El fiscal Silvio Corbeta resaltó datos sobre el RUC y las declaraciones juradas de las firmas Tía Chela y Danielito, vinculadas a la provisión de kits de alimentos durante la pandemia. La defensa pidió incorporar publicaciones de páginas oficiales y aguarda una solución técnica para reproducir pruebas comunes en el juicio oral.
El Ministerio Público puso énfasis en los informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) relacionados con las declaraciones juradas de las firmas Tía Chela y Danielito, durante el juicio oral y público que afrontan el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros acusados por un presunto hecho de lesión de confianza.
Durante la audiencia, el fiscal Silvio Corbeta destacó los datos referentes al Registro Único de Contribuyentes (RUC) y las declaraciones juradas de ambas empresas, que estuvieron vinculadas a la provisión de kits de alimentos en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Por su parte, las defensas plantearon la incorporación de publicaciones provenientes de páginas oficiales, y de perfiles particulares. También insistieron en la importancia de que las pruebas consideradas comunes sean producidas durante el juicio oral, a fin de que puedan ser examinadas en audiencia.
Ante esta situación, el Tribunal de Sentencia busca contar con apoyo técnico para reproducir esos elementos probatorios. La cuestión quedó pendiente de resolución, por lo que su tratamiento dependerá de cómo se encauce la producción de esas pruebas en el proceso, siempre que estas sean de fuentes públicas, aclaró el colegiado.
La contratación para la provisión 25.000 kits de alimentos, en el centro del juicio
La causa se originó en una investigación sobre presuntas irregularidades en las compras de alimentos realizadas por la Municipalidad de Ciudad del Este entre marzo y julio de 2020, durante la pandemia.
Según la acusación fiscal, la administración municipal adjudicó de manera directa a la firma Tía Chela SRL la provisión de 25.000 kits de alimentos destinados a familias afectadas por la emergencia sanitaria.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que el procedimiento de contratación habría sido direccionado para beneficiar a la empresa proveedora. La Fiscalía también cuestiona las condiciones en que se concretó la operación y el posterior desembolso de fondos municipales.
Fiscalía sostiene que hubo un perjuicio de G. 2.130 millones
De acuerdo con la acusación, Miguel Prieto, quien se desempeñaba como ordenador de gastos de la comuna al momento de los hechos, habría encabezado una estructura integrada por funcionarios municipales que intervino en el proceso de contratación.
El Ministerio Público atribuye a las actuaciones investigadas un supuesto perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones para las arcas municipales.
El Tribunal de Sentencia deberá valorar el conjunto de las pruebas y determinar si existen elementos suficientes para establecer la responsabilidad penal de cada acusado. Hasta que se dicte una resolución definitiva, los hechos atribuidos permanecen en el ámbito de las acusaciones que deben ser demostradas en la audiencia oral en desarrollo.
