El exgobernador de Central cumple arresto domiciliario por 90 días tras recibir el alta médica. Su abogado, Guillermo Gayoso, afirma que su estado de salud todavía le impide prestar declaración ante el Ministerio Público, que investiga las lesiones que sufrió mientras se encontraba privado de libertad.

El exgobernador de Central, Hugo Javier González, todavía no estaría en condiciones de prestar declaración ante el Ministerio Público en el marco de la investigación abierta por las lesiones que sufrió durante su permanencia bajo custodia del Estado, según manifestó su abogado, Guillermo Gayoso, en declaraciones a algunos medios de comunicación.

La causa busca esclarecer las circunstancias en las que González sufrió las heridas mientras se encontraba privado de libertad. De acuerdo con su defensa, el exgobernador aún presenta problemas de salud que le impiden brindar su testimonio ante los investigadores.

González recibió el alta médica y actualmente cumple arresto domiciliario por un periodo de 90 días, por disposición del juez de Ejecución Penal, Carlos Mendoza. La continuidad de la medida estará sujeta a su evolución médica, que deberá ser informada al juzgado.

Secuelas físicas y neurológicas motivaron el arresto domiciliario

La decisión judicial tuvo en cuenta las consecuencias físicas y neurológicas que presenta el exgobernador tras sufrir un traumatismo craneoencefálico grave durante su permanencia en un establecimiento penitenciario.

Los informes médicos incorporados al expediente, valorados por el magistrado, coinciden en que González no padece una enfermedad en etapa terminal ni presenta actualmente riesgo vital. Sin embargo, su condición todavía le impide desenvolverse de manera autónoma y hace necesaria la asistencia permanente de terceros.

Entre las secuelas identificadas figuran alteraciones en la movilidad, el equilibrio y las funciones cognitivas, además de episodios de alucinaciones y confusión. Estas dificultades afectan su capacidad para incorporarse, desplazarse y realizar actividades básicas de la vida cotidiana.

En atención a estos antecedentes, el juez Carlos Mendoza dispuso que el exgobernador permanezca bajo arresto domiciliario durante 90 días, sujeto a la evolución de su estado de salud y a los informes médicos que deberán ser presentados ante el juzgado.

Una investigación pendiente de su declaración

Mientras continúa su recuperación, la investigación fiscal sobre las lesiones que sufrió durante su privación de libertad sigue pendiente de su eventual declaración, cuya posibilidad dependerá de su condición de salud.

La postura de la defensa es que González todavía no reúne las condiciones médicas necesarias para prestar testimonio. Corresponderá al Ministerio Público determinar los pasos a seguir dentro de la investigación, de acuerdo con las circunstancias del caso y las condiciones en que pueda recibirse su declaración.

González cumple una condena de 10 años de prisión por lesión de confianza, derivada de un proceso relacionado con el manejo de recursos públicos destinados a programas de reactivación económica durante la pandemia de COVID-19.

Su situación actual reúne dos cuestiones judiciales distintas: por un lado, el cumplimiento de la condena penal bajo una modalidad domiciliaria dispuesta temporalmente por razones de salud y, por otro, la investigación destinada a esclarecer las circunstancias de las lesiones que sufrió mientras estaba bajo custodia estatal.

El juez penal especializado Rodrigo Estigarribia defendió la aplicación de las salidas alternativas al juicio oral como una herramienta necesaria para evitar la saturación del sistema judicial y garantizar que los recursos del Estado se concentren en la persecución de los hechos punibles que lo ameriten.

El magistrado explicó que, si bien el procedimiento ordinario contempla la posibilidad de que una causa llegue a juicio oral y público, la legislación también establece mecanismos excepcionales que permiten resolver determinados procesos sin agotar todas las etapas del juicio ordinario.

“Es imposible que todos los hechos punibles lleguen a juicio oral y público por una cuestión de realidades económicas como fácticas”, afirmó Estigarribia, al justificar la existencia de estas herramientas procesales desde una perspectiva de política criminal.

A su criterio, el Ministerio Público debe orientar sus esfuerzos hacia los casos de mayor relevancia, mientras que los jueces deben evaluar cada solicitud conforme a las condiciones legales y las particularidades del hecho investigado.

Procedimiento abreviado no significa impunidad

Uno de los puntos que el magistrado consideró necesario aclarar es la diferencia entre las salidas alternativas y el procedimiento abreviado, dos figuras que, según señaló, suelen confundirse en las publicaciones sobre causas judiciales.

