La secretaria ejecutiva de la Oficina Técnica Penal (OTP), la camarista Silvana Luraghi, señaló que el censo penitenciario humanizado, que encaran la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y otras instituciones, no se realiza solo con el fin de descongestionar las cárceles, sino también para destrabar los procesos penales.
Luraghi explicó que el trabajo se centra en los “pasilleros”, es decir, en personas que viven en condiciones extremas dentro de las distintas penitenciarías. Son personas en situación de vulnerabilidad, y ellas son las primeras en ser censadas para acelerar sus procesos y, si corresponde, sean puestas en libertad.
Manifestó que este trabajo conjunto tiene un enfoque netamente humanizado, que busca llegar a quienes padecen alguna condición de salud o bien a quienes cumplen su reclusión en condiciones precarias, como aquellas personas que viven sin calzado en los penales, como sucede en Tacumbú.
La magistrada destacó el avance del trabajo, que ha permitido concluir con el censo de las personas recluidas en los penales de Tacumbú, Buen Pastor, Emboscada y la cárcel de Ciudad del Este.
Mencionó que los datos recolectados se ponen inmediatamente a conocimiento de los magistrados que llevan los casos, para que se realicen las audiencias de revisión de medidas o las audiencias preliminares, a fin de avanzar en los procesos penales abiertos a estas personas.
Comentó que, en el Buen Pastor, todas las mujeres privadas de libertad fueron censadas. De las 565 reclusas, 300 estarían en condiciones de que en sus casos se realice alguna diligencia para que sus procesos avancen, ya sea mediante una audiencia preliminar o la revisión de medidas.
“Nosotros desempeñamos un trabajo con enfoque de derechos humanos. Vamos hasta las penitenciarías in situ, no solamente para descongestionar las cárceles y lograr la libertad de las personas, sino también porque queremos destrabar los procesos que hayan quedado paralizados por algún motivo. Nuestro objetivo es llegar a los internos pasilleros: los más pobres, los descalzos, los más vulnerables, los enfermos. Algunos no tenían ni abogado defensor. Trabajamos con los internos más vulnerables, así como con las mujeres embarazadas y aquellas que tienen hijos menores. A eso apunta nuestra tarea”, afirmó la camarista.
Agregó que el trabajo también se centra en las personas condenadas que podrían ser beneficiadas con la libertad condicional o con algún otro beneficio procesal al estar cumpliendo su condena.
Por último, Luraghi señaló que, para el mes de agosto, la Corte Suprema de Justicia ya tendría los resultados de los casos que han avanzado tras este censo humanizado, realizado para destrabar los procesos penales.
Cabe recordar que más del 70 % de las personas privadas de libertad se encuentran sin condena firme, por lo que se buscan mecanismos para que sus derechos no se vean vulnerados mediante privaciones ilegítimas.
Si bien el sistema penal tropieza con una saturación de procesos y una sobrecarga laboral extenuante para los jueces de sentencia, desde la Sala Penal se proponen soluciones tendientes a remediar la complicada tarea de mantener al día los procesos penales que afectan la libertad de las personas.
