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Trabajo digital y seguridad social: un debate que ya está ocurriendo

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La transformación digital ya no plantea un escenario futuro para el mundo del trabajo y la seguridad social. Es una realidad que exige respuestas inmediatas. Así lo advirtió la doctora Lorena Segovia, presidenta del Instituto Paraguayo de la Seguridad Social (IPSS), durante la apertura del XXIII Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social «Guillermo Cabanellas».

«El debate que convoca a este congreso ya no es una discusión sobre el futuro. Está ocurriendo ahora», sostuvo Segovia, al poner el foco sobre uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el derecho laboral: la transformación de las relaciones de trabajo impulsada por las plataformas digitales, los algoritmos y los sistemas automatizados.

Para la titular del IPSS, este escenario plantea un doble desafío para los sistemas de protección social. El primero consiste en garantizar derechos a quienes desarrollan sus actividades bajo nuevas modalidades de organización laboral, muchas de ellas alejadas de los esquemas tradicionales de empleo. El segundo, igualmente relevante, es aprovechar el potencial de esas tecnologías para ampliar la cobertura, facilitar el acceso y mejorar la eficiencia de la seguridad social.

«La transformación digital nos plantea un doble desafío. Por un lado, debemos preguntarnos cómo protegemos a quienes trabajan bajo nuevas formas de organización mediadas por plataformas, algoritmos y sistemas automatizados. Pero, por otro lado, también debemos preguntarnos cómo podemos utilizar esas mismas tecnologías para ampliar la cobertura, facilitar el acceso y construir sistemas de seguridad social más eficientes e inclusivos», señaló.

Segovia remarcó que el desafío no consiste únicamente en incorporar tecnología a los sistemas existentes, sino en revisar las categorías jurídicas y laborales con las que históricamente se construyeron los mecanismos de protección. «Nuestros sistemas de protección social fueron construidos alrededor de determinadas formas de empleo y de relaciones laborales. Hoy, esas relaciones se vuelven más diversas y muchas veces más difíciles de encuadrar dentro de las categorías tradicionales», afirmó.

La transformación, sin embargo, se produce en un contexto en el que persisten problemas estructurales que el derecho laboral y la seguridad social todavía no han logrado resolver plenamente. La informalidad, las desigualdades en el acceso a la protección social y la existencia de amplios sectores de la población que permanecen fuera de los sistemas de cobertura constituyen, según la presidenta del IPSS, desafíos que se superponen a los nuevos escenarios generados por la digitalización.

En ese sentido, el debate adquiere una dimensión que trasciende la regulación de las plataformas digitales. Se trata de determinar cómo garantizar que la innovación tecnológica no profundice las brechas existentes, sino que contribuya a reducirlas y a fortalecer el principio de protección social.

La discusión, además, ya comenzó a reflejarse en estándares internacionales, según destacó Segovia, lo que coloca a los Estados y a los actores del mundo laboral ante la necesidad de anticipar respuestas jurídicas y políticas públicas capaces de acompañar la velocidad de los cambios tecnológicos.

El planteamiento adquiere especial relevancia en el marco del XXIII Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social «Guillermo Cabanellas», organizado por la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay (AAL) y el Instituto Paraguayo de la Seguridad Social (IPSS).

El encuentro se extenderá hasta este viernes y tendrá como uno de sus ejes centrales el lema «Trabajo digital y seguridad social en la era algorítmica: humanizar la innovación».

La consigna sintetiza el desafío que atraviesa actualmente el derecho del trabajo: acompañar la innovación sin perder de vista que detrás de cada plataforma, algoritmo o sistema automatizado existen personas cuyos derechos laborales y sociales deben seguir ocupando el centro de cualquier proceso de transformación.

Más de 2.400 padres adeudan la prestación alimentaria en Paraguay

Un total de 2.449 personas se encuentran actualmente inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), según un informe de la Oficina de Informaciones Judiciales de la Dirección de Estadística Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

Del total de personas registradas, 2.410 son varones y 39 son mujeres, de acuerdo con los datos oficiales. La cifra refleja una marcada diferencia por género entre quienes actualmente figuran en la base de datos judicial.

