El juez de Garantías Francisco Acevedo, admitió la acusación fiscal contra la empresaria, investigada por la presunta obtención de documentos paraguayos falsos para Ronaldinho Gaúcho y su entorno. El Ministerio Público solicita que la causa sea elevada a juicio oral.

La empresaria Dalia Angélica López Troche, de 55 años, afrontará su audiencia preliminar el próximo 6 de noviembre, luego de que el juez de Garantías admitiera la acusación presentada por los fiscales Christian Ortiz, José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo y Juan Sandoval.

El Ministerio Público acusa a López por los presuntos hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en calidad de instigadora, y solicita que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Durante la audiencia preliminar, el juzgado deberá analizar la acusación y los elementos presentados por la Fiscalía para determinar si corresponde admitir el requerimiento y disponer que el caso sea debatido en un juicio oral.

Seis años prófuga por el caso Ronaldinho

López fue señalada como una de las figuras centrales de la estructura que habría facilitado documentos paraguayos presuntamente falsificados al exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, a su hermano Roberto de Assis Moreira y a otras personas de su entorno.

La empresaria permaneció prófuga desde marzo de 2020 y se mantuvo fuera del alcance de la Justicia durante aproximadamente seis años, hasta que fue detenida y quedó nuevamente a disposición de las autoridades judiciales.

Según la hipótesis de la Fiscalía, López habría pagado USD 19.000 para obtener los documentos paraguayos destinados a Ronaldinho, su hermano, el representante Wilmondes Sousa Lira y la esposa de este.

La investigación se inició tras detectarse la utilización de documentos presuntamente irregulares en el marco de la llegada del exjugador brasileño a Paraguay, en marzo de 2020. El caso derivó en procesos penales contra varias personas vinculadas con la expedición y utilización de esos documentos.

Otros procesados ya fueron condenados

En el marco de la misma causa, varias personas ya recibieron condenas de entre dos y cinco años de prisión por hechos relacionados con la trama de documentos falsos.

La situación procesal de López, sin embargo, siguió un curso diferente debido a que permaneció prófuga durante años, mientras avanzaban las investigaciones y se desarrollaban otros procesos vinculados con el caso.

Ahora, con la acusación admitida y la audiencia preliminar fijada para el 6 de noviembre, la Justicia deberá resolver si existen elementos suficientes para que la empresaria enfrente un juicio oral por los hechos que le atribuye el Ministerio Público.

La responsabilidad penal de López deberá ser determinada en el marco del proceso judicial, conforme a las garantías legales correspondientes.

La jueza Lourdes Garcete explicó que el Tribunal de Sentencia que integra, procura evitar la revictimización durante el proceso penal, especialmente en casos que involucran a niños y mujeres víctimas de violencia que llegan a la etapa de juicio oral. Entre las medidas aplicadas mencionó no volver a convocar a quienes ya brindaron su testimonio y recurrir a medios telemáticos para evitar que compartan la misma sala con el acusado.

Evitar que las víctimas de hechos violentos deban revivir reiteradamente las experiencias sufridas durante el proceso judicial es uno de los criterios de trabajo que aplica la jueza de Sentencia Lourdes Garcete junto con sus colegas. La magistrada explicó que, especialmente cuando se trata de niños, niñas y personas en situación de vulnerabilidad, se busca reducir las exposiciones innecesarias y aprovechar los relatos que ya fueron recogidos durante las etapas previas del procedimiento penal.

En otra parte de la entrevista con Judiciales Net, Garcete describió las medidas que implementan para prevenir la revictimización y sostuvo que, como criterio de trabajo, procuran no volver a convocar a las víctimas que ya brindaron su versión de los hechos.

“Cuando hay personas en situación de vulnerabilidad, por género, por edad, tratamos, sobre todo cuando son niños, y eso ya se intenta desde la etapa preparatoria, no exponerle a la judicialización, a no tener que reiterar tantas veces su relato”, manifestó.

La jueza explicó que, antes de llegar a un juicio oral, una víctima puede atravesar distintas instancias en las que debe relatar lo sucedido. Entre ellas mencionó la entrevista de contención psicológica, la evaluación psicológica y la declaración mediante cámara Gesell.

