Este viernes se inició el juicio oral y público para el abogado Miguel Mendieta, el militar Luis María Belotto y la esposa de este, Alba Lidia Ale de Belotto, por soborno agravado.

Los tres están acusados por el Ministerio Público de haber intentado entregar un teléfono celular a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, considerado uno de los líderes de un esquema de tráfico de drogas y lavado de activos.

Según la acusación formulada en su momento por el fiscal del caso, Francisco Cabrera, las conductas realizadas por el coronel Luis María Belotto y su esposa Ada Lidia Ale de Belotto fueron las que consistieron en ofrecer una suma de dinero concreta, Gs. 10.000.000, al mayor Guillermo Moral Centurión a cambio de que él introdujera un teléfono celular de forma clandestina y se lo entregara al recluso Miguel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.

Este argumento se sustenta en la interceptación de comunicaciones realizadas con autorización judicial, extracción de datos del teléfono celular, informes remitidos por la Dirección de Servicio de Justicia Militar, grabaciones de circuito cerrado y testimonios ofrecidos.

En su momento, el mismo fiscal del caso buscó que los acusados fueran beneficiados con una salida alternativa al juicio oral, pero el órgano jurisdiccional consideró que se trataba de un caso grave, por lo que debía realizarse el debate público. Hoy, el caso se encuentra precisamente en esta etapa, donde serán expuestas las evidencias del Ministerio Público.

Si bien los años de condena por este hecho punible es considerado un delito y la pena no supera los tres años, se trata de una caso donde un funcionario militar se prestó según la acusación para brindar logística a un lider criminal.

La acusación también revela que el mecanismo de seguridad establecido por la jueza Rosarito Montanía fue clave para detectar y evitar que se entregara el paquete de yerba con el iPhone dentro a Tío Rico.

El tribunal especializado que juzga el caso está integrado por la jueza Ana Rodríguez, Elsa García y Matías Garcete.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de seis meses con suspensión de la ejecución de la pena contra el exbombero Rubén Valdez, quien divulgó imágenes de su expareja sin su consentimiento.

La Sala Penal, integrada por los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera (preopinante) y Manuel Ramírez Candia, dejó firme el fallo por mayoría. Los ministros alegan que las objeciones de la defensa no se argumentan con claridad en qué perjudicaban a su cliente.

Por lo tanto, no cumple con los requisitos legales establecidos, por lo que el recurso de casación no debía ser admitido, según el ministro Benítez Riera, al que se sumó la presidenta de la Sala, Carolina Llanes.

La defensa de Valdez recurrió en casación la sentencia que condena a su cliente a cumplir seis meses de condena con suspensión de la ejecución por dos años, según lo estableció en su momento el tribunal de sentencia, cuyo fallo hoy queda firme y debe ser ejecutado.

En 2022, el tribunal de sentencia presidido por la magistrada María Fernanda García de Zúñiga dio por probado que el acusado exhibió el video íntimo de la víctima, su expareja, por lo que fue condenado. Si bien la pena es ínfima, deja un precedente importante sobre el derecho a la intimidad y el consentimiento.

Este jueves, el Senado fue notificado sobre la integración de la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, que ha completado sus nueve miembros para someter a estudio la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra la resolución que la despojó de su investidura y la dejó fuera del Congreso.

La Sala Constitucional de la Corte quedó integrada con los ministros originarios de la Sala: César Diesel, Gustavo Santander y Víctor Ríos. También aceptaron integrar la sala los ministros Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, así como los camaristas civiles Miguel Ángel Rodas y Esteban Kriskovich.

De esta integración fue informada la contraparte en este litigio, el Congreso. De no existir una recusación por parte de la accionante o el Senado, en tres días quedará firme la competencia del máximo tribunal y se podrá sortear al ministro preopinante del caso.

Kattya González busca que la máxima instancia judicial del país le restituya su curul, declarando inconstitucional la resolución que le retiró la investidura y la dejó fuera del Senado.
El 14 de febrero de 2024, la senadora Kattya González fue despojada de su investidura parlamentaria por supuestas irregularidades, pero estos hechos fueron desestimados en su totalidad por el Ministerio Público.

La Fiscalía dictaminó que corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exlegisladora, ya que se habrían violado preceptos constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa.

La exfiscal adjunta Artemisa Marchuk emitió el dictamen en representación de la Fiscalía General del Estado, en el marco de la acción de inconstitucionalidad presentada por la senadora Kattya González contra la Resolución N.º 431 del 14 de febrero de 2024, por la cual se resolvió su pérdida de investidura.

Para la Fiscalía General, queda claro que se vulneraron principios constitucionales, al no respetarse el reglamento interno del Senado, que establece claramente un plazo de siete días hábiles para que la persona afectada, en este caso Kattya González, pueda presentar su defensa por escrito. Tampoco se habría respetado la mayoría requerida de 30 votos para destituir del cargo a un senador nacional.

Finalmente, la Sala Constitucional quedó integrada y, una vez firme su competencia, se sorteará al ministro preopinante y los restantes que deben emitir sus votos en ese orden. Una vez emitidos los nueve votos, se pasará en limpio en formato de sentencia.
 