“Muchas veces yo veo publicaciones y dice se le benefició con un procedimiento abreviado y no es un beneficio, es una condena”, manifestó.

Estigarribia precisó que el procedimiento abreviado es un mecanismo especial que permite acortar el trámite procesal y resolver el caso en la audiencia preliminar, con un resultado que puede ser una absolución o una condena, según corresponda.

Por tanto, sostuvo que no debe presentarse automáticamente como un beneficio para el acusado, puesto que puede culminar con la imposición de una sanción penal.

Las salidas alternativas, en cambio, comprenden mecanismos distintos que permiten resolver determinados conflictos penales sin necesidad de llegar a un juicio oral, siempre que se cumplan los presupuestos legales correspondientes.

La pena y las condiciones personales del acusado

El juez también señaló que las decisiones judiciales deben considerar tanto las características del hecho punible como las circunstancias personales del procesado, en el marco de los principios constitucionales y de la finalidad de la pena.

En ese sentido, mencionó que los magistrados deben valorar las condiciones personales del acusado y el grado de reproche que corresponde atribuirle, sin dejar de lado la gravedad de la conducta investigada.

“También se tiene en cuenta las condiciones personales lo que hace que nosotros valoremos el grado de reproche”, explicó.

En el ámbito de los delitos económicos, agregó, existen mecanismos vinculados con la reparación del daño causado e incluso con la reparación social en determinados supuestos.

No obstante, la posibilidad de recurrir a estas herramientas no implica que cualquier procesado pueda acceder a ellas. Su aplicación depende de los requisitos legales y de las circunstancias específicas de cada expediente.

“Hay que ser razonables con las peticiones”

Estigarribia también se refirió a las críticas de abogados que cuestionan que numerosas causas sean elevadas a juicio oral y público. El magistrado sostuvo que no todos los pedidos de las defensas pueden prosperar, ya que existen hechos punibles y situaciones procesales en los que las salidas alternativas no resultan procedentes.

Como ejemplo, mencionó el caso de una persona investigada por cohecho pasivo cuya defensa solicita un criterio de oportunidad durante la audiencia preliminar.

“Hay que ser razonables con las peticiones”, afirmó, al explicar que el juez debe analizar si el planteamiento es compatible con las exigencias legales y no concederlo de manera automática.

Asimismo, indicó que la conformidad de la defensa puede ser determinante para la aplicación de determinados mecanismos y que, cuando no se reúnen las condiciones necesarias, corresponde que el proceso continúe hacia el juicio oral.

El magistrado insistió en que la utilización de estas herramientas debe responder a criterios jurídicos y no a una intención de favorecer indiscriminadamente a los procesados.

Descongestionar el sistema sin renunciar a la persecución penal

Para Estigarribia, las salidas alternativas responden a una necesidad práctica del sistema de justicia: administrar de manera racional los recursos disponibles y evitar que todos los expedientes deban recorrer el mismo itinerario procesal.

El juez sostuvo que la Corte Suprema de Justicia exige a los magistrados aplicar estas herramientas cuando se cumplen los requisitos establecidos, por lo que consideró que su utilización no debe quedar relegada por una interpretación restrictiva de los mecanismos previstos en la legislación.

La discusión, según los argumentos expuestos por el magistrado, pasa por encontrar un equilibrio entre la persecución penal, la reparación del daño, las garantías procesales y la capacidad operativa del sistema judicial.

En ese contexto, defendió que las salidas alternativas no deben entenderse como una renuncia a la Justicia, sino como instrumentos de política criminal para resolver los casos de manera proporcional y evitar que la acumulación de causas termine comprometiendo el funcionamiento de los tribunales.

El juez Rodrigo Estigarribia suspendió la diligencia prevista para este jueves tras un pedido de la defensa, que presentó un certificado de reposo médico. Deberá fijarse una nueva fecha para estudiar si la causa se envía a juicio oral y público.

La audiencia preliminar del exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, en el marco del caso conocido como Detergente de Oro, quedó suspendida este miércolwes luego de que su defensa presentara un reposo médico y solicitara la postergación de la diligencia.

El juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia resolvió suspender la audiencia y deberá establecer una nueva fecha para analizar el requerimiento conclusivo del Ministerio Público y determinar si la causa reúne las condiciones para ser elevada a juicio oral y público.

