El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Rossana Maldonado, rechazó el incidente de reposición planteado por los abogados de los condenados Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero. Por lo tanto, el juicio oral para elevar la pena respecto a ambos quedó suspendido, ya que el expediente fue remitido a la Cámara por el mismo incidente.

El inicio del segundo juicio oral y público respecto a Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero está pendiente de realización desde hace años. Por ello, el tribunal ha convocado a los defensores para una audiencia disciplinaria.

Este martes, el Tribunal de Sentencia no hizo lugar al recurso de reposición planteado por los abogados defensores, quienes aseguran que la diligencia no puede llevarse adelante debido a la existencia de incidentes pendientes en la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal y Constitucional, que podrían poner fin al proceso. Por lo tanto, se oponen al inicio de la audiencia oral antes de que se resuelvan las cuestiones en ambas Salas.

El juicio oral tiene por objeto elevar la pena respecto al exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de la era González Daher, Raúl Fernández Lippmann, y al abogado Carmelo Caballero. Ambos fueron condenados por tráfico de influencias; esta vez, también serán juzgados por asociación criminal, tras la decisión de la Cámara de Apelaciones.

Además de la jueza Maldonado, el Tribunal de Sentencia está compuesto por los jueces Manuel Aguirre y Juan Francisco Ortiz.
 

El abogado de la familia, Óscar Tuma, confirmó que han presentado un incidente por el cual requieren el cambio de la carátula del expediente relacionado al crimen organizado que lleva el nombre del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Mencionó que el diputado nunca fue imputado, como oficialmente lo mencionan los fiscales del caso, lo que agrava la situación, ya que incluso se ha procedido a la incautación de bienes de una persona que no está procesada.

“Solicitamos formalmente el cambio de carátula en la causa donde figura injustamente Eulalio ‘Lalo’ Gomes, quien nunca fue imputado. En su contestación, los fiscales afirmaron que Lalo está imputado. Esa afirmación es falsa. La providencia judicial del 19/08/24 es clara: solo se admitió imputación contra 4 personas, y Lalo no figura entre ellas. Sin admisión judicial, no hay imputación válida ni proceso penal en su contra”, señaló el abogado Tuma, quien representa los intereses de la familia Gomes y ejerce la defensa de Alexandre Rodrigues Gomes.

Agregó que es sumamente grave que, tras casi un año de investigación, los propios fiscales desconozcan a quiénes han imputado y sostengan afirmaciones inexactas con implicancias procesales. Mantener su nombre en la carátula constituye una irregularidad jurídica, un daño a su memoria y una violación al principio de legalidad, sostuvo.

El Ministerio Público y la Policía encabezaron el operativo “Pavo Real II”, en el cual falleció el diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Su hijo también fue detenido en otro de los allanamientos; ambos fueron imputados por tener vínculos con el esquema de Jarvis Chimenes Pavão. La orden de mandamiento del allanamiento fue firmada por el magistrado especializado Osmar Legal.

Los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres presentaron imputación contra el diputado colorado Eulalio Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes, Oscar Daniel Cabreira, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Matías Gaona por lavado de dinero y procedente del tráfico internacional de drogas.

Tanto el diputado Eulalio Gomes como su hijo Alexandre estarían vinculados con la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão. Conforme a la información compartida por las autoridades de la República Federativa de Brasil, colectada durante la investigación de la causa Pavo Real, existe una secuencia de correos entre ambos y los hijos de Jarvis donde se plasman transacciones de compra-venta de inmuebles existentes en territorio paraguayo, patrimonio que formaría parte del esquema criminal y habría sido adquirido de manera irregular por el finado diputado y su hijo.

Ambos, según la Fiscalía, utilizaron su injerencia en el sector de la ganadería para mover dinero dentro del sistema financiero local, dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades delictivas.

Los ministros Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón afirmaron ante la Comisión Antimafia de Pagarés del Senado que la Corte Suprema de Justicia ha hecho todo lo posible y se ha ocupado de tomar las decisiones para tratar de paliar lo ocurrido en los juzgados de Paz de la Capital.