El informe señala además que cinco personas fueron excluidas del REDAM entre enero y junio de 2026, luego de regularizar su situación conforme a los procedimientos establecidos.

¿Qué es el REDAM?

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos fue creado por la Ley N.º 5415/2015 como una herramienta destinada a combatir el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

La normativa establece que puede ser inscripta en el registro la persona que, teniendo una obligación alimentaria establecida por una resolución judicial, sentencia firme o acuerdo judicialmente homologado, incurra en el impago de tres o más cuotas, consecutivas o alternadas.

La inscripción no se produce de manera automática. La parte interesada debe solicitar al juzgado competente que declare la mora y ordene la incorporación del obligado al REDAM, previo cumplimiento del procedimiento previsto por la legislación.

Un registro con consecuencias administrativas

La inscripción en el REDAM genera una serie de consecuencias que pueden dificultar determinados trámites administrativos y actos jurídicos.

Con las modificaciones introducidas por la Ley N.º 6506/2020, se amplió el alcance del sistema y se establecieron mecanismos para que la condición de deudor alimentario moroso sea verificada en distintos ámbitos.

Entre los trámites para los cuales se exige el certificado de antecedentes REDAM se encuentran determinados procedimientos relacionados con licencias y permisos de conducir, operaciones ante escribanos públicos y trámites vinculados a bienes registrables, además de actuaciones relacionadas con el matrimonio civil.

En el caso de las operaciones ante los Registros Públicos, el certificado constituye un requisito para determinadas escrituras. La falta de presentación del documento puede derivar en la observación del trámite registral.

La condición de moroso también puede ser consultada por entidades financieras y crediticias, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la legislación.

¿Qué ocurre al momento de contraer matrimonio?

La inscripción en el REDAM no impide que una persona pueda contraer matrimonio. Sin embargo, la normativa establece mecanismos de comunicación sobre esa condición.

Cuando uno de los contrayentes figura como deudor alimentario moroso, el funcionario del Registro del Estado Civil debe comunicar esa situación al otro contrayente y a los testigos, incluyendo la información relacionada con las obligaciones alimentarias pendientes.

De esta manera, el registro busca que la situación de mora sea conocida por quienes participan del acto civil, sin establecer una prohibición para la celebración del matrimonio.

¿Cómo se puede salir del REDAM?

La exclusión del registro requiere que el deudor regularice su situación alimentaria y acredite el cumplimiento de la obligación ante el juzgado competente.

Una vez presentada la documentación correspondiente, el órgano jurisdiccional debe verificar la cancelación de la deuda y, si corresponde, disponer mediante resolución judicial la exclusión del REDAM.

La salida del registro, por tanto, está vinculada al cumplimiento efectivo de la obligación alimentaria y no simplemente a la manifestación de intención de ponerse al día.

Los datos de la Corte Suprema de Justicia muestran que, pese a los mecanismos implementados para promover el cumplimiento, 2.449 personas continúan actualmente registradas como deudores alimentarios morosos, mientras que solo cinco fueron excluidas durante el primer semestre de 2026.

El REDAM constituye así una herramienta judicial y administrativa orientada a generar consecuencias frente al incumplimiento de una obligación cuyo objetivo central es garantizar la asistencia económica necesaria para los beneficiarios de la prestación alimentaria.

Paraguay se convierte en epicentro del debate laboral

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Con un auditorio colmado, este miércoles se inauguró en Asunción el XXIII Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Guillermo Cabanellas”, que reúne a referentes nacionales e internacionales para analizar los principales desafíos que enfrenta el mundo laboral en la era digital.

El encuentro congrega a abogados, magistrados, docentes, investigadores, estudiantes, profesionales de recursos humanos, sindicalistas y especialistas en seguridad social, quienes durante tres jornadas debatirán sobre las transformaciones que están redefiniendo las relaciones laborales.

Entre los principales temas abordados se encuentran el impacto de la inteligencia artificial, el uso de algoritmos y las nuevas modalidades de trabajo, además de los desafíos que estos cambios plantean para la protección de los derechos laborales y la seguridad social.

