La agenda de los tribunales de sentencia de Asunción vuelve a mostrar el nivel de presión que soporta la etapa de juicio oral. En una sola jornada fueron fijados 35 juicios, una cifra que evidencia la magnitud del cúmulo de causas que llega a esta instancia y la necesidad de que los colegiados distribuyan sus jornadas entre múltiples procesos.

La situación adquiere especial dimensión al observar la carga asignada a cada tribunal. El colegiado integrado por Celia Salinas, Sonia Sánchez y Olga Ruiz concentró siete de los 35 juicios fijados para la jornada. Algunas de las audiencias fueron calendarizadas con apenas 30 minutos de diferencia, reflejando una agenda que obliga a los magistrados y a los demás operadores del sistema a desplazarse de una diligencia a otra prácticamente sin margen.

Le sigue, en cantidad de juicios fijados para el mismo día, el Tribunal de Sentencia integrado por Pablo Barreto, Juan Dávalos e Inés Galarza, con seis juicios orales previstos.

La situación no se limita a estos dos colegiados. Los demás tribunales también registran más de dos juicios orales simultáneamente fijados en la jornada, configurando un escenario en el que la multiplicidad de audiencias se convierte en una constante de la administración de justicia penal.

Una problemática que no es nueva

La dimensión de la agenda actual guarda relación con una situación que ya fue advertida en reiteradas ocasiones por Judiciales.net.

En agosto de 2024, este medio había informado que en un solo día se fijaron 24 audiencias orales en los tribunales de sentencia de Capital, mientras que un tribunal llegó a tener cinco juicios programados para una misma jornada. En aquella oportunidad, uno de los colegiados, integrado entonces por Celia Salinas, Víctor Alfieri y Olga Ruiz, llegó a desarrollar seis diligencias orales en un solo día.

El antecedente resulta significativo porque muestra que el fenómeno no constituye una situación excepcional. Por el contrario, la programación de varios juicios para una jornada.

Cuando las agendas se superponen

La sobrecarga no afecta únicamente a los magistrados. La programación simultánea de audiencias también impacta directamente en abogados defensores, fiscales y demás partes que deben intervenir en los procesos.

El problema tiene además una dimensión procesal. Los juicios orales están regidos por principios como la inmediación, concentración y continuidad, que buscan que el tribunal pueda mantener contacto directo con las pruebas y que el juzgamiento se desarrolle de manera coherente y sin interrupciones innecesarias.

La propia Corte Suprema ya había analizado esta problemática. En 2022, la Oficina Técnica Penal planteó la necesidad de reglamentar situaciones vinculadas con la interrupción de juicios por más de diez días, precisamente porque la ruptura de la continuidad puede generar que un proceso deba ser reiniciado ante otro tribunal, en un sistema cuyos colegiados ya tienen sus agendas comprometidas durante meses.

Una etapa que sigue acumulando causas

Incluso durante la Feria Judicial de enero de 2026, Judiciales.net informó que se habían programado 12 audiencias orales en una sola jornada. Un tribunal especializado en crimen organizado tenía ocho audiencias y otro colegiado, integrado por Pablo Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos, tenía cuatro.

A ello se suman las medidas adoptadas por la Corte Suprema durante 2026 para reorganizar los fueros especializados. En mayo se aprobó la creación de un tercer Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, mientras que también se realizaron modificaciones en el tribunal especializado en Crimen Organizado que lleva adelante el juicio del caso A Ultranza. La propia información difundida sobre la reorganización señalaba que ese colegiado tenía a su cargo el juicio de A Ultranza y otros 12 juicios orales.

La pregunta que vuelve a instalarse

Las 35 audiencias fijadas en una sola jornada vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que el sistema de justicia penal arrastra desde hace años: ¿cuántos juicios puede gestionar efectivamente un tribunal en una misma jornada sin que la cantidad termine afectando la dinámica y la calidad del juzgamiento?

La respuesta no pasa solamente por contabilizar audiencias. Un juicio oral demanda presencia, concentración, análisis de pruebas, resolución de incidentes y, posteriormente, la elaboración de decisiones debidamente fundamentadas.