La Corte sugiere, además de las soluciones inmediatas ya ordenadas, aplicar el uso de la tecnología, incluyendo una aplicación en la que los ujieres deberán activar su ubicación, lo que comunicará automáticamente a la base del Poder Judicial con su georeferencia para confirmar la efectiva notificación, evitando así falsedades en la notificación a los demandados.

Ambos altos magistrados concurrieron al Senado para brindar un informe sobre las decisiones que ha adoptado la CSJ desde el momento en que estalló el caso conocido como la mafia de pagarés.

El ministro Jiménez Rolón objetó el proyecto de ley de Registro de Pagarés que también se analiza en el seno parlamentario, mencionando que esta iniciativa podría implicar un riesgo para las empresas debido a la información sensible que podría ser divulgada.

Igualmente, los ministros anunciaron que se trabaja en un proyecto con magistrados para implementar el pagaré electrónico, que podría solucionar gran parte del problema, y reiteraron que no pueden anular los procesos ni suspender los embargos de manera indiscriminada; cada magistrado tiene la competencia para levantar los embargos cuando encuentre un proceso viciado; en ese caso, tiene la posibilidad de levantar las medidas cautelares, pero se hará caso por caso.

El objetivo de la reunión es que la Comisión connozca los detalles de lo que ha decidido la Corte Suprema de Justicia sobre la problemática que ha salpicado a la justicia como un mecanismo de despojo de haberes a funcionarios públicos y jubilados mayoritariamente.

El juez en lo Civil de Lambaré, Javier Gómez Arce, resolvió el embargo preventivo sobre empresas del grupo Cartes para cubrir los honorarios profesionales de la abogada Alejandra Peralta Merlo.

La orden tiene origen en un litigio sobre amparo constitucional promovido por Gerardo Soria contra los medios de comunicación Diario La Nación, Canal 13, Unicanal y Transcontinental, quienes accionaron contra el holding de medios, obteniendo una sentencia favorable.

Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de cobro de honorarios, y es en este contexto que el juez Javier Gómez Arce tomó la decisión que afecta a los medios mencionados. El magistrado dictó el mandamiento de intimación de pago de los honorarios y embargo preventivo.

En el marco del juicio que lleva la carátula «Regulación de honorarios profesionales de la abogada Alejandra Peralta de Merlo en los autos: Gerardo Soria sobre el Diario La Nación, Canal 13, Unicanal y Transcontinental sobre amparo», se dicta esta medida judicial poco común.

Parte del mandamiento de embargo establece que, «para el mejor desempeño de su cometido, podrá solicitar y obtener el auxilio de la fuerza pública y allanar domicilio si necesario fuere, debiendo actuar en todo conforme a derecho. Igualmente, dejará en poder del demandado copia del presente mandamiento con la indicación de la fecha y hora de su diligenciamiento», según la comunicación del juez a los medios afectados.

La orden jurisdiccional establece un precedente sobre los límites que tienen los medios de comunicación al emitir informes que no sean de interés general o al compartir información relacionada con la intimidad de las personas.

La defensa a cargo del abogado Ricardo Estigarribia, presentó una apelación especial contra la sentencia condenatoria al efectivo policial Gustavo Florentín, condenado a 24 años de cárcel por el homicidio doloso de Rodrigo Quintana en el interior del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Según la defensa, la sentencia emitida en este caso no está fundada, y afirman de forma contundente que ningún testigo ha señalado de manera directa a Gustavo Florentín como la persona que ejecutó el disparo que acabó con la vida de Rodrigo Quintana.
Además, argumentan que el tribunal basó su sentencia en las declaraciones de los testigos Diego Garcete y Carmen Portillo, quienes aclararon en el juicio que no pudieron ver quién ejecutó el disparo.

“Todos los testigos, de manera consistente y uniforme, señalaron que se encontraban corriendo de espaldas a los policías que irrumpieron en la sede del PLRA, que estaban en el patio, que estaban boca abajo, que se encontraban escondidos, que estaban en otra dependencia, pero concretamente, ninguno de los testigos pudo divisar, pudo ver y mucho menos señalar que él (Gustavo Florentín) fue quien disparó a Rodrigo Quintana”, dice parte de la apelación de la defensa.