Durante la apertura, la presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay, Rocío Penayo, destacó que uno de los principales objetivos del encuentro es garantizar la protección de los trabajadores frente a los cambios derivados de la digitalización.

A su vez, la presidenta del Instituto Paraguayo de la Seguridad Social (IPSS), Lorena Segovia, sostuvo que la transformación de las formas de trabajo no debe implicar la pérdida de protección social para los trabajadores.

En representación de la Corte Suprema de Justicia, la ministra Carolina Llanes señaló que el mundo atraviesa una profunda transformación, cuyos efectos ya llegan a los tribunales. En ese sentido, afirmó que la innovación no debe significar un retroceso en los derechos laborales.

El congreso es organizado por la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay (AAL) y el Instituto Paraguayo de la Seguridad Social (IPSS), y se desarrolla desde este miércoles hasta el viernes, con la participación de especialistas de distintos países de Iberoamérica.

Confirman a Deny Yoon Pak por su trayectoria y compromiso

La Corte Suprema de Justicia confirmó por unanimidad al agente fiscal Deny Yoon Pak como fiscal especializado en materia de crimen organizado, tras una propuesta presentada por la ministra Carolina Llanes durante la sesión plenaria.

La decisión ratifica a Pak en un área considerada estratégica dentro de la lucha contra las organizaciones criminales y el narcotráfico.

Durante la sesión, Llanes destacó la preparación, trayectoria y compromiso del agente fiscal con las funciones que desempeña dentro del Ministerio Público.

“Es una persona preparada, comprometida con la función del Ministerio Público, fundamentalmente es una persona valiente y reconocida por sus pares”, manifestó la ministra al fundamentar su propuesta de confirmación.

Deny Yoon Pak tiene a su cargo investigaciones vinculadas a casos de crimen organizado de alta complejidad y participa en una de las causas de mayor impacto relacionadas con el combate al narcotráfico: A Ultranza Py.

El fiscal también ejerce la docencia, actividad que fue igualmente mencionada durante el análisis de su continuidad en el cargo.

Con el respaldo unánime de los ministros de la máxima instancia judicial, Deny Yoon Pak continuará desempeñándose como agente fiscal especializado en crimen organizado, con competencia en investigaciones relacionadas con estructuras criminales y hechos de alta complejidad.

La confirmación se produce en un contexto en el que el fortalecimiento de las investigaciones contra el crimen organizado constituye uno de los principales desafíos para las instituciones encargadas de la persecución penal y la administración de justicia.

La FADA trabajará en el diseño de cárceles más adecuadas

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El Ministerio de Justicia y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA-UNA) establecieron una alianza para desarrollar proyectos vinculados con infraestructura penitenciaria, investigación y formación profesional. La iniciativa busca incorporar conocimiento técnico al diseño de espacios destinados a las personas privadas de libertad y fortalecer las políticas de reinserción social.

El sistema penitenciario paraguayo apunta a incorporar una mirada más integral sobre la infraestructura de los establecimientos de reclusión mediante un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Justicia y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA-UNA).

El convenio fue suscrito por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, y el decano de la FADA-UNA, José Gregorio Insfrán, quienes acordaron impulsar iniciativas conjuntas relacionadas con el desarrollo de infraestructura penitenciaria, investigación y capacitación.

La alianza pretende aprovechar la experiencia académica y técnica de la universidad para aportar nuevas herramientas al diseño y planificación de los espacios penitenciarios. La premisa es que la infraestructura no sea entendida únicamente como un lugar de alojamiento para personas privadas de libertad, sino como un componente de las políticas destinadas a su recuperación y posterior reinserción en la sociedad.

Arquitectura al servicio de la reinserción

Uno de los principales ejes de la cooperación será el desarrollo de proyectos que permitan analizar y diseñar espacios penitenciarios más adecuados a las necesidades de quienes permanecen en ellos, considerando aspectos funcionales y humanos.

La participación de la FADA-UNA permitirá incorporar conocimientos especializados en arquitectura, diseño y planificación a las políticas públicas del Ministerio de Justicia. Con ello se busca generar propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones de los establecimientos y, al mismo tiempo, acompañen los procesos educativos, laborales y de rehabilitación.