Cuando un tribunal tiene que distribuir una misma jornada entre múltiples procesos, mientras abogados y fiscales también deben trasladarse entre distintas salas, el problema deja de ser exclusivamente administrativo y adquiere una dimensión directamente vinculada con el funcionamiento de la justicia.

El juicio oral y público a Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, y otros diez acusados por lesión de confianza avanzó este martes con la producción de pruebas documentales. El fiscal Silvio Corbeta detalló facturas vinculadas a las empresas que, según la acusación, debían abastecer los alimentos destinados a los kits distribuidos durante la pandemia.

La etapa de producción de pruebas del juicio oral por el denominado caso “Tía Chela” avanzó este martes con la incorporación y exposición de documentación relacionada con la compra de kits de alimentos realizada por la Municipalidad de Ciudad del Este durante la pandemia de COVID-19.

Durante la audiencia, el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta puso especial énfasis en las facturas emitidas por las empresas que aparecen como proveedoras dentro de la cadena de abastecimiento de los alimentos. La Fiscalía busca, a través de estos documentos, reconstruir la trazabilidad de los productos y establecer si las operaciones comerciales consignadas en las facturas efectivamente se produjeron.

El juicio se desarrolla ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Ana Rodríguez, Yolanda Morel y Karina Cáceres. La causa tiene como principal acusado al exintendente Miguel Prieto y a otros diez procesados.

Las facturas, en el centro de la prueba

La documentación analizada por el Ministerio Público corresponde a las empresas encargadas de proveer los productos que debían conformar los 25.000 kits de alimentos contratados por la comuna esteña.

La Fiscalía sostiene que el análisis de las facturas permite detectar inconsistencias en la cadena de provisión. De acuerdo con la acusación, existen documentos que consignan operaciones de compra realizadas en fechas posteriores a aquellas en las que los alimentos supuestamente ya habían sido recibidos por la Municipalidad de Ciudad del Este.

Estas diferencias temporales forman parte de la hipótesis fiscal respecto a que la documentación habría sido utilizada para respaldar operaciones que no se correspondían con la disponibilidad real de los productos.

El Ministerio Público ya había señalado durante sus alegatos iniciales que los informes de organismos de control y el análisis de facturas constituyen elementos centrales de su teoría del caso. La Fiscalía sostiene que la trazabilidad tributaria permitió cuestionar la existencia y disponibilidad de determinados productos en la cadena de proveedores.

¿Qué sostiene la acusación?

Según la acusación fiscal, Prieto, en su condición de ordenador de gastos de la Municipalidad de Ciudad del Este, habría encabezado una estructura integrada por funcionarios municipales que intervino en distintas etapas del proceso de contratación.

La Fiscalía sostiene que ese grupo habría permitido concretar la adjudicación de la provisión de alimentos a Tía Chela SRL, mediante un procedimiento de contratación por la vía de la excepción.

El contrato contemplaba la adquisición de 25.000 kits por un monto de G. 2.949.650.000. Sin embargo, el Ministerio Público atribuye a la operación un supuesto perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.160 para las arcas municipales.

La tesis fiscal apunta además a que Tía Chela no habría contado con la capacidad financiera, técnica y de experiencia necesaria para cumplir con la provisión en las condiciones establecidas. También cuestiona la utilización de la vía de excepción para realizar la contratación.

La defensa sostiene una versión diferente

La acusación fiscal es controvertida por la defensa de Prieto. Sus abogados sostienen que los 25.000 kits fueron entregados y que durante el juicio presentarán documentos, fotografías, videos y testimonios para respaldar esa posición.

La defensa también cuestionó la interpretación que realiza la Fiscalía sobre las facturas y la trazabilidad de los productos, señalando que algunos de los documentos cuestionados corresponderían a operaciones realizadas por proveedores de los proveedores de la Municipalidad, y no directamente al contrato municipal.

Por tanto, uno de los puntos que deberá dilucidarse durante el debate oral será precisamente el valor probatorio de esa documentación y si las operaciones comerciales consignadas en las facturas permiten demostrar —o descartar— la efectiva provisión de los alimentos contratados.

