La jueza penal de garantías del fuero especializado contra el crimen organizado, Rosarito Montanía, además de ordenar la reclusión de Gianina García Troche en la Cárcel Militar de Viñas Cué, impuso también una serie de medidas restrictivas en prisión.

La magistrada justificó su decisión por razones de seguridad y la necesidad de evitar posibles filtraciones, así como de precautelar incluso la seguridad de la procesada.
García Troche, esposa del prófugo uruguayo Sebastián Marset, fue extraditada el miércoles desde España bajo estrictas medidas de seguridad.

Luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, realizada en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, la jueza Montanía resolvió enviar a la procesada a Viñas Cué, en respuesta a la vulnerabilidad del sistema penitenciario en Paraguay, especialmente en la cárcel de Minga Guazú, donde recientemente se registró una fuga, además de problemas de seguridad y altos niveles de corrupción

«Se decidió mandarla allí porque sabemos la situación penitenciaria de nuestro país. El penal de Minga Guazú tiene una alta tecnología, pero todos sabemos lo que ocurrió hace dos meses con la fuga de reclusos, y creo que hasta ahora siguen sin candados. Además, hay que tener en cuenta que allí está ‘Tío Rico’», explicó la magistrada a Monumental 1080

Estas son algunas de las medidas impuestas por el juzgado: Gianina García tendrá acceso a un teléfono monitoreado por las autoridades, provisto sin costo por la institución militar. Cada llamada, con un límite de 20 minutos, deberá ser registrada con su firma.

Las comunicaciones telefónicas se permitirán los lunes, miércoles y viernes, mientras que las visitas presenciales de familiares y abogados se autorizarán los martes, jueves y sábados.
La rutina incluye actividades de esparcimiento y salida al patio todos los días.

Actualmente, la Cárcel Militar de Viñas Cué alberga a 83 internos, en su mayoría agentes militares, aunque también hay civiles.

El juez penal de garantías, Yoan Paul López, resolvió elevar a juicio oral y público el proceso abierto a Armando Javier Rotela y otros integrantes de su clan, procesados tras el operativo Veneratio en Tacumbú.

Este operativo permitió sacar a Rotela de su lugar de dominio, y fue trasladado a otro penal considerado de máxima seguridad, donde se encuentra recluido y cumpliendo otras condenas por tráfico de drogas.

En esta causa, fue acusado por asociación criminal, transgresión a la ley de armas y motín de internos. Con esta decisión, deberá sortearse próximamente un tribunal de sentencia que llevará adelante un juicio más respecto al líder de este grupo criminal que tuvo origen en el penal de Tacumbú.

Tras el operativo Veneratio, los intervinientes mostraron las armas que lograron incautar de los reclusos, en su mayoría pertenecientes al Clan Rotela.

Fue requisada una gran cantidad de armas cortas y largas, municiones e incluso bombas, del Penal Nacional de Tacumbú, de donde fueron trasladados los reclusos pertenecientes al Clan Rotela.

Con todo lo incautado en su momento, se confirmó el nivel de dominio que esta facción criminal local tenía sobre la cárcel, cuyo líder gozaba de privilegios sin límites en el penal desde hacía años.

Rotela tenía una vida llena de lujos en Tacumbú, con siete acondicionadores de aire, equipos de gimnasio, mascotas, armas, joyas y un sector prácticamente exclusivo donde vivía cómodamente.

Recientemente, el agente fiscal Óscar Delfino imputó a la contadora Analia Zaya Martínez por los hechos punibles de lesión de confianza, estafa y apropiación agravada, por presuntamente valerse de su cargo para quedarse con el dinero de tres contribuyentes por más de 4.470 millones de guaraníes, que debía destinarse al pago de impuestos, según la fiscalía.

El relato del Ministerio Público menciona que Analia Zaya Martínez se desempeñaba como contadora pública de tres contribuyentes vinculados entre sí: Coperxin S.A., Distribuidora Farmacéutica Belvedere y Luis Evaly Battilana, principal accionista de Coperxin.