Desde el Ministerio de Justicia señalaron que la articulación con la academia permitirá fortalecer las capacidades institucionales y generar proyectos sustentados en investigación y conocimiento técnico.

La cooperación también contempla la posibilidad de desarrollar estudios y programas de formación, de manera que el vínculo entre ambas instituciones trascienda la ejecución de obras y se convierta en una fuente permanente de generación de conocimiento aplicado al ámbito penitenciario.

Hacia un modelo penitenciario más moderno

El acuerdo se inscribe en el desafío de transformar progresivamente el sistema penitenciario paraguayo y avanzar hacia establecimientos que respondan a criterios de seguridad, funcionalidad y respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad.

La propuesta parte de la necesidad de que las políticas de infraestructura estén vinculadas con los objetivos de reinserción social. En ese sentido, contar con espacios adecuados puede favorecer el desarrollo de actividades educativas, laborales, recreativas y de capacitación dentro de los establecimientos penitenciarios.

“Trabajamos de manera articulada para consolidar un sistema penitenciario más humano, moderno y enfocado en el desarrollo”, destacó el Ministerio de Justicia al referirse al alcance de la cooperación.

La alianza entre Justicia y la FADA-UNA plantea así un trabajo conjunto entre el sector público y la academia, con la intención de que la planificación de la infraestructura penitenciaria incorpore criterios técnicos y una visión orientada al desarrollo integral de las personas privadas de libertad.

El desafío será traducir esta cooperación institucional en proyectos concretos que contribuyan a mejorar los espacios de reclusión y acompañen una política penitenciaria centrada no solo en la custodia, sino también en la rehabilitación y la reinserción social.

La Corte establece un nuevo control sobre las pruebas de ADN

La Corte Suprema de Justicia implementará un formulario obligatorio para que los juzgados de la Niñez y Adolescencia informen periódicamente sobre las pruebas de ADN financiadas por la institución en procesos de filiación. La medida apunta a mejorar el seguimiento de estudios determinantes para establecer la identidad de niños, niñas y adolescentes.

La Corte Suprema de Justicia dispuso un nuevo mecanismo de seguimiento para las pruebas de ADN realizadas en el marco de procesos judiciales de filiación en los que interviene la Defensa Pública. A través de un formulario, los juzgados de la Niñez y Adolescencia deberán reportar información detallada sobre los estudios cuyo costo es subsidiado por la máxima instancia judicial.

La medida busca fortalecer la trazabilidad de estos procedimientos y conocer qué pruebas fueron efectivamente realizadas, cuáles permanecen pendientes y las razones por las que aquellas autorizadas no llegaron a concretarse.

El control adquiere especial relevancia debido a que los análisis de ADN constituyen una herramienta determinante en los procesos destinados a establecer la filiación y, con ello, garantizar el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes.

¿Qué deberán informar los juzgados?

El formulario contempla una serie de datos vinculados con cada expediente en el que se haya autorizado una prueba de ADN. Entre otros puntos, los juzgados deberán consignar la carátula del expediente, el año de ingreso, el tipo de resolución mediante la cual se aprobó la realización del estudio y la fecha de dicha resolución.

También deberán precisar a favor de qué parte fue autorizada la prueba, además de indicar si el análisis ya fue realizado.

El reporte permitirá, de esta manera, establecer un recorrido de cada prueba desde el momento en que el juzgado dispone su realización hasta su efectiva concreción. En los casos en que el estudio no haya sido realizado, los magistrados deberán explicar los motivos que impidieron su ejecución.

La iniciativa se enmarca en una política de mayor control y transparencia sobre los recursos que la Corte destina a estos procedimientos judiciales.

En los juicios de filiación en los que interviene la Defensa Pública, el Poder Judicial asume el costo de la prueba de ADN. Por ello, el nuevo sistema permitirá no solo conocer el destino de los recursos utilizados, sino también detectar eventuales demoras o dificultades que impidan completar estudios fundamentales para resolver estos procesos.

Informes cada cuatro meses

La utilización del nuevo formulario tendrá carácter obligatorio y comenzará a regir desde el segundo cuatrimestre de 2026. En consecuencia, los juzgados deberán presentar el primer informe correspondiente durante el periodo comprendido entre el 1 y el 10 de septiembre de 2026.

