Un abogado fue condenado a siete años de prisión tras ser hallado culpable de utilizar un poder falso para intentar vender unas 6.000 hectáreas de tierras que pertenecían a otra persona, en una maniobra que buscó aparentar una representación legal que nunca le fue otorgada.
Se trata de Guido Alfredo Fernández Yegros, quien fue declarado responsable de la producción de documentos no auténticos y de documentos públicos de contenido falso. El juicio oral permitió determinar que el acusado recurrió a un supuesto poder especial fechado en febrero de 2019 y posteriormente inscripto en los Registros Públicos.
Según los elementos probatorios expuestos durante el proceso, el documento fraudulento le habría permitido atribuirse facultades para actuar en nombre del verdadero propietario de los inmuebles. Con ese instrumento, intentó avanzar con una operación de compraventa de dos extensas propiedades situadas en Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo.
Las tierras, que en conjunto abarcan aproximadamente 6.000 hectáreas, pertenecen a un ciudadano francés. El propietario se encontraba fuera de Paraguay desde 2011 y volvió al país en 2020. Fue entonces cuando descubrió que sus inmuebles estaban siendo objeto de una operación en la que Fernández Yegros pretendía intervenir como supuesto representante suyo.
Sin embargo, el propietario nunca había otorgado al abogado autorización ni poder legítimo para disponer de sus bienes.
La investigación del Ministerio Público permitió reconstruir la maniobra y demostrar ante el Tribunal de Sentencia que el documento utilizado carecía de autenticidad y que fue empleado para crear una apariencia de legalidad con el objetivo de concretar una operación sobre bienes ajenos.
Durante el juicio oral, las agentes fiscales Diana Laterza y Elena Fiore sostuvieron la acusación y presentaron los elementos que respaldaron la responsabilidad del procesado.
Tras valorar las pruebas producidas en el debate, el Tribunal de Sentencia, integrado por Fabián Weinsensee, Cándida Fleitas y Sonia Villalba, resolvió imponer a Fernández Yegros una pena de siete años de cárcel.
El caso expone la gravedad de utilizar documentación falsa para intentar disponer de propiedades de terceros, especialmente cuando se trata de extensas superficies de tierra y se busca revestir la operación de una aparente legitimidad mediante su inscripción en registros oficiales.
