Resoluciones del Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso dejaron sin efecto tres causas ejecutivas por irregularidades procesales y dispusieron la devolución de dinero a un funcionario de Salud Pública y dos docentes. La defensa pública invocó la Ley N.º 7614/25 y cuestionó notificaciones defectuosas y expedientes que no figuraban registrados.

Tres personas señaladas como afectadas por el esquema conocido como “mafia de pagarés” obtuvieron resoluciones judiciales favorables que anularon las actuaciones en sus respectivos procesos ejecutivos y ordenaron la devolución de sumas de dinero depositadas en el marco de esas causas.

Los fallos fueron dictados por el Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso, a cargo del juez Fidelino Cáceres, a partir de planteamientos promovidos por el defensor público Juan Emilio Arce Amarilla, quien invocó disposiciones de la Ley N.º 7614/25 para solicitar la nulidad de los procedimientos.

En conjunto, las devoluciones ascienden a G. 22.383.614, correspondientes a un funcionario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, una docente en actividad y una docente jubilada.

Notificaciones irregulares y vulneración del derecho a la defensa

Uno de los casos corresponde a Marcos Bernardo Ayala Benítez, funcionario del Ministerio de Salud Pública, demandado en el juicio “Vannesa y Asociados S.A. c/ Marcos Bernardo Ayala Benítez s/ cobro de guaraníes”, expediente N.º 1438/2021.

La defensa pública promovió un incidente de nulidad de actuaciones y redargución de falsedad, cuestionando las cédulas de notificación por presuntas deficiencias en su diligenciamiento. Según el planteamiento, las comunicaciones judiciales no fueron practicadas en el domicilio real del demandado consignado en el pagaré y el ujier notificador habría incluido un informe de contenido genérico en el acta correspondiente.

Los cuestionamientos también alcanzaron la intimación de pago, que, de acuerdo con la defensa, presentaba los mismos defectos. La representación sostuvo que estas irregularidades afectaron el derecho del demandado a conocer oportunamente el proceso y ejercer su defensa.

El juzgado hizo lugar al planteamiento mediante el Auto Interlocutorio (A.I.) N.º 606, del 6 de julio de 2026, y declaró la nulidad de las actuaciones, con retroacción del procedimiento hasta la providencia del 7 de noviembre de 2014.

La resolución también dispuso la emisión de una orden de pago a favor de Ayala Benítez por la totalidad del dinero disponible en la cuenta judicial. Según el informe institucional, el beneficiario retiró G. 11.728.000.

Expedientes sin registro, otro fundamento para anular las causas

Los otros dos casos corresponden a Raquel Ramona Bazán Melgarejo, docente en actividad, y Celsa Irma Garay Riquelme, docente jubilada.

En representación de Bazán Melgarejo, el defensor público solicitó la nulidad del expediente “Nde Mba’era Comercial c/ Raquel Ramona Bazán Melgarejo s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo”, N.º 454/2026. En el caso de Garay Riquelme, el planteamiento se formuló en el juicio “San José Muebles S.R.L. c/ Celsa Irma Garay Riquelme s/ cobro de guaraníes”, expediente N.º 883/2026.

En ambos procesos, la defensa solicitó informes a la Sección de Estadísticas de los Tribunales para verificar el registro de los expedientes principales que se pretendía reconstituir.

De acuerdo con los informes institucionales, las respuestas del 30 de julio y del 7 de septiembre de 2026 constataron que los expedientes principales no figuraban registrados en esa dependencia judicial. A partir de esos resultados, la defensa solicitó que se declarara la nulidad de las actuaciones.

El juzgado resolvió ambos planteamientos mediante los autos interlocutorios N.º 725, del 7 de agosto de 2026, y N.º 949, del 5 de octubre de 2026. Las resoluciones anularon las respectivas causas ejecutivas y retrotrajeron las actuaciones al momento anterior a la admisión de las demandas.

Además, ordenaron la devolución de G. 4.855.614 a Raquel Ramona Bazán Melgarejo y G. 5.800.000 a Celsa Irma Garay Riquelme, respectivamente.

La Ley N.º 7614/25 y el control de los procedimientos ejecutivos

Los tres casos tienen como elemento común la intervención de la defensa pública para cuestionar actuaciones judiciales que, según los planteamientos acogidos por el juzgado, presentaban defectos relevantes para la validez de los procesos.