La periodicidad cuatrimestral permitirá mantener actualizada la información sobre las pruebas financiadas por la Corte y facilitará un seguimiento sistemático de los expedientes.

Una vez finalizado el plazo para la remisión de los informes, la Dirección de Estadística será responsable de consolidar los archivos digitales enviados por los juzgados y organizarlos de acuerdo con cada circunscripción judicial.

Posteriormente, la información será remitida a la Oficina Técnica de Apoyo a la Justicia de la Niñez y de la Adolescencia (OTANA), que tendrá a su cargo el acceso y procesamiento de los datos conforme a las disposiciones aprobadas por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Seguimiento a un derecho fundamental

Con este mecanismo, la máxima instancia judicial busca contar con información sistematizada sobre un procedimiento que puede resultar decisivo en la vida de un niño, niña o adolescente. El registro permitirá identificar no solo cuántas pruebas fueron autorizadas y financiadas, sino también cuántas llegaron a realizarse y qué obstáculos persisten en los casos pendientes.

El objetivo es que el subsidio de las pruebas de ADN esté acompañado de un mecanismo efectivo de seguimiento, de modo que la decisión judicial de disponer el estudio no quede desvinculada de su concreción.

La nueva herramienta permitirá a la Corte disponer de información periódica y verificable sobre estos procesos, reforzando los mecanismos de transparencia y control, al tiempo que apunta a contribuir a una respuesta judicial más efectiva en los casos vinculados con el derecho a la identidad.

Metrobús: Wiens recusa al juez Humberto Otazú

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El exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Arnoldo Wiens recusó al juez penal de garantías Humberto Otazú, a quien cuestiona por una serie de actuaciones procesales que, según sostiene, generan dudas razonables sobre la imparcialidad con la que interviene en la causa que enfrenta por el fallido proyecto Metrobús.

La recusación fue planteada por Wiens en la causa caratulada “Ramón Giménez Gaona y otros s/ lesión de confianza y otros”, en la que recientemente el Ministerio Público presentó acusación contra el exministro y solicitó que enfrente juicio oral y público por hechos vinculados al frustrado proyecto de transporte.

La Fiscalía sostiene que durante la gestión de Wiens al frente del MOPC se produjeron decisiones y omisiones que habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado estimado en G. 14.955.317.035.

La acusación fue formulada por los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, quienes atribuyen al exministro, en calidad de autor, la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.

Cuestiona la secuencia procesal

En el escrito de recusación, Wiens sostiene que su planteamiento no responde simplemente a que las decisiones del juez hayan sido desfavorables a su posición procesal, sino a lo que considera una “secuencia objetiva de actuaciones procesales” que, analizadas en conjunto, afectarían la necesaria imparcialidad y distancia del órgano jurisdiccional.

El exministro centra uno de sus principales cuestionamientos en la forma en que se desarrolló el trámite previo a la presentación de la acusación fiscal.

Según expone, el 4 de agosto de 2026 su defensa promovió una excepción de falta de acción y otra de extinción de la acción penal por prescripción.

Tres días después, el 7 de agosto, el Juzgado Penal de Garantías dictó una providencia por la cual corrió traslado de las excepciones al Ministerio Público.

Posteriormente, el 11 de agosto, los agentes fiscales contestaron el traslado y, en la misma oportunidad, presentaron el requerimiento conclusivo de acusación contra Wiens, pese a que según señala la recusación el plazo fijado judicialmente para la presentación de dicho requerimiento vencía el 16 de agosto.

En esa misma presentación, el Ministerio Público solicitó además la abreviación del plazo.

El punto central del cuestionamiento de Wiens es que, al momento de presentarse la acusación, todavía no existía una decisión judicial que hubiera concedido esa abreviación del plazo.

A criterio de la defensa, esta sucesión de actuaciones constituye uno de los elementos que deben ser considerados para evaluar la imparcialidad del magistrado y justificar su apartamiento de la causa.

