El abogado penalista especializado en delitos económicos José Fernández Zacur, quien ejerce la defensa del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó el impacto que, según sostiene, tienen los factores extraprocesales al referirse a la presión mediática sobre el desarrollo de determinadas causas judiciales.
Para el profesional, uno de los principales obstáculos que enfrenta actualmente una defensa técnica es la dificultad para prever el criterio con el que podrían actuar fiscales y magistrados cuando las decisiones, a su entender, no se encuentran exclusivamente vinculadas con los elementos incorporados a la carpeta fiscal o al expediente judicial.
“Hay demasiados componentes extraprocesales que intervienen en la litigación, lo cual hace sumamente inseguro para el profesional conocer la previsibilidad en orden a las decisiones jurisdiccionales”, afirmó Fernández Zacur.
El abogado sostuvo que, desde su perspectiva, existe una percepción de que algunas decisiones adoptadas por magistrados y representantes del Ministerio Público terminan estando condicionadas por aquello que trasciende públicamente a través de los medios de comunicación.
“De un tiempo a esta parte, notamos que las decisiones que toman nuestros magistrados y los temperamentos que toma el Ministerio Público poco tienen que ver con lo que ocurre en la carpeta fiscal o en el expediente judicial. Tiene mucho más que ver con lo que termina publicado en prensa y eso es peligroso”, manifestó.
La defensa frente a un escenario de presión
Fernández Zacur planteó que este escenario genera dificultades adicionales para quienes ejercen la defensa, porque la litigación penal requiere un grado de previsibilidad que permita establecer una estrategia jurídica a partir de los elementos concretos de una investigación.
En ese sentido, consideró que la exposición pública de una causa puede generar un contexto de presión que trascienda los argumentos y evidencias incorporados formalmente al proceso.
“Es sumamente inseguro para el profesional” conocer de antemano cuál será el alcance de determinadas decisiones cuando existen, según su apreciación, factores externos al expediente que pueden incidir en ellas. El abogado incluso advirtió que ejercer la defensa en estas condiciones puede tornarse riesgoso para los profesionales involucrados.
El planteamiento de Fernández Zacur parte de una diferenciación entre la reacción social frente a determinadas situaciones y la responsabilidad que tienen quienes integran el sistema de justicia.
“El juez o el fiscal lo que deberían hacer es expropiar la violencia social para tomar decisiones objetivas”, sostuvo.
La frustración de los asegurados y el rol de la Justicia
En sus declaraciones, el abogado también reconoció la existencia de un malestar social en torno al funcionamiento del IPS y particularmente entre los asegurados que recurren al sistema de salud previsional.
“Él tiene un plus de responsabilidad respecto al ciudadano. El ciudadano es de libre opinión, el ciudadano puede sentirse frustrado”, expresó, para luego agregar: “Yo le entiendo al asegurado de IPS, está frustrado por el mal servicio por una coyuntura que viene arrastrándose desde hace décadas. Desde luego que entiendo esa frustración que probablemente la tenga yo también”.
Sin embargo, Fernández Zacur remarcó que, a su criterio, esa frustración social no debería trasladarse al ámbito de las decisiones fiscales o judiciales.
“Pero el fiscal y el juez son funcionarios públicos que deberían estar ajenos a ese circuito de presión y tomar decisiones según la ley”, afirmó.
El planteamiento adquiere particular relevancia en causas que involucran a instituciones públicas y cuyos protagonistas están sometidos a una intensa exposición mediática. Para la defensa de Brítez, el desafío consiste en que la discusión jurídica permanezca circunscrita a los elementos objetivos incorporados al proceso, independientemente de la repercusión pública que pueda alcanzar el caso.
Las expresiones de Fernández Zacur se producen como defensor de Jorge Brítez y constituyen la posición de la defensa respecto de las condiciones en las que se desarrolla la causa. Sus cuestionamientos apuntan, específicamente, a la necesidad de que las decisiones de fiscales y magistrados respondan a los elementos del expediente y a las normas aplicables, y no a presiones derivadas de la opinión pública o de la cobertura mediática.