La contabilidad de los contribuyentes era llevada por la hoy imputada Zaya Martínez, quien facturaba por separado a los tres y tenía acceso exclusivo al sistema Marangatu de la Dirección de Ingresos Tributarios para realizar las presentaciones pertinentes desde 2019 hasta 2024.
Supuestamente, la contadora asignaba montos aleatorios en las boletas de pago de los tres contribuyentes, las cuales eran presentadas posteriormente a la administración de Coperxin como respaldo de compromisos tributarios pendientes. Sobre esa base, solicitaba la emisión de cheques, dinero que no era utilizado para cancelar las cuentas con Tributación; sin embargo, presentaba a la administración de Coperxin S.A. el duplicado con un sello adulterado de pago.

El esquema de fraude, según la fiscalía, fue descubierto por el directorio de Coperxin tras un descuido de la procesada, quien asignó un número y conceptos que no coincidían con el dinero solicitado a la firma. Esto generó una alerta, por lo que el directorio encargó una auditoría impositiva-contable correspondiente al periodo 2019–2024, la cual concluyó que los fondos retirados de Coperxin para el pago de impuestos no fueron utilizados para ese fin.

“De los elementos colectados surge que la imputada no destinó la totalidad de los fondos retirados para el pago de impuestos, alzándose con la significativa diferencia en beneficio propio”, señala en la imputación el fiscal Delfino.

Agrega que, en base a la gravedad del hecho, el monto del perjuicio patrimonial, el peligro de fuga y el concurso de hechos punibles —que eleva la expectativa de pena a la que podría ser condenada—, era necesario aplicar la prisión preventiva a la imputada. Sin embargo, el juez del caso, Francisco Acevedo, le concedió libertad ambulatoria bajo caución juratoria y una fianza personal de solo G 400 millones, ofrecida por un tercero.

La jueza especializada, Rosarito Montanía, dispuso la prisión preventiva de Gianina García Troche y estableció que la cumplirá en la cárcel militar de Viñas Cué. La mujer llegó extraditada desde España y enfrenta cargos por lavado de dinero de la estructura criminal liderada por su esposo, Sebastián Marset.

Este miércoles, Gianina García Troche, esposa del prófugo uruguayo Sebastián Marset, arribó a Paraguay extraditada desde España. Su traslado se llevó a cabo en un vuelo comercial, escoltada por agentes de Interpol que viajaron hasta Madrid para cumplir con el proceso de extradición.

Al aterrizar en suelo paraguayo a las 5:50, García Troche fue recibida por la jueza especializada en crimen organizado Rosarito Montanía y el fiscal antidrogas Deny Yoon Pack, quienes supervisaron las primeras diligencias judiciales. Como parte del protocolo, fue sometida a una inspección médica realizada por dos forenses del Poder Judicial para registrar las condiciones en que llegaba al país.

Un procedimiento poco habitual llevó a realizar las audiencias directamente en el aeropuerto. Primero, García Troche enfrentó su audiencia indagatoria, en la que optó por abstenerse de declarar, siguiendo la recomendación de su defensa. Posteriormente, se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que su defensa solicitó la posibilidad de arresto domiciliario o la utilización de una tobillera electrónica como alternativa a la prisión preventiva. Sin embargo, la jueza Montanía rechazó estas peticiones y ordenó su reclusión en la cárcel militar de Viñas Cué.

Las diligencias se desarrollaron bajo estrictas medidas de seguridad y sin mayores detalles sobre lo resuelto en cada instancia procesal. Tras aproximadamente ocho horas de trámites, García Troche fue trasladada al penal de Viñas Cué, donde permanecerá mientras continúan las investigaciones en su contra.

El caso A Ultranza PY y su vínculo con Marset
La extradición de García Troche se enmarca dentro de una serie de operativos y procesos judiciales que han sacudido al país en los últimos años. Su esposo, Sebastián Marset, es señalado como una de las figuras clave dentro de una red internacional de narcotráfico con conexiones en Paraguay, Uruguay y otros países de la región.

El operativo A Ultranza PY, la mayor investigación contra el crimen organizado en Paraguay hasta la fecha, ha expuesto el alcance de esta estructura criminal, que involucra lavado de dinero, tráfico de drogas y vínculos con empresarios y políticos. A raíz de este caso, varias propiedades fueron incautadas, cuentas bancarias congeladas y múltiples órdenes de captura emitidas.