“Antes de llegar a juicio, pensemos que la víctima pasa una entrevista de contención psicológica, por una evaluación psicológica, por cámara Gesell; mínimamente cuenta su relato tres veces en esta instancia, sin mencionar la primera revelación que le da a una persona más cercana”, detalló.

En ese contexto, advirtió que una nueva declaración durante el juicio podría elevar a cinco o seis las ocasiones en que la persona debe reconstruir verbalmente la experiencia traumática.

“Si tuviera que declarar en juicio, ya sería la quinta o sexta vez que da su versión”, señaló.

El tribunal procura no volver a convocar a las víctimas

Garcete afirmó que, ante esta situación, el criterio adoptado con sus pares es evitar nuevas convocatorias cuando ya existen relatos incorporados durante las etapas anteriores del proceso por medios probatorios varios.

“Tratamos de no convocarles, creo que casi nunca lo hemos hecho, nos quedamos con el relato que ya brindó”, expresó.

La postura busca reducir la exposición de las víctimas a situaciones que puedan generarles nuevamente angustia o sufrimiento, particularmente cuando se trata de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por su edad o por el contexto de violencia que atravesaron.

La magistrada explicó que las decisiones sobre la intervención de las víctimas se abordan con especial atención a las circunstancias de cada caso y a las herramientas disponibles dentro del procedimiento judicial.

Audiencias sin contacto directo con el acusado

En los procesos por violencia contra las mujeres y violencia de género, la jueza señaló que recurren a mecanismos orientados a brindar protección durante las actuaciones judiciales, entre ellos los previstos en las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, adoptadas por la Corte Suprema de Justicia.

“En los casos de violencia contra la mujer, violencia de género, optamos por las herramientas que sugieren las 100 Reglas de Brasilia, que están adoptadas por acordada de la Corte Suprema de Justicia”, explicó.

Entre las medidas mencionadas, destacó que procuran evitar que la víctima y el acusado permanezcan en una misma sala durante la audiencia. Para ello, indicó que conversan con las defensas y buscan implementar mecanismos que permitan escuchar a la víctima sin exponerla a un contacto directo con el procesado.

“Lo que evitamos es que compartan la misma sala la víctima y el acusado; tratamos de explicarle esto a las defensas, lo que tratamos es no separarle de su defensor y escuchamos a la víctima por medios telemáticos”, manifestó.

La jueza hizo hincapié en que estas medidas procuran compatibilizar la protección de las víctimas con las garantías procesales de las partes, incluida la intervención de la defensa.

El planteamiento expuesto por Garcete pone el foco en la necesidad de que la administración de justicia contemple no solo el esclarecimiento de los hechos y la resolución de los procesos, sino también las condiciones en las que las personas afectadas participan de las actuaciones judiciales.

De esta manera, el tribunal busca reducir las situaciones de exposición innecesaria, evitar la repetición de testimonios y establecer condiciones que permitan a las víctimas intervenir en el proceso sin tener que afrontar, en cada instancia, circunstancias que profundicen el impacto de la violencia que experimentó.

El exjuez penal de Garantías Miguel Tadeo Fernández presentó una recusación contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Martínez Simón y César Garay Zucolillo, en el marco de la integración de la Sala Constitucional ampliada que debe estudiar la acción de inconstitucionalidad promovida contra una sanción que le impuso el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Fernández cuestiona el apercibimiento aplicado por el órgano extrapoder, al sostener que la sanción no estaba prevista en la legislación vigente al momento de su imposición. Ahora, busca que los tres ministros sean apartados del análisis constitucional, al considerar que existen circunstancias objetivas que podrían comprometer su imparcialidad en la resolución de la controversia.

El argumento central de la recusación se basa en la intervención de los magistrados en una sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia en la que se analizó la continuidad y confirmación de Fernández en el cargo de juez penal de Garantías N.º 11 de la Capital. Según expone el recurrente, los tres ministros se pronunciaron a favor de otro candidato, en una decisión contraria a su permanencia en la magistratura.

Para el exjuez, esa actuación no puede analizarse de manera aislada, debido a que, cuando se resolvió su continuidad en el cargo, el apercibimiento impuesto por el JEM ya se encontraba cuestionado mediante una acción de inconstitucionalidad ante la propia Corte Suprema.

