El exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Raúl Fernández Lippmann, cumplirá su condena de siete años de prisión en el Penal Industrial La Esperanza y, conforme a lo establecido por la Justicia, la pena la tendrá por cumplida en el año 2032.

Fernández Lippmann fue detenido este jueves, 8 de octubre, luego de permanecer prófugo durante años y contar con una orden de captura para hacer efectiva la condena firme que pesa en su contra. Con su detención, se inicia el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad.

Patrimonio que no pudo justificar

De acuerdo con los antecedentes, Fernández Lippmann fue condenado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, luego de que no pudiera justificar la diferencia entre sus ingresos legales y el patrimonio que llegó a acumular.

Según la acusación fiscal y los elementos considerados en la sentencia, el exfuncionario registraba ingresos legales de aproximadamente G. 20 millones, mientras que sus bienes alcanzaban un valor cercano a G. 1.400 millones.

El proceso tuvo varias etapas. En un primer momento, Fernández Lippmann fue absuelto; sin embargo, posteriormente esa resolución fue anulada y la causa volvió a un nuevo juicio oral y público, en el que finalmente recibió la condena de siete años de cárcel.

La sentencia quedó firme en 2023, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena. Posteriormente, la máxima instancia rechazó un recurso de aclaratoria presentado por la defensa, por considerar que no existían cuestiones que aclarar respecto al fallo.
El antecedente de los audios filtrados del JEM

Fernández Lippmann también estuvo involucrado en el escándalo de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, caso que salió a la luz pública a finales de 2017 y expuso conversaciones relacionadas con presuntas negociaciones e influencias sobre procesos judiciales contra magistrados y fiscales.

El exfuncionario ocupó la Secretaría del JEM durante la presidencia del fallecido Óscar González Daher. Ambos fueron condenados en diciembre de 2020 por tráfico de influencias, en una causa que también involucró al abogado Carmelo Caballero. En ese juicio, el exsenador Jorge Oviedo Matto fue absuelto.

No obstante, el proceso relacionado con los audios tuvo posteriores incidencias judiciales y debates sobre las penas que debían cumplir algunos de los condenados. Por ello, esta causa debe distinguirse del expediente por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que derivó en la condena firme de siete años que ahora Fernández Lippmann comenzará a cumplir.

Con su ingreso al Penal Industrial La Esperanza, el exsecretario del JEM pasa de una condena firme pendiente de ejecución al cumplimiento efectivo de la sanción impuesta por la Justicia.

La extitular de Petropar fue promovida por seis meses al periodo de tratamiento dentro del régimen penitenciario. La resolución establece que deberá mantener su actividad laboral, proseguir sus estudios y someterse a seguimiento psicológico periódico, en el marco de su condena por un caso de corrupción pública durante la pandemia.

La expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio, fue promovida al periodo de tratamiento penitenciario por un plazo de seis meses, según una resolución del Juzgado Penal de Ejecución a cargo de la jueza Sandra Silveira. La disposición judicial establece una serie de obligaciones que deberá cumplir durante esta etapa, entre ellas continuar con el tratamiento psicológico, mantener su actividad laboral y proseguir sus estudios académicos.

La resolución ordena que Samudio continúe con la atención psicológica a cargo de profesionales del Departamento del Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada, por el tiempo que se considere necesario. Asimismo, dispone que los responsables informen mensualmente a la magistratura sobre la evolución del tratamiento.

En el ámbito laboral, la exfuncionaria deberá seguir desempeñando la actividad que realiza actualmente, conforme al informe de la Oficina de Tratamiento Comunitario (OTC). También deberá continuar sus estudios con el objetivo de culminarlos.

La resolución judicial establece, además, que el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada deberá notificar a la condenada sobre la resolución. A su vez, el Organismo Técnico Criminológico y el Consejo Asesor tendrán que informar al juzgado sobre el cumplimiento y la culminación del tratamiento, conforme a lo previsto en el artículo 52 del Código de Ejecución Penal.

Una condena por corrupción durante la pandemia

La situación penitenciaria de Samudio se enmarca en la causa penal relacionada con la adquisición irregular de agua tónica y otros insumos por parte de Petropar durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. La condena impuesta a la extitular de la petrolera estatal y a su esposo, José Costa Perdomo, se encuentra en plena ejecución y la buena conducta atribuida a Samudio hace que la promuevan a esta etapa.

Durante el juicio oral y público, el tribunal de sentencia dio por probado que Samudio autorizó el pago de G. 350 millones a la empresa Solumedic para la compra de agua tónica y otros insumos. Sin embargo, según los magistrados, tanto la operación de compra como la venta fueron simuladas y fraudulentas.

De acuerdo con los hechos acreditados en el juicio, Costa Perdomo gestionó la operación pese a no ser funcionario de Petropar. Una vez que la empresa estatal transfirió el dinero, Solumedic habría derivado los fondos a una cuenta para cancelar una deuda del esposo de Samudio. Por estos hechos, Costa Perdomo fue condenado a tres años de prisión.