En el expediente de Ayala Benítez, el eje de la discusión estuvo en las notificaciones y la intimación de pago. En los otros dos, la controversia se centró en la falta de registro de los expedientes principales que se pretendía reconstituir.

Las decisiones adquieren relevancia en el contexto de las denuncias vinculadas al esquema denominado “mafia de pagarés”, por las consecuencias patrimoniales que pueden sufrir los demandados cuando no cuentan con garantías procesales efectivas.

Los fallos representan una respuesta judicial favorable a los tres beneficiarios y ponen de relieve la importancia del control de legalidad de las notificaciones, la integridad de los expedientes y el respeto del derecho a la defensa en los juicios ejecutivos.

La defensa del exsenador Hernán Rivas, a cargo de la abogada Alba Zaracho, recurrió ante la Cámara de Apelaciones la condena de ocho años de prisión que recibió por el uso de un título falso de abogado para acceder a un cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La representación legal sostiene que la causa prescribió y solicita la absolución de su cliente.

El recurso cuestiona la sentencia dictada recientemente por el Tribunal de Sentencia, que encontró a Rivas responsable de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, ambos en su modalidad agravada.

Entre los argumentos expuestos, la defensa afirma que el caso prescribió el 3 de junio de 2023. Por ese motivo, solicita a la Cámara de Apelaciones que revoque la condena y disponga la absolución del exlegislador.

Como alternativa, plantea la nulidad de la sentencia condenatoria y la realización de un nuevo juicio oral y público.

El tribunal cuestionó su formación académica

La condena fue dictada por un tribunal integrado por las magistradas María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo, además del juez Juan Carlos Zárate. Las dos primeras votaron por imponer ocho años de prisión, mientras que Zárate presentó una disidencia y consideró que la pena debía ser de 14 años.

En los fundamentos del fallo, los magistrados concluyeron que durante el juicio oral no se logró acreditar la trayectoria académica que Rivas había presentado para respaldar su condición de abogado.

Según la valoración de las pruebas documentales y testimoniales, no existían elementos suficientes que demostraran que el exsenador hubiera cursado y aprobado la carrera de Derecho en los términos consignados en los documentos utilizados para acreditar su formación profesional.

La sentencia consideró que esos elementos probatorios sustentaban la responsabilidad penal de Rivas por los hechos atribuidos.

La Cámara deberá estudiar los argumentos de la defensa

Con la presentación del recurso, la defensa busca revertir la condena mediante el argumento de la prescripción de la causa. En caso de que este planteamiento no prospere, pretende que se anule el fallo y se convoque a un nuevo juicio oral y público.

La Cámara de Apelaciones deberá analizar los cuestionamientos formulados contra la sentencia y resolver si corresponde mantener la condena, disponer la absolución o hacer lugar al pedido de nulidad.

José Fernández Zacur, defensor del expresidente del IPS Jorge Brítez, cuestionó las consecuencias sociales y patrimoniales que afrontan las personas sometidas a un proceso penal. Señaló que su cliente está inhibido de disponer de sus bienes registrables y calificó la situación como una “muerte civil”.

El abogado José Fernández Zacur advirtió sobre las consecuencias que puede generar una imputación penal en la vida de una persona, incluso antes de que se determine su responsabilidad en los hechos investigados. Según sostuvo, el sometimiento a un proceso judicial puede ocasionar perjuicios sociales, reputacionales, psicológicos y económicos que difícilmente se revierten, aun cuando la causa concluya con un sobreseimiento.

El profesional hizo estas consideraciones al referirse a la situación de su defendido, Jorge Brítez, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), quien enfrenta una causa abierta por presuntas irregularidades durante su gestión al frente de la institución.

“Primero, la imputación causa un agravio social importante, un agravio reputacional, psicológico y económico. Muchas veces, el mero hecho de estar procesado genera una aflicción casi tan importante como una pena”, expresó Fernández Zacur.

El abogado puso el foco en la estigmatización que puede acompañar a una persona desde el inicio de un proceso penal y cuestionó que las consecuencias sobre su imagen pública no necesariamente desaparezcan si posteriormente obtiene una resolución favorable.

“¿Quién le devuelve al imputado que termina sobreseído todo el tiempo de estigmatización social que genera la imputación?”, planteó.