El juez Humberto Otazú realizó este jueves la audiencia de imposición de medidas a la procesada y resolvió la aplicación de medidas cautelares a la jueza de paz de Catedral, Nathalia Garcete, bajo una fianza de G. 200 millones.

La jueza está imputada por prevaricato, en calidad de autora y como cómplice de la producción de documentos, dentro del esquema conocido como la «mafia de los pagarés». La procesada se encuentra suspendida en sus funciones, al igual que otros de sus colegas imputados en el caso.

Según el relato fiscal, Garcete habría dictado 97 resoluciones basadas en informes falsos de notificación a los afectados, como en la mayoría de los casos, cuando en realidad nunca se hizo partícipe al afectado de la demanda en su contra.

Se sospecha que la magistrada formaba parte de un esquema para defraudar a jubilados y funcionarios activos con pagarés, incluso por cuentas ya canceladas, y en algunos casos, con pagarés que no contaban con los mínimos requisitos para ser ejecutados.

La lista de imputados por el Ministerio Público llega a aproximadamente 70 personas, que integrarían este escandaloso esquema montado en el propio Poder Judicial, donde ha quedado al descubierto la grosera forma de tramitación de expedientes relacionados con juicios ejecutivos por parte de jueces de Paz hoy imputados, quienes habrían permitido que miles de expedientes estén depositados en empresas privadas, inclusive.

Los fiscales buscan confirmar la sospecha sobre cómo fueron tramitadas las causas en los juzgados de Paz de la Capital, y si las actuaciones de los intervinientes jueces, funcionarios y abogados se ajustaron a derecho, para así corroborar la forma en que avanzaron estos casos. Según el propio Jurado, que también los investiga, existen resoluciones sin fecha ni número, entre otras graves anomalías en el desarrollo de estos procesos, como la falta de notificación al afectado, lo que constituye una violación del debido proceso.

De momento, son cinco los magistrados y exmagistrados imputados por el Ministerio Público: los jueces de La Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez; San Roque, Liliana González de Bristot (exjueza); La Encarnación, Carmen Analia Cibils; Catedral, primer turno, Gustavo Villalba Báez; y Catedral, segundo turno, Nathalia Garcete Aquino.

Los fiscales asignados a esta causa, además de Belinda Bobadilla, son Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes investigan la grave denuncia que afecta a los juzgados de Paz de la Capital.

La denuncia menciona que fue creado un esquema criminal para despojar de sus haberes a profesionales jubilados o activos, por cuentas ya canceladas y con documentos que no cumplen con las exigencias para ser ejecutados. Sin embargo, ya sirvieron para descuentos compulsivos en más de un juicio.

La justicia de Brasil sentenció a más de 18 años de prisión a un miembro clave de la red internacional de lavado de dinero y tráfico de armas en la región, desbaratada con la operación Dakovo.

Un golpe decisivo contra el lavado de dinero y el tráfico de armas se dio en Brasil. El Tribunal Federal condenó a 18 años y 9 meses de prisión en régimen cerrado a un miembro clave de una organización criminal transnacional, pieza fundamental en la red de ocultamiento de recursos ilícitos desmantelada tras un trabajo conjunto regional.

La condena, dictada por el 2.º Tribunal Penal Federal de Bahía, también incluye el pago de R$ 50.000 como indemnización por daño moral colectivo, monto que será destinado al Fondo Nacional de Seguridad Pública. Se ordenó además la pérdida de bienes, derechos y valores bloqueados durante la investigación.

El tribunal determinó que el acusado, cuyo nombre se mantiene en reserva pero se trata de un ciudadano brasileño, seguirá en prisión preventiva, ya que su libertad podría representar un riesgo para el orden público. Su pena se descontará del tiempo ya cumplido en prisión, publicó el medio de comunicación brasileño Bahía Noticias.

El mecanismo de lavado: empresas fantasma y transacciones sospechosas
Según el Ministerio Público Federal (MPF), el condenado operaba en el núcleo de lavado de dinero de la organización, utilizando empresas fachada sin sede física ni empleados registrados para mover cuantiosas sumas provenientes del tráfico de armas.

Las pruebas revelaron dos transacciones clave:
·       R$ 115.000 transferidos en 2021 para pagar a una empresa vinculada al comercio de armas en el extranjero. Este monto equivale aproximadamente a $20.300 USD.
·       Depósitos fraccionados por R$ 97.300 en 2022, relacionados con negociaciones de armas entre traficantes de Brasil y Paraguay. El monto de R$ 97.300 equivale aproximadamente a $16.700 USD.
A pesar de alegar que los fondos eran lícitos, la contundente evidencia reunida por la Policía Federal (PF) y el MPF llevó a la sentencia condenatoria.

La Operación Dakovo logró desmantelar una red criminal que importaba armas de Europa y Turquía para abastecer a temidas facciones brasileñas, como el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando Capital (PCC).

