A pedido del Ministerio Público, el juez Osmar Legal ordenó inmovilizar tres inmuebles rurales que se encuentran a nombre del fallecido diputado. Recientemente, la causa penal fue archivada respecto al legislador, pero el proceso para el comiso de sus bienes prosigue.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público, ya que se sospecha que los inmuebles formarían parte de un conjunto de bienes adquiridos con dinero proveniente de actos ilícitos vinculados al lavado de activos y al narcotráfico.

Los inmuebles afectados por la medida judicial son la propiedad “San Juan”, ubicada en Amambay; “Marta Angélica”, de Horqueta; y el establecimiento denominado “Ñu Porã”, del distrito de Yby Yaú.

La medida cautelar dictada por el juzgado consiste en la prohibición de innovar el estado jurídico de los inmuebles y de realizar actos de disposición, con el fin de evitar que se disponga de dichos bienes.

Tanto el diputado Eulalio Gómez como su hijo Alexandre estarían vinculados con la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão. Según información compartida por las autoridades de la República Federativa del Brasil con Paraguay, y recolectada durante la investigación de la causa “Pavo Real”, existe una secuencia de correos entre ambos y los hijos de Pavão, donde se detallan transacciones de compraventa de inmuebles ubicados en territorio paraguayo. Este patrimonio formaría parte del esquema criminal y habría sido adquirido de manera irregular por el finado diputado y su hijo.
Ambos, según la Fiscalía, utilizaron su injerencia en el sector de la ganadería para mover dinero dentro del sistema financiero local, dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades delictivas.

Según el relato del Ministerio Público, los imputados actuaban como testaferros de Jarvis Chimenes Pavão. Luego de recolectar varios elementos investigativos, la Fiscalía pudo cerrar el caso respecto a los citados y formuló imputación.

La Fiscalía menciona que recibió colaboración de sus pares en Brasil, ya que el esquema fue montado en ambos países, lo que permitió a las autoridades colaborar entre sí y cerrar el círculo investigativo.

“Se identificó un importante esquema criminal integrado por familiares cercanos de Jarvis Chimenes Pavão y otros operadores de confianza en Paraguay. Este grupo se dedicaba al blanqueo de capitales provenientes del tráfico internacional de drogas”, señala parte del acta de imputación.

La causa nace tras la ostentosa vida que llevaban los familiares del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, sin que estos tuvieran un trabajo o ingresos justificados. Esto motivó una investigación que confirmó que seguían recibiendo fondos del esquema montado en nuestro país para lavar dinero.

Posteriormente, se allanó la celda de Jarvis, donde se encontraron numerosos documentos que daban cuenta de inmuebles en Paraguay y Brasil, administrados por encargados cuyos datos estaban en clave y con nombres codificados.

Este viernes se inició formalmente el juicio oral y público al exministro de la SEN, Joaquín Roa, y a su amigo, el empresario Alberto Koube Ayala, acusados por el Ministerio Público de haber defraudado al Estado mediante el direccionamiento de contratos y el pago de sobornos.

El proceso penal por lesión de confianza y otros delitos, abierto contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, y su amigo Alberto Koube Ayala, es por haber montado un esquema criminal en la SEN para amañar licitaciones, según la acusación fiscal.

Los hechos punibles por los que el Ministerio Público acusa a Roa Burgos son: lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. Mientras que Alberto Koube fue acusado por asociación criminal, lesión de confianza en calidad de cómplice, así como por lavado de dinero.

Para el Ministerio Público, existen sobrados elementos de prueba contra el exfuncionario público Joaquín Roa y su amigo Alberto Koube Ayala. Se estima que existe un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 16 mil millones, en concepto de alquiler de camiones y provisión de chapas.
Relata la acusación que, entre 2018 y 2021, el entonces ministro de la SEN, quien ejercía funciones desde 2013, otorgó millonarias licitaciones y contrataciones a su amigo Alberto Koube Ayala, por un monto superior a G. 16 mil millones, con el fin de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de los fondos de la Emergencia Nacional. Para ello, montaron una asociación criminal.

Estas adjudicaciones se dieron con el concurso de las empresas de Alberto Koube Ayala, como el Grupo Tapyracuai S.A., y del esquema empresarial de terceros proveídos o vinculados a Koube, tales como JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez, Katerine Ayala, entre otros. En ese orden, Joaquín Roa Burgos y Alberto Koube Ayala se habrían asociado con el objetivo de desviar los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos a costa de los recursos públicos, entre ellos la adquisición de una embarcación AZ 42, valuada en 450.000 dólares, y diversas sumas de dinero.

