Este viernes se inició formalmente el juicio oral y público al exministro de la SEN, Joaquín Roa, y a su amigo, el empresario Alberto Koube Ayala, acusados por el Ministerio Público de haber defraudado al Estado mediante el direccionamiento de contratos y el pago de sobornos.
El proceso penal por lesión de confianza y otros delitos, abierto contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, y su amigo Alberto Koube Ayala, es por haber montado un esquema criminal en la SEN para amañar licitaciones, según la acusación fiscal.
Los hechos punibles por los que el Ministerio Público acusa a Roa Burgos son: lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. Mientras que Alberto Koube fue acusado por asociación criminal, lesión de confianza en calidad de cómplice, así como por lavado de dinero.
Para el Ministerio Público, existen sobrados elementos de prueba contra el exfuncionario público Joaquín Roa y su amigo Alberto Koube Ayala. Se estima que existe un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 16 mil millones, en concepto de alquiler de camiones y provisión de chapas.
Relata la acusación que, entre 2018 y 2021, el entonces ministro de la SEN, quien ejercía funciones desde 2013, otorgó millonarias licitaciones y contrataciones a su amigo Alberto Koube Ayala, por un monto superior a G. 16 mil millones, con el fin de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de los fondos de la Emergencia Nacional. Para ello, montaron una asociación criminal.
Estas adjudicaciones se dieron con el concurso de las empresas de Alberto Koube Ayala, como el Grupo Tapyracuai S.A., y del esquema empresarial de terceros proveídos o vinculados a Koube, tales como JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez, Katerine Ayala, entre otros. En ese orden, Joaquín Roa Burgos y Alberto Koube Ayala se habrían asociado con el objetivo de desviar los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos a costa de los recursos públicos, entre ellos la adquisición de una embarcación AZ 42, valuada en 450.000 dólares, y diversas sumas de dinero.
Según la fiscalía, Alberto Koube fue beneficiado de manera sistemática con las diversas licitaciones de la SEN, utilizando sus empresas y a terceras personas —firmas de amigos o clientes con algún tipo de vinculación con él— con la finalidad de desviar recursos en beneficio de la «sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Koube».
Este resultado fue producto de la trazabilidad de las compras realizadas por las empresas vinculadas a Koube durante la investigación de esta causa. El fiscal Silvio Corbeta es quien representa al Ministerio Público.
El tribunal de sentencia está presidido por una de las juezas con mayor experiencia en casos relacionados con delitos financieros, la magistrada Elsa García. Integran el tribunal, junto a ella, sus colegas Adriana Planas y Sonia Sánchez.