La crítica del tribunal a los condenados

Al fundamentar la sentencia, la jueza Gloria Hermosa, presidenta del tribunal de sentencia, cuestionó duramente la conducta de los acusados y la utilización de recursos públicos en plena crisis sanitaria.

La magistrada sostuvo que el caso no constituía un episodio más de corrupción pública, sino una operación mediante la cual los acusados obtuvieron un beneficio económico indebido aprovechándose de la emergencia sanitaria.

«Este no es simplemente un caso más de corrupción pública. Obtuvieron un beneficio económico indebido aprovechándose de una crisis de salud pública. Se observó una falta de empatía y responsabilidad civil. La pandemia causó más de 19.600 muertes, personas que fallecieron por falta de insumos, mientras estos individuos, Patricia Samudio y José Costa, llevaban a cabo una operación fraudulenta en beneficio personal», expresó Hermosa.

La causa tuvo especial repercusión debido a que los hechos investigados ocurrieron mientras el sistema sanitario enfrentaba una fuerte presión por la pandemia y el país atravesaba una crisis marcada por la escasez de insumos médicos.

Con la condena firme, ambos están compurgando las penas impuestas por la Justicia. En el caso de Samudio, la resolución del Juzgado Penal de Ejecución N.º 03 dispone ahora su promoción por seis meses al periodo de tratamiento penitenciario, bajo reglas específicas y con seguimiento de las autoridades responsables de su proceso de reinserción.

Un hombre fue condenado a 17 años de pena privativa de libertad tras ser hallado culpable del hecho punible de abuso sexual en niños, en un juicio oral llevado adelante a partir de la acusación presentada por el Ministerio Público. El condenado era padrastro de la víctima, por lo que sus datos personales no son difundidos para proteger la identidad de la menor.

La agente fiscal Rocío González, de la Fiscalía Zonal de Santa Rita, sostuvo la acusación durante el juicio y presentó pruebas testimoniales, documentales y periciales que permitieron acreditar los hechos y establecer la responsabilidad penal del acusado.

Según los antecedentes de la causa, las agresiones comenzaron cuando la víctima tenía 12 años y se producían en la vivienda familiar. De acuerdo con la investigación, el hombre aprovechaba los momentos en que quedaba a solas con su hijastra para cometer los actos de carácter sexual.

La situación fue posteriormente comunicada a familiares de la menor, quienes realizaron la denuncia y dieron lugar a la apertura de la investigación penal.

Cámara Gesell y pruebas periciales

Entre las principales evidencias incorporadas al juicio se encuentra el relato de la víctima, obtenido mediante Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba. En su declaración, la menor identificó a su padrastro como responsable de las agresiones.

La Fiscalía también presentó un informe de contención psicológica elaborado a partir del relato de la víctima, además de un informe socioambiental y el examen médico forense.

Durante el juicio declararon funcionarios de la CODENI, familiares de la adolescente y profesionales que intervinieron en las distintas etapas de la investigación, entre ellos una médica de la Unidad de Salud Familiar, un médico forense, una psicóloga y una trabajadora social.

Con el conjunto de elementos probatorios, la representante del Ministerio Público sostuvo la acusación y logró la condena de 17 años de prisión.

La sentencia fue dictada por un Tribunal de Sentencia integrado por Emilia Santos, Óscar Gabriel Genez y Milciades Ovelar.

El exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Raúl Fernández Lippmann, fue detenido luego de permanecer con orden de captura desde que quedó firme la condena de siete años de prisión que pesa en su contra por los hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Fernández Lippmann fue condenado por no poder justificar el origen de una importante diferencia entre sus ingresos legales y el patrimonio que llegó a acumular. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público y los elementos considerados en la sentencia, el exfuncionario registraba ingresos legales de aproximadamente G. 20 millones, mientras que sus bienes alcanzaban un valor cercano a los G. 1.400 millones.

La condena quedó firme en 2023, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia. Desde entonces, Fernández Lippmann contaba con una orden de captura para hacer efectiva la pena de siete años de cárcel.

De la absolución a una condena firme

El proceso judicial tuvo varios capítulos. En una primera etapa, Fernández Lippmann fue absuelto. Sin embargo, posteriormente la resolución fue anulada y la causa volvió a un nuevo juicio oral y público.

En ese segundo juicio, el exsecretario del JEM fue condenado a siete años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Con la confirmación del fallo por parte de la Corte Suprema, la condena adquirió firmeza y quedó pendiente su cumplimiento.

El caso de los audios del JEM

Fernández Lippmann ocupó la Secretaría del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados durante el periodo en que el fallecido Óscar González Daher ejerció la presidencia del organismo.

Ambos fueron procesados y posteriormente condenados en el marco de la investigación derivada de los audios filtrados del JEM, que expusieron conversaciones relacionadas con un esquema de presuntas presiones y extorsiones vinculadas a procesos contra magistrados y fiscales.

