En un escenario donde ejercer el periodismo implica enfrentar nuevas formas de hostigamiento, amenazas y campañas de desprestigio, la respuesta de la Justicia adquiere una importancia decisiva. Así lo sostuvo la especialista en derechos humanos Alejandra Peralta Merlo, en una entrevista exclusiva con Judiciales Net, al analizar la responsabilidad del Poder Judicial frente a los hechos de violencia cometidos contra periodistas y medios de comunicación.
Para la experta, la violencia contra quienes ejercen la comunicación no debe ser entendida únicamente como un ataque individual. Cuando un periodista es amenazado, perseguido o silenciado, también se afecta el derecho de la sociedad a recibir información, especialmente cuando se trata de asuntos de interés público.
Peralta explicó que la prevención de estos hechos debe abordarse desde distintos frentes, pero puso especial énfasis en la lucha contra la impunidad. En ese sentido, consideró fundamental el papel de jueces y juezas al momento de juzgar y establecer responsabilidades.
“La labor del juez y de la jueza al sentar precedentes con sentencias ejemplares es fundamental para enviar ese mensaje de no impunidad”, afirmó.
Cuando el miedo termina silenciando al periodista
La especialista advirtió que la violencia contra la prensa no comienza necesariamente con un ataque físico. Puede manifestarse a través de amenazas, hostigamientos, campañas de desprestigio o acciones destinadas a desacreditar a quienes investigan y publican información sobre corrupción, crimen organizado o cuestiones que incomodan al poder de turno.
Estas prácticas, sostuvo, pueden convertirse en mecanismos de censura indirecta.
El efecto puede ser tan poderoso como una prohibición expresa: el periodista deja de investigar o publicar por temor a represalias contra sí mismo o contra su familia, o ante la presión constante que busca desgastar su credibilidad.
En un entorno digital cada vez más agresivo, donde las campañas de intimidación y desprestigio pueden multiplicarse rápidamente, esta problemática adquiere una nueva dimensión.
El ataque contra un periodista afecta a toda la sociedad
Uno de los puntos centrales del análisis de Peralta es que la víctima de la violencia no es únicamente el comunicador.
La especialista recordó el precedente establecido en el caso de Santiago Leguizamón, reconocido en una sentencia internacional contra Paraguay, para explicar que la violencia ejercida contra un periodista también alcanza a todas aquellas personas que dejan de recibir la información que ese profesional tenía la posibilidad de comunicar.
“No se ejerce una violencia de manera individual contra el periodista, sino contra todas aquellas personas que no pueden acceder a esa información que es transmitida por ese comunicador”, sostuvo.
La consecuencia es particularmente grave cuando se trata de información de interés público. Si una amenaza consigue que un periodista calle, el efecto trasciende su esfera personal: la sociedad pierde una fuente de información y, con ella, una herramienta para ejercer control ciudadano sobre quienes detentan poder.
La Justicia como garantía frente a la impunidad
En este contexto, Peralta considera que una respuesta judicial efectiva puede cumplir una función que va mucho más allá de sancionar a los responsables de un hecho concreto.
Una investigación seria, una sentencia fundada y una sanción cuando corresponda pueden transmitir un mensaje claro: amenazar, atacar o intentar silenciar a un periodista no puede quedar impune.
“Los trabajadores de la prensa en el ejercicio de la libertad de expresión, que a su vez le permite a la ciudadanía acceder a información de interés público, no están solos”, afirmó.
Para la especialista, el Poder Judicial debe demostrar que existe una institucionalidad capaz de proteger el ejercicio de la libertad de expresión y de responder frente a quienes intentan utilizar la violencia para impedir la difusión de información.
Libertad de expresión, una defensa de la democracia
El análisis de Peralta coloca a la Justicia ante una responsabilidad que excede la resolución de un caso particular. Cuando un periodista es atacado por su trabajo, está en juego también el derecho de la ciudadanía a estar informada.
“El trabajo de la Justicia es determinante para salvaguardar el derecho de la libertad de expresión, que es la piedra angular de la democracia y de todos los ciudadanos que tienen derecho a acceder a información de interés público”, remarcó.
En tiempos en que las amenazas pueden llegar desde una pantalla, multiplicarse en redes sociales y convertirse en campañas sistemáticas de intimidación, la advertencia resulta especialmente relevante: la defensa del periodismo no es solamente la defensa de quienes trabajan en los medios, sino la protección del derecho de toda la sociedad a conocer, cuestionar y decidir sobre aquello que ocurre en su entorno.
Por eso, para Peralta, esclarecer los ataques contra periodistas y establecer responsabilidades no es un acto meramente reparador. Es también una forma de prevenir nuevas agresiones, combatir la censura indirecta y fortalecer las garantías que sostienen a una sociedad democrática.
