Un total de 52 audiencias preliminares fueron suspendidas entre el 12 y el 16 de octubre, según el reporte semanal de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia. La incomparecencia y los pedidos de suspensión figuran entre los principales motivos.
El 42% de las audiencias preliminares programadas en juzgados penales de la Capital no llegó a realizarse durante la semana del 12 al 16 de octubre de 2026. De las 124 audiencias previstas, 72 se llevaron a cabo, lo que representa el 58%, mientras que las 52 restantes fueron suspendidas.
Los datos corresponden al informe semanal de seguimiento elaborado por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, dependiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que monitorea el desarrollo de estas diligencias en los juzgados de la Capital.
El relevamiento abarca los Juzgados Penales de Garantías, los de Delitos Económicos, los de la Niñez y la Adolescencia y los especializados en Crimen Organizado.
Los principales motivos de suspensión
De acuerdo con el reporte, el pedido de suspensión fue la causa más frecuente, con 25 audiencias canceladas por este motivo. Le siguió la incomparecencia, que impidió la realización de otras 21 diligencias.
El informe también registró tres suspensiones por interposición de recursos, una por falta de designación de agente fiscal y dos por falta de comunicación.
En conjunto, estas causas explican 52 audiencias que no pudieron desarrollarse durante el período analizado.
Control sobre el funcionamiento judicial
El seguimiento semanal de las audiencias preliminares forma parte de los controles que realiza la Corte Suprema de Justicia sobre la actividad de los juzgados de la Capital. Los resultados permiten dimensionar la cantidad de diligencias concretadas y las que quedaron pendientes por distintos motivos.
La suspensión de una audiencia puede incidir en la continuidad de los procesos penales y en la organización de la agenda judicial. Por ello, la identificación de las causas constituye un insumo para evaluar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y detectar situaciones que requieren atención.
