La Asociación de Defensores Públicos del Paraguay (ADEPPY) expresó su “repudio y rechazo enérgico” ante las graves amenazas que, fueron dirigidas contra la defensora pública Leticia Casaccia Ocampos, su vida, su integridad física y la de sus familiares.
De acuerdo con el pronunciamiento, las amenazas provendrían de personas allegadas a una usuaria del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), a quien la defensora representa en tres procesos judiciales relacionados con divorcio, disolución e insania.
La asociación sostiene que los hechos se produjeron en el marco del ejercicio de las funciones constitucionales y legales de la defensora, por lo que considera que el caso constituye un grave precedente y un riesgo para la seguridad de los operadores de justicia y sus familias.
Piden identificar y sancionar a los responsables
Ante la gravedad de la situación, la ADEPPY instó al Ministerio Público a iniciar una investigación exhaustiva, diligente e inmediata, con el objetivo de identificar a los responsables de las amenazas, determinar su eventual responsabilidad penal y aplicar las sanciones correspondientes.
La organización advirtió que este tipo de hechos no solo afecta a la defensora involucrada, sino que puede convertirse en un mecanismo de intimidación para quienes cumplen funciones dentro del sistema de justicia.
“Los trabajadores de la Defensa Pública no pueden desempeñarse en un ambiente de desamparo e inseguridad ante la impunidad de quienes pretenden valerse de la intimidación”, sostiene el comunicado.
La ADEPPY remarcó que ninguna amenaza o acto de amedrentamiento puede condicionar el trabajo de los defensores públicos ni interferir en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, la asociación reiteró su respaldo a Casaccia Ocampos y reafirmó su compromiso con la protección de la dignidad e integridad de los defensores públicos, además de la defensa del Estado de Derecho.
El pronunciamiento fue emitido este 26 de agosto de 2026, mientras se aguarda que las autoridades competentes adopten las medidas necesarias para esclarecer el origen de las amenazas y garantizar la seguridad de la defensora y sus familiares.