Según la fiscalía, Alberto Koube fue beneficiado de manera sistemática con las diversas licitaciones de la SEN, utilizando sus empresas y a terceras personas —firmas de amigos o clientes con algún tipo de vinculación con él— con la finalidad de desviar recursos en beneficio de la «sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Koube».

Este resultado fue producto de la trazabilidad de las compras realizadas por las empresas vinculadas a Koube durante la investigación de esta causa. El fiscal Silvio Corbeta es quien representa al Ministerio Público.

El tribunal de sentencia está presidido por una de las juezas con mayor experiencia en casos relacionados con delitos financieros, la magistrada Elsa García. Integran el tribunal, junto a ella, sus colegas Adriana Planas y Sonia Sánchez.

Este jueves debía iniciarse el juzgamiento público de Héctor Grau, el joven rugbista señalado por Benjamín Zapag como la persona que lo agredió en una discoteca. El joven está acusado por el Ministerio Público por lesión grave.

El acusado se encuentra con reposo médico por un accidente laboral, por lo que la defensa requirió la suspensión del juicio oral y solicitó que el joven sea inspeccionado por el médico forense del Poder Judicial, solicitud a la que el tribunal de sentencia accedió.

El hecho se registró en la madrugada del 6 de diciembre de 2022 en la discoteca Morgan. Si bien el tribunal de sentencia fijó el inicio de la diligencia para mañana, difícilmente se realice, ya que la querella repuso la decisión del colegiado de no iniciar el juicio hoy.

El Ministerio Público sostiene la acusación contra Grau, mientras que en la audiencia preliminar había retirado la acusación respecto a Marcello Fretes por no contar con elementos sólidos en su contra. Esta decisión fue recurrida por la querella.

El tribunal de sentencia en este caso está integrado por los jueces Laura Ocampo, Fabián Weisensee y Cándida Fleitas.

La exsenadora se pronunció sobre la recusación formulada por los senadores del cartismo y quienes votaron por su destitución. En un comunicado, la afectada señaló que el cartismo tiene miedo y que, por ello, busca apartar a dos integrantes de la Corte, además de impulsar una Corte Suprema de Justicia a medida.

González señaló que sus excolegas buscan una CSJ arrodillada y que, por eso, intentan apartar a dos integrantes de la máxima instancia sin razón válida.
“La recusación presentada en mi acción es la expresión más visible del miedo, pero además es un reconocimiento tácito a la potestad de la Corte para expedirse.

Quieren una Corte a medida de su autoritarismo”, afirmó la exlegisladora.
El Senado recusó al ministro Víctor Ríos por presunta preopinión sobre el caso de la exsenadora Kattya González, por lo que ya no puede intervenir en el fondo de la cuestión, aseguran.

Igualmente, fue recusado el camarista civil Esteban Kriskovich. Se menciona que, por ética, no puede integrar la Sala Constitucional ampliada porque fue embajador durante la presidencia de Horacio Cartes.

Con esta presentación, la integración del pleno para estudiar la acción de inconstitucionalidad presentada por González no está firme, y se deberán estudiar primeramente las recusaciones para luego avanzar en el análisis de la cuestión de fondo.

El pasado jueves, el Senado fue notificado sobre la integración de la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional ampliada, que ha completado sus nueve miembros para someter a estudio la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra la resolución que la despojó de su investidura y la dejó fuera del Congreso.

La Sala Constitucional de la Corte quedó integrada con los ministros originarios de la sala: César Diesel, Gustavo Santander y Víctor Ríos. También aceptaron integrarla los ministros Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, así como los camaristas civiles Miguel Ángel Rodas y Esteban Kriskovich.

El 14 de febrero de 2024, la senadora Kattya González fue despojada de su investidura parlamentaria por supuestas irregularidades, pero estos hechos fueron desestimados en su totalidad por el Ministerio Público. Para la Fiscalía, corresponde hacer lugar a la acción de la recurrente por ser inconstitucional su destitución.
 

El Senado ha recusado al ministro Víctor Ríos por supuesta preopinión sobre el caso de la exsenadora Kattya González, por lo que ya no puede intervenir en el fondo de la cuestión.
Respecto al camarista civil Esteban Kriskovich, se menciona que es camarista y, por ende, no puede integrar la Sala Constitucional ampliada.