García Troche ha sido mencionada en varias instancias dentro de la investigación, y su extradición supone un nuevo capítulo en el proceso judicial contra la red de Marset. Su situación legal en Paraguay podría derivar en más revelaciones sobre los nexos de la organización y el impacto de sus operaciones en el país.

El juez Rodrigo Estigarribia fijó fecha de audiencia preliminar para Wilfrido Cáceres, ex hombre de confianza del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, acusado por enriquecimiento ilícito y otros delitos.

El magistrado estableció los días 9, 10 y 11 de junio como fechas para desarrollar la audiencia preliminar del exdirector financiero de la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres.
En la causa también están acusadas su esposa Ruth Da Silva, su secretaria Camila Ramírez Gómez y Elvira Gómez de Ramírez.

Los fiscales del caso, Silvio Corbeta y Luis Piñánez, acusaron y pidieron que el caso sea elevado para el debate público, ya que las evidencias con que cuenta el Ministerio Público son sólidas para defender el caso en un eventual juicio oral.

En su momento, el Ministerio Público allanó la lujosa vivienda que pertenece al funcionario municipal Wilfrido Cáceres, hombre de confianza del intendente de Asunción Óscar Rodríguez, quien se desempeñó como director de administración y finanzas durante la pandemia del COVID-19.

Cáceres fue acusado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito tras detectarse que no existe correspondencia entre sus ingresos y los bienes adquiridos, que intentó ocultar, según el Ministerio Público.

Su esposa Ruth Da Silva fue acusada por lavado de dinero, al igual que la secretaria Camila Ramírez. Las mismas habrían simulado la compraventa del inmueble investigado, lo realizaron de común acuerdo para ocultar a los verdaderos propietarios. Es decir, que el matrimonio utilizó a una joven de 19 años como prestanombre para ocultar sus bienes que no podían justificar con sus salarios.

Según los antecedentes del caso, la esposa de Wilfrido Cáceres, Ruth Da Silva, compró dos terrenos en la zona de Costa Guasu, San Lorenzo, por el valor de 100 millones de guaraníes. De inmediato comenzó la construcción y, poco antes de culminar las obras, vendió el inmueble a su secretaria Camila Ramírez por la misma suma de 100 millones. Si bien la lujosa casa está a nombre de Ramírez, el matrimonio reside en el lugar con todas las comodidades ostentosas.
Según el relato fiscal, Wilfrido Adrián Cáceres Flores, casado bajo el régimen de comunidad de bienes con Ruth Jazmín Da Silva Almirón, presentó tres declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República, correspondientes al periodo 2019 (22/03/2019) y 2021 (04/08/2021 y 24/11/2021), y según lo determinado por la C.G.R., existe una inconsistencia patrimonial entre lo declarado y los datos obtenidos por la auditoría realizada, extremos que fueron conducentes para la realización de análisis de correspondencia por parte del ente contralor, entidad que concluyó que no existe la correspondencia de todos los bienes declarados y los ingresos obtenidos tanto por el señor Wilfrido Adrián Cáceres Flores como por su esposa Ruth Jazmín Da Silva Almirón, teniendo en cuenta el análisis patrimonial realizado por la CGR a partir de las declaraciones juradas del mismo cruzadas con las informaciones obtenidas de entes públicos y privados.

El proyecto de ley con media sanción busca erradicar y castigar el criadazgo, estableciendo una condena para quienes tengan a su cargo niños, niñas o adolescentes menores de 18 años en situación de criadazgo.

La iniciativa también contempla elevar la pena hasta diez años de prisión en situaciones agravantes. Con ello, el criadazgo se convierte en un hecho punible considerado crimen.
En Paraguay, el criadazgo está tan normalizado que no se evidencia que es una puerta de entrada para situaciones de vulnerabilidad más graves que enfrentan los niños y adolescentes en el país.

Con esta propuesta se busca desnormalizar esta práctica dañina para la niñez y castigar a quienes incumplan la ley. El documento remitido a Diputados fue elaborado por un equipo interdisciplinario altamente técnico y experto en la protección de la niñez, con el fin de abordar y contemplar todos los aspectos para una clara redacción y una rápida reacción de las instituciones para la protección del niño, niña o adolescente que se encuentre en esta condición.

