La máxima instancia forma parte de un comité que busca impulsar la libertad de las personas que se encuentren recluidas por ilícitos sin relevancia, para que las mismas no terminen siendo captadas por grupos criminales.

La vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, y el ministro Luis María Benítez Riera firmaron, en representación de la CSJ, el acuerdo de cooperación para la conformación del “Comité para la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad en la República del Paraguay”.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Unión Europea, a través del Programa EL PAcCTO 2.0, representada en el acto por el embajador Javier García de Viedma.

El objetivo central de este acuerdo es avanzar hacia una política penal moderna, integral y respetuosa de los derechos humanos, que priorice el uso de medidas alternativas al encarcelamiento, contribuyendo así a reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios del país.

El documento fue suscrito por altas autoridades de las principales instituciones del sistema de justicia penal: la vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia, María Carolina Llanes; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; el defensor general, Javier Esquivel; el comisario general director, Ramón Javier Morales; y el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora Villamayor.

“El encarcelamiento debe ser el último recurso, y las medidas alternativas una opción viable, eficaz y respetuosa de la dignidad humana”, señaló Rodrigo Nicora.

Hace años que la Corte Suprema de Justicia impulsa un fuerte mensaje para evitar el abuso de la prisión preventiva, que los jueces de garantías penales aplican como primera medida y no como última opción.

La presidenta de la Sala Penal, la ministra Carolina Llanes, en numerosas entrevistas con nuestro medio, ha instado a los jueces penales a evitar el abuso de la prisión preventiva mediante la aplicación racional de la norma y el uso del “sentido común”.

La prisión preventiva se ha vuelto la regla y no la excepción en su aplicación. Incluso, la Corte Suprema de Justicia ha aprobado una acordada como guía para los jueces al momento de aplicar medidas cautelares.

Casi el 80 % de las personas privadas de su libertad se encuentran sin condena. Se busca, con la aplicación racional de la prisión preventiva, que las personas que cometan hechos punibles de escasa gravedad no terminen siendo soldados del crimen organizado. Sin embargo, mientras los jueces no comprendan esta situación, será una tarea difícil para la Corte y el sistema penitenciario.

Integrantes de la Comisión de Legislación del Congreso, debatieron con los ministros Eugenio Jiménez Rolón y Alberto Martínez Simón la propuesta legislativa formulada por la Corte Suprema de Justicia como solución válida contra la mafia de pagarés.

El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad con modificaciones. Los ministros defendieron la propuesta, que busca incluir algunas figuras como la del depositario judicial, a fin de evitar que los pagarés se reutilicen o se utilicen para demandar en más de una oportunidad a un deudor.

El ministro Eugenio Jiménez señaló que el proyecto se ajusta a estándares internacionales. Mencionó que la modificación del Código Procesal Civil busca que el título de crédito o pagaré esté siempre a disposición del juzgado; si no se presenta, no se podrá cobrar por ese pagaré hasta tanto se restituya el documento original.

Con ello, se busca evitar que la debilidad del sistema permita que el documento vuelva a reutilizarse por inescrupulosos en más de una oportunidad, duplicando o hasta triplicando la demanda contra un mismo deudor.

“La propuesta de la Corte Suprema de Justicia busca agregar exigencias en cuanto atañe al Código Procesal Civil, para asegurar que, contra el pago, se devuelva el documento original a quien realiza el pago, para que no puedan volver a darse situaciones anómalas”, señaló Eugenio Jiménez Rolón al exponer las características de la propuesta legislativa.

Un punto debatido ampliamente fue la sanción a la que se expone la persona que ostente la figura del depositario judicial, quien se encargará del resguardo del documento retirado del juzgado y será responsable penalmente en caso de extravío o del destino que le dé a este documento en ejecución. Se analizó desde la posibilidad de imponer multas hasta aplicar la figura penal de quebrantamiento de depósito.

La Comisión continuará con el estudio de la iniciativa parlamentaria de la máxima instancia. Se incluirán las observaciones que surgieron durante el debate y aquellas que colaboren en una ley clara y precisa que proteja a las personas y a quienes reclamen el cobro de guaraníes por deuda.

Igualmente, la Comisión de Legislación aprobó, con modificaciones, la creación de siete nuevos Juzgados de Paz en la Capital, también a solicitud de la CSJ, con la salvedad de que la creación de estos juzgados no afectará el presupuesto general de gastos.

Wilfrido Cáceres, exhombre de confianza del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, acusado por enriquecimiento ilícito y otros delitos, recusó al juez Rodrigo Estigarribia. El acusado busca apartar al magistrado de su caso.