En su presentación, Fernández sostiene que la controversia constitucional ya estaba formalmente planteada y que, el 19 de agosto de 2019, comunicó al Consejo de la Magistratura la existencia de esa acción, haciendo saber que la sanción disciplinaria se encontraba sometida al control constitucional.

Desde su perspectiva, la validez de aquel antecedente disciplinario no podía considerarse definitivamente establecida mientras estaba pendiente su revisión judicial, ni utilizarse en perjuicio de su situación funcional sin atender a la impugnación promovida.

Una decisión anterior que, según Fernández, guarda relación con la causa

El recurrente aclara que su planteamiento no se sustenta simplemente en discrepancias con criterios jurídicos de los ministros ni en el hecho de que hayan intervenido anteriormente en actuaciones vinculadas con su situación. Afirma que existe una conexión concreta entre aquella decisión sobre su continuidad en el cargo y la cuestión que ahora deben resolver: la constitucionalidad de la sanción disciplinaria que, según su tesis, incidió negativamente en su situación como magistrado.

En ese sentido, considera que la participación de los ministros en una determinación institucional adversa a su continuidad, mientras se encontraba pendiente la impugnación constitucional del apercibimiento, constituye una circunstancia relevante para solicitar su apartamiento.

La recusación apunta, por tanto, a que el análisis de la sanción sea realizado por magistrados que, según el planteamiento del exjuez, no hayan intervenido previamente en decisiones relacionadas con las consecuencias funcionales de esa medida disciplinaria.

Fernández también cuestiona la demora en la notificación

Otro de los puntos expuestos en el escrito es el tiempo transcurrido entre la providencia que dispuso hacer saber la integración de la Sala y su efectiva notificación al accionante.

Fernández señala que entre ambas actuaciones transcurrió aproximadamente un año y seis meses, demora que atribuye al funcionamiento del sistema judicial y que considera ajena a su responsabilidad procesal.

En su presentación, sostiene que ese retraso no puede generar consecuencias perjudiciales para su parte y reclama que la Corte Suprema explique la morosidad en la tramitación de una acción de inconstitucionalidad que, según afirma, fue promovida hace tiempo.

La observación sobre la demora se incorpora como un cuestionamiento adicional dentro de un expediente cuya resolución busca obtener el control constitucional de la sanción impuesta por el JEM.

El trasfondo de la disputa

La controversia se centra en la legalidad de un apercibimiento disciplinario cuya aplicación Fernández considera incompatible con la normativa vigente al momento de los hechos. Su pretensión es que la Corte Suprema examine la constitucionalidad de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

La recusación introduce, además, una cuestión procesal previa: si los ministros cuestionados deben integrar la Sala Constitucional ampliada que tendrá a su cargo el estudio de esa impugnación.

Mientras tanto, el planteamiento del exjuez busca que el examen de la sanción disciplinaria se realice con garantías de imparcialidad, en una causa en la que también cuestiona la demora en la tramitación de su acción constitucional.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el planteamiento contra los camaristas de Presidente Hayes, al considerar que la acusada no expuso motivos concretos que pusieran en duda la imparcialidad de los magistrados. La decisión permite avanzar con el trámite de las recusaciones pendientes contra el Tribunal de Sentencia.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación promovida por Zully Concepción Ortiz García contra los integrantes del Tribunal de Apelación Multifueros de Presidente Hayes, en el marco de la causa conocida como la “mafia de pagarés”. La decisión despeja uno de los obstáculos procesales que mantienen trabado el inicio del primer juicio oral y público en el caso.

La acusada había recusado a los magistrados Gizela María Palumbo Arámbulo, Blas Ramón Cabriza Rojas y Paola Beatriz Duarte Román, alegando que no tenía confianza en el actuar del Tribunal de Apelación.

Sin embargo, los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y María Carolina Llanes consideraron que los argumentos presentados no reunían los requisitos legales para justificar la separación de los camaristas.

En su voto, Ramírez Candia sostuvo que la recusante no invocó ninguna de las causales previstas en el artículo 50 del Código Procesal Penal ni expuso circunstancias fácticas concretas que permitieran sospechar que la imparcialidad o independencia de los magistrados estuviera comprometida.