La inhibición de bienes y la “muerte civil”

Al referirse concretamente a Brítez, Fernández Zacur señaló que su defendido soporta una inhibición que, según explicó, le impide comprar o vender bienes registrables. A criterio del abogado, esta restricción representa una consecuencia patrimonial significativa que se suma al impacto reputacional de la causa.

“El doctor Brítez está inhibido, eso significa que no puede comprar ni vender bienes registrables y esto prácticamente implica una muerte civil. Él no puede disponer de sus bienes”, manifestó.

El defensor utilizó esa expresión para dimensionar las limitaciones que, según su postura, enfrenta su cliente como consecuencia de las medidas adoptadas en el marco del proceso judicial.

En ese contexto, rechazó que una imputación pueda considerarse una situación carente de perjuicios para la persona investigada y sostuvo que las restricciones económicas deben ser tenidas en cuenta al analizar los efectos de una causa penal.

“No me pueden venir a decir que la imputación no causa agravio, si causa agravio, desde lo económico pasando por lo reputacional”, remarcó.

Daños que, según la defensa, no se reparan

Fernández Zacur también cuestionó el impacto de las medidas cautelares sobre las personas sometidas a una investigación penal. Sostuvo que estas restricciones, aunque se adopten dentro de un procedimiento judicial, pueden producir consecuencias que trascienden el expediente.

“Las medidas cautelares de por sí son una medida de coerción procesal. Esto genera agravio que después no se recupera”, afirmó.

De esta manera, el abogado planteó que el perjuicio derivado de una imputación no se limita a las consecuencias jurídicas que puedan surgir al término de una causa, sino que también comprende el desgaste psicológico, la exposición pública y las limitaciones patrimoniales que una persona puede experimentar durante el proceso.

Las declaraciones corresponden a la postura de la defensa de Brítez, quien continúa sometido a una causa por presuntas irregularidades durante su administración del IPS.

El colegiado concluyó que el acusado reaccionó ante una agresión inminente, luego de ser perseguido en un vehículo y confrontado por dos hombres. Los jueces sostuvieron que no estaba obligado a huir ni a esperar que lo golpearan para defenderse.

Un Tribunal de Sentencia absolvió por unanimidad a Guillermo Federico Taboada Meza, al concluir que actuó en legítima defensa cuando golpeó en el rostro a Derlis Aguayo, quien posteriormente cayó en el suelo y falleció. El colegiado consideró que la reacción del acusado estuvo justificada por las circunstancias previas al episodio y porque la agresión contra su integridad física ya era inminente.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Juan Vicente Fretes, en carácter de presidente, Eduardo Velázquez y Héctor Fabián Escobar, como miembros titulares. En su resolución, los magistrados aplicaron la causa de justificación prevista en el artículo 19 del Código Penal, al entender que la conducta del acusado no resultaba antijurídica y, por tanto, no era punible.

El análisis judicial se centró en la secuencia de acontecimientos que precedieron al enfrentamiento, la inminencia de la agresión, la necesidad de la reacción defensiva y la proporcionalidad entre los bienes jurídicos involucrados.

Una persecución que precedió al enfrentamiento

Para los magistrados, resultó determinante el contexto en el que se produjo el episodio. Según el razonamiento expuesto en la sentencia, Taboada había sido perseguido durante un trayecto relativamente largo por otro vehículo, cuyos ocupantes utilizaron luces y bocinazos antes de detenerse a su lado.

Posteriormente, dos personas descendieron del rodado para recriminarle un percance de tránsito. El tribunal destacó que Carlos Machuca se colocó frente al acusado y luego retrocedió para dejar su vaso y su teléfono celular dentro del automóvil. En ese momento, también descendió Derlis Aguayo, quien, de acuerdo con los hechos valorados por el colegiado, se abalanzó sobre Taboada.

Los jueces señalaron que estos acontecimientos fueron respaldados por los testimonios de Carlos Machuca, Erick Duarte y Luciana Duarte, además de las imágenes de video examinadas durante el juicio.

Aunque la persecución inicial no constituía por sí sola una agresión física presente, el tribunal consideró que era relevante para comprender cómo pudo percibir Taboada la situación. La secuencia previa, sumada al descenso de los dos hombres y al acercamiento de Aguayo, conformó un escenario que los magistrados calificaron de amenazante para la integridad del acusado.