Con la detención de Fernández Lippmann, se da cumplimiento a la orden de captura dictada para hacer efectiva la condena firme de siete años de prisión.

El juez de Ejecución Penal Carlos Mendoza solicitó informes a los establecimientos penitenciarios e igualmente a los médicos tratantes de Hugo Javier González antes de resolver dónde deberá cumplir su condena el exgobernador de Central, actualmente hospitalizado, con alta clínica y en proceso de recuperación total.

En declaraciones a la 650 AM, el magistrado explicó que primero busca determinar cuáles son las necesidades específicas del condenado y, a partir de esa información, establecer cuál es el lugar más adecuado para el cumplimiento de la pena.

Mendoza señaló que existen dos posibilidades: que González continúe cumpliendo la condena en su domicilio o que sea trasladado a un establecimiento penitenciario que reúna las condiciones necesarias para alojarlo y, al mismo tiempo, garantizar los cuidados que requiere para recuperar su estado de salud.

Para tomar una decisión, los distintos centros penitenciarios deberán informar al juzgado si cuentan con las condiciones edilicias, sanitarias y de atención necesarias para recibir al encausado.

Una condena de 10 años
Hugo Javier González cumple una condena de 10 años de prisión por lesión de confianza, derivada de un proceso relacionado con el manejo de recursos públicos destinados a programas de reactivación económica durante la pandemia de COVID-19.

La causa se originó en la administración de fondos que debían ser utilizados para mitigar los efectos económicos provocados por la emergencia sanitaria. El proceso penal concluyó con la condena del entonces gobernador de Central.

Ahora, la Justicia de Ejecución debe determinar las condiciones concretas en las que González continuará cumpliendo la pena, tomando en consideración su situación actual.

Permanece hospitalizado
Mientras tanto, el exgobernador permanece internado y avanza en su recuperación luego de sufrir lesiones dentro de la celda donde se encontraba recluido.

Las circunstancias en las que se produjeron esas heridas continúan siendo objeto de investigación. El Ministerio Público deberá determinar, a partir de los elementos reunidos, qué ocurrió dentro de la celda y cómo se produjeron las lesiones que derivaron en su hospitalización.

La decisión sobre el lugar donde González continuará cumpliendo su condena quedará, por ahora, supeditada a los informes solicitados por el juez Mendoza.

La defensa de Hernán Rivas, encabezada por la abogada Alba Zaracho, tiene hasta el 16 de octubre para presentar el recurso de apelación contra la condena de ocho años de prisión impuesta al exsenador por la producción mediata y el uso de documentos públicos de contenido falso. El plazo comenzó a correr luego de que el Tribunal de Sentencia entregara la sentencia definitiva íntegra.

Zaracho ya accedió al fallo completo y analiza los fundamentos utilizados por el colegiado para establecer la responsabilidad penal de Rivas y la pena aplicada.

El Tribunal de Sentencia, integrado por María Fernanda García de Zúñiga, Yolanda Portillo y Juan Carlos Zárate, concluyó que durante el juicio oral no pudo acreditarse la trayectoria académica que Rivas sostuvo para presentarse como abogado. Según los fundamentos de la sentencia, las pruebas documentales y testimoniales demostraron que no existen elementos que respalden que haya cursado efectivamente la carrera de Derecho.

Los magistrados sentenciaron que Rivas es responsable de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad agravada. García de Zúñiga y Portillo votaron por la pena de ocho años, mientras que Zárate sostuvo en disidencia que correspondía una condena de 14 años.

Uno de los puntos centrales del razonamiento del fallo fue precisamente la inexistencia de una trayectoria académica verificable. El colegiado sostuvo que las evidencias analizadas durante el debate oral permitieron concluir que Rivas no cursó ni aprobó la carrera de Derecho en los términos que constaban en los documentos utilizados para acreditar su condición profesional.

El fallo también cuestionó diversas inconsistencias relacionadas con las horas de clase, las sedes universitarias, los exámenes supuestamente rendidos y la ausencia de documentación académica que respaldara el recorrido universitario atribuido al condenado. Estos elementos fueron considerados por el Tribunal para sostener que la condición de abogado que Rivas acreditó mediante esos documentos no tenía sustento académico.

Ahora será la defensa la que deberá formular sus agravios ante el Tribunal de Apelación dentro del plazo legal. El recurso marcará el siguiente capítulo de un proceso que llegó a juicio oral después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara en mayo de este año resoluciones que habían declarado la prescripción y dispuesto el sobreseimiento definitivo de Rivas, ordenando la continuidad del proceso.

Con el vencimiento fijado para el 16 de octubre, la defensa enfrenta ahora una instancia decisiva: deberá cuestionar los argumentos empleados por el Tribunal de Sentencia para sostener que Rivas utilizó documentación falsa para acreditar una condición profesional que, según la sentencia, nunca estuvo respaldada por una verdadera trayectoria universitaria.