“El simple hecho de no tener confianza hacia los magistrados del tribunal de apelación no configura motivo de separación de los magistrados”, señala el fundamento de la resolución, que concluye que corresponde declarar inadmisible el estudio de la recusación.

El ministro Luis María Benítez Riera se adhirió a los argumentos de su colega, mientras que la ministra Carolina Llanes también consideró improcedente el planteamiento. En su voto, remarcó que la recusación fue formulada en términos imprecisos e hipotéticos y que no se sustentó en ninguna de las causales expresamente contempladas en la normativa procesal penal.

Una traba procesal para el juicio oral

La recusación había incidido en la tramitación de la causa, cuyo avance hacia el juicio oral y público quedó condicionado por los incidentes promovidos por la acusada contra los integrantes del Tribunal de Sentencia y los camaristas.

Con la decisión de la Sala Penal, queda allanado el camino para que el Tribunal de Apelación estudie la recusación planteada contra los miembros del Tribunal de Sentencia, un paso necesario para destrabar el proceso y avanzar hacia la realización del juicio.

La resolución, no obstante, no constituye un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia de Ortiz García, sino que se limita a examinar la admisibilidad de su planteamiento contra los magistrados de segunda instancia.

La acusación por el caso de la mafia de pagarés

La investigación conocida como “mafia de pagarés” se centra en presuntas maniobras judiciales vinculadas con la utilización de pagarés para promover ejecuciones y demandas de cobro, pese a que algunas de las obligaciones reclamadas habrían sido canceladas.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Ángela Mabel Zárate obtuvo en octubre de 2013 dos préstamos de la firma Vanessa y Asociados, por G. 3.360.000 y G. 3.840.000, respectivamente. Según la Fiscalía, ambas deudas fueron posteriormente canceladas mediante descuentos automáticos.

Sin embargo, la acusación sostiene que, pese a la cancelación de las obligaciones, los pagarés habrían sido entregados posteriormente a la abogada Zully Ortiz.

En 2020, Ortiz habría promovido una acción preparatoria de juicio ejecutivo y, posteriormente, una demanda por cobro de guaraníes ante el Juzgado de Paz de Nueva Italia.

Además de la abogada, también están acusados en esta causa Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva Krause, propietarios de la firma Vanessa y Asociados.

La causa forma parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en el uso de documentos de deuda para impulsar reclamos judiciales. Ahora, tras el rechazo de la recusación contra los camaristas, el proceso queda en condiciones de avanzar en el tratamiento de los incidentes pendientes, con la expectativa de que finalmente pueda encaminarse hacia el juicio oral y público.

El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción Rodrigo Estigarribia sostuvo, en una entrevista con Judiciales Net, que el Ministerio Público debe construir su propio relato de los hechos y no limitarse a reproducir informes de la Contraloría o de otras instituciones. Advirtió que una imputación sin una descripción clara de las conductas atribuidas puede impedir que el proceso avance.

La claridad en la descripción de los hechos constituye uno de los elementos fundamentales para garantizar el derecho a la defensa y evitar que las causas relacionadas con delitos económicos y corrupción queden truncadas por deficiencias en las imputaciones. Así lo sostuvo el juez penal de garantías especializado Rodrigo Estigarribia, quien señaló que el Ministerio Público debe elaborar una teoría fáctica propia y explicar de manera concreta qué conducta atribuye a cada persona investigada.

En una entrevista con Judiciales Net, el magistrado identificó como una de las debilidades que observa en las investigaciones fiscales es la frecuente remisión a auditorías, dictámenes e informes elaborados por otras instituciones, como la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), sin desarrollar suficientemente los hechos que sustentan la imputación.

“Un principio fundamental es el derecho a la defensa, y el derecho que tiene la persona es conocer cuáles son los hechos que se le atribuyen”, expresó Estigarribia.

En ese sentido, explicó que la Fiscalía no debería limitarse a citar documentos técnicos, sino que debe construir una narración propia, precisa y comprensible sobre los hechos investigados, las conductas atribuidas y las posibles consecuencias económicas de estas.

