La defensa de Hernán Rivas, encabezada por la abogada Alba Zaracho, tiene hasta el 16 de octubre para presentar el recurso de apelación contra la condena de ocho años de prisión impuesta al exsenador por la producción mediata y el uso de documentos públicos de contenido falso. El plazo comenzó a correr luego de que el Tribunal de Sentencia entregara la sentencia definitiva íntegra.

Zaracho ya accedió al fallo completo y analiza los fundamentos utilizados por el colegiado para establecer la responsabilidad penal de Rivas y la pena aplicada.

El Tribunal de Sentencia, integrado por María Fernanda García de Zúñiga, Yolanda Portillo y Juan Carlos Zárate, concluyó que durante el juicio oral no pudo acreditarse la trayectoria académica que Rivas sostuvo para presentarse como abogado. Según los fundamentos de la sentencia, las pruebas documentales y testimoniales demostraron que no existen elementos que respalden que haya cursado efectivamente la carrera de Derecho.

Los magistrados sentenciaron que Rivas es responsable de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad agravada. García de Zúñiga y Portillo votaron por la pena de ocho años, mientras que Zárate sostuvo en disidencia que correspondía una condena de 14 años.

Uno de los puntos centrales del razonamiento del fallo fue precisamente la inexistencia de una trayectoria académica verificable. El colegiado sostuvo que las evidencias analizadas durante el debate oral permitieron concluir que Rivas no cursó ni aprobó la carrera de Derecho en los términos que constaban en los documentos utilizados para acreditar su condición profesional.

El fallo también cuestionó diversas inconsistencias relacionadas con las horas de clase, las sedes universitarias, los exámenes supuestamente rendidos y la ausencia de documentación académica que respaldara el recorrido universitario atribuido al condenado. Estos elementos fueron considerados por el Tribunal para sostener que la condición de abogado que Rivas acreditó mediante esos documentos no tenía sustento académico.

Ahora será la defensa la que deberá formular sus agravios ante el Tribunal de Apelación dentro del plazo legal. El recurso marcará el siguiente capítulo de un proceso que llegó a juicio oral después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara en mayo de este año resoluciones que habían declarado la prescripción y dispuesto el sobreseimiento definitivo de Rivas, ordenando la continuidad del proceso.

Con el vencimiento fijado para el 16 de octubre, la defensa enfrenta ahora una instancia decisiva: deberá cuestionar los argumentos empleados por el Tribunal de Sentencia para sostener que Rivas utilizó documentación falsa para acreditar una condición profesional que, según la sentencia, nunca estuvo respaldada por una verdadera trayectoria universitaria.

La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer el resultado del monitoreo de las audiencias preliminares realizadas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2026 en los juzgados de la Capital.

El relevamiento abarcó a los Juzgados Penales de Garantías, de Delitos Económicos, de la Niñez y la Adolescencia y los especializados en Crimen Organizado.

Durante ese periodo estaban previstas 86 audiencias preliminares. De ese total, 49 fueron efectivamente realizadas, equivalente al 57%, mientras que 37 no pudieron concretarse, lo que representa el 43%.

El informe identifica como principal motivo de suspensión los pedidos de suspensión, que derivaron en 22 casos. A estos se suman 12 audiencias suspendidas por incomparecencia de alguna de las partes y otras tres por la interposición de recursos.

El seguimiento forma parte de las tareas de auditoría de la gestión jurisdiccional de la CSJ y permite conocer el nivel de cumplimiento de las audiencias fijadas por los juzgados, además de identificar las principales causas que impiden su realización.

La defensora pública Laticia Casaccia consiguió nuevamente medidas favorables para María Estela Ozuna, una docente indígena que enfrenta diez juicios ejecutivos promovidos por Víctor Rotela y Carlos Barúa. La defensa ya había logrado la nulidad de uno de los procesos por irregularidades y ahora obtuvo el levantamiento de siete embargos que afectaban directamente el salario de la docente.

La ofensiva judicial emprendida por la defensora pública Laticia Casaccia permitió avanzar nuevamente en la protección de los derechos de María Estela Ozuna, docente indígena de General Bruguez que enfrenta múltiples procesos ejecutivos vinculados al esquema de pagarés que ha generado numerosas denuncias en los tribunales.

Ozuna tiene actualmente diez juicios ejecutivos promovidos por Víctor Rotela y Carlos Barúa, procesos en los que se habían dispuesto medidas cautelares que impactaban directamente sobre su salario.

A pedido de la defensa pública, fueron levantados siete de los diez embargos que pesaban sobre la remuneración de la docente, mientras continúan en trámite los demás procesos judiciales.

La nueva actuación de Casaccia se suma a una serie de resultados favorables obtenidos en representación de Ozuna. Previamente, la defensora logró que uno de los juicios fuera declarado nulo, luego de que durante la tramitación se detectaran irregularidades que comprometían la validez del proceso seguido contra la docente.

El salario, en el centro de la disputa

El levantamiento de los siete embargos representa un alivio para la afectada, debido a que las medidas recaían sobre su principal fuente de ingresos. Las decisiones adoptadas para frenar los embargos ya fueron notificados debidamente al MEC para que proceda a cumplirlas.

