La crisis financiera y demográfica de los sistemas de seguridad social fue analizada durante el Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Guillermo Cabanellas”, en un panel que reunió a especialistas paraguayas para abordar los principales desafíos y posibles soluciones.
El encuentro fue moderado por la doctora Lorena Segovia, quien señaló que el objetivo era realizar un diagnóstico y plantear respuestas ante las nuevas problemáticas que enfrenta la seguridad social.
Participaron Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones del IPS, y Griselda Mariel Figueredo de Giménez, superintendenta de Jubilaciones y Pensiones del Consejo de Seguridad Social.
Cubas reivindica la autonomía de la seguridad social
Cubas destacó la necesidad de fortalecer el estudio de la seguridad social como una rama autónoma del derecho y reclamó que sea incorporada como asignatura específica en las universidades paraguayas.
“Quiero reivindicar la autonomía del derecho a la seguridad social”, sostuvo, al recordar que se trata de un derecho humano fundamental reconocido en instrumentos internacionales y en la Constitución Nacional de 1992.
La especialista consideró que el sistema jurídico debe acompañar los cambios sociales y laborales. “Las instituciones deben acompañar la evolución de las instituciones y de las nuevas formas de trabajo. La legislación no puede ser estática”, afirmó.
Para Cubas, los avances tecnológicos y las nuevas modalidades laborales obligan a revisar las normas y realizar ajustes que permitan mantener vigente la protección social.
Figueredo advierte sobre un sistema fragmentado
Por su parte, Griselda Mariel Figueredo de Giménez centró su exposición en la estructura actual del sistema previsional paraguayo y en las profundas transformaciones que modificaron las condiciones bajo las cuales fueron creadas varias de las cajas de jubilaciones.
“Tenemos diferentes leyes que se crearon en diferentes etapas de nuestro país, tenemos cajas muy fraccionadas, es muy heterogéneo el tipo de servicio que otorgan”, explicó.
Señaló que muchas de estas normas fueron sancionadas en las décadas de 1910, 1950 y 1960, cuando la realidad demográfica y laboral era completamente distinta.
Según explicó, en aquel entonces era posible proyectar jubilaciones a edades más tempranas porque había muchos más aportantes que jubilados y se esperaba un crecimiento sostenido de la población trabajadora.
“Concebir una jubilación a los 50 años con 25 años de aporte era algo totalmente natural, porque los jubilados eran los menos y los aportantes eran los más”, indicó.
La realidad actual, sin embargo, está marcada por familias menos numerosas, cambios en el mercado laboral y una creciente incorporación de tecnología que sustituye determinados puestos de trabajo y puede afectar la cantidad de aportantes.
Figueredo sostuvo que las normas no necesariamente fueron erróneas para el contexto en que fueron creadas, pero advirtió que deben ser revisadas a la luz de las nuevas circunstancias.
“Hay que saber acompañar con toda la tecnología”, afirmó, y planteó la necesidad de incorporar un enfoque técnico que permita evaluar periódicamente la sostenibilidad de los sistemas.
“Hay que darle un aporte más técnico para realizar las evaluaciones a medida que la sociedad evoluciona”, concluyó.
El debate dejó como principal desafío la necesidad de construir una seguridad social sostenible, capaz de responder a los cambios demográficos, tecnológicos y laborales sin apartarse de su finalidad esencial: garantizar la protección social como un derecho fundamental.