Rodríguez está acusado por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal, en una investigación que apunta a presuntas irregularidades en compras realizadas por la Municipalidad de Asunción durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, en 2020, cuando se encontraba al frente de la administración municipal.

Presunto perjuicio de G. 1.830 millones

La investigación está a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, con intervención de los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta y Marlene González.

Según la acusación fiscal, las contrataciones cuestionadas habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.830 millones a las arcas municipales.

El Ministerio Público sostiene que se adquirieron productos de limpieza a precios presuntamente sobrefacturados y que las contrataciones habrían sido direccionadas hacia empresas previamente seleccionadas, en presunta violación de las normas que rigen la competencia y la transparencia en las compras públicas.

Los investigadores sospechan que estas operaciones formaron parte de un esquema destinado a defraudar al Estado mediante adquisiciones realizadas durante la emergencia sanitaria.

La causa espera una definición

La audiencia preliminar constituye una etapa decisiva del proceso, ya que el juez debe analizar la acusación, las pruebas ofrecidas y los planteamientos de las partes antes de resolver si corresponde remitir el expediente a juicio oral y público.

Con la suspensión de la diligencia, la definición sobre el futuro procesal de Rodríguez queda pendiente de una nueva convocatoria judicial.

Por el momento, la presentación del reposo médico motivó la postergación de la audiencia, sin que se haya informado una nueva fecha para su realización.

El abogado defensor de Joaquín Roa comparó decisiones adoptadas en dos juicios por tribunales de sentencia especializados en delitos económicos. También cuestionó que, en el proceso contra el exministro de la SEN, se haya incorporado un hecho que, según sostiene, no formó parte de la acusación fiscal ni de las etapas previas del juicio.

La falta de predictibilidad de la Justicia paraguaya y las diferencias de criterio entre tribunales de sentencia fueron cuestionadas por el abogado Gustavo González Planás, defensor del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, quien puso en tela de juicio decisiones judiciales que, a su criterio, evidencian interpretaciones dispares de las reglas procesales.

El profesional centró sus cuestionamientos en dos situaciones que, según su análisis, presentan similitudes procesales, pero recibieron respuestas diferentes por parte de tribunales de sentencia especializados en delitos económicos. Asimismo, objetó que en el juicio que derivó en la condena de Roa se haya considerado un hecho que, afirma, no fue incluido en la acusación ni expuesto durante las etapas previas del proceso.

“¿Por qué en situaciones idénticas existen distintas soluciones?”, planteó González Planás al comparar ambos casos y cuestionar la falta de uniformidad en la aplicación de las normas procesales.

Dos tribunales, dos criterios

Como primer antecedente, el abogado mencionó el juicio en el que es juzgado Miguel Prieto, conocido como “Tía Chela”. Según relató, el Tribunal de Sentencia en lo Económico, integrado por las juezas Ana Rodríguez, Yolanda Morel y Karina Cáceres, rechazó los incidentes planteados por el fiscal Silvio Corbeta para incorporar nuevos informes y sumar como testigo a Agustín Encina.

De acuerdo con la explicación del defensor, el rechazo se fundamentó en que el Ministerio Público no acreditó la existencia de hechos nuevos que justificaran la incorporación de esos elementos durante el juicio oral.

González Planás consideró acertada esa decisión y sostuvo que se ajustó a las disposiciones del Código Procesal Penal.

Sin embargo, contrapuso ese antecedente con lo ocurrido en el juicio oral al exministro Joaquín Roa, a cargo de un tribunal integrado por las juezas Elsa García, Ana Rodríguez y Sonia Sánchez Laspina.

Según denunció el abogado, en ese proceso el mismo fiscal solicitó durante el desarrollo del juicio la incorporación del testigo Francisco Antoniolli, pedido que fue admitido por el tribunal mediante una prueba para mejor proveer.

El defensor cuestionó que la incorporación se haya producido de manera extemporánea, debido a que el testigo ya había declarado ante la Fiscalía y, según su versión, no fue ofrecido oportunamente por un olvido del Ministerio Público.

A criterio de González Planás, esa circunstancia no constituía un hecho nuevo ni justificaba recurrir a una medida excepcional para incorporar el testimonio durante el juicio oral.

En ese sentido, sostuvo que el tribunal terminó supliendo una actuación que correspondía a la Fiscalía y alegó que el procedimiento vulneró el artículo 394 del Código Procesal Penal.

