El exjuez penal de Garantías Miguel Tadeo Fernández presentó una recusación contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Martínez Simón y César Garay Zucolillo, en el marco de la integración de la Sala Constitucional ampliada que debe estudiar la acción de inconstitucionalidad promovida contra una sanción que le impuso el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Fernández cuestiona el apercibimiento aplicado por el órgano extrapoder, al sostener que la sanción no estaba prevista en la legislación vigente al momento de su imposición. Ahora, busca que los tres ministros sean apartados del análisis constitucional, al considerar que existen circunstancias objetivas que podrían comprometer su imparcialidad en la resolución de la controversia.
El argumento central de la recusación se basa en la intervención de los magistrados en una sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia en la que se analizó la continuidad y confirmación de Fernández en el cargo de juez penal de Garantías N.º 11 de la Capital. Según expone el recurrente, los tres ministros se pronunciaron a favor de otro candidato, en una decisión contraria a su permanencia en la magistratura.
Para el exjuez, esa actuación no puede analizarse de manera aislada, debido a que, cuando se resolvió su continuidad en el cargo, el apercibimiento impuesto por el JEM ya se encontraba cuestionado mediante una acción de inconstitucionalidad ante la propia Corte Suprema.
En su presentación, Fernández sostiene que la controversia constitucional ya estaba formalmente planteada y que, el 19 de agosto de 2019, comunicó al Consejo de la Magistratura la existencia de esa acción, haciendo saber que la sanción disciplinaria se encontraba sometida al control constitucional.
Desde su perspectiva, la validez de aquel antecedente disciplinario no podía considerarse definitivamente establecida mientras estaba pendiente su revisión judicial, ni utilizarse en perjuicio de su situación funcional sin atender a la impugnación promovida.
Una decisión anterior que, según Fernández, guarda relación con la causa
El recurrente aclara que su planteamiento no se sustenta simplemente en discrepancias con criterios jurídicos de los ministros ni en el hecho de que hayan intervenido anteriormente en actuaciones vinculadas con su situación. Afirma que existe una conexión concreta entre aquella decisión sobre su continuidad en el cargo y la cuestión que ahora deben resolver: la constitucionalidad de la sanción disciplinaria que, según su tesis, incidió negativamente en su situación como magistrado.
En ese sentido, considera que la participación de los ministros en una determinación institucional adversa a su continuidad, mientras se encontraba pendiente la impugnación constitucional del apercibimiento, constituye una circunstancia relevante para solicitar su apartamiento.
La recusación apunta, por tanto, a que el análisis de la sanción sea realizado por magistrados que, según el planteamiento del exjuez, no hayan intervenido previamente en decisiones relacionadas con las consecuencias funcionales de esa medida disciplinaria.
Fernández también cuestiona la demora en la notificación
Otro de los puntos expuestos en el escrito es el tiempo transcurrido entre la providencia que dispuso hacer saber la integración de la Sala y su efectiva notificación al accionante.
Fernández señala que entre ambas actuaciones transcurrió aproximadamente un año y seis meses, demora que atribuye al funcionamiento del sistema judicial y que considera ajena a su responsabilidad procesal.
En su presentación, sostiene que ese retraso no puede generar consecuencias perjudiciales para su parte y reclama que la Corte Suprema explique la morosidad en la tramitación de una acción de inconstitucionalidad que, según afirma, fue promovida hace tiempo.
La observación sobre la demora se incorpora como un cuestionamiento adicional dentro de un expediente cuya resolución busca obtener el control constitucional de la sanción impuesta por el JEM.
El trasfondo de la disputa
La controversia se centra en la legalidad de un apercibimiento disciplinario cuya aplicación Fernández considera incompatible con la normativa vigente al momento de los hechos. Su pretensión es que la Corte Suprema examine la constitucionalidad de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
La recusación introduce, además, una cuestión procesal previa: si los ministros cuestionados deben integrar la Sala Constitucional ampliada que tendrá a su cargo el estudio de esa impugnación.
Mientras tanto, el planteamiento del exjuez busca que el examen de la sanción disciplinaria se realice con garantías de imparcialidad, en una causa en la que también cuestiona la demora en la tramitación de su acción constitucional.
