La Jornada 2 «Nuevos Desafíos del Sistema Penitenciario» reunió este jueves 20 de agosto, en Asunción, a referentes del ámbito judicial, académico y criminológico, quienes debatieron sobre el uso de la prisión preventiva, la gobernanza criminal en las cárceles y los desafíos del Estado para recuperar el control efectivo de los establecimientos penitenciarios.
El encuentro fue impulsado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), con apoyo de la Unión Europea, y puso en debate una problemática que trasciende la administración de las cárceles, debido a sus efectos sobre la Justicia, la seguridad pública y los derechos de las personas privadas de libertad.
Uno de los principales ejes fue el impacto de la prisión preventiva en la composición de la población penitenciaria y en la capacidad del Estado para administrar los establecimientos de encierro.
Prisión preventiva, un desafío para la Justicia
El primer panel, denominado «Hacia una nueva agenda del litigio cautelar: la prisión preventiva como desafío para la justicia penal», contó con la participación de la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, y del jurista argentino Alberto Binder, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. La mesa fue moderada por María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ.
Llanes sostuvo que uno de los principales desafíos consiste en cumplir el marco normativo vigente. Recordó que la Constitución Nacional establece el carácter excepcional de la prisión preventiva y que esta disposición también está reglamentada en el Código Procesal Penal. En ese sentido, señaló que los magistrados deben aplicar la normativa sin sentirse condicionados por las presiones de las redes sociales.
La ministra también destacó algunas buenas prácticas desarrolladas desde el Poder Judicial, como la depuración de causas en el penal de mujeres del Buen Pastor, la implementación de audiencias telemáticas y los acuerdos orientados a mejorar la práctica judicial. No obstante, señaló que las audiencias virtuales todavía no se aplican de manera masiva.
Llanes consideró necesario avanzar hacia una política de Estado basada en datos y estadísticas, teniendo en cuenta que alrededor del 60% de las personas privadas de libertad se encuentran bajo prisión preventiva.
El debate permitió evidenciar que la prisión preventiva no constituye únicamente una decisión procesal, sino que también tiene consecuencias directas sobre el sistema penitenciario. Su aplicación influye en el crecimiento de la población carcelaria, las condiciones de los establecimientos y la capacidad institucional para garantizar una adecuada clasificación y custodia de las personas privadas de libertad.
Por su parte, Alberto Binder planteó alternativas para reducir la aplicación excesiva de esta medida cautelar y expuso aspectos de la experiencia argentina. Propuso establecer condiciones más concretas para el litigio, incluyendo límites al tiempo de permanencia en prisión preventiva y la obligación del Ministerio Público de precisar los motivos y el periodo requerido para mantener a una persona privada de libertad.
El jurista también planteó la necesidad de establecer parámetros más precisos para evaluar el riesgo de fuga, además de mecanismos efectivos de control de las medidas cautelares. Otro punto señalado fue la importancia de conocer la cantidad real de plazas disponibles en los establecimientos administrados por el Ministerio de Justicia.
Binder describió al sistema penitenciario como una «institución maldita», cuya administración resulta especialmente compleja debido a que implica gestionar a personas confinadas.
Cárceles bajo presión del crimen organizado
El segundo panel, denominado «Las cárceles como plataformas delictivas», trasladó la discusión hacia las dinámicas criminales que se desarrollan dentro de los establecimientos penitenciarios.
El doctor en Criminología Juan Martens expuso sobre la situación actual y la gobernanza criminal en las cárceles paraguayas. A su vez, el sociólogo brasileño Rafael Godoi presentó una mirada regional basada en la experiencia de Brasil y en el proceso de consolidación de plataformas criminales dentro de los centros penitenciarios. La mesa fue moderada por la abogada e investigadora Magda Azcona.
Martens señaló que actualmente las cárceles paraguayas funcionan como una «cárcel mercado», donde distintos servicios y condiciones de reclusión tienen un precio. Según explicó, desde atravesar un portón hasta acceder a una cama, medicamentos o un espacio dentro del establecimiento implica un costo. Esta situación, indicó, fue reflejada en una investigación realizada por el INECIP.
El criminólogo también cuestionó la falta de atención al papel de los jueces y juezas al analizar la situación de las cárceles y su sobrepoblación. Actualmente, el sistema penitenciario alberga a unos 20.300 reclusos, cifra que refleja la presión que soportan los establecimientos.
La experiencia brasileña aportó otra perspectiva al debate. Rafael Godoi analizó la prisión como plataforma delictiva desde el punto de vista sociológico y explicó cómo el endurecimiento de las políticas penales puede favorecer también la expansión de las organizaciones criminales.
Brasil cuenta con 964.074 personas privadas de libertad. En ese contexto, el especialista destacó la relación entre el encarcelamiento y la expansión de las redes criminales dentro de los establecimientos penitenciarios.