Una causa que se remonta a la pandemia

El proceso investiga una contratación realizada entre marzo y julio de 2020, en pleno contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

La Fiscalía sostiene que la Municipalidad de Ciudad del Este recurrió a una contratación por vía de excepción para adquirir los kits y que el procedimiento habría sido direccionado para favorecer a Tía Chela SRL. La acusación también cuestiona que la empresa tuviera capacidad suficiente para cumplir con el volumen contratado.

Prieto, por su parte, ha rechazado las acusaciones y sostiene que la causa responde a una persecución política.

Con la incorporación de las facturas y demás documentos, el juicio entra así en una de sus etapas centrales: la confrontación de la documentación que sustenta las distintas versiones sobre cómo se realizó la compra, quiénes intervinieron y si los productos que fueron pagados con fondos municipales efectivamente existieron, fueron adquiridos y llegaron a destino.

El abogado José Fernández Zacur, defensor del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Jorge Magno Brítez, analizó el A.I. N.º 471, dictado el 5 de junio de 1997 por el entonces juez de Primera Instancia en lo Criminal del Duodécimo Turno, Emiliano Rolón Fernández, actual Fiscal General del Estado. Para la defensa, aquel pronunciamiento constituye un antecedente relevante para examinar cuándo una decisión administrativa puede derivar en responsabilidad penal.

En una entrevista concedida a Judiciales Net, el abogado José Fernández Zacur puso bajo análisis una resolución judicial dictada hace casi tres décadas y sostuvo que sus fundamentos guardan relación con la investigación que actualmente involucra al extitular del IPS, Jorge Magno Brítez.

Se trata del A.I. N.º 471, del 5 de junio de 1997, mediante el cual el entonces juez Emiliano Rolón Fernández desestimó una denuncia presentada por la Contraloría General de la República contra integrantes del Consejo de Administración y el síndico del IPS.

Según explicó Fernández Zacur, en aquella oportunidad la Contraloría había cuestionado que los miembros del Consejo de Administración colocaran fondos institucionales en entidades bancarias que ofrecían tasas de interés inferiores a otras alternativas disponibles.

El planteamiento del órgano contralor, de acuerdo con el abogado, estaba relacionado con la elección de una determinada alternativa de inversión frente a otras que podían resultar económicamente más convenientes.

El antecedente de 1997 como argumento de la defensa

Para el defensor, la relevancia del A.I. N.º 471 radica en que Rolón Fernández, en aquella oportunidad, habría examinado las razones que llevaron a los administradores del IPS a escoger una determinada alternativa antes de concluir que no existían fundamentos para avanzar penalmente contra ellos.

“Desde luego que sí”, respondió Fernández Zacur al ser consultado sobre si aquel criterio podía constituir un antecedente jurídicamente relevante para el caso actual.

A su entender, el antecedente plantea una cuestión central: la diferencia entre una decisión administrativa eventualmente discutible y una conducta que reúna los elementos necesarios para configurar un hecho punible.

El abogado sostuvo que una decisión posterior considerada más conveniente por otra autoridad no convierte automáticamente en delictiva la alternativa adoptada inicialmente, siempre que esta haya sido tomada dentro del marco de las facultades legales y sin la existencia del elemento subjetivo requerido por el tipo penal.

“La responsabilidad penal no puede depender de que, con el diario del lunes, un nuevo Presidente considere que tal decisión fue equivocada y que debió tomarse otra”, concluyó Fernández Zacur.

El alcance de la discrecionalidad administrativa

Fernández Zacur destacó como aspecto central del fallo el criterio sostenido por Rolón Fernández respecto de las facultades discrecionales de los órganos de administración pública.

La resolución señalaba que “la discrecionalidad de los actos del consejo directivo de todo ente público, en los límites de las facultades regladas, tiene la protección de la ley y no puede constituirse en delito”.

Para el defensor, este razonamiento implica que cuando la normativa habilita a una autoridad administrativa a escoger entre distintas alternativas jurídicamente posibles, la opción adoptada dentro de ese margen no puede ser considerada por sí misma un hecho delictivo.