Hoy debía iniciarse la audiencia preliminar para el exdirector financiero de la Municipalidad de Asunción; sin embargo, ante la recusación contra el magistrado, la diligencia quedó frustrada.

En la causa también están acusadas su esposa, Ruth Da Silva; su secretaria, Camila Ramírez Gómez; y Elvira Gómez de Ramírez.

Los fiscales del caso, Silvio Corbeta y Luis Piñánez, presentaron acusación y solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral, ya que consideran que las evidencias con que cuenta el Ministerio Público son sólidas.

En su momento, el Ministerio Público allanó la lujosa vivienda perteneciente al funcionario municipal Wilfrido Cáceres, quien se desempeñó como director de Administración y Finanzas durante la pandemia del COVID-19, y era considerado hombre de confianza del intendente Óscar Rodríguez.

Cáceres fue acusado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito tras detectarse que no existe correspondencia entre sus ingresos y los bienes adquiridos, los cuales intentó ocultar, según el Ministerio Público.

Su esposa, Ruth Da Silva, fue acusada por lavado de dinero, al igual que la secretaria Camila Ramírez. Ambas habrían simulado la compraventa del inmueble investigado, operación que realizaron de común acuerdo para ocultar a los verdaderos propietarios. Es decir, el matrimonio utilizó a una joven de 19 años como prestanombre para ocultar bienes que no podían justificar con sus salarios.

Según los antecedentes del caso, Ruth Da Silva compró dos terrenos en la zona de Costa Guasu, San Lorenzo, por el valor de 100 millones de guaraníes. De inmediato comenzó la construcción y, poco antes de culminar las obras, vendió el inmueble a su secretaria, Camila Ramírez, por la misma suma de 100 millones. Si bien la lujosa casa está a nombre de Ramírez, el matrimonio reside en el lugar con todas las comodidades ostentosas.

Según el relato fiscal, Wilfrido Adrián Cáceres Flores, casado bajo el régimen de comunidad de bienes con Ruth Jazmín Da Silva Almirón, presentó tres declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República, correspondientes al periodo 2019 (22/03/2019) y 2021 (04/08/2021 y 24/11/2021).

Según lo determinado por la CGR, existe una inconsistencia patrimonial entre lo declarado y los datos obtenidos por la auditoría realizada, extremos que motivaron la realización de un análisis de correspondencia por parte del ente contralor, entidad que concluyó que no existe correspondencia entre todos los bienes declarados y los ingresos obtenidos tanto por Wilfrido Adrián Cáceres Flores como por su esposa, teniendo en cuenta el análisis patrimonial realizado por la Contraloría a partir de las declaraciones juradas cruzadas con la información obtenida de entes públicos y privados.

El Tribunal de Sentencia, integrado por la jueza Romina Onieva (presidente) y los magistrados Mercedes Urunaga y Cristian Duarte, dictó la ejemplar condena al padrastro tras valorar las pruebas expuestas durante el juicio oral.

El agente fiscal Rusbell Benítez López, logró probar los extremos acusados  y con ello, la condena al hombre de 62 años a 22 años de prisión, tras ser declarado culpable de abuso sexual contra dos niñas de 9 y 12 años, sus hijastras.

Durante el juicio oral, se demostró que en el 2021, el acusado abusó repetidamente de las niñas, aprovechando la ausencia de su madre. Las víctimas sufrieron los ataques mientras vivían en el hogar familiar.

 La fiscalía presentó pruebas contundentes, como los informes psicológicos de las víctimas, entrevistas en Cámara Gesell, y un estudio socioambiental, que confirmaron que las niñas habían sido sometidas sexualmente por su padrastro.

Ante publicaciones periodísticas que el Ministerio de Justicia considera maliciosas, la cartera aclaró que no existe ningún privilegio otorgado a la procesada Mikhaela Rolón.

El Ministerio aclaró que no existió ningún intento de amotinamiento por parte de mujeres privadas de libertad del Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral de Mujeres «Juana María de Lara», por el supuesto “trato privilegiado” a Mikhaela, sindicada como la instigadora del crimen de María Fernanda.

Agrega que el traslado de una mujer privada de libertad a otra penitenciaría se realizó por un motivo ajeno al supuesto incidente con Mikhaela Rolón.

“Dichas publicaciones, carentes de verificación, están alejadas de la realidad. Al respecto, el Ministerio de Justicia rechaza categóricamente estas afirmaciones, que no solo desinforman a la opinión pública, sino que también generan alarma de manera irresponsable”, asegura el Ministerio.

El Ministerio señala que la reclusión de las personas privadas de libertad se lleva a cabo con equidad, respeto a los derechos humanos y un riguroso control del reglamento penitenciario.