traspaso realizada en 2015.
En su declaración ante la Fiscalía, Manzoni manifestó que la adquisición de la institución implicó una inversión de G. 450 millones y que, antes de concretarla, consideró esencial conocer su situación académica, documental, administrativa y legal. Según su versión, la información recibida de quien entonces estaba al frente de la universidad no reflejaba la realidad de la institución.
La hipótesis del Ministerio Público señala que Acuña Vázquez habría ocultado a los nuevos administradores las supuestas irregularidades documentales y académicas, presentando una situación institucional distinta de la real. Esa conducta habría tenido como finalidad obtener un beneficio patrimonial indebido mediante la operación de transferencia.
La Fiscalía vincula la presunta maniobra con el desembolso de G. 450 millones, monto que los denunciantes consideran perjudicial para su patrimonio. Además, sostienen que la difusión de los hechos relacionados con los antecedentes académicos atribuidos a la universidad afectó su reputación, con consecuencias como pérdida de alumnos, cierre de filiales y disminución de otros ingresos
Investigación en etapa inicial
El Ministerio Público tomó conocimiento del caso a partir de la denuncia presentada por los representantes legales de la universidad y sus actuales responsables. También se incorporó documentación relacionada con una demanda civil promovida contra Acuña..
La investigación deberá determinar si el exrector tuvo responsabilidad en las supuestas irregularidades académicas, si proporcionó información falsa u ocultó datos relevantes durante la transferencia de la Universidad y si esas conductas reúnen los elementos exigidos por la ley para configurar los hechos punibles investigados.