“Cuando el marco normativo aplicable concede a los estamentos administrativos de la cosa pública la facultad de escoger entre distintas alternativas igualmente válidas, la determinación que adopte la mayoría dentro de ese margen de discrecionalidad constituye el ejercicio legítimo de sus atribuciones”, sostuvo.

Fernández Zacur agregó que, desde su interpretación, el análisis de una eventual responsabilidad penal no debería limitarse al resultado económico posterior de una decisión administrativa, sino que debe considerar las circunstancias y elementos disponibles para el funcionario al momento de decidir.

En particular, señaló que para atribuir un delito como lesión de confianza debe determinarse la existencia de una conducta dolosa. “El dolo pasa por haberse representado y querido perjudicar el patrimonio institucional”, afirmó.

La defensa vincula el antecedente con el caso de los quirófanos modulares

El abogado estableció un paralelismo entre aquella investigación de 1997 y la causa actualmente relacionada con el denominado caso “Neighpart” o de los quirófanos modulares, en la que se encuentra involucrado el extitular del IPS.

Según la explicación de Fernández Zacur, en ambos casos los administradores debieron adoptar decisiones patrimoniales entre distintas alternativas, cada una con eventuales consecuencias.

Respecto del caso actual, sostuvo que la administración encabezada por Brítez recibió un contrato celebrado y ampliado durante administraciones anteriores, en cuyo marco el IPS ya había realizado desembolsos.

El defensor afirmó que la administración anterior, encabezada por el entonces presidente del IPS Andrés Gubetich, no habría previsto un espacio físico adecuado para la instalación del equipamiento. Añadió que, según su planteamiento, tanto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas como la Auditoría Interna determinaron que esta circunstancia no era atribuible al contratista.

En ese contexto, explicó que el Consejo de Administración decidió suspender los plazos contractuales por razones de fuerza mayor y posteriormente reanudarlos mediante adendas.

“¿Podían haber adoptado otro temperamento? Tal vez. Pero la decisión tuvo por finalidad evitar la pérdida de todo el dinero público que ya se había desembolsado en el contrato y proteger al IPS de una demanda por incumplimiento contractual”, sostuvo Fernández Zacur.

El profesional remarcó además que, según la documentación que invoca la defensa, las adendas contaron con dictámenes favorables de los estamentos internos competentes.

Decisiones administrativas y análisis posterior

Uno de los principales argumentos planteados por Fernández Zacur es que las decisiones adoptadas por funcionarios públicos deberían ser examinadas teniendo en cuenta las circunstancias existentes en el momento en que fueron tomadas y no exclusivamente a partir de sus consecuencias posteriores.

“El razonamiento del Dr. Rolón Fernández permite destacar un principio fundamental: las decisiones administrativas deben examinarse según las circunstancias existentes al momento de adoptarlas y no a partir de sus resultados contingentes posteriores”, afirmó.

Desde esa perspectiva, el abogado considera que las adendas cuestionadas en la causa de Brítez deben analizarse atendiendo a la situación contractual que enfrentaba el Consejo de Administración, los fondos que ya habían sido desembolsados y los dictámenes emitidos por las dependencias técnicas y jurídicas correspondientes.

Fernández Zacur cuestionó, en ese sentido, la imputación formulada contra su defendido y sostuvo que el criterio expuesto en 1997 por Rolón Fernández debería ser considerado como referencia para analizar el caso actual.

De esta manera, la defensa plantea como uno de sus principales ejes argumentales que el análisis de las decisiones adoptadas durante la administración de Brítez debe realizarse a partir del contexto existente al momento de los hechos, las facultades legales de los administradores y la eventual existencia o no de una conducta dolosa, antes que exclusivamente sobre la base de los resultados posteriores de aquellas decisiones.

La condena de Hernán Rivas trasciende su responsabilidad penal y plantea interrogantes sobre las decisiones adoptadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados durante el periodo en que integró el órgano. Un análisis jurídico advierte que el escenario no habilita a declarar nulidades de manera automática, sino que exige revisar cada resolución y determinar el peso que tuvo su participación.

La condena a ocho años de prisión impuesta en primera instancia a Hernán David Rivas por producción y uso de documentos públicos de contenido falso abre, además del debate penal, una discusión de alcance constitucional e institucional.