La defensa planteó ante los juzgados correspondientes la necesidad de dejar sin efecto las medidas cautelares mientras continúan los procesos ejecutivos y se analiza la situación jurídica de cada uno de los expedientes.

De esta manera, siete de los diez embargos fueron levantados, aunque los litigios aún no concluyeron en su totalidad.

El caso de Ozuna se inscribe en el escenario de numerosas causas judiciales relacionadas con pagarés y presuntas irregularidades en procesos ejecutivos, fenómeno que ha puesto bajo atención la utilización de documentos de deuda para promover acciones judiciales contra personas que, en varios casos, cuestionan haber contraído las obligaciones reclamadas o denuncian irregularidades en la documentación y en los procedimientos.

Una defensa que ya consiguió la nulidad de un juicio

Para Casaccia, el avance más significativo dentro del caso de Ozuna ya se había producido con la declaración de nulidad de uno de los procesos ejecutivos.

La decisión se sustentó en irregularidades detectadas durante la tramitación del juicio, según los planteamientos formulados por la defensa.

Mientras los restantes expedientes siguen su curso, la defensora continúa impulsando las acciones destinadas a resguardar los derechos de la docente y evitar que las medidas cautelares afecten de manera desproporcionada sus ingresos.

El levantamiento de los siete embargos constituye así un nuevo resultado favorable para la docente indígena, aunque los otros procesos ejecutivos todavía se encuentran pendientes de resolución.

El caso vuelve a poner en discusión el impacto que tienen las medidas cautelares sobre los salarios y la necesidad de que los procesos ejecutivos cumplan estrictamente con las garantías y requisitos establecidos por la legislación, particularmente cuando están comprometidos los ingresos de trabajadores utilizados para su subsistencia.

La absolución no significa ausencia de justicia. Para la jueza de Sentencia Lourdes Garcete, cuando las pruebas reunidas durante un proceso penal no permiten alcanzar el grado de certeza necesario para condenar, los magistrados tienen la obligación de absolver, aun cuando esa decisión pueda resultar impopular ante la sociedad.

“La absolución es, digamos, un mandato obligatorio para nosotros como juzgadores, cuando no podemos llegar a un estándar cercano a la certeza sobre la existencia del hecho”, explicó Garcete durante una entrevista concedida a Judiciales Net.

La magistrada señaló que el sistema penal no permite que un juez funde una condena únicamente en sus convicciones personales o en una intuición sobre lo ocurrido. Para llegar a una sentencia condenatoria, debe existir un respaldo probatorio suficiente que permita superar el estado de duda.

“Cuando las pruebas no nos permiten llegar a ese estándar de convicción, nosotros, definitivamente, como jueces, estamos obligados a absolver. Es el estado de duda. Puede ser que sí, puede ser que no haya ocurrido el hecho”, sostuvo.

Garcete explicó que incluso un juzgador puede tener la percepción personal de que un hecho ocurrió o de que una determinada persona pudo haber participado. Sin embargo, esa apreciación subjetiva no puede reemplazar la evidencia producida y valorada dentro del proceso.

“Puede ser que yo tenga la intuición de que realmente ocurrió el hecho o que la persona participó, pero nuestro modelo de enjuiciamiento, nuestro modelo de valoración de pruebas en particular, no nos permite a nosotros guiarnos por nuestras convicciones sencillamente”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que una condena debe estar sustentada en el conjunto de elementos probatorios incorporados al proceso. “Nosotros tenemos que tener un apoyo probatorio para justificar una condena. Que es el cúmulo de pruebas”, indicó.

Una decisión de justicia, aunque no sea popular

La jueza también fue consultada sobre si una absolución puede ser entendida como un acto de justicia. Su respuesta fue contundente: “Claro que sí, yo creo que sí”.

Para Garcete, uno de los principales obstáculos para que la ciudadanía acepte este tipo de decisiones radica en la desconfianza que existe hacia las instituciones y, particularmente, hacia la administración de justicia. Esa desconfianza puede llevar a que una absolución sea interpretada automáticamente como falta de respuesta judicial, incluso cuando la decisión esté determinada por las reglas que rigen el proceso penal.

La magistrada consideró que esta dificultad también está relacionada con la necesidad de una mayor formación ciudadana respecto del funcionamiento del Estado de derecho. A su criterio, la educación cívica debe comenzar desde los primeros años, de manera que las personas comprendan tanto sus derechos como los límites que existen para el ejercicio del poder estatal.

En esa formación, sostuvo, debe explicarse que los conflictos no pueden resolverse mediante la justicia por mano propia y que el propio Estado, pese a contar con la potestad de sancionar los delitos, también tiene límites.

La reflexión pone en el centro una de las premisas fundamentales del proceso penal: el poder de castigar no es ilimitado. Cuando la prueba no alcanza para derribar el estado de duda, la respuesta judicial no puede construirse sobre intuiciones, presiones sociales o la necesidad de ofrecer un resultado que resulte satisfactorio para la opinión pública.