La tesis fiscal sobre el Metrobús

En paralelo, el Ministerio Público sostiene en su requerimiento conclusivo que la investigación permitió reconstruir la cadena de decisiones adoptadas desde agosto de 2018, cuando Wiens asumió la conducción del MOPC.

La tesis fiscal apunta a decisiones adoptadas durante su administración y a supuestas omisiones relacionadas con la ejecución y posterior terminación del proyecto Metrobús, que finalmente no llegó a operar como estaba previsto.

Para la Fiscalía, esas actuaciones habrían derivado en un perjuicio patrimonial millonario para el Estado paraguayo. Por ello, los fiscales Silva, Adle y Grisetti sostienen la acusación y solicitan que el exministro sea sometido a juicio oral y público.

La presentación fiscal atribuye a Wiens responsabilidad penal en calidad de autor por los hechos punibles señalados, una imputación que deberá ser debatida en las distintas etapas del proceso y, eventualmente, ante un tribunal de sentencia.

Continuidad del proceso

En su recusación, Wiens también cuestiona que el juzgado haya estructurado la continuidad del procedimiento sobre la base de la prosecución de la acusación, pese a que se encontraba pendiente de resolución una excepción de extinción de la acción penal que, de prosperar, podría modificar el curso de la causa.

La defensa sostiene que el juzgado habría avanzado con el proceso aun cuando estaba pendiente una cuestión que podía resultar determinante para su continuidad.

El planteamiento busca que Otazú sea apartado de la causa. La decisión sobre la recusación corresponderá a la instancia judicial competente, mientras que las excepciones y los cuestionamientos planteados por la defensa deberán seguir el trámite procesal correspondiente.

Operativo Redención: Equipo fiscal investigará el caso

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El fiscal general del Estado, mediante la Resolución N.° 3075, dispuso la conformación de un equipo especial de agentes fiscales para profundizar la investigación de dos causas penales vinculadas al caso relacionado con el operativo Redención, registrado en el departamento de Canindeyú.

La decisión fue adoptada a partir de un pedido del fiscal adjunto Diego Arzamendia, responsable del área correspondiente, quien solicitó reforzar la intervención del Ministerio Público debido a la naturaleza de los hechos investigados.

El equipo estará integrado por los fiscales Abelino Bareiro, Oscar Paredes, Sonia Sanguinés y Carlos Alejandro Cardozo, quienes tendrán a su cargo intervenir en las investigaciones y ejercer la acción penal, bajo la dirección del fiscal Bareiro y la coordinación del fiscal adjunto Arzamendia.

La resolución señala que la incorporación de fiscales de unidades especializadas responde a la necesidad de optimizar la investigación y reunir los elementos de convicción necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

Una de las causas corresponde a una investigación abierta por un supuesto hecho punible contra la vida y otros, en la que figuran como víctimas Antonio Carrillo y Catalino Correa. La segunda investigación involucra a Bruno López Ortiz y otras personas por una presunta trasgresión a la Ley 7411/24 y otros hechos.

Ambas causas se encuentran actualmente en la Unidad Penal de Katueté, bajo la responsabilidad del fiscal Oscar Paredes, quien ahora integrará el equipo dispuesto por la Fiscalía General.

La conformación del grupo fiscal busca fortalecer el trabajo investigativo y permitir una intervención coordinada de agentes con experiencia en áreas como lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y derechos humanos.

En la resolución, la Fiscalía General recuerda además que el Ministerio Público es una institución única e indivisible y que, en el marco de su autonomía funcional y administrativa, puede establecer mecanismos de coordinación interna para garantizar una actuación eficiente.

De esta manera, el Ministerio Público busca reforzar la investigación de un caso que cobró relevancia en Canindeyú y que ahora contará con la intervención conjunta de cuatro agentes fiscales especializados, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.

La disposición fue firmada este 18 de agosto de 2026 y establece que el equipo deberá intervenir en ambas causas bajo la conducción del fiscal Abelino Bareiro y la coordinación del fiscal adjunto Diego Arzamendia.

Avanza plan para garantizar el voto a personas privadas de libertad

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia trabajan en la definición de un mecanismo que permita garantizar el derecho al voto de las personas privadas de libertad que, de acuerdo con la legislación vigente, mantienen habilitados sus derechos políticos.

