El Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar) convocó a los funcionarios del Poder Judicial a movilizarse el lunes 12 de octubre, a las 14:00, para acompañar a la Corte Suprema de Justicia en la defensa ante el Congreso Nacional. El gremio reclama mejores salarios y advierte que la cobertura del seguro médico está en peligro.
Según el comunicado difundido hoy, 5.300 funcionarios judiciales no perciben el salario mínimo, tomando como referencia el proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2027. El sindicato afirma además que el reajuste del 20%, 10% y 5% para los funcionarios de la Capital y del interior está postergado desde hace 16 años.
Son cifras del gremio que no fueron contrastadas con datos oficiales. El comunicado tampoco anuncia una huelga: llama a «acompañar y apoyar» la jornada del 12 de octubre, sin referirse a un paro de actividades.
El reclamo sobre el seguro médico apunta a un proyecto de ley del senador Eduardo Nakayama, que ya había anunciado públicamente en julio. El comunicado de Sifjupar no lo nombra, pero el borrador alcanzaría a todo el Estado, Poder Judicial incluido.
Qué propone el proyecto sobre el seguro médico
El texto, denominado «De eliminación de seguros médicos privados para funcionarios públicos del Estado», sería de aplicación obligatoria en todas las entidades, organismos, empresas y dependencias estatales. El artículo 3 prohíbe suscribir nuevos contratos de seguros médicos privados y renovar los vigentes una vez que concluyan.
El artículo 4 dispone la eliminación de todos los subsidios de salud para funcionarios públicos financiados por el Estado, cuyos pagos cesarían con la entrada en vigencia de la ley. El artículo 5 exceptúa solo al cuerpo diplomático en servicio en el exterior.
El borrador lleva las firmas de los senadores Eduardo Nakayama, Ignacio Iramain Chilavert, José Oviedo, Rafael Filizzola y Colym Soroka, entre otros, pero no consigna número de expediente ni fecha de presentación.
Nakayama sostuvo en julio que, de unos 350.000 funcionarios públicos, alrededor de 50.000 tienen seguro privado y que el Estado gasta cerca de USD 110 millones al año en esas pólizas. Los calificó de inconstitucionales por funcionar como privilegios y aclaró que su iniciativa no prevé trasladar a los funcionarios al Instituto de Previsión Social (IPS).
Cómo se cubre hoy la salud de los judiciales
El Poder Judicial contrata un servicio médico privado mediante licitación. En 2021, la Corte adjudicó ese servicio a Asismed S.A., con cobertura sin costo para titulares, cónyuges e hijos menores de 21 años.
En 2020, el entonces presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, defendió el esquema al señalar que las leyes de presupuesto permiten optar por un seguro privado cuando los funcionarios no tienen cobertura del IPS. Recordó que en 2010 el IPS rechazó incorporar a los judiciales y que se vetó la ley que los incluía, por la imposibilidad de absorber esa cantidad de asegurados.
La Constitución reconoce la autarquía presupuestaria del Poder Judicial, pero el monto final lo define el Congreso al sancionar el Presupuesto General de la Nación, instancia en la que se enmarca la movilización del lunes.