El abogado hizo hincapié, además, en que ambos tribunales pertenecen al ámbito de los delitos económicos y que la jueza Ana Rodríguez integró las dos conformaciones. También destacó que las decisiones mencionadas fueron adoptadas por unanimidad.

Para la defensa, estos elementos refuerzan el interrogante sobre los criterios utilizados para resolver situaciones que considera comparables.

Cuestionamiento a la condena de Joaquín Roa

El segundo eje de los cuestionamientos del abogado se refiere al contenido de la sentencia dictada contra el exministro de la SEN.

González Planás señaló que las manifestaciones públicas de algunos magistrados, quienes destacan la importancia del derecho a la defensa y de que toda persona conozca con precisión los hechos que se le atribuyen, y lo que, según sostiene, ocurrió en el proceso contra su defendido.

En concreto, cuestionó que el tribunal haya incluido como elemento objetivo de la condena el supuesto regalo de un viaje a un familiar de Roa.

Según el abogado, ese hecho no formó parte de los acontecimientos sobre los cuales se indagó al exministro, tampoco de la acusación fiscal, del auto de apertura a juicio ni de los alegatos de apertura del Ministerio Público.

Pese a ello, afirmó que el episodio fue utilizado como fundamento para condenar a Roa por un hecho punible adicional.

La defensa considera que esta situación compromete el derecho a conocer previamente los hechos objeto de acusación y a ejercer una defensa efectiva frente a ellos.

El debate sobre la seguridad jurídica

Los planteamientos de González Planás apuntan a una cuestión central del sistema judicial: la necesidad de que las normas procesales sean aplicadas con criterios coherentes y previsibles, de modo que las partes conozcan las reglas bajo las cuales se desarrollan los procesos.

La comparación entre ambos juicios y las objeciones formuladas contra la sentencia de Roa constituyen, desde la perspectiva de la defensa, ejemplos de decisiones que merecen revisión respecto de la uniformidad de los criterios judiciales y el respeto de las garantías procesales.

El reclamo, no obstante, instala una discusión relevante sobre la predictibilidad de la Justicia y los límites de las facultades de los tribunales para incorporar elementos probatorios durante el juicio, así como sobre la obligación de respetar el marco fáctico de la acusación y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa.

El juez de Ejecución Penal Carlos Mendoza dispuso que el exgobernador de Central continúe su recuperación en su domicilio. Los informes médicos señalan que, pese a su evolución favorable, presenta secuelas físicas y neurológicas que le impiden valerse por sí mismo.

El juez de Ejecución Penal Carlos Mendoza resolvió conceder el arresto domiciliario por un periodo de 90 días al exgobernador de Central Hugo Javier González, condenado por lesión de confianza a 10 años de prisión, atendiendo a las secuelas físicas y neurológicas que presenta tras sufrir un traumatismo craneoencefálico grave durante su permanencia en un establecimiento penitenciario.

La decisión se sustenta en los informes médicos incorporados al expediente, cuyos resultados coinciden en que, si bien González no padece una enfermedad en etapa terminal ni presenta actualmente riesgo vital, su estado de salud todavía le impide desenvolverse de manera autónoma y requiere asistencia permanente de terceros.

Según los antecedentes valorados por el magistrado, el exgobernador registra alteraciones en la movilidad, el equilibrio y las funciones cognitivas, además de episodios de alucinaciones y confusión. Estas secuelas afectan su capacidad para incorporarse, desplazarse y realizar actividades básicas de la vida cotidiana.

Los profesionales que evaluaron al condenado recomendaron la continuidad del tratamiento de rehabilitación, el seguimiento por especialistas y la supervisión permanente. Asimismo, desaconsejaron su permanencia en un establecimiento penitenciario y recomendaron que continúe su recuperación en su domicilio, bajo estricto cuidado familiar y control médico.

Una medida excepcional y temporal

En su resolución, Mendoza consideró que las limitaciones físicas y la dependencia de terceros, documentadas en los informes médicos, comprometen la autonomía personal de González y deben ser ponderadas al momento de determinar la modalidad de ejecución de la condena.

El magistrado también señaló que las lesiones se produjeron durante el periodo en que el condenado se encontraba bajo custodia estatal, circunstancia que obliga al Estado a garantizar su integridad y la continuidad de la asistencia que necesita.

No obstante, la resolución aclara que la medida no implica un pronunciamiento sobre las causas de las lesiones ni sobre las eventuales responsabilidades por lo ocurrido.