“El que, sin ser titular de la patria potestad, recibiere a una persona menor de 18 (dieciocho) años en su hogar y lo sometiere a un régimen de criadazgo, conforme a los términos del Artículo 2° de la presente ley, será castigado con pena privativa de libertad de tres a seis años. La pena será aumentada hasta diez años cuando la víctima sea menor de 14 años o cuando el autor tuviera una responsabilidad especial de cuidado sobre la víctima.

Sin perjuicio de la aplicación del presente tipo penal, la conducta descrita podrá, según las circunstancias del caso, ser subsumida también en otras figuras penales previstas en la legislación vigente. En particular, cuando se configuren elementos que impliquen captación, traslado, acogida o recepción con fines de explotación, podrá aplicarse igualmente la Ley N.º 4788/2012 Integral contra la Trata de Personas”, reza parte de la propuesta que es remitida a la Cámara Baja y esperan que en estas condiciones la ley sea aprobada para su óptima aplicación.

El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, dijo que el criadazgo en nuestro país es de larga data y con raíz cultural. Mencionó que 8 de cada 10 víctimas de explotación sexual fueron previamente sometidas al criadazgo.

Por lo que urge que esta ley contemple penas carcelarias para combatir este flagelo permitido con el desconocimiento del perjuicio que ocasiona a los niños, víctimas de esta práctica.
La propuesta también establece la sólida conección entre las institucionaes vinculadas en la protección de la Niñez, a fin de una rápida reacción cuando exista una denuncia por criadazgo.

El presidente de la Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Senadores sobre la «mafia de los pagarés», senador Rafael Filizzola, solicitó que los proyectos de ley remitidos por la Corte Suprema de Justicia al Congreso sean tratados con preferencia para combatir este esquema delictivo.

Filizzola indicó que se pedirá que estas iniciativas tengan moción de preferencia para impulsar su pronta aprobación, tal como lo solicita la Corte Suprema de Justicia, o ajustando la norma para proteger a las futuras víctimas de esta ilicitud.
La Corte Suprema ha remitido al Congreso dos propuestas: una busca ampliar la cantidad de juzgados de Paz sumando siete más en la capital para afrontar el volumen de juicios ejecutivos, y la otra está relacionada con la modificación del Código Procesal Civil.

Esta iniciativa busca modificar algunos artículos del Código Procesal Civil, no así del Código Civil, con el fin de evitar que un acreedor demande en más de una oportunidad a un solo deudor.

La propuesta legislativa también incluye la figura del depositario judicial, quien se encargará del resguardo del documento retirado del juzgado y será responsable penalmente en caso de extravío o del destino que le dé a este documento en ejecución en un juzgado.

El ministro Eugenio Jiménez, proponente de la iniciativa, señaló que la idea es aportar elementos que serán de gran utilidad y que solucionarán los riesgos existentes sin afectar a los títulos de crédito en general. Destacó que los títulos de crédito tienen un tratamiento legislativo específico que los diferencia de las obligaciones comunes y que esto tiene que ver con la necesidad de garantizar su movimiento dentro del sistema financiero nacional.

El proyecto de ley no afecta en absoluto el sistema financiero que debe protegerse, y sí garantizará y evitará la posibilidad de demandas múltiples contra un solo deudor. «Queremos evitar que se pueda utilizar un título de crédito para demandar más de una vez a una misma persona», afirmó Jiménez.

Agregó que el proyecto busca dar seguridad al sistema financiero y a la ciudadanía, con la creación de un sistema de depósito de los pagarés o títulos de crédito en general para que estén bajo custodia segura del juzgado correspondiente.

Sin embargo, como esta situación puede tener contratiempos por cuestiones presupuestarias, también se plantea la alternativa de que, una vez presentado el título de crédito, quien lo retire asuma la responsabilidad del depositario con todas las implicancias legales que esto conlleva, incluso la responsabilidad penal de quien tenga ese documento.

Por unanimidad, fue aprobado el documento que fue remitido al Congreso para su análisis y aprobación. Se busca con esta medida luchar contra los inescrupulosos que utilizan estos títulos de crédito con fines ilícitos. El Senado dará prioridad a las iniciativas remitidas por la Corte.