“Lo que no es aconsejable es remitirse a las auditorías o a los dictámenes, ya sea de la Contraloría o de la DNIT, sino que el Ministerio Público tiene que hacer su propio relato de hechos y decir: Pedro, en tales fechas hizo tal cosa en tal licitación y habría causado, por ejemplo, un perjuicio de tantos miles de dólares”, manifestó.

Una imputación deficiente puede frenar el proceso

El magistrado advirtió que las deficiencias en la relación de hechos no constituyen una cuestión meramente formal, sino que pueden tener consecuencias concretas para el desarrollo de una causa penal.

Según explicó, cuando una imputación llega a la audiencia preliminar sin una descripción suficiente de los hechos atribuidos, el juzgado puede verse obligado a disponer su devolución para que el Ministerio Público revise y precise su contenido.

“Porque me llega a mí, como juez de garantía, una audiencia preliminar, y, si no existe una relación de hechos, lastimosamente, el proceso no puede continuar”, señaló.

Estigarribia indicó que ya tuvo que devolver imputaciones en varias oportunidades, precisamente para que los fiscales verifiquen los hechos y elaboren una exposición más sencilla y clara.

“Yo devolví la imputación en varias oportunidades, diciéndoles: señores del Ministerio Público, verifiquen los hechos y hagan una relación más sencilla”, relató.

El juez advirtió que, si las falencias no se corrigen oportunamente, pueden terminar favoreciendo escenarios de impunidad, al obstaculizar la continuidad de procesos en los que se investigan hechos de relevancia penal.

Los informes técnicos no reemplazan la teoría fiscal

Estigarribia aclaró que los informes de auditoría, los dictámenes institucionales y los documentos bancarios constituyen herramientas relevantes para respaldar una investigación. Sin embargo, remarcó que estos elementos deben servir de sustento a la teoría del Ministerio Público y no reemplazar la descripción de los hechos que se atribuyen a una persona.

“Esos informes pueden servir al Ministerio Público, pero no basarse exclusivamente la imputación en esos informes. Esos informes son elementos que sustentan la teoría del Ministerio Público”, afirmó.

Para el magistrado, la Fiscalía debe desarrollar una teoría fáctica propia, es decir, una explicación ordenada de lo que presuntamente ocurrió, quién habría intervenido, de qué manera lo habría hecho y cuál sería la consecuencia de esa conducta.

El relato debe ser lo suficientemente claro para que la persona investigada comprenda la acusación y pueda preparar una defensa efectiva, sin que la explicación de los hechos quede subordinada al lenguaje técnico de los documentos incorporados a la investigación.

“Y los hechos son así como nosotros hablamos, o sea, que tiene que ser un relato claro, sencillo, sin mucho tecnicismo, para que la persona pueda entender y ejercer su defensa. No es una cuestión solamente formal, sino es para el ejercicio de la defensa”, enfatizó.

Especialización y formación académica

Rodrigo Estigarribia integra la judicatura especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, con competencia a nivel nacional. Su labor jurisdiccional se desarrolla en un ámbito que exige analizar investigaciones complejas, documentos contables, operaciones financieras y elementos probatorios vinculados a presuntos hechos de corrupción.

Además de su actividad como magistrado, se desempeña como docente universitario y mantiene una formación académica continua.

Recientemente, aprobó su tesis de Maestría en Ciencias Penales, titulada “La delación premiada en los hechos punibles de corrupción pública”, una investigación desarrollada bajo la tutoría del también magistrado y experto Matías Garcete.

Sus reflexiones sobre la formulación de imputaciones ponen el foco en una etapa decisiva del proceso penal: la obligación de presentar hechos concretos, comprensibles y jurídicamente relevantes. Para el juez, una investigación puede contar con informes técnicos y documentación abundante, pero estos elementos no sustituyen la responsabilidad fiscal de explicar con claridad qué ocurrió y cuál sería la participación de cada persona investigada.

La precisión en esa tarea resulta esencial tanto para garantizar el derecho a la defensa como para permitir que los órganos jurisdiccionales examinen adecuadamente las acusaciones y que los procesos penales puedan avanzar conforme a las exigencias legales.