Con esta presentación, la integración del pleno para estudiar la acción de inconstitucionalidad presentada por González no está firme, y se deberá estudiar primeramente las recusaciones para luego avanzar en el proceso de estudio de la cuestión de fondo.

El pasado jueves, el Senado fue notificado sobre la integración de la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional ampliada, que ha completado sus nueve miembros para someter a estudio la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra la resolución que la despojó de su investidura y la dejó fuera del Congreso.

La Sala Constitucional de la Corte quedó integrada con los ministros originarios de la Sala: César Diesel, Gustavo Santander y Víctor Ríos. También aceptaron integrar la sala los ministros Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, así como los camaristas civiles Miguel Ángel Rodas y Esteban Kriskovich.

De esta integración fue informada la contraparte en este litigio, el Congreso. De no existir una recusación por parte de la accionante o el Senado, en tres días quedará firme la competencia del máximo tribunal y se podrá sortear al ministro preopinante del caso.

Kattya González busca que la máxima instancia judicial del país le restituya su curul, declarando inconstitucional la resolución que le retiró la investidura y la dejó fuera del Senado.
El 14 de febrero de 2024, la senadora Kattya González fue despojada de su investidura parlamentaria por supuestas irregularidades, pero estos hechos fueron desestimados en su totalidad por el Ministerio Público.

La Fiscalía dictaminó que corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exlegisladora, ya que se habrían violado preceptos constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa.

La exfiscal adjunta Artemisa Marchuk emitió el dictamen en representación de la Fiscalía General del Estado, en el marco de la acción de inconstitucionalidad presentada por la senadora Kattya González contra la Resolución N.º 431 del 14 de febrero de 2024, por la cual se resolvió su pérdida de investidura.

Para la Fiscalía General, queda claro que se vulneraron principios constitucionales al no respetarse el reglamento interno del Senado, que establece claramente un plazo de siete días hábiles para que la persona afectada, en este caso Kattya González, pueda presentar su defensa por escrito. Tampoco se habría respetado la mayoría requerida de 30 votos para destituir del cargo a un senador nacional.

Finalmente, la Sala Constitucional quedó integrada y, una vez firme su competencia, se sorteará al ministro preopinante y los restantes que deben emitir sus votos en ese orden. Una vez emitidos los nueve votos, se pasará en limpio en formato de sentencia.

Gladys Torales, una de las agentes que integra el equipo fiscal que lleva adelante la investigación por el crimen de la joven María Fernanda, se aparta de seguir entendiendo en el caso.

Alega amenazas a su integridad y la de sus familiares, sumado a la desconfianza de los familiares de la víctima. Desde el inicio de la investigación, los allegados de María Fernanda criticaron la lenta actuación del Ministerio Público en el caso, situación que hoy precipita la renuncia de la agente fiscal de la causa.

La investigación se encuentra en plena etapa de recolección de evidencias para cerrar el caso respecto a los partícipes del crimen de la joven de 17 años en la ciudad de Coronel Oviedo. La joven fue enterrada y quemada aún con vida, según ha confirmado la autopsia.

De momento, están imputados el exnovio de María Fernanda, la amiga de este, Mikhaela Rolón, y se analiza la responsabilidad de los padres del adolescente imputado, donde aparentemente la joven víctima estuvo agonizando desde el mismo día que desapareció.

Ambos imputados ya se encuentran en prisión preventiva por decisión del juez que lleva el caso, Gustavo Ovelar. El caso es indagado por un equipo fiscal debido a aristas muy particulares de un terrible crimen que involucra a personas muy jóvenes.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, decidió integrar un equipo fiscal para la pesquisa del atroz crimen de la joven María Fernanda, ocurrido en Coronel Oviedo. La víctima, aparentemente, fue asesinada y sus restos calcinados.

Rolón Fernández conformó un equipo especial para investigar el reciente caso de la adolescente asesinada en Coronel Oviedo. Con el fin de esclarecer los alcances del hecho y la posible participación de más personas en un caso que ha conmocionado a la población entera.

El equipo fiscal quedó conformado por los agentes de Coronel Oviedo que con la renuncia de Gladys Esther Torales, quedan sus pares Fermín Segovia Villasanti y Gloria Mabel Rojas.

La coordinación está a cargo del fiscal adjunto Diego Sebastián Zilbervarg, titular del Área VI de Caaguazú, quien deberá establecer los lineamientos de este caso, que presenta aristas muy particulares por tratarse de menores de edad, tanto la víctima como el presunto victimario.