La absolución, desde esta perspectiva, no constituye necesariamente el fracaso del sistema de justicia. Puede ser también la consecuencia de que los propios límites establecidos por la ley impiden condenar a una persona cuando no existe suficiente respaldo probatorio para hacerlo.

El desafío, según el planteamiento de Garcete, está también en que la sociedad pueda comprender esa dimensión de la justicia penal: no toda decisión judicial que genera descontento es una decisión injusta, así como no toda condena satisface por sí misma la exigencia de justicia.

La Fiscalía logró nuevamente dejar sin efecto un intento de trasladar a Erico Galeano Segovia a la prisión Militar de Viñas Cué. El dictamen de la agente fiscal de Ejecución Penal especializada en Crimen Organizado, Delitos Económicos y Anticorrupción, Dominica Zayas Acevedo, fue determinante para que el Tribunal de Apelación Penal especializado revocara la decisión judicial que había autorizado el cambio de lugar de reclusión.

La representante del Ministerio Público cuestionó el fallo del juez Penal de Ejecución Carlos Mendoza y sostuvo, entre otros argumentos, que no existían elementos objetivos que justificaran el traslado. Según la Fiscalía, durante el proceso no fueron acreditadas amenazas, incidentes, riesgos concretos ni una vulneración efectiva de los derechos o garantías de Galeano que hicieran necesario disponer su traslado a Viñas Cué.

Además, Zayas Acevedo recordó que ya existía una resolución judicial anterior que había rechazado una pretensión similar, por lo que consideró que tampoco se presentaban nuevos elementos que permitieran modificar ese criterio.

El planteamiento fiscal fue atendido por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, que hizo lugar al recurso de apelación general presentado por la Fiscalía y revocó el Auto Interlocutorio N.º 5, mediante el cual el juzgado de Ejecución había autorizado el traslado.

En su decisión, la Cámara advirtió un error en el razonamiento utilizado para fundamentar la medida. Uno de los puntos centrales fue que el propio juzgado había reconocido la ausencia de amenazas, incidentes o riesgos concretos contra Galeano, pese a lo cual había dispuesto su traslado a la cárcel militar.

Con la resolución de la Cámara, el traslado queda nuevamente frustrado y se mantiene el régimen de reclusión dispuesto para el condenado.

Galeano cumple una condena de 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal, dictada en el marco de la causa A Ultranza Py, proceso en el que fue condenado por hechos vinculados con la estructura criminal atribuida a Sebastián Marset y Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró firme la sentencia que confirmó la condena y reconoció su calidad de cosa juzgada, con lo cual se ordenó avanzar con los trámites correspondientes para la ejecución de la pena.

La nueva decisión del Tribunal de Apelación representa otro revés para la pretensión de llevar a Galeano a Viñas Cué y ratifica, a partir de los argumentos expuestos en la resolución, que no fueron acreditadas las circunstancias excepcionales invocadas para justificar el traslado.

El exministro del Interior Rafael Filizzola y actual senador, deberá volver a enfrentar una audiencia preliminar en el proceso que soporta por una supuesta lesión de confianza vinculada con la construcción y reparación de comisarías durante su gestión.

El juez Penal de Garantías Joan Paul López fijó para el 14 de octubre de 2026, a las 09:00, la nueva audiencia, luego de que la Cámara de Apelación Penal revocara la resolución que había declarado extinguida la acción penal contra Filizzola por el transcurso del tiempo.

La convocatoria fue realizada a pedido de la agente fiscal Silvia Margarita González Vester, quien interviene en la causa. El expediente retornó al juzgado de Garantías después de que Alzada, mediante el A.I. N.º 325, del 23 de septiembre de 2026, dejara sin efecto la decisión anterior y ordenara continuar el proceso.

Con esta resolución, el proceso vuelve a una instancia determinante ya que el juzgado deberá analizar los planteamientos de las partes y, particularmente, el requerimiento presentado por el Ministerio Público, que busca definir si el caso debe avanzar a un juicio oral y público.

El expediente tuvo un recorrido procesal marcado por la prescripción. Inicialmente, la causa había sido declarada extinguida por el transcurso del tiempo para todos los procesados. Sin embargo, al revisar esa decisión, la Cámara de Apelación revocó ese criterio en lo que concierne a Filizzola.

De esta manera, el exministro quedó como único acusado que deberá afrontar nuevamente la etapa preliminar, por lo que el juzgado deberá resolver si existen elementos suficientes para que el proceso avance a la siguiente etapa.

La investigación fiscal se originó por presuntas irregularidades relacionadas con la construcción y reparación de comisarías en el área metropolitana durante la administración de Filizzola al frente del Ministerio del Interior.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, varias de las obras ejecutadas no habrían sido necesarias, situación que habría ocasionado un supuesto perjuicio patrimonial al Estado de aproximadamente G. 400 millones.

Ahora, con el expediente nuevamente en el juzgado, la audiencia del 14 de octubre será clave para establecer el rumbo de la causa y definir si Filizzola deberá enfrentar un eventual juicio oral por los hechos atribuidos por la Fiscalía.