Así lo plantea el abogado y docente universitario Daniel Benítez Romero, quien centra su análisis en una cuestión: qué consecuencias jurídicas podrían tener las decisiones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) adoptadas durante el periodo en que Rivas integró el organismo, considerando que su condición para ocupar ese cargo fue posteriormente cuestionada.

El punto de partida está en el artículo 253 de la Constitución Nacional, que establece la integración del JEM y dispone expresamente que los senadores y diputados que formen parte del órgano deben ser abogados. Para Benítez Romero, esa exigencia no constituye una formalidad administrativa, sino una condición constitucional vinculada directamente con la legitimidad del órgano encargado de juzgar y eventualmente remover a magistrados y otros operadores de justicia.

¿Qué pasa con las decisiones del JEM?

El análisis plantea que la eventual irregularidad en la integración del órgano no permite concluir, por sí sola, que todas las resoluciones en las que intervino Rivas sean inválidas.

La Ley N.º 6814/2021 establece reglas específicas sobre quórum y votación del JEM. Por ello, la incidencia de la participación de un integrante cuestionado puede ser diferente según cada expediente: no es igual una resolución que habría sido aprobada aun sin su voto que aquella en la que su participación resultó indispensable para alcanzar la mayoría requerida.

De allí surge la necesidad, según el profesional, de evitar una declaración generalizada de nulidad y realizar, en cambio, una revisión individualizada de las decisiones.

Ese examen debería considerar cómo estaba integrado el órgano, quiénes votaron, cuál fue el sentido de cada voto, si Rivas tuvo un papel determinante, qué tipo de resolución se adoptó, si quedó firme y cuál sería el eventual perjuicio constitucional alegado.

Juez natural y debido proceso

La discusión también alcanza principios constitucionales como el juez natural, el debido proceso, la legalidad y la supremacía constitucional.

El JEM ejerce una función de especial trascendencia sobre la carrera de magistrados, fiscales y defensores públicos. Por ello, la legitimidad de quienes integran el órgano adquiere una dimensión que va más allá de la situación personal de cada integrante.

La interrogante central pasa entonces por determinar si una eventual falta de cumplimiento de un requisito constitucional afecta únicamente la investidura de la persona cuestionada o si puede proyectar consecuencias sobre las decisiones en cuya formación participó. La respuesta, según el análisis, dependerá de las circunstancias particulares de cada expediente.

Una condena que todavía no implica nulidad

El análisis introduce además una precisión relevante: la condena de Rivas mencionada en el documento corresponde a una decisión de primera instancia y, según el material analizado, todavía no se encontraba firme.

Por ello, Benítez Romero advierte que no resulta jurídicamente correcto sostener que la condena penal genera automáticamente la nulidad de todas las resoluciones del JEM en las que Rivas participó. La cuestión constitucional es diferente y requiere determinar, primero, si existió un vicio en la integración del órgano y, posteriormente, qué consecuencias concretas podría producir ese eventual vicio.

El caso plantea así un delicado equilibrio entre la supremacía constitucional y la seguridad jurídica. Durante el periodo analizado se adoptaron decisiones de distinta naturaleza y con diferentes niveles de participación de Rivas, por lo que no necesariamente todas se encuentran en idéntica situación jurídica.

Un debate que trasciende a Rivas

Más allá de la situación particular del exsenador, el caso abre una discusión institucional de mayor alcance: qué ocurre con los actos de un órgano colegiado cuando posteriormente existen dudas jurídicamente relevantes sobre la legitimidad constitucional de uno de sus integrantes.

La respuesta, sostiene el análisis, no debería construirse desde posiciones políticas o coyunturales, sino a partir de principios como competencia, legalidad, juez natural, debido proceso, seguridad jurídica y estabilidad de las decisiones públicas.

El planteamiento propone, en consecuencia, evitar dos extremos: minimizar la cuestión por tratarse de un órgano colegiado o asumir que toda actuación en la que intervino Rivas es automáticamente nula.

El camino jurídico sería otro: revisar cada expediente, cada votación y cada decisión para determinar si la participación de Rivas tuvo una incidencia concreta en la formación de la voluntad del JEM.