En ese contexto, y conforme a las recomendaciones médicas, el juez consideró proporcionado disponer la prisión domiciliaria por 90 días, como una modalidad excepcional y temporal de ejecución, atendiendo a la gravedad de las secuelas, el grado de dependencia y las necesidades asistenciales del condenado.

Control médico y sin renovación automática

La medida está condicionada a la disponibilidad efectiva de cuidado familiar, atención profesional y continuidad del proceso de rehabilitación prescrito.

Además, antes de que venza el plazo de 90 días deberán presentarse nuevos informes médicos y socioambientales que permitan evaluar la evolución clínica y las condiciones en las que se encuentra González.

En caso de que se plantee la continuidad del arresto domiciliario, el magistrado deberá dictar una nueva resolución debidamente fundamentada. Si la medida se prolonga por otro periodo, los informes deberán actualizarse antes de cada nuevo vencimiento.

La resolución establece expresamente que no habrá renovación automática y que la medida no modifica la duración de la condena impuesta al exgobernador.

De esta manera, González permanecerá en su domicilio durante el periodo dispuesto, mientras continúa su recuperación, sujeto a las condiciones médicas, asistenciales y de control establecidas por el juzgado. Además se le instala el dispositivo de tobillera electrónica y se establece el perímetro de movilidad que deberá ser monitoreado por la policía.

Hugo Javier González cumple una condena de 10 años de prisión por lesión de confianza, derivada de un proceso relacionado con el manejo de recursos públicos destinados a programas de reactivación económica durante la pandemia de COVID-19.

El colegiado dispuso que los procesados preparen sus defensas ante la eventual consideración de nuevos tipos penales, además de lesión de confianza y asociación criminal, por los que fueron llevados a juicio oral. La advertencia podría ampliar el marco penal aplicable.

El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel advirtió a Miguel Prieto y a los demás acusados en el caso Tía Chela sobre la posible aplicación de los tipos penales de estafa y producción de documentos no auténticos, a partir de los hechos que se vienen produciendo durante el juicio oral.

La decisión fue adoptada con base en el artículo 400 del Código Procesal Penal, que contempla la advertencia sobre una posible modificación de la calificación jurídica de los hechos. Con esta disposición, el colegiado otorgó a los acusados y a sus abogados defensores la posibilidad de preparar sus argumentos y ejercer el descargo correspondiente respecto de los nuevos tipos penales señalados.

El Ministerio Público había presentado acusación por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal. Sin embargo, los magistrados consideran que los elementos incorporados durante el debate oral podrían dar lugar a una calificación jurídica distinta o adicional, por lo que realizaron la advertencia legal.

La eventual incorporación de estos tipos penales podría tener incidencia en el marco penal aplicable, aunque ello dependerá de la valoración que realice el tribunal al momento de resolver la causa. La advertencia no implica, por sí misma, que los acusados sean declarados culpables de estos hechos.

La causa investiga la compra de 25.000 kits de alimentos

El caso Tía Chela se originó en una investigación sobre presuntas irregularidades en la adquisición de alimentos por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este durante la pandemia de COVID-19, entre marzo y julio de 2020.

Según la acusación del Ministerio Público, la administración municipal adjudicó directamente a la firma Tía Chela SRL la provisión de 25.000 kits de alimentos destinados a atender las necesidades de la población durante la emergencia sanitaria.

La hipótesis fiscal sostiene que el procedimiento de contratación habría sido direccionado para favorecer irregularmente a la empresa proveedora. Asimismo, la Fiscalía cuestiona las condiciones en las que se concretó la contratación y el posterior desembolso de los recursos municipales.

Fiscalía atribuye un supuesto perjuicio de G. 2.130 millones

El Ministerio Público atribuye a Miguel Prieto, quien se desempeñaba como ordenador de gastos de la comuna al momento de los hechos investigados, el supuesto liderazgo de una estructura integrada por funcionarios municipales que habría intervenido en el proceso de contratación.

De acuerdo con la acusación, las actuaciones de los funcionarios involucrados habrían permitido concretar la adjudicación de los kits de alimentos a Tía Chela SRL, ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones a las arcas municipales.

Los hechos continúan siendo objeto de debate en el juicio oral, en el que el tribunal deberá analizar las pruebas presentadas por las partes y determinar la responsabilidad penal que eventualmente corresponda a cada acusado.