El abogado José Fernández Zacur, defensor del juez de paz de La Catedral, Gustavo Villalba, imputado por prevaricato en el expediente conocido como la «mafia de los pagarés», considera que revisar el teléfono de su cliente supone una violación de principios constitucionales.
Además, argumenta que el pedido fiscal no cumple con los requisitos legales para la pericia.
El profesional alega que la resolución del juez Humberto Otazú, al ordenar la revisión de los dispositivos móviles y la extracción de datos existentes en los mismos, habilita el acceso a información personal y sensible del imputado. Agrega que este aspecto está protegido por los derechos a la intimidad y privacidad, así como a la inviolabilidad de las comunicaciones, consagrados en los artículos 33 y 36 de la Constitución Nacional.
“La intromisión del Estado en la esfera reservada de las personas, a fuerza de una orden judicial que no reúne los estándares necesarios, como en el caso que nos ocupa, conlleva un daño superlativo e irreversible para el afectado, ya que la penetración en el ámbito personal y la exposición de su contenido no pueden mitigarse, suprimirse ni retrotraerse luego de efectuadas”, alega la defensa en parte de su apelación, que busca desautorizar la extracción de información contenida en el teléfono del juez imputado.
Agrega que la extracción de datos que requiere el Ministerio Público es absolutamente inconducente, ya que el pedido fiscal debe fundarse en un hecho real y no especulativo, como lo es en este caso. Además, la defensa menciona otros agravios, como la orden de entregar los resultados al Ministerio Público una vez extraídos los datos, cuando la ley expresamente dispone que deben ser entregados al magistrado.
Por estas razones, Fernández Zacur solicita la nulidad o revocación de la resolución del juez Humberto Otazú y, en caso de que el tribunal proceda en ese sentido, ordene la entrega inmediata de los teléfonos que fueron incautados durante el allanamiento realizado por el Ministerio Público en su momento.
A la vez, la defensa solicita que la audiencia para la extracción de datos, fijada para el próximo 12 de junio, no se practique hasta tanto la alzada resuelva la cuestión planteada.
Según la imputación presentada por el equipo fiscal que lleva el caso, que salpica a varios jueces de paz, entre ellos el juez Gustavo Villalba y sus funcionarios, dejaron en indefensión a 88 personas a quienes no notificaron de sus casos.
El relato fiscal no varía en cuanto a la forma en que se desarrollaron estos juicios, en los que se asentaba falsamente que los afectados fueron notificados y que no se presentaron a reconocer sus firmas ante el juzgado. Con ese informe falso, el juzgado ya ordenaba la continuidad de la demanda en al menos 88 expedientes tramitados en el Juzgado de Paz de La Catedral a cargo del juez Villalba.