La defensa no solo cuestiona la falta de fundamentación, sino también otros aspectos que, según refieren, hacen que la sentencia deba ser anulada por alzada y reenviada para un nuevo juicio, como el considerar los relatos en juicio no sustanciales para condenar, con lo que el tribunal incurrió en una fundamentación aparente.

Menciona la defensa que la sentencia recurrida consta de 124 páginas que en su mayoría son solo una transcripción literal de los alegatos de las partes, dice la defensa, por lo que solicitan que la sentencia condenatoria a Florentín sea anulada.

El oficial de policía Gustavo Florentín fue condenado en su momento a 24 años de prisión por el asesinato de Rodrigo Quintana, ocurrido el 1 de abril de 2017 en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

El crimen, según el tribunal de sentencia, ocurrió en la madrugada del 1 de abril de 2017, cuando agentes policiales, entre ellos Florentín, ingresaron violentamente al local del PLRA tras forzar y derribar la puerta.

Durante el operativo, Rodrigo Quintana intentó escapar junto a su amigo Diego Garcete, pero Florentín, armado con una escopeta, disparó balas de plomo que impactaron fatalmente en Quintana, causándole la muerte minutos después.

El tribunal basó su fallo en diversas pruebas clave, incluyendo registros de cámaras de seguridad que mostraban a Florentín portando la escopeta en el lugar de los hechos, así como cruces de llamadas que confirmaban su presencia. Además, el testimonio de Diego Garcete, amigo de la víctima, fue considerado coherente y fundamental para esclarecer lo ocurrido.

Peritajes balísticos determinaron que las balas utilizadas eran de plomo y no de goma, un factor que reforzó la acusación contra el oficial.

El tribunal de Sentencia estuvo integrado por los jueces Lourdes Garcete, Manuel Aguirre y Rossana Maldonado.

El abogado y catedrático en Derecho Civil, Francisco Segura, sostiene que es necesario que el Código Civil sea actualizado, por tratarse de una norma que lleva más de tres décadas desde su aprobación y que, para su época, ya nació obsoleta.

Agregó que también urge, desde la justicia, que los jueces emitan sentencias que sienten jurisprudencia y dejen de lado una actitud excesivamente conservadora, ya que deben brindar soluciones más audaces sobre algunos temas, con base en lo que la sociedad hoy exige.

Asimismo, señaló que uno de los desafíos actuales de la justicia civil es el abordaje de la desigualdad entre hombres y mujeres, visible en las uniones de hecho, que afecta a las mujeres, y ante la cual la justicia reacciona de forma lenta y fría.

Indicó que la justicia no debería ser excesivamente formalista al abordar ciertos casos; sin apartarse de la ley, debería emitir fallos que respondan adecuadamente al ciudadano que recurre al sistema judicial para reclamar sus derechos tras la partida inesperada de uno de los cónyuges por ejemplo.

“Nos están faltando algunas herramientas de actualización legislativa y también decisiones judiciales que estén más en consonancia con la sensibilidad social. No es conveniente que los tribunales sean demasiado conservadores, tampoco lo es que la ley se aplique de manera fría. La impronta del Derecho Civil es patrimonialista; como suelo decir, el Derecho Civil es para gente con dinero. Falta la modernización del sistema legal para incluir las pequeñas herencias, las pequeñas propiedades en conflicto. Eso nos está faltando”, señaló el docente.

Mencionó que encontrar el punto de equilibrio aún está en construcción y que, con los últimos escándalos jurídicos de público conocimiento, la justicia ha dado respuestas poco sensibles a esos problemas.

Estas preocupaciones surgen del grupo de estudio del Derecho Civil Paraguayo, liderado por el doctor Segura, que, según dijo, es un foro práctico de abogados civilistas que buscan debatir sobre diferentes temas de la rama del sistema civil.

La semana pasada, el grupo se reunió por segunda vez y logró nuevamente superar las expectativas de asistencia, con cupo lleno, para abordar la materia de sucesiones.