En esa perspectiva, el caso deja una discusión que excede la condena penal. También obliga a examinar los mecanismos mediante los cuales se verifica que quienes son designados para integrar órganos constitucionales reúnan efectivamente las condiciones exigidas por la Constitución.

La cuestión de fondo, concluye el análisis, es determinar qué sucede con los actos de poder público cuando existen dudas relevantes sobre la legitimidad constitucional de quien participó en su formación. Una respuesta que, por su alcance institucional, requiere análisis jurídico individualizado y no conclusiones generales anticipadas.

La absolución de la exjueza Tania Irún quedó firme luego de que el Ministerio Público no interpusiera recurso de apelación contra la decisión del Tribunal de Sentencia que la absolvió, por unanimidad, de la acusación por el supuesto hecho punible de prevaricato.

El abogado Rodrigo González Planas, uno de los profesionales que ejerció la defensa técnica de la exmagistrada, confirmó a Judiciales Net que la sentencia absolutoria adquirió firmeza. Según explicó, la Fiscalía no recurrió la resolución dentro del plazo correspondiente, mientras que la querella presentó un escrito mediante el cual renunció expresamente al recurso que había anunciado, pero que finalmente no llegó a formalizar.

De esta manera, la decisión adoptada en el juicio oral y público quedó consolidada y la exjueza Tania Irún obtiene su desvinculación definitiva de la causa.

Absolución por unanimidad

Irún fue absuelta por unanimidad de la acusación fiscal por prevaricato. El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las magistradas Rossana Maldonado y Lourdes Garcete y el juez Juan Francisco Ortiz.

Al fundamentar la decisión, el colegiado sostuvo que el Ministerio Público no logró demostrar durante el juicio oral los extremos de su acusación.

Los jueces analizaron los elementos presentados por la Fiscalía y concluyeron que la hipótesis acusatoria llevada a juicio no pudo ser respaldada con pruebas suficientes. En su fundamentación, además, hicieron referencia a lo que calificaron como un “sesgo de confirmación” que habría condicionado la investigación y la construcción de la acusación.

Según la explicación desarrollada en la sentencia, ese sesgo habría llevado a los investigadores a orientar el análisis hacia una conclusión previamente asumida, dejando de lado otras posibles interpretaciones de los hechos sometidos a consideración judicial.

El resultado, de acuerdo con el razonamiento del Tribunal, fue una acusación construida sobre una determinada versión de los acontecimientos que no logró ser corroborada mediante la prueba producida durante el debate oral.

El análisis sobre las tierras

Uno de los aspectos relevantes examinados por el Tribunal estuvo relacionado con la naturaleza de los inmuebles que formaban parte de la controversia que dio origen al proceso.

En ese punto, los magistrados señalaron que las tierras involucradas no pertenecían al Estado paraguayo, sino que habían sido transferidas de un particular a otro particular.

Este elemento fue considerado dentro del análisis integral realizado por el Tribunal para determinar si la conducta atribuida a la entonces magistrada podía encuadrarse en el hecho punible de prevaricato conforme a la acusación presentada por el Ministerio Público.

La valoración judicial se produjo a partir de las pruebas efectivamente producidas durante el juicio y de la obligación de la acusación de demostrar los hechos atribuidos a la procesada.

Una absolución firme

Con la falta de apelación por parte del Ministerio Público y la renuncia expresa de la querella al recurso que había anunciado, la sentencia absolutoria dejó de estar sujeta a una eventual revisión mediante esos mecanismos de impugnación.

La confirmación realizada por el abogado Rodrigo González Planas a Judiciales Net marca así el cierre procesal de una causa que tuvo como protagonista a una exmagistrada y que estuvo vinculada a una controversia judicial sobre inmuebles y que incluso le ha costado su carrera en la magistratura.

El fallo de primera instancia había establecido, por unanimidad, que la acusación no consiguió superar el estándar probatorio necesario para sustentar una condena. Ahora, al no haber sido recurrida por la Fiscalía y tras la renuncia de la querella al recurso que no llegó a formalizarse, esa absolución quedó firme.