La abogada Noelia Núñez Martínez presentó ante la Comisión de Equidad y Género del Senado un anteproyecto que plantea modificar la Ley N.º 5777/2016. La iniciativa busca ampliar las formas de violencia reconocidas legalmente e incorporar mecanismos para evitar la dispersión de causas judiciales y la revictimización de mujeres.
La abogada Noelia Núñez Martínez presentó ante la Comisión Asesora Permanente de Equidad y Género de la Cámara de Senadores una propuesta para modificar y ampliar la Ley N.º 5777/2016, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, con el objetivo de incorporar la violencia vicaria y el hostigamiento procesal coactivo por razones de género como nuevas categorías de violencia.
La presentación solicita que el anteproyecto sea puesto a consideración de la comisión legislativa y que se conceda una audiencia oficial, además de una mesa técnica de trabajo, para exponer los fundamentos jurídicos de la iniciativa y debatir su contenido.
Según argumenta la profesional, la propuesta responde a la necesidad de adecuar los mecanismos de protección a nuevas formas de violencia que, de acuerdo con su planteamiento, no estarían suficientemente contempladas en el marco normativo vigente.
En el documento, Núñez Martínez invoca los compromisos internacionales asumidos por Paraguay, particularmente la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como los principios constitucionales de protección de los derechos de las mujeres.
Violencia vicaria: ampliar la protección sin límites de edad
Uno de los ejes centrales del anteproyecto es la incorporación de una definición autónoma de violencia vicaria en el catálogo de formas de violencia previsto en el artículo 5 de la Ley N.º 5777/2016.
La abogada sostiene que esta modalidad se manifiesta cuando una persona instrumentaliza los vínculos familiares o afectivos de una mujer para causarle daño psicológico o emocional.
La propuesta plantea que la protección no se limite a situaciones en las que los hijos sean menores de edad, sino que también contemple los casos en los que las víctimas indirectas sean hijos mayores de edad u otras personas con vínculos afectivos significativos.
En su presentación, Núñez Martínez advierte que restringir la tutela en función de la edad de los hijos podría dejar fuera situaciones en las que persiste el uso de esos vínculos como mecanismo de agresión contra la mujer.
Por ello, plantea reconocer expresamente esta modalidad de violencia y garantizar una protección integral, independientemente de que los descendientes hayan alcanzado la mayoría de edad.
Hostigamiento procesal: denuncian el uso abusivo de la vía judicial
El segundo componente de la iniciativa apunta a incorporar el denominado hostigamiento procesal coactivo por razones de género, que la proponente describe como una forma de violencia psicológica e institucional ejercida mediante la utilización abusiva de los procedimientos judiciales.
Según el diagnóstico expuesto en el documento, esta práctica podría manifestarse a través de la presentación reiterada de denuncias, la fragmentación de conflictos en distintas jurisdicciones o la promoción de actuaciones simultáneas ante diferentes unidades fiscales y fueros.
La abogada sostiene que la multiplicación artificial de procesos puede generar desgaste económico y emocional, además de prolongar situaciones de conflicto y exponer a las mujeres a nuevas experiencias de revictimización.
En ese contexto, considera necesario que el ordenamiento jurídico contemple expresamente esta conducta y establezca herramientas para identificar posibles abusos del derecho de acción cuando se produzcan por razones de género.
Se trata de una de las principales apuestas del anteproyecto, que propone analizar no solo las formas tradicionales de violencia, sino también aquellas que, según la proponente, pueden desarrollarse a través del propio sistema de justicia.
Filtros judiciales y unificación de causas
La iniciativa legislativa contempla cuatro ejes de reforma. Además de la tipificación de la violencia vicaria y del hostigamiento procesal coactivo, plantea establecer mecanismos de control previo de verosimilitud procesal ante denuncias cruzadas o litigios reiterados que pudieran resultar temerarios.
El documento también propone sanciones conminatorias y mecanismos de responsabilidad civil para quienes utilicen fraudulentamente la función judicial, de acuerdo con los supuestos que eventualmente establezca la ley.
Otro de los puntos centrales es la incorporación de un principio de conexidad y concentración de causas, con el propósito de favorecer la unificación de expedientes relacionados ante el órgano judicial competente que ya intervenga en la protección de los derechos afectados.
La propuesta busca evitar la dispersión de procesos y reducir la posibilidad de que conflictos vinculados sean tramitados de manera fragmentada en distintas sedes judiciales.
Pide audiencia y mesa técnica en el Senado
En la parte final de su presentación, Núñez Martínez solicitó formalmente que el anteproyecto sea incorporado a la consideración de la Comisión Asesora Permanente de Equidad y Género como insumo para su eventual tratamiento parlamentario.
También pidió una audiencia oficial y la conformación de una mesa técnica de trabajo con participación de la proponente y del equipo técnico que la comisión considere pertinente.
El objetivo, según expone, es sustentar jurídicamente el articulado, analizar sus implicancias criminológicas y procesales y colaborar en la elaboración de la versión definitiva de un proyecto de ley que pueda seguir el trámite legislativo correspondiente.
La presentación constituye una propuesta normativa que deberá ser evaluada por las instancias parlamentarias competentes.