La iniciativa busca que el encierro no se convierta, por razones operativas o logísticas, en un impedimento para ejercer el sufragio. Para ello, las tres instituciones conformaron una Mesa Técnica Interinstitucional desde la cual se analizan las condiciones necesarias para que estas personas puedan participar de los procesos electorales de manera efectiva y segura.

Uno de los principales puntos en estudio es la posibilidad de habilitar mesas receptoras de votos dentro de las penitenciarías. Esta alternativa requiere evaluar aspectos vinculados con la organización electoral, el traslado y control de los materiales, la seguridad de los internos y funcionarios, además de las garantías de transparencia que debe reunir cualquier jornada electoral.

El objetivo central es determinar quiénes se encuentran legalmente habilitados para votar y establecer un procedimiento que permita que ese derecho pueda ejercerse sin que la situación de reclusión constituya una barrera adicional.

Las instituciones involucradas consideran que la privación de libertad, por sí sola, no supone la pérdida automática de los derechos ciudadanos. Por esta razón, el trabajo apunta a identificar los obstáculos que actualmente dificultan la participación electoral y diseñar soluciones que se ajusten tanto a la legislación como a las particularidades del sistema penitenciario.

La coordinación interinstitucional también permitirá delimitar las funciones de cada organismo, establecer protocolos y definir las condiciones necesarias para desarrollar una eventual jornada electoral dentro de los centros penitenciarios.

De esta manera, la iniciativa pretende que las personas privadas de libertad que conserven legalmente su derecho al sufragio puedan ejercerlo en condiciones adecuadas, incorporándolas al proceso democrático y evitando que las dificultades propias del régimen penitenciario terminen restringiendo un derecho que la ley todavía les reconoce.

Condenan a abogado por intentar vender propiedad ajena

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Un abogado fue condenado a siete años de prisión tras ser hallado culpable de utilizar un poder falso para intentar vender unas 6.000 hectáreas de tierras que pertenecían a otra persona, en una maniobra que buscó aparentar una representación legal que nunca le fue otorgada.

Se trata de Guido Alfredo Fernández Yegros, quien fue declarado responsable de la producción de documentos no auténticos y de documentos públicos de contenido falso. El juicio oral permitió determinar que el acusado recurrió a un supuesto poder especial fechado en febrero de 2019 y posteriormente inscripto en los Registros Públicos.

Según los elementos probatorios expuestos durante el proceso, el documento fraudulento le habría permitido atribuirse facultades para actuar en nombre del verdadero propietario de los inmuebles. Con ese instrumento, intentó avanzar con una operación de compraventa de dos extensas propiedades situadas en Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo.

Las tierras, que en conjunto abarcan aproximadamente 6.000 hectáreas, pertenecen a un ciudadano francés. El propietario se encontraba fuera de Paraguay desde 2011 y volvió al país en 2020. Fue entonces cuando descubrió que sus inmuebles estaban siendo objeto de una operación en la que Fernández Yegros pretendía intervenir como supuesto representante suyo.

Sin embargo, el propietario nunca había otorgado al abogado autorización ni poder legítimo para disponer de sus bienes.

La investigación del Ministerio Público permitió reconstruir la maniobra y demostrar ante el Tribunal de Sentencia que el documento utilizado carecía de autenticidad y que fue empleado para crear una apariencia de legalidad con el objetivo de concretar una operación sobre bienes ajenos.

Durante el juicio oral, las agentes fiscales Diana Laterza y Elena Fiore sostuvieron la acusación y presentaron los elementos que respaldaron la responsabilidad del procesado.

Tras valorar las pruebas producidas en el debate, el Tribunal de Sentencia, integrado por Fabián Weinsensee, Cándida Fleitas y Sonia Villalba, resolvió imponer a Fernández Yegros una pena de siete años de cárcel.

El caso expone la gravedad de utilizar documentación falsa para intentar disponer de propiedades de terceros, especialmente cuando se trata de extensas superficies de tierra y se busca revestir la operación de una aparente legitimidad mediante su inscripción en registros oficiales.

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