La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, puso el foco en uno de los principales problemas que atraviesa actualmente el sistema penal paraguayo que a su vez, impacta en el sistema penitenciario: el uso excesivo de la prisión preventiva, cuya aplicación según sostuvo se ha alejado de su carácter excepcional establecido por la Constitución Nacional y las normas procesales.
Durante la Jornada 2, denominada “Nuevos Desafíos del Sistema Penitenciario”, organizada por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y financiado por la Unión Europea, Llanes habló con particular franqueza sobre las dificultades que enfrenta el sistema y cuestionó la resistencia de parte de la magistratura a aplicar los estándares normativos vigentes.
Para la ministra, el desafío del sistema penal ya no pasa únicamente por modificar las leyes. “El gran desafío fue la transformación del sistema normativo, hoy el gran desafío entre otros es el cumplimiento del sistema normativo vigente”, afirmó, al advertir que Paraguay cuenta con un marco constitucional, procesal y de ejecución penal suficientemente claro respecto de los fines de la prisión y de las condiciones en que puede disponerse el encarcelamiento preventivo.
Llanes recordó que la Constitución establece finalidades concretas para la pena privativa de libertad: la protección de la sociedad y la posterior reinserción social de las personas condenadas. En ese sentido, sostuvo que el Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal desarrollan mecanismos destinados a hacer operativas esas garantías.
Pero la realidad penitenciaria muestra una profunda distancia entre lo que establecen las normas y lo que ocurre en la práctica.
La ministra señaló que alrededor del 60% de la población penitenciaria se encuentra en prisión preventiva, un dato que, a su criterio, debería constituir el punto de partida para diseñar una política criminal de largo plazo, que no dependa de los cambios de gobierno.
“Tenemos que partir de esos datos para trazar una política criminal que dure más allá de los gobiernos”, sostuvo.
Una cárcel que cambió y un Estado que debe adaptarse
Llanes también planteó que el sistema penitenciario enfrenta una realidad diferente a la de décadas atrás. Las cárceles paraguayas ya no están integradas exclusivamente por personas provenientes de sectores vulnerables involucradas en delitos comunes.
“Los tiempos cambiaron, los problemas son otros”, expresó la ministra, quien reconoció que actualmente los establecimientos penitenciarios también albergan a personas vinculadas con organizaciones criminales que, incluso desde prisión, continúan manejando grandes negocios.
“Hoy las cárceles no solo están llenas de pobres, también por personas pertenecientes al crimen organizado que siguen manejando grandes negocios desde sus lugares. Esa es una realidad que debemos reconocer y administrar”, afirmó.
La reflexión introduce una de las mayores complejidades de cualquier política penitenciaria moderna: garantizar los derechos y las garantías constitucionales sin desconocer la capacidad operativa de estructuras criminales que pueden continuar actuando desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
Para Llanes, esta problemática no puede ser abordada únicamente desde el Poder Judicial o desde el sistema penitenciario. Requiere una respuesta coordinada de todo el Estado.
“Esta problemática debe encararse de manera conjunta con todas las agencias del Estado”, manifestó, al insistir en la necesidad de una gestión integral y social que permita atacar las causas que llevan a la utilización excesiva de la prisión preventiva.
El temor a dejar en libertad
Uno de los pasajes más contundentes de su intervención estuvo relacionado con los factores que, en la práctica, terminan condicionando las decisiones judiciales.
Llanes cuestionó que, al analizar las razones por las cuales se dispone una prisión preventiva, muchas veces no aparecen fundamentos reales que justifiquen una medida que, conforme al sistema normativo, debería ser excepcional.
La ministra describió un escenario en el que la presión social y mediática puede convertirse en un factor determinante para los jueces.
“De repente, un titular de un medio de Twitter o algún medio que hoy día dominan nuestra comunicación donde se plantea una noticia catástrofe porque un juez aplicó la medida alternativa y el Jurado de Enjuiciamiento inmediatamente ya te inicia una investigación”, relató.
Su planteamiento apunta a una contradicción preocupante: mientras las normas establecen criterios y límites para la prisión preventiva, los operadores judiciales pueden percibir que otorgar una medida alternativa a la prisión genera un riesgo institucional o mediático mayor que disponer el encarcelamiento.
En ese contexto, Llanes fue categórica al describir lo que considera un fenómeno social profundamente arraigado: “Hay como un comportamiento social completamente autoritario en relación a la libertad y el encierro”.
La frase sintetiza buena parte de su preocupación. El problema, desde su perspectiva, no se limita a la decisión individual de un juez, sino que involucra una cultura jurídica y social que tiende a identificar la prisión con justicia y la libertad con impunidad.
El desafío de cumplir la propia ley
Las declaraciones de Llanes dejan planteado un debate que trasciende la coyuntura penitenciaria: ¿qué sentido tiene contar con un sistema normativo que reconoce la excepcionalidad de la prisión preventiva si los propios operadores del sistema encuentran dificultades para aplicarlo?
La ministra no planteó la necesidad de una nueva reforma normativa como respuesta inmediata. Por el contrario, puso el énfasis en cumplir las reglas existentes y en construir una política criminal integral, sostenida en el tiempo y articulada entre las distintas instituciones del Estado.
Su diagnóstico es particularmente relevante porque proviene de una especialista en materia penal y, al mismo tiempo, de una integrante del máximo órgano judicial del país. Desde esa posición, Llanes expuso sin rodeos una de las tensiones centrales del sistema: la distancia entre las garantías consagradas en la Constitución y las leyes y la realidad cotidiana de los tribunales y las cárceles.
La discusión sobre el sistema penitenciario, entonces, no puede reducirse a la falta de infraestructura, al hacinamiento o a la necesidad de construir más establecimientos. El dato de que seis de cada diez personas privadas de libertad se encuentren bajo prisión preventiva obliga a mirar el problema desde otro ángulo.
La pregunta ya no es solamente cuántas cárceles necesita el país, sino por qué tantas personas están encerradas sin una condena firme y qué factores están llevando a los jueces a utilizar una herramienta que el ordenamiento jurídico concibe como excepcional.
El planteamiento de Llanes apunta precisamente hacia allí: reconocer que los tiempos cambiaron, que el crimen organizado presenta nuevos desafíos y que el Estado debe responder con inteligencia y coordinación, pero sin abandonar las garantías que el propio sistema constitucional estableció.
Porque, como dejó entrever la ministra durante el debate, el desafío no es solamente tener buenas leyes. Es animarse a cumplirlas.
