A pedido de la querella, la justicia resolvió nuevamente la prisión preventiva de la abogada Zully Ortiz, procesada en la causa conocida como “Mafia de Pagarés”, luego de que la querella solicitara la revocatoria de la medida menos gravosa que había sido dispuesta anteriormente.
La abogada Noelia Núñez, representante de la querella, fundamentó el pedido de revocatoria señalando que Ortiz cuenta con otro proceso penal en el que habría incumplido las condiciones de un arresto domiciliario, además de registrar otros antecedentes procesales que, según sostuvo, debían ser considerados al momento de analizar la medida cautelar.
Núñez explicó que, al momento de impulsar el pedido, la querella tomó conocimiento de que la procesada se encontraba participando de otra audiencia, correspondiente a una causa distinta y la que cuenta con prisión y que cumple en el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad.
“Hoy aboné lo solicitado en el pedido de revocación, en atención al informe del ujier del Juzgado de Fernando de la Mora que se utilizó como fundamento de la revocatoria, la falta del cumplimiento de la caución real y, finalmente, la falta de agregación de los antecedentes que determinan que es una persona con diferentes procesos y autos de prisión”, manifestó la querellante.
Según Núñez, estos elementos resultaban relevantes para evaluar la procedencia de una medida menos gravosa. A criterio de la representación querellante, la permanencia de Ortiz bajo arresto domiciliario podría representar riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y la eventual obstrucción de la investigación.
La abogada también cuestionó que no se hayan tenido a la vista, al momento de analizar las medidas cautelares, todos los antecedentes procesales de la imputada. En ese sentido, señaló que solicitó copia del acta en la que dejó constancia de que, según su postura, representantes del órgano jurisdiccional no habrían dado cumplimiento a la acordada que establece la necesidad de contar con los antecedentes de la procesada.
Núñez sostuvo además que Ortiz no habría cumplido determinadas reglas de conducta establecidas en el Auto Interlocutorio N.º 14, argumento que fue incorporado a su planteamiento para solicitar la revocatoria de la medida menos gravosa.
La querellante cuestionó igualmente la conducta procesal atribuida a la procesada y sostuvo que, a su criterio, los antecedentes deberían ser considerados para garantizar su sometimiento a la Justicia. También hizo referencia a una causa anterior relacionada con un periodista del medio El Observador, en la que Ortiz habría accedido a una salida mediante procedimiento abreviado, como antecedente que, según la querella, demostraría episodios de amedrentamiento y coacción.
La causa de los pagarés
La investigación conocida como “Mafia de Pagarés” se centra en presuntas maniobras relacionadas con la utilización de pagarés para promover ejecuciones judiciales, pese a que algunas de las obligaciones reclamadas habrían sido canceladas.
De acuerdo con la acusación fiscal, la víctima Ángela Mabel Zárate obtuvo en octubre de 2013 dos préstamos de la firma Vanessa y Asociados, por G. 3.360.000 y G. 3.840.000, respectivamente. El Ministerio Público sostiene que ambas obligaciones fueron posteriormente canceladas mediante descuentos automáticos.
Sin embargo, siempre según la acusación, pese a la cancelación de las deudas, los pagarés habrían sido entregados posteriormente a la abogada Zully Ortiz, quien en 2020 habría promovido una acción preparatoria de juicio ejecutivo y, posteriormente, un juicio por cobro de guaraníes ante el Juzgado de Paz de Nueva Italia.
El caso forma parte de una investigación de mayor alcance sobre presuntas irregularidades vinculadas al uso de pagarés y a procesos de ejecución judicial, actualmente sometidas a investigación y debate en el ámbito de la Justicia.