La investigación cobró fuerza tras la incautación de fusiles croatas en Vitória da Conquista (BA), en 2020, exponiendo un oscuro entramado de tráfico ilegal. En Paraguay se realizaron además varios allanamientos donde se incautaron miles de armas pertenecientes al argentino Diego Dirisio. Otros ciudadanos paraguayos, entre militares y civiles, también fueron detenidos

El juez Osmar Legal elevó a juicio oral y público el proceso abierto contra 24 personas acusadas de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, dentro del esquema montado por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão.

El Ministerio Público acusó y solicitó juicio oral y público para 24 integrantes de la estructura de lavado de activos en Paraguay, vinculada a Pavão.

Los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres señalaron en la acusación que cuentan con suficientes elementos de prueba para sostener la acusación en el juicio oral y público contra las 24 personas presuntamente cómplices de Pavão.

Asimismo, el Ministerio Público requirió el comiso de 60 bienes, entre los cuales se encuentran las estancias: Cielo de Dios, Villa Loma, Cristo Rey, Confinamiento, Salmo 23, María Cristina, Jandira, Ramonita Pavao, Iglesinha, Pindura y Negla Poty, que ya están administradas por la Senabico.

El operativo Pavo Real desmanteló un esquema de lavado de activos producto del tráfico de drogas, montado en Paraguay por Pavão, que ha operado durante más de 30 años.

Actualmente, se ha identificado a 41 integrantes del esquema, entre ellos familiares cercanos de Pavão, así como abogados y contadores. De estos, 24 serán sometidos a juicio oral tras la audiencia preliminar, en la cual se rechazaron todos los incidentes planteados por las defensas.
Se estima que este grupo criminal llegó a lavar más de 150 millones de dólares en bienes en Paraguay, con el objetivo de introducir activos provenientes del tráfico de drogas al sistema financiero.

A partir de informes de instituciones públicas y privadas, se determinó que muchas personas de nacionalidad paraguaya y brasileña realizaban actividades para ocultar bienes (testaferros) y encubrir capitales de origen ilícito mediante operaciones comerciales aparentemente legales en Paraguay.

Se identificó que las personas involucradas en el lavado de capital ilícito pertenecían al núcleo de la organización criminal liderada por Pavão, conformada especialmente por sus familiares y hombres de confianza.

Entre los 24 acusados se encuentran: Adrián Rolando Brizuela Olmedo; Daniel Montenegro Meneses; Carlos Oleñik Memmel; Gabriela González Jacquet; Alfredo Duarte Montiel; Jorge Fernando Mora Galeano; Renán Gilberto Mora Benítez; Rolando Serrati Duarte; Evaldo Andrade Dos Santos; Víctor Hugo Paniagua Fretes; Gustavo Aníbal Medina Carneiro; María Cristina González Ibarra; Amílcar Battaglin; Nancy Del Carmen Alfonso Prieto; Raquel Amaro Fernández; Marcos Raúl Aveiro; Pedro Seall Melgarejo; Lilia Haydee Ayala de Silva; Zunilda Ferreira Escobar; Sonia Lorena Arce Cáceres; Alberto Barboza Beraud; Ricardo Sanabria Ferreira; y Olga Reichardt de Souza.
 

El equipo fiscal que lleva adelante el caso conocido como la mafia de pagarés ha solicitado a los jueces que llevan las causas abiertas contra los magistrados imputados que autoricen la revisión de los teléfonos celulares de los jueces investigados.

En ese sentido, el pedido afecta a los imputados Carmen Analia Cibils, Nathalia Garcete, Víctor Nilo Rodríguez, Natahalia Garcete y la exjueza Liliana González de Bristot. Todos enfrentan cargos por prevaricato en calidad de autores y uso de documentos no auténticos en calidad de cómplices.

Los jueces penales especializados Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazú analizan la pertinencia del pedido formulado por el equipo fiscal que lleva el caso. Luego de la imputación de los sospechosos y la imposición de medidas cautelares, los fiscales realizan este requerimiento para indagar en los teléfonos de los procesados.

La sospecha que recae sobre los magistrados, es que, con su actuar, permitieron descuentos compulsivos a funcionarios públicos y jubilados sin control alguno. Que han firmado resoluciones sin fecha y en base a información no veraz.

Según la Fiscalía, las personas víctimas del esquema desconocían el proceso, ya que en su mayoría nunca fueron notificadas, debido a que las notificaciones fueron adulteradas al señalar que sí fueron notificadas y que solo no comparecieron a reconocer la firma, cuando en realidad nunca se realizó la notificación.

Inicialmente, quedó probado que, en un mismo horario y día, se asentó la práctica de notificaciones en ciudades distintas, y estas sirvieron de base para avanzar en los procesos de despojo de salarios o haberes jubilatorios.

El escándalo ha movilizado a la Corte Suprema de Justicia a impulsar incluso proyectos de ley que buscan poner fin a esta práctica, ejecutada en los juzgados de Paz de la Capital. Igualmente, la CSJ ha instado a los jueces a indagar sobre los juicios ejecutivos y, en caso de verificar irregularidades, a ordenar la anulación del caso y, por ende, la suspensión del cobro indebido ejecutando.