La saturación de los Tribunales de Sentencia de Capital lleva a los propios magistrados a plantear la necesidad de revisar la legislación penal vigente, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan que solo determinados hechos punibles que realmente requieran un debate público sean elevados a la etapa de juicio oral.

La jueza de Sentencia Lourdes Garcete sostuvo que la sobrecarga que soportan los tribunales no puede analizarse únicamente desde la cantidad de expedientes, sino también desde la necesidad de preservar las condiciones en las que debe desarrollarse un juicio. En ese sentido, señaló que varios de sus colegas coinciden en que llegó el momento de examinar la legislación y determinar qué modificaciones podrían permitir una mayor utilización de salidas alternativas para determinados tipos penales.

“Yo creo que coincidimos muchos colegas en que es hora un poco de examinar y revisar la legislación que tenemos, a ver qué cambios convendría hacer para tratar de buscar salidas alternativas para ciertos tipos penales”, manifestó Garcete.

La propuesta apunta a descomprimir la etapa de juicio oral, evitando que hechos que pueden ser solucionados mediante mecanismos alternativos terminen ocupando espacios en los tribunales destinados al debate de causas que, por su naturaleza, requieren la producción y discusión pública de las pruebas.

La magistrada considera que una revisión de las reglas actuales podría contribuir a que los tribunales concentren sus recursos y su tiempo en aquellos procesos que efectivamente necesitan llegar a una sentencia luego de un debate oral como en los casos de abuso sexual en niños, violencia familiar y prestación alimentaria, que son los hechos punibles que comprimen la labor de los tribunales.

“Para ir descomprimiendo un poco sentencias y dejar verdaderamente las causas que merezcan un debate”, remarcó.

El exceso de causas también impacta en los juicios

Para Garcete, la discusión no se reduce a la cantidad de causas acumuladas. El problema tiene una incidencia directa en la calidad de la respuesta judicial, debido a las extensas jornadas de las audiencias y a la necesidad de atender simultáneamente procesos de distinta naturaleza.

La jueza advirtió que el volumen de trabajo puede afectar una condición esencial para quienes deben resolver: la concentración durante el desarrollo de los juicios.

“Las audiencias deben desarrollarse en la forma que merecen los operadores de justicia. O sea, con jueces que estén realmente con la capacidad de atender las posturas y resolver lo mejor posible”, sostuvo.

En ese punto, lanzó una advertencia sobre los límites humanos de la sobrecarga laboral: “Esta sobrecarga de trabajo atenta o pone, digamos, en peligro la calidad del servicio. Porque es realmente humanamente imposible muchas veces mantener la concentración por largos períodos y en varias causas distintas”.

La situación, según explicó, no es exclusiva de los Tribunales de Sentencia. También los jueces de Garantías y los magistrados de alzada enfrentan un importante volumen de expedientes, en un sistema en el que numerosos conflictos terminan ingresando al ámbito judicial.

“Es un fenómeno también esto, de judicializar mucho ciertos conflictos que, a lo mejor, podrían tener una solución fuera de lo judicial”, expresó.

Una reforma para definir qué debe llegar al debate

El planteamiento de Garcete instala así una discusión sobre la utilización de la etapa de juicio oral como instancia de resolución de los conflictos penales. La alternativa, según la magistrada, pasa por revisar la legislación para establecer salidas que permitan que determinados tipos penales puedan resolverse por vías alternativas, evitando que todos los procesos terminen necesariamente ante un Tribunal de Sentencia.

El objetivo sería que la estructura judicial pueda concentrarse en los casos que demandan un verdadero debate público, con jueces en condiciones de escuchar a las partes, analizar las pruebas y adoptar una decisión con el nivel de atención que exige un juicio oral.

“Dejar verdaderamente las causas que merezcan un debate”, insistió.

La magistrada considera que el escenario actual obliga a buscar soluciones. “Habría que ver qué soluciones se pueden aportar para subsanar esta situación”, concluyó.

El planteamiento abre, de esta manera, un debate que excede la situación particular de los tribunales de Capital: si la legislación debe ser ajustada para establecer con mayor precisión qué hechos punibles necesitan llegar hasta el juicio oral y cuáles podrían encontrar una respuesta mediante mecanismos alternativos, de modo que el debate público quede reservado para los procesos que efectivamente requieran esa instancia.

Un total de 52 audiencias preliminares fueron suspendidas entre el 21 y el 25 de septiembre de 2026, según el informe de seguimiento elaborado por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El reporte, elaborado a partir de los datos remitidos por los Juzgados Penales de Garantías, de Delitos Económicos, de la Niñez y la Adolescencia y los especializados en Crimen Organizado de la Capital, revela que durante ese periodo fueron programadas 107 audiencias.

De ese total, 55 llegaron a realizarse, equivalente al 51%, mientras que las restantes 52, que representan el 49%, no pudieron concretarse.

Entre las principales causas de suspensión figura la presentación de pedidos de aplazamiento, que motivaron 32 de los casos. A esto se suman 15 audiencias suspendidas por incomparecencia, mientras que en otros tres casos la diligencia no pudo llevarse a cabo debido a la falta de abogado defensor.

El informe también registra una suspensión a raíz de la interposición de recursos y otra por falta de notificación.

Los datos forman parte del monitoreo periódico que realiza la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional sobre el desarrollo de las audiencias, con el propósito de identificar los motivos que impiden su realización y contar con información que permita mejorar la gestión de los órganos jurisdiccionales.

Las cifras correspondientes a la última semana de septiembre muestran que prácticamente una de cada dos audiencias preliminares programadas no llegó a concretarse, principalmente debido a pedidos de suspensión e incomparecencias.