No tenía que esperar el primer golpe

Uno de los puntos centrales de la resolución fue la determinación de que la agresión no necesitaba materializarse en un golpe para ser considerada actual e inminente.

El colegiado sostuvo que la acción de Aguayo de abalanzarse sobre Taboada constituía una agresión presente y antijurídica. En ese sentido, rechazó el argumento del Ministerio Público según el cual el estado de alcoholización de Aguayo impedía considerar que su conducta representara una amenaza efectiva.

Para los jueces, el hecho de que Aguayo pudiera descender del vehículo y dirigirse hacia el acusado demostraba que estaba en condiciones de iniciar una confrontación. Además, remarcaron que no era razonable exigir a Taboada que esperara recibir un golpe antes de ejercer su defensa.

La sentencia también descartó que la experiencia del acusado en artes marciales, mencionada por la Fiscalía, fuera suficiente para sostener que podía haber empleado una reacción menos contundente. El tribunal entendió que el medio utilizado debía ser idóneo para detener la agresión y que un simple empujón, como planteó la acusación, no necesariamente habría sido eficaz.

El tribunal descartó que debiera huir

Otro de los argumentos analizados fue la posibilidad de que Taboada evitara el enfrentamiento ingresando a una vivienda, huyendo del lugar o solicitando ayuda a terceras personas.

Los magistrados rechazaron esa postura al considerar que, dadas las circunstancias, el acusado no podía prever si la huida sería efectiva o si sería alcanzado antes de ponerse a salvo. También señalaron que, mientras intentaba escapar o pedir auxilio, podía quedar expuesto a una agresión.

En su fundamentación, el colegiado recurrió a criterios doctrinarios según los cuales quien enfrenta una agresión antijurídica no está obligado a emprender una fuga ni a recurrir a una alternativa defensiva menos eficaz cuando ello pueda comprometer su integridad física.

Por tanto, concluyó que el golpe de puño propinado por Taboada fue necesario para detener la acción de Aguayo, al no advertir que, en ese momento concreto, dispusiera de otro medio menos lesivo con posibilidades equivalentes de impedir la agresión.

La proporcionalidad entre la integridad física y la vida

La muerte de Aguayo constituyó uno de los aspectos más delicados examinados por el tribunal, que debía determinar si la reacción del acusado podía quedar amparada por la legítima defensa pese al resultado fatal.

En este punto, los jueces consideraron que debía analizarse la situación desde la perspectiva de Taboada en el momento de actuar, y no exclusivamente a partir del desenlace posterior. La sentencia sostuvo que el acusado no se había representado la muerte de Aguayo y que, en el contexto evaluado, los bienes jurídicos enfrentados eran la integridad física de ambos.

El colegiado distinguió así entre el resultado mortal finalmente producido y la intención atribuible al acusado al momento de ejecutar la acción. Según el razonamiento judicial, si Taboada se hubiera representado la muerte de Aguayo, el análisis jurídico habría sido diferente.

Sobre esa base, los magistrados concluyeron que la reacción también cumplía con el requisito de proporcionalidad exigido para la legítima defensa.

Absolución por unanimidad

El tribunal resolvió por unanimidad absolver a Guillermo Federico Taboada Meza, al considerar que su conducta estaba amparada por la legítima defensa prevista en el artículo 19 del Código Penal. Al quedar excluida la antijuridicidad de su actuación, los jueces determinaron que no correspondía imponerle una sanción penal.

Asimismo, dispusieron que las costas procesales fueran impuestas por su orden, conforme al artículo 261 del Código Procesal Penal, atendiendo a la forma en que se resolvió la controversia.

La decisión se sustentó en la valoración conjunta de las circunstancias previas al enfrentamiento, las declaraciones testimoniales, las imágenes examinadas y los requisitos jurídicos de la legítima defensa: existencia de una agresión presente y antijurídica, idoneidad del medio empleado, necesidad de la reacción y proporcionalidad.

De esta manera, el colegiado concluyó que Taboada no estaba obligado a soportar una agresión inminente contra su integridad física ni a esperar que esta se concretara para ejercer su derecho a defenderse.

Los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Juan Pablo Mendoza, ejercieron la defensa de Taboada.