La intervención de la defensora pública de Villa Hayes, abogada Jariesa Bareiro, permitió que una mujer de 34 años obtuviera su cédula de identidad y que sus dos hijos, de 14 y 6 años, fueran inscriptos en el Registro Civil. Detrás del trámite se encontraba una familia en situación de extrema pobreza, para la cual acceder a un documento significaba mucho más que obtener una identificación: era abrir la puerta a otros derechos básicos.
Durante años, una madre de 34 años y sus dos hijos vivieron al margen de un derecho que para la mayoría de las personas parece elemental: tener una identidad legalmente reconocida. La falta de documentación no solo les impedía acreditar quiénes eran, sino que también se convertía en una barrera para acceder a servicios y beneficios que brinda el Estado.
La situación llegó a conocimiento de la defensora pública de Villa Hayes, abogada Jariesa Bareiro, a través del Ministerio de Salud, desde entonces, asumió la representación y acompañó el proceso hasta conseguir que la mujer finalmente obtuviera su cédula de identidad luego no existir por 34 años para el Estado y pudiera regularizar la situación documental de sus hijos, de 14 y 6 años.
El caso demandó la intervención y coordinación de distintas instituciones. La Policía Nacional, el Registro Civil de las Personas y el Ministerio de Salud fueron parte de las gestiones realizadas. Una vez obtenida la documentación, apareció un nuevo desafío: garantizar que los niños puedan acceder al sistema educativo y sean matriculados.
“Aquí estamos hablando de una madre que no tenía documento, y las consecuencias recaían en niños, quienes tampoco tenían documentos”, explicó Bareiro al referirse a las dimensiones que adquirió el caso.
Para la defensora, el resultado representa una satisfacción tanto profesional como personal, especialmente porque la intervención permitió que los niños puedan comenzar a ejercer derechos que hasta ahora estaban condicionados por la falta de documentación.
“Es un logro, uno se siente útil, estoy cumpliendo mi función y me siento con el deber cumplido, pese a todos los obstáculos que se presentaron”, sostuvo.
Bareiro destacó que no se trató de una gestión sencilla, debido a que la solución involucró a varias instituciones y diferentes procedimientos administrativos. “Era algo que tenía relación con varias instituciones, con la Policía Nacional, con Registro Civil de las Personas, del Ministerio de Salud, y hoy ya con el Ministerio de Educación porque estos niños deben ser matriculados”, señaló.
Cuando la pobreza también se convierte en una barrera para tener identidad
La experiencia llevó a la profesional a plantear una preocupación que, según señaló, aparece cada vez con mayor frecuencia en su trabajo: niños que llegan a determinadas etapas de su vida sin contar con documentación.
Bareiro mencionó particularmente situaciones en las que madres atraviesan problemas de adicción o condiciones sociales extremadamente vulnerables, circunstancias que pueden derivar en la pérdida o falta de documentos y, en consecuencia, en que sus hijos tampoco sean registrados adecuadamente.
La consecuencia trasciende el aspecto administrativo. Sin una identidad documentada, los niños pueden encontrar dificultades para acceder a servicios esenciales, como educación y atención estatal, entre otros derechos.
En ese contexto, la defensora consideró necesario revisar los mecanismos existentes y evitar que la burocracia termine profundizando la exclusión de quienes se encuentran en situaciones de extrema pobreza.
También planteó la necesidad de analizar mecanismos que permitan exonerar de aranceles administrativos a las personas que, por su condición económica, no pueden afrontar los costos vinculados a los trámites de documentación.
Su planteamiento apunta a que el factor económico no se convierta en un obstáculo adicional para quienes ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Una tarea que trasciende el expediente
Para Bareiro, el caso también refleja el sentido de su trabajo dentro de la Defensa Pública: representar y acompañar a personas que, por sus condiciones sociales y económicas, tienen dificultades para hacer valer sus derechos por sus propios medios.
La obtención de una cédula puede parecer un trámite rutinario para cualquier ciudadano. Para esta familia, sin embargo, significó recorrer distintas instituciones y superar obstáculos administrativos antes de conseguir algo que finalmente les permitirá acceder a otros servicios del Estado.
“Uno se siente útil, estoy cumpliendo mi función”, afirmó la defensora al valorar el resultado de la gestión.
La historia de esta familia deja además una cuestión pendiente: cómo evitar que otros niños atraviesen durante años una situación similar.
Bareiro sugirió que se analicen mecanismos para garantizar que las madres reciban y conserven el certificado de nacido vivo, de manera que ese documento fundamental permita posteriormente gestionar la inscripción y documentación de los niños y reduzca el riesgo de que crezcan sin una identidad formalmente acreditada.
El caso terminó con tres personas incorporadas al sistema de identificación, pero también expuso una realidad que permanece detrás de los trámites: para las familias que viven en extrema pobreza, obtener un documento puede convertirse en un largo recorrido institucional.
La intervención de la Defensa Pública permitió que esta vez el recorrido llegara a destino. Una madre consiguió su cédula y sus dos hijos pudieron ser inscriptos. Con ello, una puerta que permanecía cerrada durante años comenzó finalmente a abrirse: la del ejercicio efectivo de otros derechos.
