La alta mora judicial registrada durante su gestión fue uno de los argumentos considerados por la Corte Suprema de Justicia para no confirmar a la abogada Sara Silva Figueredo en el cargo de jueza laboral de Presidente Franco, en la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.
La máxima instancia judicial rechazó este jueves por unanimidad el pedido de reconsideración presentado por la magistrada, con lo que quedó firme la decisión de no mantenerla en el cargo. Entre los aspectos analizados por los ministros figura la demora en la tramitación y resolución de expedientes bajo su responsabilidad.
Durante el estudio de la reconsideración, el ministro Manuel Ramírez Candia hizo referencia a la propia argumentación planteada por Silva Figueredo. Según señaló, la exmagistrada reconoce la existencia de mora en su despacho, aunque sostiene que esa circunstancia no debería constituir un motivo para impedir su confirmación.
El planteamiento no prosperó ante la Corte Suprema, que mantuvo su decisión de no confirmarla.
La exjueza cuestionó la determinación de la máxima instancia judicial y, particularmente, que se haya designado a otra profesional para ocupar el cargo que quedó vacante. La nueva magistrada prestará juramento este jueves para asumir como jueza laboral de Presidente Franco.
Un mensaje para la gestión judicial
La decisión adquiere relevancia dentro del sistema de evaluación y permanencia de los magistrados, debido a que pone en discusión el impacto que puede tener la mora judicial en los procesos de confirmación.
El caso deja planteado que el cumplimiento de los plazos y la gestión diligente de los expedientes constituyen aspectos relevantes al momento de evaluar la continuidad de un magistrado en el cargo.
La resolución de la Corte, además, vuelve a colocar en el centro del debate la responsabilidad de los jueces en la tramitación oportuna de las causas y el efecto que las demoras pueden tener tanto sobre las partes de los procesos como sobre la administración de justicia.
